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TEMA 8:
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA.
1. DELIMITACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
ESPAÑOL
La construcción forma parte, junto con las ramas industriales y energéticas, del
sector secundario de la economía, produciendo activos reales en forma de
edificaciones (inmuebles de uso residencial y distintos usos no residenciales) e
infraestructuras (de transporte, comunicaciones, energéticas, hidráulicas...).
La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93 Rev.1) recoge
la actividad de construcción dentro de la Sección F, incluyendo todas las fases;
esto es, la preparación de las obras, la construcción general de inmuebles y
obras de ingeniería civil, las instalaciones de edificios y obras (eléctricas,
térmicas, de fontanería....), el acabado de edificios y obras (revocamiento,
carpintería, revestimiento, acristalamiento, pintura...), así como el alquiler de
equipo de construcción y demolición
2. VALOR AÑADIDO, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
En la economía española, el sector construcción ha tenido un comportamiento
pro-cíclico, marcando la oscilación general de coyuntura económica del país,
aunque de manera más pronunciada, tanto en las etapas expansivas del ciclo,
como en las depresivas. En las primeras, al crecer su VAB por encima del PIB ,
ha cobrado importancia relativa en la estructura productiva del país, generando
empleo e incrementando la participación de los activos de construcción en la
demanda interna. En las segundas, su VAB ha crecido menos que el PIB o bien
ha acusado en mayor medida la recesión económica (decrecimiento real del
PIB), destruyendo una importante proporción de su empleo y pudiendo
desestabilizar la demanda interna.
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Entre 1970 y mediados de la década de los ochenta, el sector de la
construcción siguió en España la misma tendencia decreciente que en el
conjunto de Europa, en términos de aportación al VAB total de la economía. La
participación del VAB de la construcción se redujo, en precios constantes, del
12% del VAB Total en 1970 al 7,5% en 1984.
El boom inmobiliario de la segunda mitad de los ochenta permitió que
recuperase dos puntos y medio porcentuales entre esta última fecha y 1990. La
crisis económica internacional de comienzos de la década de los noventa, y
que habría de derivar en la recesión de la economía española en 1993, hizo
declinar a la baja el peso relativo de la construcción, hasta el 8% del VAB total,
nivel en el que se mantuvo estable durante el periodo 1992-1997, sostenido, a
pesar de la atonía del sector inmobiliario, por cierta recuperación de la vivienda
protegida y la construcción de la red de infraestructuras estatales, autonómicas
y locales.
El crecimiento de la demanda de vivienda a partir de 1998 ha permitido un
espectacular impulso de la oferta de edificación residencial, dando lugar a un
nuevo boom inmobiliario, que posibilitó de nuevo el despegue económico del
sector construcción y que dura hasta hoy en día. También han contribuido al
auge constructor la política de infraestructuras de los sucesivos gobiernos,
cofinanciada, en gran parte, por el presupuesto comunitario a través de la
política estructural de la UE, y la edificación no residencial, estimulada por los
buenos resultados empresariales en el marco de una economía dinámica. Por
todo ello, el VAB de la construcción ha crecido progresivamente hasta
representar en la actualidad el 10% del VAB total en términos reales. Esta
aportación relativa del sector de la construcción a la economía del país es muy
superior la media europea (En el conjunto de la UEM, no llega al 6% del VAB
total).
En términos nominales, el crecimiento de la aportación del valor añadido de la
construcción ha sido aún más pronunciado, pasando del 7% del VAB total en
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1997 al 11,6% actual, hecho que pone de relieve la mayor inflación de la
producción de activos de la construcción que del conjunto de bienes y servicios
generado en el país y el peso relativo alcanzado por el sector sobre el VAB
total en precios corrientes (En 1970 era del 8,9%)
Durante la última década, de expansión económica, mientras que el VAB del
conjunto de la economía ha crecido en términos reales un 3,7% de media cada
año, el VAB de la construcción lo ha hecho en un 6% aproximadamente,
acumulando una ventaja de casi un 25% en diez años, hecho que le ha
permitido precisamente esa ganancia de participación en la economía del país.
