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Editorial
Editorial especial
Colombia: un país en vía de
recuperación.
Situación política y proceso de paz*
JUAN CAMILO RESTREPO
A
gradezco muchísimo la oportunidad que el decano de la Facultad de Ciencias
Económicas, Dr. RAMIRO MATEUS, me ha brindado para que haga unas breves
reflexiones sobre el tema del proceso de paz en Colombia.
Quiero comenzar por felicitar a los promotores de la publicación de esta revista, y
muy especialmente al doctor JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, por la buena
iniciativa de reunir académicos e intelectuales para que reflexionando con seriedad
sobre la situación colombiana, puedan presentarle a la comunidad nacional e
internacional, una visión independiente y por lo mismo, especialmente importante
sobre el momento que vive mi país.
Una primera precisión que, aunque conocida de todos ustedes, no sobra reiterar: ni
el proceso de paz que está en marcha en Colombia es el Plan Colombia, ni el plan
Colombia es un sustito del proceso de paz.
Después de haber estado cerca de 7 años en el congelador la búsqueda de la paz a
través de un proceso político, el presidente PASTRANA, desde la primera hora de su
administración, la sacó de ese frío escenario para ponerla en el terreno mucho más
visible y complejo de los diálogos políticos.
La búsqueda de la paz en un país como Colombia por el camino político no es un
camino fácil, pero tal vez es el único posible.
Hay voces a menudo impacientes y exasperadas que quisieran ver aplicar una
política imposible de tierra arrasada. A ello no ha cedido el gobierno y con paciencia,
aun con paciencia en relación a los impacientes, persiste en la vía política.
*
Este artículo fue escrito antes del rompimiento del proceso de paz.
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JUAN CAMILO RESTREPO
En Centroamérica el proceso de paz con una guerrilla más débil y menos bien
financiada que la nuestra duro cerca de 5 años. Nosotros apenas llevamos 3 años; los
que lleva de transcurrida la administración PASTRANA.
El proceso con las FARC, a pesar de los altibajos que se han presentado en este último
mes, es el que va más avanzado, aunque en rigor las negociaciones propiamente
dichas apenas parece que van a comenzar.
Además de los preparativos logísticos de la mesa de negociaciones, los primeros 3
años se dedicaron a la negociación de un temario que contenía los 12 puntos sobre
los cuales trataba la negociación propiamente dicha y las audiencias públicas que
con transmisión de televisión a todo el país y amplia participación de la sociedad civil
coparon gran parte del tiempo.
Está de otro lado el ELN con el cual ha habido múltiples contactos pero con el que no
se ha iniciado aún un proceso formal de negociación.
Pero por supuesto: la política de paz es algo mucho más amplio que el llamado Plan
Colombia. Obviamente en la medida que el segundo es una estrategia de lucha
contra los narcóticos y a favor de la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos,
y toda vez que las áreas más complejas en materia de lucha subversiva a menudo se
sobreponen con los cultivos ilícitos, no deja de haber vínculos entre una y otra; pero
no pueden identificárselas.
La primera —la política de paz— es una política de estado no del gobierno de turno.
Esta política de paz incluye, entre otros, los esfuerzos que se desarrollan en torno a
la mesa de diálogo, como también las múltiples políticas de promoción de derechos
humanos que se están adelantando en Colombia, y a las que me referiré más
adelante.
El Plan Colombia hay que entenderlo más bien como la síntesis de las políticas
antinarcóticos que se viene adelantando en Colombia desde el 2000 y se
prolongará hasta el 2003. Y sobre el Plan Colombia permítanme recordar tres
ideas centrales:
En primer lugar: la mayor parte de los costos del Plan Colombia los pagan los
colombianos, con sus propios recursos, con sus propios impuestos. De un costo total
de 7.500 millones de dólares, 4.900 son aportados por Colombia.
En segundo lugar: cerca del 70% de las inversiones totales del Plan Colombia están
concentrados en áreas de inversión social (educación, vías para la paz, financiación
de cultivos alternativos, inversión en los sectores más vulnerables de la población
como las madres cabeza de hogar). No es, pues, un plan de guerra.
Economía y Desarrollo - Marzo 2002, vol. 1, N° 1
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En tercer lugar: Colombia no presentó este programa ante la comunidad
internacional con un espíritu mendicante, sino como un desarrollo normal del
principio de la corresponsabilidad que le asiste tanto a los países consumidores
como a los países productores, de acuerdo con la Conferencia de Viena, que
ustedes han recordado en el proyecto de declaración ha ser adoptado en esta
conferencia.
Quisiera recoger dos premisas importantes:
En primer lugar Colombia no está en guerra civil, la sintomatología no demuestra
que vayamos en esa dirección. Hay sí una agresión violenta y con tendencia a
degradarse contra la sociedad civil adelantada por minorías de todos los pelambres,
desde las fuerzas subversivas hasta los paramilitares y la delincuencia común.
Contra todas estas minorías que tratan de amilanar y aterrorizar a la gran mayoría,
es indispensable que el estado, ayudado de la comunidad internacional se levante
con firmeza a combatirlas y a denunciarlas.
