Download méxico 2030, visión prospectiva

 Ponencia IMEF 2012
MÉXICO 2030, VISIÓN
PROSPECTIVA
El México que queremos para 2030:
Gobierno y Política Económica
Dr. Mario Rodarte Esquivel
Director General de Alfa Omega,
Ro Consultores Asociados S.C.
El México que queremos para 2030:
Gobierno y Política Económica
1. Introducción
En las últimas tres décadas la economía mexicana se ha caracterizado por registrar muy
bajas tasas de crecimiento económico en promedio, lo que es resultado de algunos años
de gran prosperidad, seguidos de otros de recesión y crisis y otros más de franco
estancamiento. Los intentos gubernamentales por revigorizar la economía han resultado
en la mayoría de los casos en elevadas tasas de inflación, con una depreciación
acumulada de la moneda, sin que se haya producido el resultado final, que es elevar la
tasa de crecimiento potencial de la economía en forma permanente, aunque sí con
efectos drásticos sobre la distribución y la desigualdad.
Los efectos de esta errática evolución pueden observarse en diferentes frentes: uno de
ellos, el del bienestar de la población, revela que el fenómeno de la pobreza no sólo no se
ha erradicado, sino que en ocasiones parece aumentar, en especial en aquellos años en
que la inflación es más elevada, o cuando se deprecia la moneda, o simplemente cuando
vivimos una crisis que detiene el crecimiento económico, aunque sin causar una recesión.
Este fenómeno ha venido acompañado de un crecimiento muy importante en el sector
informal de la economía, ya que es en él en donde una muy importante proporción de la
población ha encontrado un refugio contra la crisis. Este crecimiento ha sido aprovechado
de diversas formas, tanto por personas que no tienen otra opción para ser productivos y
generar algún ingreso, como por grupos que lucran con las necesidades de las mayorías,
fomentando el crecimiento de estas actividades y generando enormes riquezas, sin que la
autoridad pueda interferir y detenerlas.
Otra de las consecuencias es el crecimiento, en los últimos años, de la delincuencia
organizada, que recluta jóvenes sin empleo y sin esperanza de encontrarlo, a efecto de
que realicen actividades por las cuales la mafia obtiene importantes ingresos.
Otro de los efectos del fenómeno del bajo crecimiento es el relacionado con la
pauperización del mercado de trabajo, en el sentido de que el ingreso medio de los
trabajadores es muy reducido, salvo en sectores y actividades muy seleccionadas, con
impactos importantes en las decisiones de muchas personas. El bajo crecimiento
económico incentiva actividades de muy baja productividad, por lo tanto de bajas
remuneraciones y escasa contribución al bienestar. Dentro de las decisiones de las
personas, como ya se mencionó, es la participación cada vez mayor en actividades
informales, ilegales y delictivas, otra es la de emigrar hacia los Estados Unidos y otro más
es la deserción de niños y jóvenes en edad escolar de la escuela, al considerar que no es
la educación lo que impulsará su crecimiento y bienestar en el futuro.
Aparte de los problemas relacionados directamente con el bienestar de la población, el
bajo e irregular crecimiento de la economía no ha sido incentivo para que las empresas
enfrenten mayor competencia, al no haber inversionistas potenciales atraídos por un
mercado en constante crecimiento y, por lo tanto, no invierten en investigación y
desarrollo, o en maquinaria y equipo, por lo que la modernización de la economía es un
proceso que ha permanecido estancado durante mucho tiempo, con el impacto
consiguiente en la competitividad, la tasa de rendimiento del capital y el ingreso de los
trabajadores.
Para el gobierno también ha sido muy difícil mantener el ritmo de crecimiento de sus
ingresos tributarios, como lo demanda el crecimiento de la población y las necesidades
del mundo hoy en día. Como consecuencia, nuestra economía se ha rezagado en
infraestructura de todo tipo, en la calidad y cobertura de los servicios básicos como
procuración y administración de justicia, seguridad pública, educación y salud, sin
mencionar los importantes rezagos que todavía encontramos en muchos lugares en
materia de puertos, carreteras, agua potable y alcantarillado.
Uno de los problemas que ha dado origen a esta situación es precisamente la falta de
continuidad en la política pública diseñada para promover el crecimiento económico, que
a su vez ha sido provocada por el sistema político mexicano. A primera vista pareciera
que no es posible rechazar la hipótesis de que un buen presidente, con buenas
intenciones y algo de visión de futuro, promueve buenas políticas y buenas acciones, lo
que es un incentivo para que la economía crezca y haya desarrollo, con estabilidad y
aumento en el bienestar. Sin embargo hemos padecido otros periodos en los que estas
características de los gobernantes están ausentes, o bien, el protagonismo es tan fuerte
en algunas personas que terminan por imponerse las decisiones viscerales, con
consecuencias desastrosas, o por lo menos sin efectos visibles, en el mejor de los casos.
Con el triunfo de la oposición, después de siete décadas de tener un solo partido en el
poder, la economía entró en una fase de crecimiento inercial, resultado de un sector
externo muy dinámico con efectos en unos cuantos sectores relacionados y un mercado
interno en franco estancamiento. La alternancia en el poder de varios partidos políticos,
que no cuentan con el apoyo legislativo necesario para impulsar sus políticas o por lo
menos apoyar sus planes de gobierno, se suma el afán de los partidos opositores por
estorbar o por lo menos ayudar lo menos posible por alcanzar el bien común, lo que ha
agravado sus efectos negativos sobre el crecimiento. Para afianzar su posición y abrir el
camino hacia el poder, los partidos de oposición han creado barreras legislativas que
inhiben la iniciativa y se convierten en incentivos perversos para que empresa y personas
opten por la informalidad, no inviertan ni generen empleo. La reacción del gobierno ha
sido crear capas de burocracia de alto nivel, con el objetivo de recuperar la
maniobrabilidad y el control de la economía, sin obtenerlo, pero sí produciendo un
crecimiento muy importante en el gasto corriente, en el gasto improductivo, regulando en
exceso la actividad económica y generando elevados costos de transacción.
2. Hipótesis de trabajo
En este capítulo planteamos la hipótesis de que el bajo e irregular crecimiento económico
que hemos observado en las últimas seis décadas se debe a malas decisiones de
gobierno, entendidas éstas como políticas públicas muy mal diseñadas y pésimamente
instrumentadas. Para avanzar en la prueba de la hipótesis, en esta Ponencia IMEF
analizamos la evolución de la economía mexicana desde los años del denominado
Desarrollo Estabilizador, y dado que desde entonces los gobiernos en turno se
distinguieron por proyectos casi personales de gobierno,1 analizando el comportamiento
de mercados específicos, como el laboral y la eficiencia del sistema educativo, que
muestran el hecho de que nunca hemos logrado elevar la calidad de nuestro factor
productivo abundante, la mano de obra, y por lo tanto no podremos aspirar a que la
situación cambie a menos que cambiemos radicalmente el enfoque.
La idea del México que queremos para el 2030 se desprende del análisis de los periodos
presidenciales de 1950 a 2012, mostrando que el atraso tiene su origen en los malos
gobiernos. A partir de esto se plantean las políticas públicas y los cambios mínimos que el
país necesita para lograr ese México con mayor crecimiento, que se refleje en mayor
bienestar.
