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El pueblo contra los banqueros. Hoy Grecia,
mañana Estados Unidos
Michael Hudson
Professor en la
sinpermiso.com
University
of
Misoury
–
Tomado
de
Los lobistas financieros de Estados Unidos están tratando de utilizar la crisis
griega como argumento para presionar a favor de un recorte del gasto público
en la Seguridad Social y el programa Medicare. Es precisamente lo contrario de
lo que están pidiendo los manifestantes griegos: que se suban los impuestos
sobre el patrimonio y las actividades financieras y se reduzcan los que gravan
la actividad laboral, y que se atiendan las reclamaciones de los trabajadores de
dar prioridad financiera a las pensiones de jubilación sobre las peticiones de
ayuda de los bancos para costarles los cientos de miles de millones de dólares
invertidos en préstamos basura que hoy no valen nada.
Llamemos al “rescate griego” por su nombre: un programa de rescate de
activos en situación de riesgo de banqueros alemanes y de otros países
europeos, así como de especuladores de todo el mundo. El dinero procede de
otros estados (principalmente del Tesoro alemán, con el consiguiente recorte
del gasto interno en este país), los cuales han abierto una especie de cuenta
corriente para que el Estado griego pueda pagar a los tenedores de bonos del
país que los habían comprado a precios de saldo durante las últimas semanas.
Éstos habrán hecho el negocio de su vida; y de igual modo se forrarán los
compradores de cientos de miles de millones de dólares en títulos de cobertura
por riesgos crediticios contra los bonos del Estado griego, así como los
especuladores y los distintos jugadores del capitalismo de casino que hayan
contratado seguros contra otros bonos europeos. (A su vez, quienes tengan
que abonar estos seguros por riesgos crediticios van a necesitar que alguien
les rescate, y así sucesivamente).
Esta ganancia inesperada va a salir del bolsillo de los contribuyentes (a la
larga, de los ciudadanos griegos, y básicamente de los trabajadores griegos,
puesto que los más ricos disfrutan de una fiscalidad muy favorable), que van a
tener que devolver el préstamo otorgado por los estados europeos, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro estadounidense en punto a mitigar
los efectos del sistema financiero depredador. El pago a los tenedores de
bonos se está utilizando como excusa para recortar drásticamente los servicios
públicos, las pensiones de jubilación y otros gastos del Estado griego. Sin duda
constituirá un modelo a seguir para otros países que querrán imponer medidas
similares de ajusto económica, a la vista del crecimiento de los déficits públicos
que van de mal en peor por la disminución de la recaudación fiscal sobre un
sector financiero que se ha enriquecido gracias a que la economía basura se
ha trocado en política pública internacional. De modo que los banqueros
apenas van a ver truncadas sus expectativas de ganancias para este año. Y,
para cuando el sistema entre quiebra, ellos ya habrán invertido su dinero en
activos seguros.
Los lobistas de la banca ya saben que el juego financiero ha llegado a su fin.
Ahora están jugando a corto plazo. El objetivo del sector financiero es
conseguir la mayor cantidad posible del dinero procedente del rescate y salir
corriendo, con unos beneficios anuales lo suficientemente grandes como para
poder exhibirlos de modo arrogante ante el resto de la sociedad cuando haya
que empezar de cero nuevamente. Que se gaste menos en programas sociales
significará que habrá más recursos disponibles para el rescate de los bancos,
los cuales tienen deudas carentes de garantías que crecen exponencialmente y
de las que jamás podrán hacerse cargo. Es inevitable que en una situación de
quiebra bancaria los préstamos y las deudas acaben figurando en los libros
contables como impagados.
Los trabajadores griegos aún no son tan pesimistas como para dejar de luchar.
Su lucha permite esperar que el pueblo ejerza algún control sobre el Estado
(algo que son incapaces de entender sus homónimos estadounidenses). Si los
trabajadores –el demos– flaquean en su espíritu combativo, el poder público
acabará permitiendo que sean los prestamistas extranjeros los que, por
defecto, dicten la política pública a seguir. Y cuanto más se satisfagan los
intereses de los banqueros, más endeudada va a acabar la economía. Sus
beneficios provienen de los sacrificios y la austeridad del propio país. Los
recursos previstos para las pensiones de jubilación y para el gasto social
estatal de Grecia van a servir ahora para reponer fondos en los bancos de
capital alemanes y de otros países europeos.
