Download Una Política Equivocada: La "guerra" de los Estados Unidos contra

Una Política Equivocada:
La "guerra" de los
Estados Unidos contra la
producción de Narcóticos
en los Andes*
Apartes de UPDADH. publicación del Washington Office on Latín
América. Nov. - Dic, 1988, Vol. 13, No. 6.
La "guerra contra las drogas" de los Estados
Unidos en los Andes ha comenzado a tener las
dimensiones de una guerra verdadera. Durante la
década de 1980. Estados Unidos ha utilizado una
serie de instrumentos de política en la lucha contra
la producción de narcóticos en la región andina. De
un lado, se han llevado a cabo esfuerzos de
erradicación, interdicción y de sustitución de cultivos
y, de otra parte, se ha amenazado con recortar la
asistencia por parte de Estados Unidos con base en el
proceso de certificación —aunque de manera
fragmentada- y los resultados han sido poco exitosos.
Sin embargo, la respuesta de Estados Unidos es la de
continuar y persistir en mayor grado en soluciones
militares a problemas complejos de índole socioeconómica. El Congreso, no sólo ha estimulado
dicha tendencia, sino que ha fracasado en el ejercicio
de supervisar adecuadamente la asistencia anti-droga
en el extranjero; mucha de la cual puede tener
consecuencias negativas e imprevisibles para los
países productores.
En la última década, no ha disminuido la oferta
disponible de drogas en Estados Unidos, y la
producción de narcóticos en los Andes ha
aumentado dramáticamente —como en otras partes
del mundo, Entre 1982 y 1988. la producción de
coca en Sur-américa, de donde se deriva la cocaína,
se ha más que duplicado. Estados Unidos ha
respondido a este incremento de la oferta con un
aumento de los fondos dedicados a los programas
anti-narcóticos.
El presupuesto del Buró
encargado de cuestiones internacionales de
Narcóticos (I.N.M. - Agencia del Departamento de
Estado con la responsabilidad primaria de la
planeación y coordinación de los programas
antinarcóticos en el extranjero), se ha triplicado
aproximadamente de 35 millones de dólares en
1978, a 101 millones presupuestados para 1989. En
los últimos cinco años solamente, la DEA ha
duplicado su presupuesto a más de la mitad de un
billón de dólares, y el estimativo de gastos del
Departamento de Defensa para labores de
interdicción ha aumentado de un millón de dólares
en 1981, a 196 millones en 1986.
En abril de 1986. según versiones de prensa, el
Presidente Reagan firmó una Directiva de Seguridad
Nacional que, declarando que los narcóticos
constituían una amenaza a la seguridad nacional de
los Estados Unidos, proporcionaba un marco político
para que este país realizara operaciones militares
directas en el extranjero. Bajo dicha rúbrica, la
administración
Reagan
desplegó
tropas
estadounidenses en Bolivia en 1986 y ha utilizado la
"guerra contra las drogas" para reclamar más
asistencia militar para otros países involucrados en la
lucha contra la producción de narcóticos. De acuerdo
con una fuente del Congreso, la D.E.A. está
"creando un ejército" para hacerle frente a los
productores de droga en sus países de origen. La
legislación actual, también, permite a militares
estadounidenses entrenar fuerzas policivas de países
latinoamericanos en actividades relacionadas con la
lucha anti-narcóticos, tal como ocurre actualmente
en Bolivia.
programas de control en la frontera de Estados
Unidos, sobre los cuales hay estudios que
demuestran que son altamente costosos y que es una
estrategia poco rentable.
El origen del problema de producción en América
Latina es esencialmente económico: Por ejemplo, en
el valle del Alto Huallaga en Perú, los campesinos
pueden ganar cultivando coca, un promedio de 12
veces más mensuales de lo que ganarían si se
dedicaran a cultivar el segundo producto de
exportación más lucrativo después de la coca. Pero
solo 3.6°/o del presupuesto del I.N.M. se gasta en
sustitución de cultivos y en asistencia para el
desarrollo. Mientras no se desarrollen alternativas
viables a la producción de coca, la oferta continuará
proviniendo de las empobrecidas naciones
latinoamericanas. Más aún, en una época de
austeridad fiscal, la cantidad de ayuda extranjera
necesaria para desarrollar tales alternativas es
probablemente mayor que lo que el gobierno de
Estados Unidos estaría deseoso de proveer.