3. Estabilidad con crecimiento: El Desarrollo Estabilizador
Una vez finalizado el conflicto bélico mundial y puesto en marcha un ambicioso plan de
reconstrucción, la economía mundial empezó a dar señales de crecimiento en
prácticamente todos los frentes. La agricultura estaba casi en total abandono en muchas
regiones y la industria, con la excepción de las grandes potencias que se alzaron con la
victoria, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaba destruida. Con el final del conflicto
bélico también se sentaron las bases para un orden monetario y financiero mundial.
Todos estos factores fueron determinantes para el periodo de gran desarrollo que registró
la economía mexicana entre 1954 y 1970, conocido como el Desarrollo Estabilizador.
El peso registró uno de sus últimos periodos de turbulencia previo al inicio del gran
crecimiento, factor que fue aprovechado para fijar la paridad en 12.50 pesos por dólar,
pesos de aquellos tiempos, paridad que si bien reflejaba cierta depreciación, se pensaba
que eso sería benéfico para promover las exportaciones de la economía mexicana. En
aquel entonces se había iniciado un programa de industrialización basado en la
sustitución de importaciones, para lo cual un tipo de cambio devaluado representaba un
empuje interesante al encarecer las importaciones y hacer más atractivos lo productos
elaborados en el país.
1 Véase
al respecto la obra de Daniel Cosío Villegas, El Estilo Personal de Gobernar. México, Siglo XXI
Editores, 1975, o a Enrique Krauze, La Presidencia Imperial.
Con el gran crecimiento de la demanda mundial, México aprovechó su capacidad
productiva en materia de petróleo y en el campo y la minería, de manera que durante casi
dos décadas estas actividades generaron un superávit comercial que se utilizó para
financiar las importaciones necesarias para el funcionamiento de la economía y para
apuntalar el crecimiento vigoroso de la producción industrial interna, sobre todo en
materia de maquinaria y equipo para la producción y bienes intermedios que no se
producían internamente.
El desarrollo del andamiaje institucional de la economía mexicana también era incipiente,
ya que si bien instituciones como el Banco de México, fundado en 1925, y algunos bancos
nacionales de desarrollo y la Comisión Reguladora de la Banca habían iniciado en la
década de los treinta, el funcionamiento del sistema financiero y su cobertura eran muy
limitados. Por ello fue necesario acudir al endeudamiento externo para financiar proyectos
indispensables, como sistemas de riego, presas y canales para la agricultura, carreteras,
telecomunicaciones y puertos, así como algunos proyectos industriales. Para ello se
privilegiaron los recursos aportados por instituciones multilaterales, en lugar de utilizar los
de la banca comercial, cuyos recursos también por entonces tenían múltiples usos
alternativos.
En este proceso fue muy importante la participación de la banca de desarrollo, fungiendo
como agente financiero del gobierno federal para gestionar los recursos en el extranjero, y
luego ponerlos a disposición de la banca comercial en el país, mediante la constitución de
fideicomisos y otros esquemas de vigilancia, de manera que su destino final fuera el
financiamiento de proyectos prioritarios para el país. Otro de los esquemas puesto en
marcha fue el uso de las reservas bancarias depositadas en el Banco de México, para
constituir fideicomisos diseñados para financiar el desarrollo específico de ciertas
actividades y sectores, aunque en este periodo el uso de este esquema fue incipiente.
En este marco, el sistema fiscal funcionaba a base de un impuesto cedular al ingreso, un
impuesto al consumo en cascada y algunos impuestos indirectos sobre productos
específicos, así como derechos cobrados por ciertos servicios e impuestos especiales.
Básicamente el sistema fiscal era federal, aunque el impuesto sobre ingresos mercantiles
era cobrado por las entidades federativas, recurriendo al cobro del impuesto predial de
manera muy discreta, así como al establecimiento de derechos y el cobro por expedición
de licencias para funcionamiento de establecimientos en ciertos giros, pero sin recurrir
intensivamente al uso de impuestos locales de cobertura universal.
En estas condiciones la economía mexicana creció casi en forma natural, impulsada por
el empuje de las exportaciones y su efecto en actividades como los servicios y el
comercio, así como por el crecimiento del empleo que se generaba por las nuevas
inversiones a todo lo largo y ancho del territorio. Al no haber un problema inflacionario,
puede decirse que el crecimiento en estas casi dos décadas se reflejó en un aumento en
el bienestar general de la población. Esto fue apuntalado por el inicio de las operaciones
de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y un ambicioso programa de
construcción de escuelas, para abatir el analfabetismo, que al inicio de este periodo era
uno de sus problemas característicos.
Gráfica 1
Crecimiento económico durante el desarrollo estabilizador
(Tasa de crecimiento anual del PIB en %)
Durante los años comprendidos en este periodo la economía creció a una tasa promedio
anual superior a 6%, con inflación inferior a 3% y con un gasto público que representaba
menos del 17% del producto interno bruto. Esto se logró simplemente permitiendo que las
actividades exportadoras se orientaran hacia sus mercados internacionales naturales, con
algo de intervención gubernamental para impulsar actividades específicas, pero sin caer
en excesos de gasto; así el crecimiento se presentó en un marco natural de estabilidad.
Otra característica distintiva de este periodo fue el bajo perfil jugado por el gobierno, el
cual simplemente se concretó a mejorar la calidad de los servicios en aquellas actividades
que le marcaba la Constitución, por lo que no hubo incentivos para generar regulaciones
ni intervenir en la actividad económica más allá de lo estrictamente permitido y marcado
en el mandato constitucional.
4. Crecimiento sin estabilidad: El desarrollo compartido
Al finalizar el periodo conocido como desarrollo estabilizador, le economía mantenía un
perspectiva de crecimiento sostenido con muy baja inflación. Las instituciones y el marco
legal evolucionaban de forma natural, respondiendo a las necesidades que el momento
marcaba y el endeudamiento externo de la economía apenas alcanzaba los 3,750
millones de dólares. Una amenaza se cernía sobre este entorno y era determinado por el
agotamiento del sistema monetario internacional que, una vez dejado atrás el patrón oro,
había recurrido al sistema de tipos de cambio fijos, lo que obligaba a las economías
mundiales, al menos las que eran miembro del Fondo Monetario Internacional, a
mantener una fuerte disciplina fiscal y monetaria. En este tiempo, hacia finales de 1969,
algunos economistas recomendaban que México debiera devaluar su moneda, a efecto
de mantener la competitividad de nuestras incipientes exportaciones, ante un entorno
mundial que empezaba a complicarse.
La sociedad mexicana había sido convulsionada por los eventos políticos de 1968, que
culminaron con la brutal represión de los jóvenes ─actores visibles de estos
acontecimientos─, lo que caló hondo en la opinión pública. El sistema político no estaba
diseñado ni preparado para poder garantizar la alternancia y hacer a un lado al partido
represor, en respuesta a sus acciones ante la convulsión social, por lo que en las
elecciones convocadas en 1970 se impuso como triunfador el personaje que era
identificado como el orquestador de la represión, justificándola como una acción necesaria
para la paz social en el país.
En estas circunstancias este personaje leyó muy bien la necesidad que había de impulsar
cambios de fondo a un sistema cuyo gobierno prefería mantener el bajo perfil y
concretarse a funcionar exclusivamente dentro de lo establecido en su mandato
constitucional. Bajo el lema de que la gente estaba cansada del desarrollo estabilizador,
que no había producido grandes logros en materia de mejoramiento de bienestar y
distribución del ingreso, ya que todavía eran muy visibles muchas de las carencias
heredadas desde el final del conflicto revolucionario. Bajo la consigna de ir por el
desarrollo compartido, las cosas empezaron a cambiar de manera significativa.