Esta forma de entender el mundo ya había tenido su expresión en la periferia
europea más septentrional, en la que se ha aplicado el tipo de masoquismo
fiscal que los bancos desearían ver en Grecia. Si reconocieran lo que de veras
les ocurrió, los estados bálticos estarían a la vez celosos y resentidos al ver
cómo Grecia trata de salvar su economía, comparado con la situación que ellos
vivieron de completa incapacidad para plantar cara a las arrogantes demandas
de los países acreedores. “Visto desde el extremo más oriental de la Unión
Europea, la senda de austeridad a la que se dirige Grecia nos suena a algo
familiar”, escribe Nina Kolyako. “Durante al menos dos años los estados
bálticos de Lituania, Letonia y Estonia han recurrido reiteradamente a la
aplicación de medidas draconianas, recortando severamente el gasto público y
aumentando los impuestos para tratar de salir del agujero por sí mismos. El
primer ministro lituano Andrius Kubilius ha declarado en una reciente entrevista
a la agencia AFP: ‘Hemos aprendido de dolor, dificultad y eficacia la lección de
que hay que prestar mucha atención a la situación fiscal de un país.
Comprendimos muy bien que la vía de la consolidación fiscal era la única
posible si queríamos sobrevivir’”.
Al caer en un clásico síndrome de Estocolmo (literalmente, en este caso, en
relación a los bancos suecos), el gobierno lituano se apretó el cinturón de un
modo tan brutal que provocó que su Productor Interior Bruto disminuyera un 17
por ciento. Letonia sufrió una caída parecida. Los bálticos han recortado
salvajemente el empleo y los salarios del sector público para acabar
hundiéndose en la pobreza, en vez de conseguir acercarse a los niveles de
prosperidad de la Europa occidental (y a una fiscalidad progresiva que
promoviera una clase media) que les prometieron cuando se independizaron de
Rusia en 1991.
Cuando el parlamento letón impuso medidas de ajuste en diciembre de 2008,
las protestas populares de enero hicieron caer al gobierno (al igual que
ocurriera en Islandia). Pero el resultado fue simplemente el de un nuevo
“régimen de ocupación” neoliberal que actuó al dictado de intereses bancarios
extranjeros. De modo que lo que se va extendiendo es una “guerra social” a
escala global; no es la guerra de clases imaginada en el siglo XIX, sino una
guerra del sector financiero contra economías enteras, contra la industria,
contra los bienes raíces y los estados, y sobre todo contra los trabajadores.
Está ocurriendo al ritmo lento en el que suelen producirse las grandes
transiciones históricas. Pero, al igual que ocurre en los conflictos bélicos, cada
batalla se nos aparece como algo que se desarrolla a un ritmo frenético y en la
que las embestidas salvajes provocan fluctuaciones rápidas y desconcertantes
en las bolsas de todo el mundo y en los tipos de cambio monetarios.
Todo esto son noticias realmente buenas para los que negocian valores por vía
telemática. En estos días en los que los mercados financieros han sido
zarandeados en todas direcciones por las enormes oleadas de crédito
generadas por las tormentas generalizadas en un planeta financieramente
sobrecalentado, en promedio los valores y las obligaciones sólo se han
mantenido unos pocos segundos en las mismas manos.
Lo que sigue: la distopía económica
La crisis griega muestra cuánto ha cambiado la “idea de Europa” desde que en
1957 seis de sus miembros crearan la Comunidad Económica Europea (CEE).
A instancias de Estados Unidos, Gran Bretaña y Escandinavia se creó la
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), supuestamente rival de la CEE.
Recuérdese que la principal promesa del proyecto europeo –al menos antes de
Maastricht y Lisboa– era la de conseguir que los trabajadores alcanzaran la
prosperidad de la clase media; nada que ver con la imposición actual de
programas de ajuste propios del FMI que han devastado a los países del
Tercer Mundo. El mensaje lanzado a los países endeudados es claro: “Moríos”.
Y, con el fin de apuntalar el Consenso de Washington –la guerra de clases del
sector financiero contra los trabajadores y la industria–, estos países
obedientemente se suicidan económicamente.
