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PUEBLA, PUE.
LA EDUCACIÓN JUDICIAL EN MEXICO
El tema que hoy nos ocupa es armonizar o incluir temas tan distintos como la Educación
Judicial, que tendrá que ver con la actualización, profesionalización, especialización y
educación continua, que se realiza como actividad permanente en los distintas escuelas
judiciales del país, con otro que es el de las Políticas Públicas o de Estado tendientes a
otorgar beneficios económicos, sociales entre otros, en un país.
Los procesos de cambio en el sistema jurídico en México, obligan a las escuelas
judiciales a garantizar a la sociedad que la enseñanza que reciben los funcionarios
públicos sea de calidad dando certeza jurídica, trasparencia y confianza en el trabajo
jurisdiccional, y principalmente que se oriente esta educación, a formar y actualizar a
los antes mencionados en temas de actualidad de acuerdo a sus competencias, así como
el correspondiente desarrollo de habilidades y destrezas que se verán plasmados en el
ejercicio de la función pública que desarrollan.
De ahí que los programas académicos deberán ser diseñados en base a una detección de
necesidades de capacitación, real y concreta, en la que se incorporen y analicen temas
de vanguardia en el aspecto jurídico, tendientes a contar con funcionarios judiciales que
proporcionen una respuesta adecuada a los distintos fenómenos sociales.
Un tema recurrente en distintos foros es el del incremento de la delincuencia en nuestro
país; su origen es multifactorial y tendrá que ver con el crecimiento poblacional, la falta
de empleo, el fracaso en las políticas económicas, la pérdida de valores, etc. Lo que se
ha convertido en un verdadero flagelo en nuestra sociedad.
Sabido es, que el mayor numero de delitos esta entre los llamados patrimoniales, ya por
la falta de recursos por quien los comete, ya por una habitualidad delictiva.
Lo que deriva
en una negativa percepción ciudadana que se traduce en un gran
desconcierto ante el fracaso de políticas públicas en la lucha contra la delincuencia, esto
en el aspecto de seguridad pública, y en la perdida de confianza en los operadores de la
procuración y administración de justicia, en el ámbito jurisdiccional, y más aún en la
facilidad en la que sentenciados obtienen su libertad anticipadamente.
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De modo que, el reclamo social actual, es la de lograr vivir en una sociedad libre de
temores, donde se pueda transitar, lo más posible, en una atmosfera de tranquilidad
social, en el que las familias se puedan desarrollar libremente; acceder a una adecuada
impartición de justicia con operadores formados en temas tanto jurídicos como
deónticos que restablezca la confianza en ellos, y que el delito no quede impune y el
delincuente en liberad.
Sin embargo, el trabajo jurisdiccional es diverso, y cada una de las materias de las que
los Tribunales Superiores de Justicia del país conocen, tienen su problemática propia
que en muchos de los casos también dejan sinsabores en la ciudadanía que hace uso de
los servicios y que en cada caso en particular requerirán atención especial.
Harold Lasswell entendía en una forma mas practica, pero no menos importante que las
política pública se define como: “¿quien obtiene que, cuando y como?” y que tendrá que
ver con el impacto que produce la acción pública sobre un grupo de personas que se ven
beneficiadas, y que para su concreción se desarrollan programas en función de un
problema o situación determinada, de forma planeada y propositiva.
De modo que, toda Política Pública deberá de tener un determinado impacto social en
base a la forma en que se planifique, implemente desarrolle, evalúe y cause un beneficio
en la población.
De lo antes descrito, advertimos que no estamos hablando de temas separados, en
realidad tienen un fin común.
Los Tribunales establecidos y reconocidos por nuestra Constitución, tiene
como
finalidad la de resolver controversias entre particulares, entre particulares y estado o
entre el mismo estado, que concluyen con una sentencia que va más allá del aspecto
jurídico, ya que también aborda cuestiones familiares, sociales, políticas y económicas,
entre otras.
La resolución de una controversia cumple con la tarea de reestructurar el tejido social
que se vio fracturado, precisamente por la misma controversia, a través de un trabajo
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jurisdiccional “inclusive” promovido por los encargados de la impartición de justicia,
que tendrá como meta lograr que los actores vean resuelto el problema de la mejor
forma posible logrando así la armonía social.
Las políticas públicas tienen como finalidad el detectar, aplicar programas y evaluarlos
tendientes a causar un beneficio social.
Los temas no son diversos, tienen como punto de unión que resuelven problemas de la
sociedad y reestructuran el tejido social; tanto las políticas públicas, como la correcta
impartición de justicia que se da por una adecuada educación judicial, provocan en un
plazo determinado, que la sociedad vea beneficios, claros y tangibles, que den respuesta
a sus demandas particulares.
La incorporación de la educación judicial a la agenda como política pública, y en base a
su génesis y finalidad de ambas, hace necesario que la primera se tome como prioritaria
dentro de las políticas públicas del Estad, por su fin común que es la de proporcionar,
cado uno desde su trinchera, beneficios sociales; por tanto designar y destinar recursos
públicos del presupuesto anual, a la educación jurisdiccional, deberá ser considerada
como obligatoria dentro de los programas de estado, que serán destinados a la
actualización, formación y especialización de los funcionarios jurisdiccionales, quienes
al contar con conocimientos, experiencias, desarrollo de habilidades y destrezas en base
a competencias de la educación, darán la correcta respuesta que el ciudadano común
necesita a sus problemas comunes.