El sector de la construcción ha dado empleo aproximadamente al 9 -10% de la
población ocupada en España, de manera estable entre 1980 y 1998, con una
notable contención durante la crisis de los primeros ochenta, momento en que
la caída de la actividad productiva de construcción se tradujo en la destrucción
de casi 200.000 empleos y su participación en el empleo nacional llegó a
disminuir hasta el 7,4% en 1985. En la crisis económica del inicio de los
noventa, el hundimiento de la actividad constructora (reducción del VAB de la
construcción de entre el 6 y el 7% de forma consecutiva durante dos ejercicios
económicos, 1992 y 1993) generó una nueva destrucción cuantiosa de empleo
(220.000 puestos de trabajo entre 1991 y 1994), pese a lo cual su peso relativo
se contuvo en tan sólo un punto porcentual, hasta el 9,2%, a causa de la
destrucción de empleo del conjunto de la economía (800.000 empleos entre
1991 y 1994).
Durante la fase expansiva del sector que abarca desde 1998 hasta hoy en día,
el empleo en construcción ha crecido en un millón de ocupados y ha ganado en
importancia relativa, creciendo desde el 10% de la población ocupada total en
aquel año hasta el 12,5% en 2005.
La tasa de paro del sector ha sido notablemente mayor que la media nacional
durante las etapas depresivas; entre 1980 y 1985, la tasa de paro en el
conjunto de la economía aumentó del 11,4% al 21,5% mientras que en el
sector de la construcción creció del 22,7% al 35% y entre 1992 y 1994, aquélla
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pasó del 16 al 24% y ésta se incrementó del 16,1% al 28,7%. Sin embargo, en
las etapas expansivas la aceleración de la actividad de construcción y la
consiguiente creación de empleo ha permitido reducir la tasa de paro en mayor
medida que el conjunto de la economía. Desde 1997, en el proceso
convergente con la UE, la construcción viene presentando tasas de paro
menores que el conjunto del mercado laboral español y en la actualidad,
mientras que en éste es del 7,3% en el sector de la construcción es inferior al
6%.
La
productividad
aparente
del
trabajo
en
la
construcción
es
baja,
significativamente inferior a la media nacional. En el presente viene a estar en
un nivel medio del 76-77% de la productividad media del trabajo y a lo largo de
la fase de auge económico del sector en esta última década se ha reducido en
términos reales, perdiendo ocho puntos porcentuales sobre la media nacional
desde 1995. El crecimiento de la producción (VAB) del sector se ha debido, en
consecuencia, al espectacular incremento del empleo, pese a la perdida de
productividad.
Las razones de esta reducida y decreciente productividad aparente del trabajo
residen en características propias del empleo en construcción, tales como:
Ø La reducida cualificación de la mano de obra: sólo el 18,5% de los
ocupados en el sector tienen estudios de al menos bachillerato, frente al
40,6% del total de ocupados (datos censo de población 2001)
Ø La reducida presencia femenina entre la población ocupada en el sector:
5,3% en la actualidad, frente al 40,5% en el conjunto de la economía.
Ø La elevada temporalidad en la contratación: 57% de los asalariados.
Ø La alta siniestralidad laboral: el 33% de los accidentes laborales mortales
en 2005, año especialmente trágico, se han producido en el sector
construcción. El 27,2% de promedio en el periodo 1997-2005
Ø La notable proporción de población ocupada inmigrante no comunitaria:
casi el doble de la media del mercado de trabajo nacional; 20,3% frente a
11%.
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3. IMPORTANCIA
ECONÓMICA
DE
LA
CONSTRUCCIÓN
EN
LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA
Tal y como puede deducirse del apartado anterior, durante los últimos años, de
continuada expansión de la economía española, el sector construcción ha sido
uno de los grandes motores de este importante crecimiento de la producción y
el empleo.
No obstante, teniendo en cuenta que se trata de un sector de acusada
fluctuación coyuntural, intensivo en mano de obra, reducida productividad y
escasa intensidad tecnológica (recuérdese la baja proporción de empresas
innovadoras y que realizan de forma sistemática actuaciones de I+D), se
presenta como un motor en exceso vulnerable para seguir impulsando a medio
–largo plazo a una economía que pretende ser crecientemente competitiva
(Véase PNR).
Los activos de la construcción han ganado peso en la demanda interna del
país. En términos reales, la vivienda, que en 1997 representaba el 5,2% de la
demanda interna, en la actualidad supone prácticamente el 7% de la misma.
Esta ganancia ha sido aún mayor en términos nominales, pasando del 4,7% de
la demanda interna en 1997 al 8,8% de la misma en 2006, lo que viene a
señalar que la adquisición de vivienda es el componente más inflacionista de la
demanda interna española. En nuestro entorno económico inmediato, por el
contrario, la vivienda ha perdido importancia sobre la demanda interna. La
media de la UEM, ha pasado del 6% en 1997 al 5,5% en la actualidad a precios
constantes.