Se está transfiriendo el poder político, social, fiscal y económico al aparato
burocrático de la Unión Europea y a sus controladores financieros del Banco
Central Europea (BCE), así como al FMI, cuyos planes de ajuste estructural
contra los trabajadores abocan a los gobiernos a liquidar el dominio público, la
riqueza del suelo y del subsuelo y las empresas públicas, y a comprometerse a
aplicar futuros gravámenes que permitan saldar las deudas contraídas con los
países acreedores. Desde el otoño de 2008, ya se ha impuesto esta política en
la “nueva Europa” (las economías postsoviéticas e Islandia). Ahora se va a
exigir su aplicación en Portugal, Irlanda, Italia, Gracia y España. ¡Que a nadie
le extrañe si surgen protestas por doquier!
Para aquellos observadores que no prestaran suficiente atención a lo ocurrido
en Islandia y Letonia el pasado año, es bueno que sepan que Grecia es el
nuevo y más importante campo de batalla de nuestros días. Islandia y los
países bálticos al menos tienen la opción de redenominar los créditos en su
propia moneda, realizar los apuntes de sus deudas exteriores según su criterio
y gravar fiscalmente la propiedad para recuperar para el Estado los beneficios
que se les habían prometido a los banqueros extranjeros. Pero Grecia está
encerrada en la unión monetaria europea, la cual está gobernada por cargos
financieros no elegidos mediante voto popular y que han invertido el significado
histórico de la democracia. En lugar de que el sector económico más
importante –el financiero– esté sujeto a la política electoralmente legitimada,
los bancos centrales (los lobistas nombrados por los banqueros comerciales y
de inversión) se han independizado de los controles políticos.
Los más derechistas de Europa y Estados Unidos (como el presidente de la
Reserva Federal, Ben Bernanke) llaman a esto un “hito de la democracia”. Más
bien se trata de un jalón de la oligarquía, que ha conseguido eliminar el control
sobre la asignación del crédito en la economía –y, en el mismo viaje, la
capacidad de planificación pública futura–, a la vez que ha otorgado a las
grandes finanzas un poder determinante sobre los programas de gasto público.
Islandia, Letonia y Grecia constituyen las primeras salvas de aviso en el
proyecto de involución del gran programa de reforma democrática del siglo XIX
y de la Era Progresista: fiscalidad sobre la tierra y sobre la “revalorización sin
esfuerzo alguno por parte del propietario” de los beneficios procedentes de los
bienes raíces, los bonos y la renta variable, así como la subordinación del
sector financiero a las necesidades de un crecimiento económico gobernado
democráticamente. Esta doctrina tuvo su continuación en la etapa posterior a
1945, con una la fiscalidad progresiva que permitió ver los mayores
incrementos del nivel de vida y de la actividad económica en todo el siglo XX.
Pero desde 1980 la mayoría de países han modificado radicalmente su senda
fiscal. Los recaudadores fiscales “liberaron” a los ingresos de sus obligaciones
públicas a partir de la idea de que así se facilitaría que los bancos concedieran
más créditos, lo que a su vez permitiría aumentar la liquidez para facilitar la
adquisición de propiedades.
Las casas, los edificios de oficinas y las empresas tienen un valor ligado a la
disposición de los bancos a prestar dinero. De modo que las gentes en general
(y los salteadores empresariales en particular) han reaccionado a la política de
revisión fiscal pro-financiera solicitando créditos para comprar casas (y
empresas), a menudo yendo más allá de sus posibilidades. Y para pagar la
deuda pública resultante del incremento de la inflación y de la ruina financiera
que han causado los recortes en los impuestos sobre el patrimonio, la solución
ha consistido en aumentar la presión fiscal sobre los trabajadores. Esta es la
causa de la deuda pública de los países. Los estados se han endeudado como
resultado de disminuir las cargar impositivas sobre los más ricos, no sólo sobre
los bienes inmuebles.
Al haber seguido la misma línea de los países occidentales de rebajar la
fiscalidad sobre el patrimonio y de aumentar la carga sobre los trabajadores
durante las últimas décadas, el gobierno griego no puede o no quiere aumentar
los impuestos a los ricos, ni siquiera a los profesionales liberales acomodados.
Pero los neoliberales acusan al Estado griego y a los demás países deudores
de no haber vendido suficientes empresas y suelo públicos para cubrir las
deudas. La deducción de impuestos sobre los intereses ha hecho que las
privatizaciones realizadas a crédito estén exentas de tributación, de modo que
los estados perderán el derecho a las compensaciones que recibían por el uso
de sus bienes (a la vez que los ciudadanos pagarán “peajes” más caros para
acceder a los servicios públicos).
