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La intervención del Estado en la economía: un enfoque ecléctico
Juan José Rubio Guerrero
Catedrático de Hacienda Pública.UCLM
Foro Independiente de Analistas Fiscales.
La crisis global a la que asistimos está poniendo sobre el tapete los problemas de una
organización económica excesivamente liberal, pero conviene no olvidar, para evitar
movimientos pendulares, que el Estado intervencionista al que hemos asistido desde mediados
del siglo XX genera, al menos, tantos problemas económicos fundamentales en los sistemas
económicos desarrollados. Así pues, es el momento de replantearnos cual debe ser el papel del
Estado en la economía contemporánea, todo ello a la luz del bagaje teórico e histórico
acumulado. Actualmente la mayor parte de los economistas de nuestra época están de acuerdo
en la responsabilidad esencial que tiene el Estado, como complemento del mercado, de ayudar a
la consecución de una sociedad eficiente y equitativa. Es decir los fines a conseguir por el
Estado siguen siendo los mismos: mejorar la asignación de recursos de una economía de
mercado, favorecer una adecuada redistribución de la renta y riqueza entre los ciudadanos y
contribuir a una adecuada estabilización de la economía en su conjunto. Lo que parece oportuno
es un cambio en la forma de actuar que permita preservar las ventajas del Estado de Bienestar y
al mismo tiempo superar sus inconvenientes. En la búsqueda de ese nuevo Estado Ecléctico
que proponemos, nos parece oportuno sentar una serie de principios que han de inspirar su
actuación para posteriormente analizar cómo deben cambiar las formas de actuación
tradicionales para adaptarse a los retos actuales. Estos principios podrían resumirse en los
siguientes:
- Principio de subsidiariedad. Los poderes públicos sólo deben actuar en aquellos casos
en que, siendo capaces de alcanzar el objetivo pretendido, éste no puede ser alcanzado
por los agentes privados. La iniciativa pública debe concebirse desde este enfoque como
subsidiaria de la privada.
- Principio de complementariedad. El sector público no debe competir con el privado
sino que ha de complementarlo. Debe actuar como "socio catalizador y facilitador", y
sólo como proveedor directo en el caso de los bienes públicos puros (imposibilidad del
sector privado para proveerlos) o cuando razones de coordinación (mayor capacidad en
términos de eficacia que el sector privado), lo aconsejen.
- Principio de neutralidad. La actividad pública en todas sus formas de intervención
debe tratar de afectar lo menos posible a la libre decisión de los agentes privados salvo,
obviamente, en el efecto directo que persiga.
- Principio de concentración. No se trata de abarcar muchos sectores de actividad sino
de concentrarse en aquellos que verdaderamente lo necesiten por razones de eficiencia o
de equidad. En este sentido será necesario arbitrar procedimientos para que el objetivo
de los partidos políticos de captar al mayor número de votantes, no de lugar a la
extensión no equitativa y necesaria de las prestaciones públicas
Para que el desarrollo de los principios anteriores sea posible y para que los poderes
públicos sirvan a los objetivos sociales que se les asignen es necesaria también una revisión de
sus mecanismos de actuación. En esta dirección se pueden proponer:
- Fortalecimiento del marco jurídico. El sector público puede alcanzar muchas veces
sus objetivos con el establecimiento de unas reglas del juego adecuadas y por tanto sin
necesidad de intervenciones directas. Es más, un instrumento tan poderoso como el
Derecho (tanto a nivel constitucional como legal o reglamentario) puede permitir tanto a
los agentes privados como a la sociedad en su conjunto alcanzar sus fines más loables
de forma más fácil. Todo ello siempre y cuando el cumplimiento de las normas esté
garantizado por un adecuado sistema judicial.
- La estabilidad macroeconómica debe ser un objetivo prioritario. Para alcanzarlo una
política monetaria ortodoxa y la consolidación presupuestaria han de constituirse en
pilares de la actuación pública. En esta línea mejoras en los sistemas de medida de las
cuentas públicas adquieren plena relevancia para evitar que los intereses políticos
impidan la transparencia necesaria. Con ello se conseguirá facilitar un funcionamiento
eficiente del sistema.
- En orden a lograr los fines previstos en el apartado anterior serían convenientes
acuerdos políticos de consenso para introducir incluso a nivel constitucional
limitaciones fiscales tanto por el lado de los ingresos como de los gastos (en sentido
sobre todo cualitativo). Esto garantizará que los intereses políticos a corto plazo no
pongan en peligro la consecución de logros sociales a largo plazo
- Una mejora de la gestión administrativa aparece como algo necesario para
solucionar las ineficiencias a las que da lugar el funcionamiento actual de la burocracia.
En esta dirección encontrar un sistema de incentivos y de evaluación de los funcionarios
adecuado se impone como algo prioritario1. Ahondando en lo anterior se propone un
aumento de la competencia tanto en la provisión y contratación de servicios por parte de
la Administración como en la política de personal. Dentro de ésta última aunque el
principio de mérito y capacidad suele estar legalmente garantizado en casi la totalidad
de los sistemas legales occidentales, la práctica demuestra que sigue habiendo
deficiencias en este terreno. De nuevo con una mejora del grado de cumplimiento de la
legislación podrían subsanarse.
- Descentralización de las Administraciones que facilite un contacto más cercano con
los destinatarios, permita un mejor conocimiento de quiénes son los responsables e
incentive la rendición de cuentas a los usuarios. No obstante, para impedir que se
acrecienten las desigualdades territoriales, con la inestabilidad social que conllevan, y
para evitar, la proliferación innecesaria de órganos administrativos, se hace necesaria,
una adecuada distribución de competencias entre administraciones y mecanismos que
garanticen el principio de solidaridad interregional.
- Razones de eficiencia justifican una adecuada política de privatizaciones. El criterio
para decidir cuando una empresa debe ser de propiedad pública o privada ha de
sostenerse con argumentos de eficiencia en la provisión del bien o servicio y no sobre
criterios dogmáticos sobre la preferencia con carácter general de un mecanismo u otro.
Todas estas pinceladas no son sino una muestra, en absoluto exhaustiva, de posibles
mejoras en las relaciones entre lo público y lo privado que pretenden superar atavismos
anteriores y adaptar la sociedad actual a los nuevos retos que el mundo tecnológico,
globalizado y cambiante de hoy plantea en un modelo de crecimiento económico estable
a largo plazo.