La fuente natural del crecimiento de la economía en las pasadas dos décadas ─la
demanda por nuestras exportaciones─ se estaba agotando, ya que el mundo había
recobrado su capacidad de producir y generar empleo, y prácticamente el libre comercio
era inexistente, predominando barreras arancelarias y no arancelarias, que hacían muy
difícil y costoso intercambiar bienes en el mundo. Ante la baja en la expectativa de
crecimiento y una posible recesión, el gobierno entrante dispuso una serie de medidas
orientadas a recuperar el dinamismo de la economía e impulsar un fuerte crecimiento,
tanto en el frente interno como en el externo.
La combinación de una política de sustitución de importaciones en una economía cerrada
era una barrera natural a la competencia proveniente del exterior, por lo que buena parte
de la planta productiva que se había puesto en operación al inicio del desarrollo
estabilizador estaba obsoleta; los empresarios privados no invertían para renovar planta o
introducir nuevas tecnologías, esperando siempre los apoyos gubernamentales que el
mismo gobierno había vuelto populares en los primeros años del desarrollo industrial
basado en la sustitución de importaciones.
Esta situación desesperó a las autoridades, que pronto reaccionaron poniendo en marcha
un plan sumamente expansivo, basado en elevar el déficit público, financiado con una
combinación de financiamientos del banco central y con endeudamiento externo, para
poner en marcha los múltiples proyectos y programas que se daban a conocer a diario, en
una acción que en apariencia hacía evidente el retraso que había para solucionar los
problemas sociales que aún se percibían en el país y la falta de inversión en áreas
estratégicas.
La política comercial se hizo más proteccionista, elevando aranceles en los casos que ya
existían, estableciendo otros en donde no los había y se amplió la lista de productos para
los que era indispensable un permiso previo de importación. Se recurrió en forma más
extensiva al diseño de programas de fomento mediante fideicomisos establecidos en la
banca de desarrollo, utilizando pequeñas aportaciones gubernamentales, recursos
provenientes de las reservas bancarias depositadas en el Banco de México y
endeudamiento externo, que empezó a fluir gracias al apogeo vivido por los denominados
petrodólares, que eran recursos de los países exportadores de petróleo, principalmente
árabes, que se beneficiaron del embargo petrolero decretado, que elevó sensiblemente el
precio internacional del crudo.
Dentro de los instrumentos de política industrial que se utilizaron, aparte del cierre de las
fronteras para evitar la competencia, y los fondos de fomento que garantizaban recursos a
un costo inferior a su costo de oportunidad en el mercado, se recurrió a la nacionalización
de muchas empresas consideradas como estratégicas para el país, así como a la
creación de innumerables nuevos proyectos en muchas áreas de actividad económica y al
establecimiento de muchos organismos gubernamentales de fomento. También se
modificó la Ley de Inversión Extranjera, que establecía la prohibición expresa de la
inversión privada, nacional o extranjera, en toda una serie de actividades, principalmente
en el sector de la energía, minería, transporte y otros.
Gráfica 2
Crecimiento económico durante el desarrollo compartido
(Tasa de crecimiento anual del PIB en %)
Si bien en principio la actividad económica se vio estimulada y se registró crecimiento,
éste se dio en un ambiente de desequilibrio interno, que pronto se reflejó en un
desequilibrio con el exterior, obligando a devaluar la moneda. El endeudamiento público
llegó a los 27,500 millones de dólares, luego de haber iniciado en 3,750 millones; el gasto
público como proporción del PIB pasó a representar casi el 30%, la burocracia aumentó
en forma notable y el tamaño del sector público creció en forma significativa, cerrando
todo un caso de congestionamiento, ya que la actividad del sector público desplazó
completamente al sector privado en múltiples formas, creando fuertes desequilibrios y
orillando a una devaluación del peso por primera vez en 25 años.
5. Crecimiento con mayor inestabilidad: La paradoja de la
abundancia
Luego de la devaluación del peso, el fenómeno inflacionario se desató, por lo que a los
problemas de mercado que se presentaron por la participación del gobierno en muchas
actividades de producción y comercialización, así como en la fijación artificial de precios
de muchos productos, le siguió el problema del alza sostenida en el nivel general de
precios. El control de precios seguía siendo uno de los instrumentos favoritos de las
autoridades para contener la inflación, que mostraba poca efectividad para ese fin, pero
que en cambio generaba otra serie de fenómenos relacionados, como la escasez de
diversos productos, todos lo que aparecían en las listas de precios y la destrucción de
algunos mercados.
Por el lado de la producción, los empresarios privados habían abandonado ya las
actividades que iban siendo invadidas y seleccionadas por el gobierno, como la
producción de acero y productos de acero, la energía, la minería, producción de equipo de
transporte, de automóviles, bicicletas, productos farmacéuticos, química, instrumental
médico, industria editorial, fabricación de papel y cartón, producción y envasado de
bebidas y refrescos, así como la producción, distribución y venta de productos
agropecuarios, como maíz, frijol, azúcar, arroz, leche, huevo, carne de pollo y bovino,
fabricación de abonos y fertilizantes y semillas mejoradas para la producción
agropecuaria. También estaban controlados por el gobierno el transporte urbano, el
ferrocarril y las líneas aéreas, así como cadenas hoteleras y algunos servicios mostraban
un alto grado de participación gubernamental.
El crédito se mantenía elevado debido al uso de las reservas bancarias en poder del
Banco de México y los fideicomisos gubernamentales de fomento seguían funcionando y
se mantenían como el instrumento favorito para la promoción y el fomento industrial. En el
ámbito internacional, los principales bancos en el mundo seguían recibiendo fuertes flujos
de recursos depositados por los países productores de petróleo, lo que obligó a los
bancos receptores a salir a colocar crédito entre los identificados como clientes
potenciales, dentro de los cuales sobresalía México.
En el país era muy visible la intervención del gobierno para crear empresas y fomentar la
expansión de otras, así como el gran interés por intervenir en prácticamente todas las
áreas de la actividad económica. En esos años fueron descubiertos importantes
yacimientos de petróleo y gas, en las costas de Tabasco, Campeche, norte de Veracruz y
Tamaulipas, lo que aumentó el atractivo de los bancos internacionales por prestar
recursos a los mexicanos.
El modelo original, que consistía en desarrollar la industria, cerrando la frontera e
induciendo a la agricultura y minería a generar divisas para financiar las importaciones,
fue sustituido por uno en donde el petróleo pasaría a sustituir a la agricultura como la
fuente de divisas para pagar las importaciones necesarias para desarrollar la industria y
para pagar el servicio de la deuda externa, que crecía de manera muy importante. El
gasto público como porcentaje del PIB rebasó el 30% principalmente por las inversiones
del gobierno en el sector petrolero e industrial. Se había puesto en marcha una importante
planta siderúrgica en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como una planta productora de
electricidad con base en la energía nuclear en la zona de Veracruz, lo cual era visto como
prueba irrefutable de que el modelo gubernamental de desplazamiento del sector privado
como pivote promotor del crecimiento estaba dando resultados.