Al igual que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, los griegos han emitido
bonos para financiar el déficit resultante de estas rebajas fiscales. Los
compradores de los bonos (principalmente bancos alemanes) exigen que los
trabajadores griegos (y ahora también los contribuyentes alemanes) paguen de
sus bolsillos los déficits originados por los recortes impositivos. El resultado es
que los bancos, y demás tenedores de bonos, alemanes y de otros países
europeos cobrarán lo que se les debe a costa de la aplicación de drásticos
recortes en las pensiones y en los gastos sociales (e incluso mediante una
mayor privatización de bienes públicos, malvendidos éstos a unos precios
subordinados a una necesidad acuciante).
Las protestas callejeras ocurridas en Grecia han estallado porque los
trabajadores han entendido algo que va más allá de la percepción de cierto
periodismo que trata el asunto como una confrontación episódica. Los salarios
reales hace tiempo que han disminuido (en Estados Unidos se frenaron en
seco alrededor de 1979). El acceso de muchos ciudadanos a la propiedad
inmobiliaria sólo ha sido posible mediante la aceptación de créditos
hipotecarios vitalicios. Y las economías postsoviéticas conquistaron su libertad
política de Rusia al precio de ser hoy insolventes, dependiendo por completo
de los dictados del FMI y la Unión Europea en punto a obtener créditos que les
permitan hacer frente a las deudas contraídas con banqueros extranjeros, que
a su vez han impuesto fuertes cargas crediticias sobre sus viviendas, empresas
públicas, industria y familias.
Los tenedores de bonos y los especuladores financieros se han confabulado
para exigir el apoyo de la Unión Europea, el FMI y Estados Unidos para la
rápida obtención de los beneficios que consideran que les corresponden antes
de que se colapse la competición financiera. La apropiación rapaz puede
realizarse con más rapidez mediante la política de adelgazamiento de las
economías a través de la fórmula de los planes de ajuste del FMI. El
desempleo aumenta a la misma velocidad con la que las economías se
endeudan (y el asunto importante no es sólo que todo ello lleve a una
disminución de los ingresos fiscales de cada país, sino que la deuda extranjera
provoca un aumento de la dependencia de las importaciones).
Los acreedores reciben lo que se les debe permitiendo que se apropien del
excedente económico; esta apropiación puede tomar la forma de
endeudamiento por nuevas inversiones de capital, inversión en infraestructuras,
gasto público social y aumento de los niveles de vida. Económicamente, la
asonada griega es una revuelta contra esta política de sacrificar la prosperidad
para pagar a los acreedores extranjeros.
En lo político, la lucha consiste en salvar a Grecia de convertirse en un antiEstado. La definición clásica de “Estado” se fundamenta en la capacidad del
mismo para fijar impuestos y emitir moneda. Pero Grecia ha traspasado su
autoridad fiscal a la Unión Europea y al FMI, los cuales han acusado al país de
violar aquello que los teóricos políticos establecen como el primer mandato de
cualquier Estado: actuar a favor del interés nacional a largo plazo. El gobierno
griego se conduce a las órdenes del capital bancario y, de hecho, actúa
siguiendo la pauta de terceros estados que le obligan a liquidar activos, lo cual
no redunda precisamente en una promoción del crecimiento a largo plazo.
Lo que realmente está en cuestión aquí es si en el momento de recoger los
beneficios del crecimiento económico los países estarán gobernados por los
acreedores o lo estarán por la voluntad popular. El embate oligárquico de los
créditos del FMI y la Unión Europea destinados a rescatar a los bancos
extranjeros y a los especuladores tenedores de bonos a costa de los
trabajadores griegos (los supuestos futuros contribuyentes) tienen como
objetivo que sean precisamente los trabajadores, y no el capital financiero,
quienes tengan que hacer frente a las pérdidas por las atrasos del gobierno en
el pago de la deuda a causa de la reducción de los impuestos que gravaban la
riqueza. Se trata de permitir que los bancos extranjeros eviten tener que pagar
el precio de aparecer como protagonistas en la operación de vaciado del
mercado interior. Se pretende apartar la política gubernamental de las manos
de los votantes y subordinarla al FMI y la Unión Europea, que a su vez actúan
como instrumentos del sistema financiero internacional.
