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02/08/13
ACTA SANITARIA - Punto de Vista - El Fondo Monetario Internacional es un peligro para la Salud Pública
Punto de Vista
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El Fondo Monetario Internacional es un peligro para la Salud
Pública
A partir de un reciente libro, el comentarista advierte (y ofrece múltiples datos) sobre cómo la política de
'austericidio', la que está siguiendo el gobierno español, no sólo no consigue la mejora de la economía sino que,
en el campo sanitario, comporta peores resultados en salud, con un aumento de fallecimientos y suicidios, como
comienzan a poner de manifiesto distintos indicadores.
18/07/2013, Luis Palomo
Una de las muchas enseñanzas que se puede extraer del libro de Stuckler y Basu ("El coste humano de las políticas de
recorte") es que los presupuestos que se dedican a salud, educación y protección social son de los que tienen
multiplicadores fiscales más elevados. En el sector de la salud la inversión pública estimula la economía en más de tres
dólares por cada dólar gastado; por el contrario, el gasto militar o el gasto en los rescates bancarios ocasionan un
multiplicador fiscal negativo, porque este gasto público hace que la economía se contraiga, ya que el dinero abandona las
empresas productivas que generan empleo para ir a parar a cuentas bancarias privadas y a paraísos fiscales.
En la ola de corrección y positivismo político que nos invade, se dice que las crisis económicas son oportunidades para
mejorar las cosas que no funcionan; sin embargo la historia demuestra que no son las crisis en sí, sino las políticas públicas
que se adoptan para superar esas crisis las que consiguen mejorar o empeorar el bienestar, la economía y la salud de las
poblaciones afectadas. La organización social, los políticos y las instituciones internacionales han fracasado una y otra vez, a
lo largo de distintas crisis, cuando han impulsado medidas de recortes y austeridad, y el FMI es el campeón de esas
políticas. Stuckler y Basu demuestran con datos que, incluso en las peores catástrofes económicas, los efectos negativos en
la salud pública no son inevitables; que es la mala gestión de los gobiernos la que puede conducir a un desastroso saldo de
tragedias humanas.
Durante la Gran Depresión de los Estados Unidos entre 1929-1933, los estados de la unión que aceptaron poner en marcha
los programas de estímulo a las obras públicas, a los créditos y las ayudas sociales y alimentarias, el conocido como New
Deal promovido por Roosevelt, recuperaron antes su economía y tuvieron menos mortalidad infantil, menos suicidios y menos
enfermedades infecciosas que los estados que mantuvieron políticas de austeridad.
Cuando Rusia y la mayoría de los países del bloque del este aplicaron la terapia de choque propuesta por los economistas de
Harvard a partir de 1991, su renta per capita cayó más de un 30 %, el tamaño de su economía se redujo al equivalente de los
EEUU en 1897, la pobreza aumentó hasta un 40 % y las tasas de mortalidad se dispararon reduciendo la esperanza de vida 7
años; sin embargo a Polonia y Bielorrusia, que aplicaron políticas de reducción del gasto más graduales, les fue mucho mejor
en sus resultados de salud pública.
En 1997, cuando estalló la crisis financiera en Asia Oriental, en los denominados tigres asiáticos, en Tailandia se disparó el
número de enfermos de sida y falleció la mitad de los niños menores de 5 años infectados porque no recibieron tratamiento
por culpa de los recortes; sin embargo, Malasia ignoró las recomendaciones del FMI, no recortó sus presupuestos sanitarios
y logró que no aumentara el sida, evitó la miseria y aceleró su recuperación económica.
En Europa, el caso de la reacción a la crisis en Islandia es conocido: allí rechazaron el plan de austeridad radical propuesto
por el FMI, así preservaron la salud y el bienestar de su población. Es más, incrementaron el gasto social de un 42,3 % del
PIB en 2007 a un 57,7 % en 2008, a pesar de lo cual no empeoró su dependencia exterior, ni su inflación, ni su deuda. Si, por
el contrario, Islandia hubiera seguido las recomendaciones del FMI, por cada dólar de ahorro en gasto público el conjunto de
su economía se habría reducido en 1,7 dólares, es decir la austeridad habría tenido un efecto multiplicador fiscal negativo.
En el resto de Europa, seguir las medidas de austeridad impulsadas por el FMI y el Banco Central Europeo está destruyendo
millones de empleos, empeorando los datos demográficos y sanitarios, dejando a muchas familias sin vivienda y a muchas
personas sin protección sanitaria ni social, y la economía global no se recupera. Se están disparando los casos de suicidio,
incrementándose el sida, el alcoholismo y la tuberculosis y es esperable un descenso en la esperanza de vida ocasionada por
un incremento de muertes prematuras y evitables de personas, porque no tendrán dinero para pagarse los medicamentos, ni
para pagarse una sanidad cada vez más privatizada, o porque necesitarán ayudas sociales, pero serán rechazados por el
sistema.
Los partidarios de la austeridad, como el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, no hacen caso de las nefastas
consecuencias económicas y para la salud de sus recomendaciones. Obcecados por su ideología y por su fe en el libre
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mercado, ignoran los apabullantes datos que demuestran que el incremento en gasto público conduce a una recuperación
económica más rápida; que la inversión en el sector público y en la economía social mejora el crecimiento, reduce la deuda y,
sobre todo, evita el sufrimiento humano innecesario.
La mayoría de nuestras comunidades autónomas, que entre 1980-2000 habían reducido su mortalidad evitable y que habían
logrado unos niveles de salud, esperanza de vida y equipamiento sociosanitario de primer nivel internacional, están sufriendo
de manera acusada los efectos de este austericidio, en miles de parados, en pérdida de prestaciones a la dependencia, en
privatización de servicios, en copagos, etc…, y no tardaremos en percibir como estos desastres se convierten en peores
datos de salud.
A falta de conocerse los datos oficiales definitivos, en 2012 y como efecto inmediato de
los recortes en el gasto social global, caben esperarse unos 7.720 fallecimientos más (un
incremento de un 2%) de los que hubieran ocurrido si se hubieran aplicado otras políticas.
No obstante, y desbordando esas cautas previsiones, en el primer semestre de 2012 en
España se registraron 21.000 fallecimientos más que en el mismo periodo de 2011, lo que
rebasa en más de un 9% lo asumible por contingencias coyunturales. Su relación con los
recortes en gasto social parece indiscutible (Díaz-Olalla M; Salud 2000. 2012; nº 142).
Como se sabe desde hace muchos años, y como demuestran Stuckler y Basu, las
políticas públicas que se ponen en marcha repercuten en la vida y el bienestar de los
pueblos. En España, los políticos ignoran estas relaciones, no asumen las
responsabilidades de sus nefastas medidas, y política y jurídicamente tampoco existe
una convicción arraigada en el cuerpo social de exigencia de responsabilidades, aun
cuando hay decisiones alternativas más beneficiosas para el conjunto de la población y para los más necesitados.
Luis Palomo es director de Salud 2000. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(FADSP)
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