El gasto público como porcentaje del PIB llegó a representar el 39%; la deuda externa
alcanzó los 77,500 millones de dólares y aunque el crecimiento del PIB rebasó el 8%
anual en algunos años, pronto la burbuja se desinfló. El fenómeno inflacionario había
hecho su aparición, rebasando el 20% anual y la salida de divisas ante el fenómeno
inflacionario hacían peligrar constantemente la estabilidad del tipo de cambio. Finalmente
vino la noticia de una sensible baja en el precio internacional del petróleo, lo que propició
una devaluación del tipo de cambio superior al 100% y con ello un repunte de la inflación
y el recrudecimiento de la fuga de divisas, ante lo cual el gobierno reaccionó decretando
la nacionalización de la banca, reviviendo eventos que parecían ser parte de la historia
que los mexicanos no querían recordar, pero que sería muy difícil olvidar.
Durante los últimos años de este periodo se habían aprobado algunos cambios
importantes, que ponían a México en una situación más competitiva. Por un lado el viejo
sistema fiscal ─sustentado en el cobro del impuesto sobre la renta basado en cédulas─
había sido sustituido por un impuesto progresivo, en donde se permitía una serie de
deducibles para el cálculo de la base gravable. Igualmente se sustituyó el viejo sistema
del impuesto en cascada sobre ingresos mercantiles por un impuesto al valor agregado,
que permitía acreditar los impuestos pagados en la cadena de producción, haciendo que
el impuesto recayera totalmente sobre el consumidor final.
Por el lado del sistema financiero, se realizó la primera emisión de Certificados de la
Tesorería, que al comprarse con descuento de su valor nominal, determinando así su tasa
de rendimiento, permitió el inicio en México de un mercado de capitales. Uno de los
primeros beneficiados fue el gobierno, que utilizando el mecanismo de emisión de
Certificados de Tesorería mediante subastas programadas, le permitía conocer en todo
momento el costo de la deuda interna, así como planear su flujo de efectivo, balanceando
su presupuesto en los periodos de ingresos con los periodos de fuertes pagos.
La estructura de las exportaciones cambió drásticamente, al elevarse considerablemente
las exportaciones de petróleo. Éstas representaron la mayoría, haciendo que las
exportaciones de productos primarios, principalmente de productos agropecuarios y
minería, así como las escasas exportaciones de productos industriales, pasaran a ocupar
un segundo plano. Si bien esto resultó en unos cuantos años de bonanza, pronto fuimos
testigos, al igual que nos sucedió en la época de la Colonia, que depender de la
exportación de un solo producto, cuyo precio fluctúa en el mercado mundial, puede ser
catastrófico.
6. Inestabilidad sin crecimiento: El periodo de estabilización y el
inicio de la apertura comercial
El enorme déficit público generado por un aparato burocrático poco eficiente y un grupo
de empresas manejadas sin un criterio empresarial y de maximización de utilidades, fue
identificado como la causa principal del fenómeno inflacionario y las necesidades
crecientes de endeudamiento por parte del gobierno. Por ello, a partir de 1982 inició lo
que se denominaría como el programa de adelgazamiento del sector público, iniciando
con la declaración de quiebra de dos grandes siderúrgicas que operaban en el norte del
país, cuyo déficit de operación significaba cerca del 40% del déficit total del sector público.
Posteriormente se decretó la desaparición de diversos organismos gubernamentales y la
liquidación de varios fideicomisos, todos fuertemente dependientes de las reservas
bancarias en poder del Banco de México.
La baja en el precio internacional del petróleo, que había producido un cambio en la
dirección de los flujos financieros en el mundo, también había sido un factor importante
para el desequilibrio financiero de la economía mexicana, al limitar el flujo de divisas
derivado de las exportaciones de petróleo. Estos factores se conjugaron para generar un
escenario de falta de liquidez en el mundo, que orilló a un aumento en las tasas de interés
y obligó a bancos y acreedores a renegociar su deuda. México no fue la excepción y en
los primeros años de la década de los ochenta se tuvo que renegociar adeudos por más
de 75 mil millones de dólares. Esto se logró sin mayores obstáculos, ya que el recién
iniciado programa de reducción del tamaño del sector público estaba en línea con la carta
de compromisos firmada con el Fondo Monetario Internacional, que había brindado ayuda
al país para estabilizar al peso y recuperar parte de las reservas perdidas durante los
años de aumento de la inflación y aumento de la incertidumbre mundial.
El fenómeno inflacionario no era exclusivo de México y en algunos lugares del mundo se
habían ensayado lo que luego sería denominado como políticas heterodoxas para su
combate; una de ellas eran las políticas de choque, que consistían en establecer un
objetivo de inflación para un periodo determinado y con él se alineaba la política
monetaria, manteniendo en línea el aumento de los agregados monetarios y controlando
el aumento de precios y salarios mediante la firma de pactos con los actores y agentes
económicos relevantes, como asociaciones empresariales, de comerciantes, banqueros y
sindicatos. En México el primer pacto de este tipo se puso en marcha en 1982, logrando
que en pocos meses se redujera la inflación observada, ya que, a efecto de reducir las
expectativas, los aumentos de salarios y de precios autorizados se establecían en función
de la inflación objetivo para el periodo determinado.
Uno de los obstáculos identificados para incentivar la competencia y poner un freno
natural a la inflación era la política comercial, que al mantener las fronteras cerradas a
una gran cantidad de productos, significaba una enorme protección a productores locales,
que podían elevar precios sin enfrentar competencia. Por ello se decidió que México
suscribiera el pacto de adhesión al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido
como GATT por sus siglas en inglés, que implicó la sustitución de permisos previos por
aranceles, cuyo monto sería decreciente en el tiempo, así como la baja generalizada en
las tarifas aplicadas a muchos productos y la eliminación por completo en otros. Este
cambio, junto con la decisión de reducir significativamente el tamaño del sector público,
fue el inicio de una época de grandes cambios estructurales, que eran necesarios desde
hacía tiempo, pero cuya aplicación había sido rezagada por diversas causas, siendo una
de las principales la política.
La estabilización no se pudo concretar, ya que el precio internacional del petróleo no
lograba estabilizarse, las tasas de interés mundiales continuaban siendo elevadas y muy
fluctuantes y para complicar más las cosas el país sufrió los efectos de un fuerte
terremoto que arrasó muchas vidas y propiedades en la ciudad de México y algunas otras
ciudades del interior. Para hacer frente a este fenómeno se tuvo que elevar el déficit
público y recurrir a más endeudamiento, por lo que de nueva cuenta se generó el caldo de
cultivo para una fuga masiva de reservas, que no pudo ser evitado con la estrategia de
tipo de cambio semifijo que se había adoptado hacía pocos años. Esta fuga se exacerbó
cuando vino la debacle de la bolsa de valores en 1987, en la que muchas familias
perdieron sus ahorros y propiedades. La inflación en los años posteriores alcanzó niveles
récord de más de 100 por ciento anual, temiéndose que se convirtiera rápidamente en
una hiperinflación, como había sido vivido en muchos lugares del mundo en años
recientes.
Gráfica 3
Crecimiento económico durante la estabilización e inicio de la apertura
(Tasa de crecimiento anual del PIB en %)
7. Estabilidad sin crecimiento: La era de los cambios estructurales
La década de los años noventa inició con el enorme reto de contener la inflación y
terminar con la estabilización de la economía. Para ello se reforzó la estrategia de reducir
el tamaño del sector público, mediante la desincorporación de entidades, ya sea
simplemente decretando su desaparición, o quiebra, o poniéndolos a la venta para el
sector privado, nacional o extranjero. Asimismo se diseñó un programa heterodoxo de
estabilización, para contener el fenómeno inflacionario, que había alcanzado una tasa de
157% anual y que a todas luces era insostenible.