El proceso de "certificación", además, subraya la
mala lectura que el Congreso ha dado al problema de
narcóticos en los Andes.
De acuerdo a este proceso, el Presidente debe
certificar para marzo primero de este año a los países
elegibles para la ayuda estadounidense. El Congreso
después tendrá 45 días para expedir resoluciones de
desaprobación.
El Congreso ha empujado a la administración
Reagan a un camino hacia la militarización mayor en
los esfuerzos anti-drogas en el extranjero. La ley de
autorización de defensa actual amplía el rol de los
militares estadounidenses, en especial reuniendo
inteligencia sobre operaciones de droga, mientras la
Ley Anti-Narcóticos de 1988 que fue sancionada en
septiembre pasado, también hace un llamado a una
asistencia militar mayor en aquellos países involucrados en los programas anti-estupefacientes de Estados
Unidos.
Irónicamente, si el proceso funcionara tal como se
desea, a los países productores latinoamericanos que
no logren cooperar con los Estados Unidos en
cuestiones de control internacional de narcóticos,
les sería negada asistencia económica adicional, y
por ende disminuiría el crecimiento económico
requerido para compensar las ganancias perdidas de
la producción de narcóticos. En la práctica, los países
que han sido descertificados es muy poco probable
que se vean afectados por las sanciones. El año
pasado, el Presidente decertificó a Afganistán, a Irán,
a Panamá y a Siria, ninguno de los cuales estaba
recibiendo asistencia extranjera de Estados Unidos.
Durante el debate congresional de la Ley, se
ignoró el tema de un involucramiento militar
creciente, en favor de un énfasis en torno a
cuestiones domésticas. Sin embargo, el debate en
torno al tema de la demanda en Estados Unidos no
tuvo su paralelo en el enfoque sobre prioridades
generales de gastos: 75°/o de los fondos continúan
gastándose en la interdicción y la erradicación de la
oferta, y solo 25°/o ha sido asignado para la
reducción de la demanda. Por ejemplo, el I.N.M.
gasta aproximadamente 100 millones de dólares
anualmente, de los cuales aproximadamente un 45°/o
se utilizan en la erradicación de cultivos y un 35°>o
en la interdicción. Aún más, la categoría más grande
de gastos en el presupuesto total anti-narcóticos
(interdicción de oferta) incluye
Mientras que el Congreso de los Estados Unidos
ha vigilado estrictamente el proceso de certificación
en lo que se refiere a los países de América Latina,
éste ha ejercido una supervisión mucho menor en
relación con la asistencia estadounidense antinarcóticos en el extranjero. Un informe de
noviembre de 1988 hecho por la Oficina General de
Contabilidad —el brazo investigativo del Congreso—
señala el fracaso del I.N.M. de dar cuentas de los
dineros gastados en Bolivia y en Colombia. Las
fuerzas de seguridad latinoamericanas, han utilizado
en algunas ocasiones equipos suministrados a través
de los programas anti-narcóticos estadounidenses
para otros propósitos militares como las operaciones
de
contra-insurgencia.
Esto
es
sumamente
preocupante, en especial en Perú y en Colombia,
donde los militares están luchando contra grupos
insurgentes y se les conoce como violadores de los
derechos humanos de los civiles no combatientes.
¿A qué se debe el fracaso de los programa de
erradicación e interdicción hasta e! momento ¿corre
los Estados Unidos el riesgo de ser empujado en una
guerra civil sucia, dado el aumento de la ayuda
militar estadounidense?