Por su parte, las obras de ingeniería civil y de edificación no residencial,
agrupadas en la categoría “Otras construcciones” de la CNE, han ganado
también, aunque en menor medida, importancia relativa sobre la demanda
interna del país, pasando del 7,1% en 1997 al 7,5% en 2006 en términos reales
y del 6,9% al 8,0% entre ambas fechas en precios corrientes.
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4. EL DESARROLLO DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS
La compleja y accidentada orografía del territorio español, que supone un serio
obstáculo para el normal funcionamiento del mercado interior, conjuntamente
con el retraso en la configuración de la red nacional de infraestructuras, debido
al menor grado de desarrollo económico del país en relación con la UE, y con
la posición periférica de España en el marco de la misma, ha obligado a
redoblar los esfuerzos necesarios, en forma de inversión en infraestructuras de
transporte,
comunicaciones,
energéticas,
hidráulicas…,
que
permitan
compensar los efectos negativos del grado de desarrollo socioeconómico, la
distancia y las barreras físicas sobre el normal funcionamiento de las diversas
relaciones humanas que conforma nuestra sociedad y nuestro sistema
económico.
La Política de Cohesión Económica y Social y la estrategia de competitividad
de la UE conceden a las infraestructuras un carácter estratégico en la
vertebración del territorio comunitario y en el crecimiento y competitividad de la
economía de la Unión. Habida cuenta de su situación periférica y de su menor
grado de desarrollo, España ha recibido durante estas dos últimas décadas un
importante volumen de ayudas para la financiación de proyectos de
infraestructuras, a través de los Fondos Estructurales, del Fondo de Cohesión y
de la partida presupuestaria destinada a proyectos de Redes Transeuropeas
(de transporte, energía y comunicaciones).
En el escenario de crecimiento y modernización de la economía española y con
el soporte de las ayudas otorgadas por la Unión Europea, los distintos
gobiernos han desarrollado una activa política de infraestructuras en forma de
sucesivos planes de infraestructuras; Plan General de Carreteras 1984-1991,
Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 (PDI), Plan de Infraestructuras de
Transportes 2000-2007 (PIT) y Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte 2005-2020 (PEIT), actualmente vigente. Las principales actuaciones
se han dirigido a impulsar la construcción de las vías rodadas de gran
capacidad (autovías y autopistas) y de las líneas ferroviarias de alta velocidad,
a ampliar los principales aeropuertos nacionales y extender el sistema
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aeroportuario español y a incentivar la iniciativa privada en la financiación y
construcción de la red de infraestructuras del país .
El PDI programaba una inversión media de más de 5.500 millones de euros
corrientes al año, el PIT de casi 8.100 y el PEIT de más de 11.200, cifras que
ponen de manifiesto la trascendencia económica de la construcción de
infraestructuras y su notable crecimiento nominal.
El PEIT prevé una inversión total de casi 249.000 millones de euros en el
periodo 2005-2020, concentrando las actuaciones ferroviarias casi el 44% de
dicho importe.
5. MERCADO DE VIVIENDA Y BOOM INMOBILIARIO
En el mercado inmobiliario no sólo intervienen actividades secundarias de
construcción de inmuebles, sino también actividades terciarias de servicios
inmobiliarios
(promoción
inmobiliaria,
intermediación
inmobiliaria,
administración inmobiliaria y alquiler de bienes inmobiliarios), recogidos en la
división 70 de la CNAE 93 – rev.1
La
evolución
reciente
del
mercado
inmobiliario
se
ha
caracterizado
esencialmente por un espectacular crecimiento de la demanda, que ha
impulsado la oferta de vivienda. El número de viviendas iniciadas en 1997 era
de 337.000 y ha aumentado cada año, pese a estabilizarse en torno a 560590.000 viviendas entre 2000 y 2002, llegando a alcanzar la cifra record de casi
912.000 viviendas en 2006.
No obstante la creciente oferta, los precios de la vivienda han experimentado
una espectacular espiral inflacionista. A comienzos de 2007 el precio medio
nominal de la vivienda en España (2.024 €/m2 ) prácticamente triplica el
observado diez años antes (691 €/m2), lo que evidencia la pujanza de la
demanda residencial, mayor que la oferta. Las razones que han posibilitado el
crecimiento de la demanda son varias y de diversa índole.