Ante la urgencia de enviar señales de la fortaleza de la economía mexicana, se diseñó un
programa de modernización y apertura, que abarcaba muchos sectores y actividades,
desde la banca hasta la aviación comercial, pasando por la siderurgia y la agricultura y se
decidió, luego de registrar buenos resultados con la estrategia heterodoxa de combate a
la inflación, hacer una reforma monetaria, que consistió en eliminar tres ceros al viejo
peso e iniciar la nueva era con el nuevo peso. En relación con el tipo de cambio, se
decidió manejar una política cambiaria que garantizaba movimientos de la paridad dentro
de cierta banda, dando con esto certidumbre para la planeación a mediano y largo plazos
a quienes dependían de las cotizaciones del peso, pero sin entrar en la restricción que
significaba continuar con una política de tipo de cambio fijo.
Luego de haber concretado la reprivatización de la banca, se realizó un cambio en el
sistema financiero, eliminando los requisitos de reserva de los bancos comerciales y
banca múltiple, sustituyéndolos por el mecanismo de cuenta única en el banco central,
que permitió liberalizar reservas para la banca, que pudieron convertirse rápidamente en
crédito y dando al Banco de México la posibilidad de tener un mayor control del sistema,
con costos de operación sensiblemente más bajos, lo que debería transmitirse en una
reducción en el costo del crédito para los usuarios. Esto permitió elevar sensiblemente la
penetración del sistema financiero en la economía, al lograr que el crédito bancario
representara más del 30% del PIB, indicador que demuestra el grado de desarrollo y
apertura de muchas economías.
En materia de política comercial, se decidió por la apertura comercial completa, llegando a
proponer y firmar un tratado de libre comercio en la zona de Norteamérica, que
representaba el ingreso pleno de México a la globalización, estableciendo etapas y
diversos grados de apertura para las diferentes actividades y sectores de la economía
mexicana. Para enviar las señales adecuadas a las actividades y sectores afectados por
la apertura, se desmanteló prácticamente toda la estructura de la política industrial
seguida en el país en los últimos cincuenta años, eliminando todos los fondos y
fideicomisos de desarrollo, limitando la actuación de la banca de desarrollo
exclusivamente a la promoción, sin invadir las áreas propias de la banca comercial
privada, sin competir deslealmente con tasas de interés subsidiadas y eliminando otros
instrumentos discrecionales de la política industrial del pasado.
La estructura de subsidios y precios artificiales, así como la política de precios de garantía
para la agricultura fue desmantelada, sustituyéndola con esquemas de apoyos directos al
campo, sin relación con la productividad o el tamaño de las parcelas; se eliminó la banca
que otorgaba créditos subsidiados a la agricultura, los seguros con coberturas demasiado
amplias y garantías de pago de siniestros sin importar las causas de los mismos.
Otra importante reforma fue la realizada al artículo 127 constitucional, para permitir que
los ejidos pudieran ser vendidos o dados en garantía para crédito, previa individualización
de los mismos y registro en el Registro Agrario Nacional. Se reestructuró toda la banca de
desarrollo, eliminando todas aquellas instituciones cuyas transacciones tuvieran
antecedentes de representar subsidios explícitos a las actividades financiadas y se
fomentó el desarrollo de un sistema de cajas de ahorro y préstamo, especializadas para
los diferentes sectores, que en teoría deberían captar recursos suficientes para financiar a
sus respectivas actividades y tener costos más bajos de operación y de evaluación de
riesgos, al ser conocedores amplios y expertos en cada una de las áreas de su
competencia.
Mediante un cambio constitucional se otorgó autonomía de operación al Banco de México,
con lo que se impide que a futuro el banco central otorgue préstamos directos al gobierno,
como sucedió en el pasado y que fuera la fuente principal de incertidumbre y motor del
fenómeno inflacionario.
El enorme flujo de inversión extranjera directa, los créditos recibidos por las diferentes
actividades y los flujos de inversión de cartera, sumados al aumento en la cantidad de
recursos prestables de la banca, gracias a la apertura financiera y al cambio en la
regulación bancaria, significaron un excedente muy importante en la liquidez interna que
la economía no fue capaz de absorber y que, debido a las limitantes que representaba la
política cambiaria de mantener el tipo de cambio dentro de una banda de flotación,
significaron enormes presiones sobre el déficit en cuenta corriente, que orillaron a que el
peso de nueva cuenta se devaluara en 1994, poniendo de nueva cuenta a la economía en
una situación que el diseño de la estrategia de cambios estructurales quería evitar a toda
costa. Como era natural, las fugas de capital que antecedieron a la devaluación del peso
secaron las reservas del banco central, por lo que la renegociación de la deuda se tuvo
que hacer en un entorno de falta de liquidez que se solucionó mediante créditos directos
de parte del gobierno de los Estados Unidos y ayudas del FMI.
Gráfica 4
Crecimiento económico durante los cambios estructurales
(Tasa de crecimiento anual del PIB en %)
8. Estabilidad con crecimiento inercial
A la mitad de la última década del siglo XX nuestro país hubo de emprender, de nueva
cuenta, acciones para estabilizar la economía, renegociar la deuda, recuperar la
credibilidad, el crecimiento económico y mitigar los efectos negativos de las crisis
recurrentes sobre el bienestar de la población. La agenda de las reformas estructurales no
estaba completa, sin embargo, poco se hizo por avanzar sobre esta línea, ya que el
gobierno en turno, con un partido que se había mantenido en el poder durante siete
décadas, había enfrentado y seguía enfrentando la oposición férrea de quienes culpaban
al partido y sus políticas económicas de todos los males acumulados en la historia. La
pobreza había aumentado, era cierto, y por más recursos que se destinaban a las
políticas diseñadas para combatirla, eran a todas luces ineficientes, dado que la sociedad
había visto un enorme incentivo en permanecer bajo el cobijo del programa durante
mucho tiempo, lo cual era mejor que salir a encontrar trabajo muy mal remunerado o de
plano incorporarse al sector informal de la economía.
Para un grupo mayoritario de la sociedad era obvio que se presentaba el tiempo de hacer
un cambio en la conducción de la política, en especial de la política económica y orientarla
hacia la modernización del país, que había quedado detenida en la última crisis. El nuevo
gobierno hizo muchas promesas, basado en una visión poco fundamentada de la
necesidad de contar con una estrategia clara y visión de largo plazo de la economía y sin
el apoyo contundente de la mayoría, que aunque la obtuvo en el número de votos, no la
tuvo en la representatividad en el Congreso. No hizo una labor a conciencia para
convencer a la población de la necesidad de avanzar en las reformas, erró en el
diagnóstico de la problemática y el resultado fue casi el estancamiento, aunque en el corto
plazo hubo algunos buenos resultados.
