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MODELO DE LA PROPUESTA
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propuesta)
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la propuesta)
*Nro. de identificación:
201593291955107
Institución: Ministerio de Industria Energía y Minería
*Título de la propuesta: Derecho social a la energía
*La propuesta corresponde al bloque temático: Desarrollo e inserción
internacional;
*Persona de contacto: (nombre/móvil/e-mail)
Esta persona será el contacto del Dialogo Social para responder a consultas
eventuales que puedan surgir a partir del análisis de la propuesta
Rossanna González – 099292193 - [email protected]
*2da. Persona de contacto: (nombre/móvil/e-mail)
Esta persona será el contacto del Dialogo Social para responder a consultas
eventuales que puedan surgir a partir del análisis de la propuesta
Emiliano Cardona - 099380365 – [email protected]
*RESUMEN EJECUTIVO La política energética, define lineamientos estratégicos, y en
función de ellos, metas al corto, mediano y largo plazo.
En este marco, se define como uno de sus cuatro grandes ejes estratégicos al eje social,
cuyo objetivo general es promover el acceso adecuado a la energía para todos los sectores
sociales, de forma segura y a un costo accesible, utilizando la política energética como un
poderoso instrumento para promover la integración social y mejorar la calidad de nuestra
democracia. Considerando el acceso a la energía como un derecho humano.
Asimismo, el acceso universal a la energía ha sido reconocido como uno de los Objetivos de
Desarollo Sostenible” ODS # 7 - Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles
y modernas para todos.”
La presente propuesta busca promover la discusión en torno a cuáles serían los caminos
legales , institucionales y socio-politicos más apropiados para lograr la consagración formal
de ese derecho, y su goce efectivo.
*ESPECIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
En la presentación de la definición del gobierno en torno a los DESC+A (derechos
economicos, sociales culturales y ambientales) se establece que “El enfoque de
derechos humanos prove a la politica de un marco normative claro, así como de
principios y criterios orientadores para la acción (..) contribuye a trazar planes de
acción integrales, orientados con criterios de justicia y equidad. Mediante estrategias y
acciones de provision de bienes y servicios sociales, el Estado debe erigirse como
garante de los derechos de toda la ciudadanía.”
La política energética, define lineamientos estratégicos, y en función de ellos, metas al
corto, mediano y largo plazo.
En este marco, se define como uno de sus cuatro grandes ejes estratégicos al eje social,
cuyo objetivo general es promover el acceso adecuado a la energía para todos los sectores
sociales, de forma segura y a un costo accesible, utilizando la política energética como un
poderoso instrumento para promover la integración social y mejorar la calidad de nuestra
democracia. Considerando el acceso a la energía como un derecho humano.
Asimismo, el acceso universal a la energía ha sido reconocido como uno de los Objetivos de
Desarollo Sostenible” ODS # 7 - Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles
y modernas para todos.”
El acceso a la energía es concebido como un prerrequisito básico para el desarrollo
socioeconómico y productivo de carácter inclusivo, y para la lucha contra la pobreza,
ya que éste es transversal a logro de todos ellos.
El acceso a la energía es un activo para los individuos y hogares, cuya carencia
configura un límite para el acceso a la estructura de oportunidades que brinda el
sistema para desarrollar una vida digna, saludable y creativa. Es decir, cuando
abordamos el acceso a los servicios básicos desde una perspectiva de derechos, es
porque partimos de cuestionarnos cómo afecta su carencia a la vida de las personas
desde un enfoque multidimensional.
Desde esta perspectiva de derechos, la definición de desarrollo humano sostenible de
PNUD (1994) lo concibe como un desarrollo que no sólo genera crecimiento, sino que
distribuye sus beneficios equitativamente; regenera el medio ambiente en vez de
destruirlo; potencia a las personas en vez de marginarlas; amplía las opciones y
oportunidades de las personas y les permite su participación en las decisiones que
afectan sus vidas. En esta línea, el concepto de “Energía sostenible” es entendido
como la “energía producida y utilizada de forma que sustenta al desarrollo humano en
todas sus dimensiones, sociales, económicas y medioambientales”.
En las publicaciones de PNUD sobre el Desarrollo Humano por su parte, se muestra
una clara relación entre éste y el consumo de energía per cápita, en particular, en los
países que registran los valores más bajos en el IDH. Recomendando que se aborde el
problema del acceso a la energía, y en particular, la electrificación rural como medio
para combatir la pobreza a nivel internacional.
En este sentido PNUD introduce lógica del enfoque de las capacidades en la medición
de la pobreza, -que complementa los enfoques que la miden la pobreza por ingreso,
ya que no son sólo los niveles de ingreso los que reflejan plenamente la miseria y la
falta de oportunidades asociadas a la pobreza- reconoce la importancia del acceso a la
energía al construir el Índice de pobreza multidimensional (IPM) que sustituye al
Índice de pobreza humana (IPH) (2011).