Esto lleva a una situación en la que ni Grecia ni la Comisión Europea son
propiamente “estados” o “gobiernos” en el sentido político tradicional. Las
burocracias de la Unión Europea y del FMI no pasan la prueba de una elección
popular. Cuando sus planes financieros al dictado de terceros alcancen el éxito
que ellos pretenden, el capital económico habrá sido irremisiblemente
saqueado y la democracia social se desmoronará.
El pasado domingo 9 de mayo los votantes alemanes expresaron su irritación
por el papel jugado por su gobierno en el rescate de los bancos alemanes
(calificado con el eufemismo de rescate de “Grecia”) a costa de los
contribuyentes alemanes; el Banco Central Europeo (BCE) no se ocupa de
velar para que haya una moneda europea independiente, sino de pasar factura
a los gobiernos estatales. Los socialdemócratas (SPD) superaron al partido de
la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel en el land de
Renania del Norte-Westfalia. Al obtener sólo un tercio de los votos –algo
menos que los socialdemócratas (y diez puntos porcentuales por debajo de la
anterior elección, cuatro de los cuales correspondieron a la semana en la que
la señora Merkel propuso el paquete de rescate)–, la CDU perdió su mayoría
en la Cámara Alta alemana.
Puede que muchos votantes alemanes se preguntaran si penalizar a los pobres
para pagar a unos ricos que practican la usura era algo tan “cristiano” como
pregonan las siglas del partido de la canciller. O puede que estuvieran
seriamente preocupados por el hecho de que la hacienda pública alemana
deba aportar cerca de 30.000 millones de dólares de su parte del rescate a los
banqueros (se calla por sabido que no todo el mundo en Alemania siente
aprecio por ellos, aun cuando sean alemanes). Y no cabe duda de que algunos
ciudadanos cayeron en la cuenta de que se trataba de una jugada consistente
en un engaño financiero perpetrado por obedientes políticos a las órdenes del
sector bancario.
El engaño
Los lobistas financieros europeos sacaron provecho de la crisis al tomarla
como una oportunidad para promover una extensa serie de rescates. La Unión
Europea aprobó una ampliación de 60.000 millones de euros de las facilidades
de crédito para bancos suecos y austriacos, unas disposiciones que ya estaban
habilitadas para ayudar a que Hungría, Rumanía y Letonia pudieran seguir al
corriente de los pagos de las deudas contraídas con bancos, precisamente,
austriacos y suecos. Para sortear la norma que prohíbe los rescates en la
eurozona, este rescate especial se basa en el artículo 122.2 del Tratado de la
Unión Europea, el cual permite el otorgamiento de préstamos a los estados en
“circunstancias especiales”. (1)
Si consideramos que la señora Merkel conoce bien la situación de las
economías de las que hemos hablado, entonces no tenemos más remedio que
acusarla de haber mentido descaradamente. El problema de la deuda báltica
es crónico y estructural, no “excepcional”. La señora Merkel también debe
saber que está actuando de forma engañosa al pretender ayudar a Letonia
mediante la extensión de los créditos que la Unión Europea limita
explícitamente al apoyo del tipo cambio del lats, y en cambio prohíbe para
fomentar el desarrollo económico interno de los países. Las divisas van
destinadas a cubrir el coste que los letones deben soportar por pagar en euros
las hipotecas contratadas con los bancos suecos, así como para ayudar a los
consumidores letones a comprar comida y productos manufacturados que los
estados de la Unión Europea subsidian, a la vez que someten a los letones a
un estado de dependencia económica y financiera.
De esta manera, lo que se consigue es victimizar a Letonia, no ayudarla. Se
trata de permitir que los bancos suecos ganen algo más de tiempo para seguir
cobrando las liquidaciones de créditos que es obvio que en condiciones
normales acabarían impagados. Las divisas dedicadas a facilitar el pago de
deudas privadas a bancos extranjeros se convierten así en deuda nacional que
recaerá sobre los contribuyentes letones. Esta forma de crédito de la Unión
Europea es una expresión descarnada de neo-colonialismo.
¿Permitirá hacer algo el tardío trasvase de votos de los ciudadanos alemanes
hacia la coalición rojiverde del SPD con los partidos Verde y de la Izquierda?