Sin mayor problema la economía se estabilizó, los préstamos de emergencia concedidos
fueron cubiertos, la banca se reestructuró y se realizó la última y posiblemente más
significativa reforma de la época, que fue el sistema de pensiones bajo un sistema de
individualización de cuentas y un esquema de administradores privados. Esto dio el
empujón final al desarrollo del mercado de capitales en el país, lo que permitió la emisión
de deuda a todo lo largo de la curva de rendimientos, creando un auténtico mercado de
capitales desarrollado. El gobierno ha sido desde entonces el principal beneficiario del
sistema privado de pensiones, lo que le ha permitido sustituir endeudamiento externo por
interno, ampliar el plazo de su deuda y la certidumbre de saber en todo momento el costo
de la misma.
La política cambiaria fue revisada a profundidad y se decidió optar por una política de tipo
de cambio flexible, apoyada en un Banco Central autónomo, mayor disciplina fiscal, al
aprobar la ley de responsabilidad fiscal, que obliga al gobierno a gastar exclusivamente lo
que pueda recaudar y un sector exportador muy dinámico con mucho menor dependencia
del petróleo como fuente de divisas.
Gráfica 5
Crecimiento económico durante la estabilización
(Tasa de crecimiento anual del PIB en %)
9. La economía mexicana en nuestros días
Gracias a la dinámica de la economía de los Estados Unidos, que mostraba
impresionantes tasas de crecimiento y generaba una enorme demanda por nuestras
exportaciones, la economía mexicana creció en forma significativa durante muchos años,
como resultado del TLC de Norteamérica y de la apertura de algunas áreas de la
economía a la inversión extranjera. Esto mismo ha puesto en evidencia las limitantes del
modelo actual, en el sentido de no promover la competencia, mantener cerradas diversas
áreas a la participación extranjera, no buscar la diversificación de mercados para nuestras
exportaciones e ignorar al mercado interno.
Gráfica 6
Fuente:
Ricardo
Samaniego. Por qué Seguimos sin Crecer. Seminario Huatusco X
El problema que surge, en primer término, es que desde hace ya varios lustros no hemos
avanzado en la conclusión de la agenda de reformas necesarias para un mejor
funcionamiento de la economía. Los aspectos que quedaron inconclusos, o de plano sin
revisar, no han sido tocados, como es la estructura legal y operativa del sector energético,
o del mercado laboral, la estructura misma del sector público y la revisión de los
programas de gasto público, que cada vez han resultado más ineficientes. Cuando el
tema llega a ser mencionado, los partidos lo politizan y termina siendo ignorado y
pospuesto. A esto no ha ayudado el aumento en los precios internacionales del petróleo,
que han mantenido elevados los ingresos fiscales y garantizado excedentes que son
repartidos a las entidades federativas.
Gráfica 7
Tampoco se ha avanzado en materia de competencia y protección de derechos de los
consumidores al observar, luego de la entrada en vigor de algunas agencias regulatorias,
que su misión estaba extraviada entre el fomento de las actividades, la promoción de los
sectores, su regulación o la protección de los consumidores. No hemos avanzado en una
reforma fiscal que haga más ágil el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes y aunque se mantenga una tasa de impuestos similar a la de nuestros
socios comerciales o consumidores, la agilidad aún no representa la ventaja competitiva
buscada por potenciales inversionistas.
En materia de Estado de Derecho, México es una de las economías en donde el
incumplimiento de contratos representa una proporción muy elevada, lo que aunado a un
sistema de administración de justicia lento y costoso, hace poco atractivo invertir. Los
registros públicos de la propiedad están obsoletos y presentan fallas de cobertura y vicios
que hacen poco confiable para inversionistas potenciales invertir y desarrollarse en el
país. En materia de seguridad física de las personas y sus propiedades, la economía
mexicana tiene severos retrasos y en la actualidad enfrentamos el agravamiento del
problema, debido a que el estado de impunidad en que operan muchas actividades ilícitas
las vuelve muy atractivas para su desarrollo.
En materia de educación enfrentamos severos retrasos y nuestros recursos humanos no
tienen la capacidad de competir frente a otras economías que, al igual que México,
requieren atraer fuertes flujos de inversiones. La productividad de la mano de obra no ha
crecido en mucho tiempo y en varios años se ha observado incluso una disminución,
debido a la mala calidad de los empleos que se generan en el país, de la mala calidad de
la educación, de la mala cobertura y calidad de los servicios de salud y en general de la
mala calidad observada en materia de infraestructura y la falta de inversión en ciencia y
tecnología por parte de las empresas.
Las crisis que enfrentamos en el siglo XXI, todas debidas a factores externos, han puesto
de manifiesto la necesidad de que en el país nos enfoquemos en atender nuestros
problemas y solucionar todos aquellos aspectos que, si bien no serán la causa de una
nueva crisis en el futuro, si obstaculizan un crecimiento más elevado y acelerado de la
economía, factor sin el cual no será posible eliminar el principal problema que enfrenta
México desde el inicio de su vida independiente: la pobreza y la desigualdad.
10. El México que queremos en el 2030
La economía mexicana ha transitado fundamentalmente por varios modelos de
crecimiento, con un sistema de economía esencialmente de mercado, con un modelo de
gobierno que ha variado su manera de intervenir en la economía. La manera de intervenir
del gobierno, al establecer en la Constitución el derecho del Estado para conducir la
economía, le ha restado funcionalidad a la economía de mercado, con el agravante de
que bajo diferentes administraciones, los gobiernos, impulsados por las agendas de sus
partidos políticos, han ampliado su ámbito de acción, abarcando aspectos que van desde
la producción directa de bienes y servicios, hasta el cuidado del ambiente, la salud y otros
temas, que irremediablemente generan más burocracia y gasto corriente, y que no
resuelven de fondo ningún problema.
Este problema se multiplica, al considerar que en muchos estados y municipios la
estructura organizativa del gobierno federal se replica y por lo tanto se da el caso de tres
instancias reguladoras, que establecen sus propias reglas, términos y condiciones para la
actividad económica, dentro de su ámbito de acción.
En esencia, el México que queremos para el 2030 debe caracterizarse por un gobierno
que diseñe e instrumente política económica teniendo en mente lo siguiente:
• Buscar el bienestar de las mayorías, sin recurrir a medidas populistas; que
mantenga la disciplina macroeconómica y se enfoque al crecimiento económico,
con énfasis en la promoción de la inversión y empleo.
• Elevar la tasa de crecimiento en forma sostenida durante por lo menos tres lustros,
con amplia participación de la inversión privada y reservar los recursos públicos
para programas de amplia rentabilidad social, así como a participaciones
minoritarias en esquemas APP para otro tipo de obras. Una fase de crecimiento de
6% anual durante ese periodo deberá garantizar que la tasa de crecimiento
potencial de la economía aumente.
• Este crecimiento deberá ser suficiente para generar, por lo menos, un millón de
empleos formales por año. El objetivo es eliminar el incentivo de los jóvenes
entrantes al mercado a emigrar u optar por el sector informal.
• Mantener la estabilidad como condición necesaria para garantizar que las
ganancias en bienestar que genere el crecimiento sean permanentes y se fomente
una elevada movilidad social. La estabilidad también será un amplio incentivo para
las inversiones, ya que brinda la opción de calcular la rentabilidad de la inversión
en el largo plazo.
• El nuevo gobierno debe tener como prioridad buscar un sistema tributario que
garantice los recursos suficientes para una eficiente administración pública, sin ser
una carga excesiva para los contribuyentes, ni provoque distorsiones; que elimine
paulatinamente la dependencia de recursos petroleros y dote de potestades
recaudatorias a los estados y municipios.