Mientras las circunstancias varían en cada país
andino, el Valle del Huallaga en el Perú es ilustrativo
de los peligros potenciales de los programas
antinarcóticos. Allí, la DEA está entrenando y
equipando a la policía para luchar contra el tráfico de
drogas en un área en la que la presencia de los 2
grupos guerrilleros del Perú (Sendero Luminoso y el
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) es
significativa. En noviembre de 1987, se declaró en
estado de emergencia a toda la región, y en
consecuencia está bajo control militar. A pesar de que
los militares técnicamente son responsables de las
actividades de contra-insurgencia, y la policía
responde por los programas de erradicación e
interdicción, "en la práctica" de acuerdo con un
oficial del gobierno norteamericano, "no hay mucha
distinción entre una y otra". El General Juan Zarate,
encargado de los esfuerzos peruanos anti-narcóticos
en el Valle del Huallaga. admite que la policía
entrenada por la DEA también recibe entrenamiento
intensivo de contra-insurgencia debido a la zona
donde operan. Por otra parte, de acuerdo con
declaraciones de Zarate, combatir la insurgencia
guerrillera y no los narcóticos es la prioridad
principal del gobierno peruano en el área.
En términos más generales, una pregunta adicional surge en relación con los programas anti-narcóticos de Estados Unidos: ¿Está Estados Unidos fortaleciendo la mano de los militares a costa de gobiernos civiles débiles, y en consecuencia socavando
otros objetivos políticos estadounidenses? En Perú.
Bolivia y Ecuador, los gobiernos civiles apenas han
regresado al poder después de años de dictaduras
militares y las relaciones civiles-militares son tenues,
cuando más. En Colombia, más de 40 años de un
régimen de estado de sitio ha llevado a un control
creciente de los militares sobre aspectos de la vida
civil.
En este caso, los programas apoyados por Estados
Unidos, además de ser infructuosos, han cosec ido
consecuencias negativas imprevisibles. De acuerdo a
los estimativos de la Guarda Civil peruana, la
producción de coca en el Valle del Alto Huallaga se ha
cuadriplicado en los últimos 10 años ( d e 65.000
hectáreas en 1975 a 280.000 en 1988). Al mismo
tiempo, la influencia de la organización guerrillera
Sendero Luminoso ha aumentado en forma
ininterrumpida. El número de noviembre del Perú
Report - un respetado informe mensual con sede en
Perú, afirma que Sendero Luminoso controla casi el
90% del campo en el Valle de Huallaga. Sendero
Luminoso también ha explotado la presencia del
personal antinarcóticos de los Estados Unidos en la
región con el fin de obtener el apoyo de pequeños
campesinos que cultivan hoja de coca, que se han
volcado hacia la guerrilla como intermediarios, en
presencia de agentes estadounidenses, de los
barones de la droga colombiana y de las fuerzas de
seguridad peruanas.
Quedan preguntas sin respuestas: ¿Dado el hecho de
que la estrategia peruana contra-insurgente ha
resultado en una de las peores situaciones de
derechos humanos en el hemisferio, están las fuerzas
de policía entrenados por los Estados Unidos,
vigiladas por los abusos que cometen?
La asistencia anti-narcóticos que suministra los
EE.UU. a las fuerzas militares y de la policía en
América Latina son objetos de menor escrutinio que
otros programas de ayuda militar. De esta forma hay
preguntas serias que quedan en el aire en relación
con las posibles consecuencias negativas que genera
el involucramiento militar estadounidense en el
extranjero, así como los peligros de fortalecer el
poder militar a costa de instituciones civiles recién
constituidas en América Latina.
A pesar de que el debate en torno a la
problemática de los narcóticos continuará
intensificándose, no hay todavía señales d¿ una
ruptura en el consenso entre los formuladores de
política de Estados Unidos en relación con los
programas anti-narcóticos actuales en los Andes. La
renuencia de los militares estadounidenses de
involucrarse en actividades de interdicción a lo largo
de la frontera de Estados Unidos, no obstante la
utilidad de la asistencia militar para programas antinarcóticos en el extranjero o el involucramiento
militar en actividades de entrenamiento y
maniobras, son aplaudidas de un lado al otro del
espectro político. Sin una reevaluación franca y
sensible sobre los presupuestos que existen detrás
de la política actual, la tendencia hacia una
militarización de los esfuerzos estadounidenses
antinarcóticos en el extranjero, no se reducirá en
el futuro cercano.