Este índice es una medida de privaciones severas en las dimensiones de salud,
educación y nivel de vida, que combinan la incidencia de quienes sufren privaciones
con la intensidad de la carencia, y mide la población en riesgo de sufrir múltiples
carencias, es decir, en riesgo de sufrir privaciones simultaneas en al menos 2 de los 10
indicadores , los cuales surgieron de una metodología participativa con la comunidad y
que va cobrando un incipiente reconocimiento a nivel internacional; los límites
reflejan privaciones graves en su mayoría vinculadas con los ODM. En lo que respecta
a energía específicamente, se considera en 2 de los 10 indicadores: no tener
electricidad, y usar combustible “contaminante” para cocinar (estiércol, leña o
carbón).
La pobreza energética, por su parte, se conceptualiza en términos generales, como la
imposibilidad de un hogar de satisfacer una cantidad minima de servicios de energía
para cubrir sus necesidades básicas. Los temas de debate que giran en torno a esta
conceptualización apuntan hacia una nueva conceptualización, que atento a los
requerimientos de las sociedades contemporaneas para el desarrollo, sostienen que
se debe hablar de pobreza energética, no solo ante la falta de cobertura de las
necesidades básicas, sino tambien cuando no se logran cubrir las necesidades
absolutas de energía para desarrollar una vida digna, saludable, recreativa y
productiva.
Concebir el acceso a la Energía como un derecho humano, implica contar con un
marco legal de respaldo que permita garantizar el acceso universal como politica de
Estado, y nos brined herramientas para velar por su ejercicio efectivo.
Uruguay es uno de los países más electrificados de América Latina con una tasa de
electrificación del 99,6% siendo el grado de cobertura muy alto y próximo a la
universalización.
De acuerdo a estos datos, en números absolutos, los hogares sin acceso o con un
acceso fuera del tendido eléctrico (incluye grupos electrógenos propios y cargadores
de baterías) ascendían en 2011 a unos 8.500, los cuales están concentrados
principalmente en áreas rurales, pequeñas localidades del interior del país, y en menor
medida, en los asentamientos irregulares urbanos.
Dado el alto nivel de cobertura alcanzado por el país, el lograr la meta de universalizar
el acceso tiene como desafío llegar a aquellos hogares donde su situación de
vulnerabilidad (socioeconómica y /o territorial) es estructural. En este marco, y
atendiendo a las problemáticas del contexto en que se inscriben, es que difieren las
estrategias de abordaje en el ámbito rural del urbano.
Para el logro del objetivo general del eje, se trabaja desde una visión que pretende
construir soluciones energéticas integrales, asequibles y sostenibles, promoviendo
para su diseño e implementación sinergias para el trabajo interinstitucional entre
Estado (ministerios, empresas públicas, entes autónomos, universidad, etc.) y la
sociedad civil, desde una lógica incrementalista tanto a nivel local, como nacional y
regional.
Para ello se articulan diferentes dimensiones en el análisis, diseño, implementación y
evaluación de las políticas, facilitando los procesos para el desarrollo de obras de
infraestructura y los procesos de regularización para el acceso a los energéticos
modernos en cantidad y calidad adecuada.
Se hace especial énfasis en las poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad
socioeconómica o territorial desde una perspectiva de derechos e inclusión social, que
busca promover la autonomía de las personas y su involucramiento en la toma de
decisiones, garantizar el derecho social a la energía disminuyendo las condiciones de
riesgo al que se enfrentan.
Con este último fin, se busca que los programas logren su continuidad inscribiéndose
en la matriz de protección social general del Estado, apoyando los programas
prioritarios de lucha contra la pobreza a los que se incluye la dimensión energética. Sin
perjuicio de que se desarrollan planes de carácter universal para el resto de las clases
sociales.
En este marco, las acciones planteadas promueven a un tiempo el acceso y su
sostenibilidad, a partir de medidas de eficiencia energética que mejoren las
condiciones estructurales de los hogares y promueven el cambio cultural en relación
al uso de los recursos.
Estas medidas se refuerzan con el recambio o incorporación de equipamiento para los
principales usos energéticos residenciales, y se promueven tecnologías apropiadas
considerando los contextos en los que se inscribe.
Se brindan instrumentos y estrategias de sensibilización para lograr una mayor
seguridad y mitigar la prevalencia de accidentes. Se analiza la adecuación de tarifas de
los energéticos, se promueven sinergias a partir del uso de energías renovables, se
generan procesos para su apropiación y transferencia tecnológica, para la aceptación
social y participación ciudadana en los proyectos, el desarrollo local, la responsabilidad
social empresarial,
así como también se trabaja desde la perspectiva de
corresponsabilidad, división sexual del trabajo y empoderamiento de género, así
como otras externalidades vinculadas al bienestar social de la población tales como
salud, nutrición, usos del tiempo, etc..