• Los impuestos deben ser pocos, universales y con tasas razonables, cuyo
cumplimiento no implique grandes costos a los contribuyentes ni signifiquen un
gasto muy elevado para su supervisión y fiscalización.
• El nuevo gobierno requiere mejorar el sistema educativo en todos sus aspectos.
Los jóvenes deberán estar mejor preparados, exhibiendo habilidades que les
permitan superarse como personas y trabajadores, tales como poder comunicarse
por escrito y verbalmente, leer, comprender algún idioma extranjero, sensibilidad
para las artes, una actitud cívica positiva con sus semejantes, practicar deporte
regularmente y tener conocimientos de matemáticas y computación básicos.
• El gobierno debe comprometerse a promover en todo momento un clima de
competencia y apertura en todos los sectores de actividad económica, protegiendo
los derechos de los consumidores.
• Al redefinir el área de acción del gobierno y dar prioridad al crecimiento y la
inversión, el nuevo gobierno buscará atraer elevados flujos de inversión, tanto
pública como privada, nacional y extranjera, para actividades productivas,
desarrollo de infraestructura, servicios públicos básicos y cuidado del ambiente.
• Un gobierno que no genere costos de transacción elevados y que contemple como
punto importante en su agenda desregular la economía.
• Un gobierno que privilegie y refuerce la formalización de la economía y, por lo
tanto, que elimine paulatinamente los incentivos para el sector informal.
• Un sistema de administración de justicia confiable, neutral y expedito.
• Un sistema financiero que garantice la disponibilidad de recursos para financiar
proyectos productivos con los mecanismos adecuados para proteger la rentabilidad
de los mismos y la recuperación de los recursos.
• Eliminación de todos los subsidios y transferencias presentes en el presupuesto de
egresos de la Federación.
• Revisión a fondo de los programas de desarrollo social, para eliminar incentivos
perversos.
Alcanzar los propósitos planteados implica una serie de pequeños ajustes al modelo
actual de gobierno, al marco regulatorio y a la manera como se conducen los asuntos
públicos en materia de economía. En esencia, requerimos un nuevo estilo de gobierno:
fuerte, no grande; capaz de instrumentar la política económica con visión de futuro y tener
en cuenta que el objetivo último es el bienestar de las mayorías.
11. Un nuevo modelo de gobierno
Lo que el país requiere con urgencia para volver a crecer es un nuevo esquema de
gobierno, que se concentre en brindar los servicios públicos fundamentales para la
sociedad: Proporcionar un estado de derecho confiable, neutral y vigilar su cumplimiento
estricto; garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades; garantizar los
derechos de propiedad; un servicio de procuración de justicia expedito, neutral y eficiente;
procurar servicios de salud de cobertura universal y establecer las bases de un sistema
educativo moderno.
El nuevo gobierno, para ser más eficiente, debe reducir su tamaño y ámbito de acción y
concentrarse en garantizar estos servicios, con calidad, para todos los ciudadanos,
dejando que el resto de las actividades las realice el sector privado.
12. Una mayor tasa de crecimiento
Alcanzar una tasa de crecimiento más elevada es una condición necesaria para mejorar
las condiciones de bienestar en todo el país; no es suficiente, aunque sí necesario
lograrlo. Esto no se puede lograr mediante decretos, leyes, o simples buenos deseos, sino
otorgando los incentivos necesarios para que quienes tienen los recursos y las ventajas
comparativas se dediquen a desarrollar sus actividades.
Con el desarrollo de actividades manufactureras de exportación, como la industria
automotriz y otras relacionadas, ha sido posible que a pesar de seguir con crecimientos
que rondan el 3% anual se genere poco más de medio millón de nuevos puestos
formales, con remuneraciones promedio superiores al resto de las actividades.
Cuadro 1
La idea es que el nuevo gobierno abra la oportunidad y los incentivos para que más
inversionistas privados incursionen en áreas reservadas para el Estado, que se aparte de
otras y elimine sus prácticas proteccionistas, de fijación de precios o trabas legales para la
inversión. Otra condición necesaria para atraer y conservar la inversión es garantizar la
seguridad pública y mejorar la administración de justicia.
13. Menores costos de transacción
Es necesario reducir los costos de transacción de la economía, eliminando trámites,
reduciendo el tamaño de la burocracia y revisando a fondo la legislación en materia de
regulación económica, para eliminar todo lo que signifique un estorbo y modificar todo
aquello que brinde flexibilidad a los mercados. Uno de estos aspectos es la modernización
de los registros públicos de la propiedad, en donde el gobierno federal debe intervenir
para apoyar esta labor en todos los estados y municipios, a efecto de contar con un
servicio confiable y eficiente. La administración de justicia debe modernizarse y agilizarse,
dando facilidades y fomentando la creación de juzgados especializados en materia
económica y de competencia.
Cuadro 2
Acción
Objetivo
Desregular.
Menores costos de transacción
Reducir trámites para apertura de
empresas.
Reducir revisiones recurrentes.
Ventanilla única de trámites.
14. Inversión en capital humano
Es necesario apoyar la formación de mano de obra especializada para apoyar la
expansión de la economía. Dentro de este programa debe incorporarse no sólo la revisión
a fondo de los programas de escolarización formal y buscar que las universidades
públicas sean centros de excelencia, sino que se debe fomentar la incorporación de
jóvenes a centros de formación y capacitación para el trabajo, que contemplen planes de
formación profesional en diversas especialidades técnicas.
Los programas educativos formales deben revisarse a fondo para promover la formación
de habilidades en las personas, así como la investigación, más que privilegiar la repetición
de conocimientos. En todas las escuelas públicas se debe buscar diseñar programas que
localicen a los más dotados, a manera de diseñar apoyos para que los niños y jóvenes no
abandonen los estudios hasta que concluyan con éxito los programas. El país pierde y
desperdicia muchos recursos al no diseñar estos programas, que tendrían un efecto
directo sobre la calidad de la mano de obra y su productividad. Otro de los aspectos que
se debe contemplar en la modernización educativa es el rediseño de los programas de
servicio social de los egresados de las universidades.
Cuadro 3
15. Inversión en capital humano: reforma laboral y reforma de
salud.
Es necesario trabajar en una reforma laboral por etapas; primero privilegiar la
formalización de empresas y el empleo, buscando abaratar el proceso, así como la
permanencia de empresas y trabajadores en el sistema. Luego brindar mayor
transparencia a la vida y actividad sindical, así como buscar abaratar la reducción de
plantilla laboral cuando las causas se deban a factores ajenos a las decisiones de las
empresas. Otra prioridad, promover la democracia, transparencia sindical y la rendición de
cuentas.
Cuadro 4
Uno de los objetivos prioritarios para promover el desarrollo de México es mejorar la
calidad de nuestro capital humano, a través de mejoras en la cobertura y la atención de
salud a todos los trabajadores. Para ello se requiere reordenar y reducir la burocracia del
sector, abatir los costos de operación y elevar la calidad de los servicios. Asimismo, dado
que los costos de atención y tratamientos están elevándose constantemente, es necesario
encontrar la forma de financiar los tratamientos, sin elevar los costos para las empresas y
sus trabajadores, por lo que habrá que buscar un esquema fiscal que permita financiar los
servicios.
16. Reorientar la política agropecuaria e industrial
La política agropecuaria debe revisarse a fondo y pensar en eliminar muchos de los
subsidios al campo, favoreciendo los apoyos sólo en los casos en donde se garantice que
la productividad tendrá un aumento considerable, mediante programas de mecanización,
riego, uso de tecnologías apropiadas para cada tipo de tierra y el desarrollo de semillas
adecuadas para cada región y sus climas.