Pero también es bueno recordar que las delicadas circunstancias que vive Colombia
tienen mucho que ver con fenómenos económicos tales como el desempleo, contra
el cual se viene luchando pero que se enfrenta a círculos viciosos especialmente
delicados. Por ejemplo: las grandes oleadas de desplazados que genera la acción de
los violentos son a su turno un factor cada vez más importante de desempleo en las
ciudades donde se aglutinan estos desplazados.
Colombia está superando la difícil coyuntura que tuvimos en 1999 lo mismo que
gran cantidad de países de América Latina. En el año 2000 el crecimiento económico
alcanzó el 2,8% y aunque en el 2001 sólo alcanzamos un crecimiento del 1,5%,
registramos por tercer año consecutivo una inflación de un solo dígito; y las tasas de
interés se han reducido a niveles compatibles con la recuperación de la economía.
Pero por supuesto falta aún mucho por hacer. Pienso especialmente en la educación
donde subsisten problemas estructurales muy delicados. Uno de cada dos
desempleados que hay en Colombia no lo está por razones de ciclo económico, sino
porque está saliendo al mercado laboral (sobre todo los jóvenes y mujeres) sin la
adecuada formación profesional y sin las destrezas tecnológicas necesarias para
obtener empleo.
Una opción de paz no podría serlo, si no va acompañada de una política rotunda por
la promoción de los derechos humanos.
En este campo hay aún mucho por hacer; hay todavía violaciones y hay carencias;
pero ello no debe hacernos olvidar los inmensos esfuerzos que se vienen adelantando
para poner al día a Colombia, como es la indeclinable decisión del gobierno, en la
promoción de los derechos humanos a pesar del dificilísimo contorno que se vive en
el país, fruto de un conflicto que infortunadamente se ha degradado en los últimos
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tiempos y en el cual no ha sido posible aún, a pesar de los múltiples ofrecimientos
del gobierno, para que se firme un compromiso de respeto al derecho internacional
humanitario por parte de las fuerzas en conflicto, aun antes de que termine el
conflicto.
En materia de derechos humanos, el estado ha realizado una serie de importantes
innovaciones legislativas entre las que cabe señalar:
·
La adopción del nuevo Código Penal Militar, que reviso a fondo las nociones de
obediencia debida, de fuero militar y de los delitos militares.
·
La tipificación del delito de la desaparición forzada de personas.
·
La modernización de las fuerzas militares y de policía y la prohibición del
reclutamiento de menores de 18 años.
·
La aprobación de la Convención de Ottawa sobre la eliminación de las minas
antipersonales.
·
La suscripción del tratado de Roma por el cual se crea la Corte Penal Internacional.
Además de estos cambios legislativos, han habido transformaciones de gran sentido
practico, como las siguientes:
·
La puesta en marcha del comité especial de impulso a las investigaciones de
violación de los derechos humanos, presidida por el vicepresidente de la
República, en el cual participaban la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio del
Interior, el Consejero Presidencial para los derechos humanos y las ONG. Merced
a este seguimiento a investigaciones cruciales se ha logrado culminar procesos
sumamente sensibles.
·
El programa de protección a los defensores de los derechos humanos, en el cual
se invirtieron cerca de US$5.000.000 en 1999; cerca de 40 personas amenazadas
cuentan con esquemas de protección permanente; 85 sedes de oficinas de
defensores de los derechos humanos están hoy protegidas mediante blindajes
y sistemas de comunicación preventivos.
·
En uso de las potestades discrecionales que otorgó la Ley de modernización de
las Fuerzas Armadas, 388 militares han sido separados de las filas, cuando se
han encontrado sospechas fundadas de violación a los derechos humanos o de
colaboración con grupos ilegales.
·
La atención a la población desplazada por la violencia se cumple a través de la
Oficina de la Red de Solidaridad Social, que depende directamente de la
Presidencia de la República.
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·
En agosto de 1999 el gobierno adoptó una clara política de promoción, respeto
y garantía de los derechos humanos y de aplicación del derecho internacional
humanitario, como resultado de un laborioso proceso de concertación; su plan
de acción contempla metas, plazos y controles a las diferentes agencias
gubernamentales.
·
La justicia colombiana se ha ocupado de esclarecer graves crímenes que han
conmocionado a la opinión publica internacional, de los cuales quiero citar: la
muerte de los investigadores del CINEP —mayo/1997—; la muerte del sindicalista
JORGE LUIS ORTEGA —octubre/1998; la del senador MANUEL CEPEDA de la Unión
Patriótica, ocurrida en agosto de 1994; el asesinato de tres indígenas
norteamericanos en febrero de 1999 y las masacres de Puerto Alvira —mayo/
1999—; Vigía del Fuerte —marzo/2000— y Mapiripán —14 de junio/1997—.
El proceso de paz de Colombia —se dice a menudo— requiere de una cada vez
mayor internacionalización.
No para que haya interferencias indebidas, sino para que haya las tomas de
conciencia debidas.
Para que del diálogo fértil y de la información transparente que exige siempre la
comunidad internacional cuando se ocupa de un asunto delicado, surja finalmente
el diagnóstico acertado.
A la búsqueda de ese diagnóstico acertado están haciendo ustedes un aporte muy
valioso a Colombia con este pronunciamiento; precisamente porque es un diagnóstico
independiente que no tiene otra fuerza ni otro interés que la honradez intelectual de
todos ustedes.
Muchas gracias.
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