En términos generales en el contexto urbano, el principal problema que enfrentan los
hogares de bajos ingresos no es el del acceso al suministro , sino el de su
sostenibilidad o permanencia en la regularización, principalmente vinculados por
temas socio economicos y culturales, vinculados a las lógicas de exclusion social.
En los hogares más humildes muchas veces el acceso se da bajo condiciones de
irregularidad e inseguridad, siendo la línea principal de trabajo los procesos de
regularización, que en un número menor de casos, requieren obras de infraestructuras
asociados a las políticas de regularización de asentamientos o a condiciones de
seguridad ciudadana.
Por lo expuesto, la presente propuesta busca promover la discusión en torno a cuáles
serían los caminos legales , institucionales y socio-politicos más apropiados para lograr la
consagración formal de ese derecho, y su goce efectivo.
Título de la propuesta: Derecho social a la Energía
La propuesta corresponde al bloque: Desarrollo e inserción internacional
Dentro de ese bloque a qué tema: Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energìa
asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Asi como también se vincula de manera indirecta con los objetivos 10 (reducir las
desigualdades en y entre las personas (protección social)) y 11 (Lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles.
Objetivo principal: discutir en torno a cuáles serían los caminos legales , institucionales y
socio-politicos más apropiados para lograr la consagración formal del derecho social a la
energía, y su goce efectivo.
Objetivos secundarios: promover la discusión en relación a sostenibilidad y
sustentabiliad del acceso a los servicios públicos de energía, identificando sinergias para
el logro de los objetivos planteados.
La propuesta es a nivel nacional o local? nacional
Qué grupo social/económico/sector se beneficiaría con su aplicación? Los sectores de
mayor vulnerabilidad socioecónomica y/o territorial.
La propuesta soluciona algún problema existente o potencial o puede prevenir la
oportunidad de que ocurra? Si, su tratamiento atiende a problemas legales vinculados a
la posibilidad de intervención del Estado para efectivizar los procesos de regularización
del acceso a la energía eléctrica, y en particular su sostenibilidad, garantizando un
derecho humano, y disminuyendo riesgos de accidentes vinculados a la irregularidad del
acceso (“colgados”).
A qué cantidad aproximada de personas beneficiaría? Algún grupo etareo en
particular? O a un grupo determinado de personas que cumplan cierta característica?
Beneficiaría en particular a los hogares que al día de hoy no han podido acceder al
servicio público de energía eléctrica (aprox 3.000 hogares) y los hogares con conexión
irregular (aprox. 35.000) promoviendo un proceso de regularizacion del acceso.
De tener beneficio económico la aplicación de la propuesta, se puede estimar un
monto aproximado? Si el proceso de universalización del acceso se acompaña de
politicas que apoyen, la gestión formal de los servicios para el hogar, la promoción de la
eficiencia energética y seguridad en el uso de los energéticos. Si se combinan las
politicas de acceso, con el enfoque de la sostenibilidad, podrian disminuir
sustancialmente las pèrdidas no técnicas contabilizadas por UTE para los hogares
carenciados (aprox 5% de la energia eléctrica generada). Asimismo, se espera una
reducción de los accidentes vinculados al uso inseguro de los energéticos, y por ende, se
disminuirían los gastos del Estado vinculados a esas intervenciones.
Crea alguna ventaja competitiva para el país? Grupo o sector o localidad? Explicitar
cuales
Tiene potencial de ser replicado en otros grupos o sector? Indicar en cuales
La aplicación de la propuesta ahorra u optimiza recursos? Cuáles? En qué sentido y
volúmenes?
Tiene proyección de crecimiento económico y/o social para el país? Explique porqué
Tiene proyección de internacionalizarse? Explique porqué
Es sustentable en el tiempo? La base legal le otorgaría dicha sostenibilidad
La aplicación de la propuesta impactará en la creación de mayor bienestar para la
sociedad? Al bienestar o mejora ambiental? Si, permitiendo cubrir las necesidades
energéticas de los hogares más vulnerables.
La propuesta tiene plazo de vigencia? Tiene un principio y un fin? no
Con qué o cuáles dependencias u oficinas del Estado se relación su propuesta?
UTE-MVOTMA-INTENDENCIAS-MIDES-ANCAP-ANTEL-OPP-OSE-MEVIR-INC
Para la instrumentación de la propuesta, habría que realizar alguna modificación o
elaboración normativa o intervención del Estado? SI
La instrumentación de la propuesta, se llevaría adelante por: el Estado, agentes
privados
o
sería
mixto?
Se considera una instrumentación exitosa de la propuesta si al ser aplicada, logra qué
resultados?
Consagrar formalmente el derecho social a la energia, y lograr un trabajo
interinstitucional articulado que vele por garantizar su goce efectivo.
Detalle información sustancial, que crea conveniente, para aportar más datos sobre la
propuesta o ayude a redondear los conceptos.
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