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Demográficas:
Ø El crecimiento de la población, impulsado por un saldo migratorio muy
positivo.
Ø La Llegada a la edad de emancipación (formación de un nuevo hogar) de
los nacidos durante el Baby-Boom, colectivo que integraba una demanda
retenida en los hogares familiares, por causa de las desfavorables
situaciones laborales, económicas y financieras imperantes en el país a
lo largo del primer lustro de los noventa y que le dificultaban e incluso
imposibilitaban el emanciparse.
Ø Ciertos cambios en la conformación de los hogares, que implican la
reducción del tamaño medio familiar. Es una cuestión estructural, pero
que se ha consolidado durante la última década, por la proliferación de
situaciones crecientemente comunes entre la sociedad española, como
las separaciones y divorcios, la maternidad y adopciones por parte de
personas solteras, etc.
Económicas y de empleo:
Ø El crecimiento económico y la confianza en la evolución económica del
país, es decir el efecto positivo de la fase alcista del ciclo económico
iniciada a mediados de los noventa sobre la situación económica del país
en general y de los hogares en particular, así como en las expectativas
económicas de éstos.
Ø La creación de empleo asociada a la larga fase de crecimiento
económico y pese a la elevada temporalidad de la contratación laboral.
Financieras:
Ø La disminución de los tipos hipotecarios en el proceso convergente para
acceder a la tercera etapa de la UEM y la posterior Política Monetaria del
BCE (tipos bajos).
Ø La creciente competencia entre entidades financieras por la captación de
clientes hipotecarios, que se produce en el marco de un continuo proceso
de liberalización del sistema financiero español, y que posibilita una
variada oferta hipotecaria, en la que juegan un papel relevante cuestiones
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como el alargamiento del plazo de amortización y el aumento del
porcentaje de cobertura financiera de los préstamos.
Ø Fiscales: las ventajas fiscales a la adquisición de vivienda ofrecidas por
la reforma de la normativa reguladora del IRPF vigente desde el año
1998 hasta 2005, en perjuicio del arrendamiento.
Ø De inversión: el atractivo del activo residencial como destino de la
inversión nacional y extranjera, a causa de su importante y continuada
revalorización en especial ante la incertidumbre mostrada por los
mercados bursátiles en el arranque de esta década.
Ø Turísticas: el desarrollo residencial en los principales destinos turísticos
de la costa mediterránea española, aprovechando la elevada demanda,
como lugar de segunda residencia y de retiro, por parte de residentes en
Centroeuropa y la Europa Atlántica, esencialmente Reino Unido y
Alemania.
Ø Intrínsecas al propio parque inmobiliario existente: la concentración
de la demanda hacia el régimen de tendencia en propiedad, de manera
que tan sólo el 11,5% del parque de viviendas principales (domicilios
habituales) está ocupado en régimen de alquiler, aspecto íntimamente
vinculado a cuestiones culturales y socioeconómicas de la población.
Con el fin de garantizar el derecho de todo residente en el territorio español a
una vivienda digna (Art. 47 de la Constitución Española), las Administraciones
Públicas desarrollan una serie de actuaciones en materia de política de
vivienda: ayudas a la vivienda protegida (de precio máximo regulado y
destinada a colectivos de rentas bajas y medias y que cumplan otros requisitos
específicos), tratamiento fiscal a la vivienda (propiedad Vs. alquiler),
especialmente en la tributación sobre la renta y el patrimonio personal, fomento
de la vivienda en alquiler, política urbanística y de suelo… El gasto público
agregado en todas ellas en términos del PIB es muy reducido, en comparación
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con la media comunitaria (En 2003, en España representaba un 0,2% del PIB,
en la media de la UE 25 un 0,5% del PIB).
El crecimiento de la demanda de vivienda ha sido de tal magnitud, que está
condicionando el funcionamiento reciente de la economía española, en cuanto
a determinados aspectos clave. Probablemente, el más importante sea la
acusada reducción del ahorro financiero de los hogares, al destinar una
cantidad creciente de su renta disponible a la adquisición de vivienda, en
detrimento de la adquisición de activos financieros con los que fina nciar la
inversión empresarial y la inversión pública. De hecho, en los últimos ejercicios
económicos, según la Contabilidad Nacional de España, el sector institucional
de los hogares ha presentado creciente necesidad de financiación. Ello ha
incrementado la dependencia exterior de la economía española, para su
financiación.
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