En materia de política industrial los programas asistenciales a pequeñas, micro y
medianas empresas deben eliminarse y sustituirse por apoyos para la formación y mejor
preparación de empresarios, así como para garantizar su formalización y registro en el
padrón de contribuyentes. Un programa que ayudaría en este sentido sería abrir las
grandes empresas públicas, como Pemex y CFE, el IMSS y otros para adoptar programas
de proveedores externos, favoreciendo la contratación de empresas medianas y
pequeñas, en lugar de buscar integrar estos servicios dentro de sus organizaciones. El
gobierno debe favorecer y fomentar el desarrollo de centros regionales especializados en
aquellas áreas en donde las entidades y regiones tengan ventaja comparativa, como sería
el sector transporte, el automotriz y el de aviación y ferrocarriles.
El sistema de transporte público de carga y de pasajeros debe revisarse a fondo,
favoreciendo el uso de nuevas tecnologías amigables con el ambiente, el uso de trenes y
ferrocarriles y la renovación y actualización de la flota.
17. Una nueva política fiscal
Si bien desde hace tiempo el gobierno ha contado con recursos fiscales suficientes para
que el gasto público aumente en forma importante en términos reales, esto se ha debido
más a los excedentes que se registran por las exportaciones petroleras que a medidas
concretas en materia de política fiscal. Debe diseñarse un nuevo modelo de hacienda
pública, en donde se eliminen privilegios, se reduzcan las tasas, se eliminen impuestos y
que los aplicables sean universales. La base fiscal sigue estando muy limitada, tanto en el
número de causantes, como en términos de la base para el cálculo de los diversos
impuestos. En este aspecto es urgente revisar y modernizar el sistema, de manera de
eliminar huecos por los que se escapan causantes y recursos de sistema, así como
buscar hacer menos oneroso el sistema para los causantes y evitar cargas excesivas,
distorsiones e inequidades.
El gasto público se ejerce sin ninguna restricción que garantice resultados y muchos de
los recursos se utilizan sin la transparencia que brinde tranquilidad a la sociedad, en el
sentido de saber que sus recursos se utilizan en forma adecuada. En materia de subsidios
se han revivido viejas prácticas que costaron mucho tiempo para ser eliminadas, como en
el caso de la agricultura, que otorga apoyos a productores sin consideración con la
productividad. Los recursos de varios programas de desarrollo social se han convertido en
incentivos perversos, que favorecen la informalidad y no fomentan la productividad de
quienes los reciben, terminando por no ayudar a resolver el problema de la pobreza.
Cuadro 5
Todos los programas de gasto público deben pasar una evaluación social costobeneficio, dejando los que tengan una aportación positiva a la sociedad y cortando o
eliminando todos aquellos que sean ineficientes. Todos los estados de la República y los
organismos públicos deben individualizar sus cuentas de ahorro para el retiro. El impuesto
predial debe cobrarse y utilizarse en beneficio de la mejora de servicios públicos locales.
18. Política con énfasis en el cuidado del medio ambiente
Debe ser obligatorio el tratamiento y reaprovechamiento de aguas residuales, así como el
procesamiento de desechos sólidos y basura, para favorecer la generación de energía y
ayudar a combatir la contaminación ambiental.
Parte integral del nuevo modelo industrial debe ser la renovación de la industria actual,
favoreciendo el uso de energías renovables y promoviendo el uso más eficiente de los
recursos.
Todas estas acciones podrán coadyuvar a elevar la tasa de crecimiento observada y el
potencial de crecimiento de la economía, la modernización del mercado laboral y el mayor
bienestar de la población.
19. Sistema financiero que apoye el mayor crecimiento
El sistema financiero mexicano está suficientemente diversificado en la actualidad,
aunque requiere elevar su penetración, en todas sus actividades, en especial en algunos
segmentos de la población, especialmente las áreas rurales y poblaciones de escasos
recursos, así como elevar su presencia dentro del segmento de pequeñas y medianas
empresas, sin recurrir a los viejos esquemas que generan clientelismo, con transferencias
a fondo perdido. El crédito debe ser restituido por el beneficiario, a una tasa de interés
razonable, lo cual se puede lograr con un mecanismo de colateral, a través de la banca de
desarrollo, mediante un esquema de riesgo compartido con la banca comercial, de
manera que dichas operaciones no signifiquen un subsidio para ninguno de los
participantes.
La banca comercial se ha vuelto cara para las empresas y se ha concentrado en el crédito
al consumo, por lo que es necesario buscar mecanismos para que las empresas accedan
al financiamiento formal, sin que resulte oneroso y sin que esta actividad represente una
carga para las finanzas públicas o se logre a fuerza de que la banca de desarrollo compita
en forma desleal con la banca comercial privada. La banca de nicho es un esquema que
debe fomentarse y educar a empresas, bancos y personas a aprovechar sus ventajas.
El sistema debe buscar poner al servicio del crecimiento los recursos de largo plazo que
se captan actualmente, a través del sistema de ahorro para el retiro, o los fondos de
inversión, mediante el diseño de esquemas que garanticen la seguridad de las
inversiones, su rentabilidad y recuperación. Cada proyecto que sea presentado para ser
apoyado con recursos de afores debe ser evaluado y sometido a un severo escrutinio
para garantizar su rentabilidad y la recuperación de los recursos de parte de las afore.
Otro de los segmentos poco utilizado por las empresas en México es el de la bolsa de
valores, ya sea para buscar recursos mediante la emisión de acciones o mediante la
colocación de bonos corporativos. En este segmento un fuerte competidor es la banca
extranjera con préstamos en dólares, que en la actualidad tiene una tasa de interés
sumamente atractiva, aunque de llegar a cambiar la coyuntura internacional las
condiciones del mercado financiero internacional podrían verse afectadas, redundando en
un cambio significativo en las condiciones de los créditos.
20. Comentarios finales
Los cambios en el estilo de gobierno de los diferentes presidentes y sus respectivos
gabinetes, así como la alternancia de partidos en el poder, ha traído como consecuencia
la pérdida de la capacidad del gobierno para diseñar e instrumentar política económica de
largo plazo, con visión de futuro y que traiga como consecuencia el aumento en el
bienestar general de la población.
Tenemos en esencia una economía de mercado, a la que le hace falta ciertos ajustes y
arreglos, de manera de permitir un funcionamiento más eficiente de los mercados, reducir
los costos de transacción de la economía, garantizar el estado de derecho y mejorar la
calidad de la mano de obra.
Esto requiere de una amplia visión, escuchar a todos los sectores de la población y tener
la capacidad de concertar con las diferentes fuerzas políticas y los sectores para alcanzar
consensos.
El México que queremos en resumen
Variable
Actual
Objetivo 2030
Crecimiento del PIB
3.5%
8%
Empleo en el IMSS
15.5 millones
23 millones
PIB per cápita
11,000 dólares año
128,000 dólares año
Coeficiente de Gini
0.51
0.40
% Trabajadores con 5 10%
SM
25%
Tasa de inflación anual
3.57%
3.0%
Superávit primario
-0.2% PIB
2% del PIB
Ingresos tributarios
11% PIB
17% PIB
Escolaridad media
9 años
12 años
Productividad anual
0%
4%