Probablemente no. El presidente griego Papandreu ha sido un colaborador
necesario con lo sucedido a pesar de liderar la Internacional Socialista. De
modo que ahora la cuestión es saber si Grecia es víctima de un jaque mate y
está irremisiblemente destinada a detenerse a ver cómo el gasto público, las
pensiones, la sanidad, la educación y el nivel de vida sufren un deterioro
parecido al que han vivido los bálticos. Éstos se han convertido en un
experimento de la planificación centralizada neoliberal. Si son un ejemplo de lo
que nos deparará el futuro, entonces el mundo pronto verá una oleada de
emigración griega parecida a la ocurrida en los países bálticos.
Evidentemente, esto es lo que anticiparon los mercados bursátiles de todo el
mundo cuando en la mañana del lunes dispararon sus cotizaciones ante el
anuncio europeo de un fondo para rescates de 750.000 millones de euros. Lo
que verdaderamente se garantizó con esa acción fue el principio de que para
que pueda gobernar el capital financiero primero deben saquearse a fondo las
economías. Pero no cabe duda de que la batalla no ha terminado. Esta
situación persistirá durante toda la presente década, puesto que el actual
proceso consiste básicamente en una involución de las luchas de los siglos XIX
y XX por substituir el poder omnímodo de la propiedad privada oligopólica y los
intereses financieros por principios de fiscalidad progresiva y empresa pública.
¿Es en esto en lo que supuestamente la civilización occidental ejercía su
liderazgo? Enfrentados a los parlamentos controlados por la aristocracia, los
reformistas del siglo XIX trataron de tomar el poder para implantar principios
democráticos. La economía política clásica consistió básicamente en un
programa de reforma destinado a gravar fiscalmente los beneficios privados de
las rentas de la tierra, las rentas monopolistas y los intereses financieros
derivados de las mismas. John Maynard Keynes celebró este programa
reformista calificándolo sobriamente como la “eutanasia del rentista”.
Pero los intereses creados regresaron con fuerza. Al rotular a la democracia
social y la regulación pública como un “camino a la servidumbre”, trataron de
situar a las economías europeas en el camino de la deuda por peonaje. Al
dictaminar la limitación del poder de los gobiernos estatales democráticamente
elegidos en beneficio del Consenso de Washington, tanto el FMI como las
instituciones de la Unión Europea han ganado capacidad de control fiscal y
económico sobre esos gobiernos y sobre sus políticas fiscales, logrando así
recortar drásticamente los impuestos sobre los más ricos (a quienes les piden
prestado para financiar los déficits fiscales resultantes).
Los partidarios del Tea Party estadounidense y los contrarios al pago de
impuestos han abandonado la lucha por reformar el Estado. Asfixiados por una
deuda de la que no ven salida, lo que piden son impuestos menos gravosos y
esperan ver que los que más ganan sean los que más provecho saquen de una
fiscalidad aún más regresiva. Enfrentados a un Congreso corrompido por los
lobistas que actúan de parte de los intereses creados, rechazan la idea misma
de Estado y buscan refugio en comunidades locales bunquerizadas. Ven cómo
los Congresos y parlamentos de los países de todo el mundo van perdiendo
autonomía a favor del FMI, la Unión Europea y otras organizaciones surgidas
del Consenso de Washington, que buscan imponer medidas de ajuste y
trasladar las cargas fiscales a los trabajadores y la industria, liberando de las
mismas al patrimonio privado y al sistema financiero depredador.
La única forma de impedir una reforma fiscal regresiva y una asfixia por deudas
es mediante la consecución de mayores niveles de control sobre los estados
sobre la base de los principios de la economía clásica y de las reformas de la
Era Progresista. Para esto es para lo que se han declarado en rebeldía los
trabajadores griegos. Alguien debe controlar al Estado, y no cabe duda de que
si las fuerzas democráticas se retiran de la lucha, entonces el sector financiero
estrechará aún más su cerco.
Lo ocurrido la semana pasado es sólo el principio de por dónde discurrirá este
drama. Su peculiar desarrollo en las economías postsoviéticas, que han
seguido manteniendo sus propias monedas, se verá en los próximos verano y
otoño.
Nota: (1) Ben Hall, “Governments to control loan guarantee scheme”, Financial
Times, 10 de mayo de 2010.
Traducción para www.sinpermiso.info: Jordi Mundó