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SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUNAT – PERÍODO 1990-2001.
Una institución analizada por nuestra Comisión Investigadora, ha sido la
Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT, que cumple funciones de
ente recaudador, registrando y denunciando los incumplimientos tributarios tanto de
empresas como de personas naturales. Esta institución nació en 1989 cuando el
presidente Alan García la independizó de la antigua Dirección General de
Contribuciones, que pertenecía al Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. No
obstante, no se produjo ninguna transformación sustantiva hasta febrero de 1991
cuando fue nombrado Manuel Estela como Superintendente Nacional.
Manuel Estela lideró una profunda transformación institucional que logró crear tanto
una nueva moral como modernizar tecnológicamente y renovando de la calidad
profesional de sus integrantes. Si hacemos una comparación con la CGR, los
recursos que obtuvo y la prioridad concedida a la SUNAT son largamente superiores
a la primera. A Fujimori y al núcleo corrupto gobernante le interesaba un ente
recaudador moderno, ágil y eficiente porque abastecía de dinero al aparato del
Estado. En cambio, la Contraloría siempre les fue incomoda.
El aliento de la reforma duró dos años y se fue extinguiendo progresivamente, hasta
que Jorge Baca Campodónico fue nombrado Superintendente en 1997. En ese
período y en los subsiguientes se habrían producido gruesas dificultades que
comprometieron la gestión institucional. Los cambios de personal y organigrama
fueron frecuentes y dieron grandes poderes a un grupo de funcionarios estables que
podrían haber sido funcionales a la corrupción en curso. Al final del período, los
cambios de Superintendente fueron muy intensos llegando a ocupar el puesto por
momentos muy reducidos.
Durante la gestión del Superintendente Adrián Revilla, 1994-1996, se registra la
organización de una policía adscrita a la institución, puesta al mando de jefes
provenientes del Ministerio del Interior. Esta policía podría haber estado bastante
corrompida porque en su poder se halló irregularmente la base de datos y con esa
información se podría haber realizado operaciones de extorsión a contribuyentes en
falta. Han circulado versiones en este sentido y la CIDEF está investigando la
materia.
A continuación, en 1997, la SUNAT puso en marcha la operación del RUC Sensible
como una pantalla de protección de los miembros más prominentes del núcleo
corrupto en el poder. La declaración jurada de Vladimiro Montesinos se había filtrado
por primera vez a la prensa y la noticia había conmocionado al país puesto que se
conoció que sus ingresos alcanzaban dos millones de dólares anuales. La reacción
de Jorge Baca, entonces Superintendente, fue abrir proceso disciplinario a
funcionarios de mando medio por violar el secreto tributario y, en forma paralela
diseñar el RUC Sensible. Este último es un procedimiento que hizo posible que un
conjunto de altos funcionarios públicos no sean sujetos de control y verificación
tributaria. Sin embargo, este procedimiento fue oscuro desde el comienzo. Así, por
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ejemplo, no se ha hallado acta de directorio que apruebe formalmente un diseño
estructurado y fundamentado. Del mismo modo, aunque el RUC Sensible fue
presentado como un doble control del secretos tributarios reservado para altos
funcionarios públicos; pero, acabó siendo utilizado como una lista de personas y
empresas puestas más allá de toda investigación y sospecha. De forma por demás
increíble la composición de la lista se fue ampliando hasta abarcar a personas que
no tenían relación alguna con el poder formal como Matilde Pinchi Pinchi. Incluso la
empresa JJ Camet Constructores, propiedad de los hijos del ex ministro de
Economía, habría estado incluida en una lista de espera formal, preparándose para
su pronta incorporación a este mecanismo cuando cayó el régimen de los noventa.
Es así que, de una manera similar al caso de la CGR, la SUNAT habría servido para
hostigar personas jurídicas y naturales vinculadas a la oposición. Si hacemos un
balance, la SUNAT parece repetir el patrón de conducta al que fueron sometidas las
instituciones controladas por la mafia. Esto es, encubrió la corrupción en curso y
promovió acusaciones contra los adversarios del gobierno. Sin embargo, no se
puede omitir los profundos efectos de la reforma positiva de 1992. Gracias a la
mencionada reforma, la SUNAT es una oficina moderna y bien equipada; cuenta con
personal de primer nivel y relativamente bien remunerado; disponiendo además de
una reserva profesional competente que le ha permitido reaccionar positivamente
ante el fin de la corrupción. Por el contrario, en la CGR el nivel profesional registrado
es inferior porque el Estado ha mantenido una actitud histórica de negligencia frente
a la institución.
En el caso de la SUNAT se constata que la red de corrupción fue muy poderosa y
abarcó diveros miembros de la alta dirección de la institución. Esta red se extendió al
Tribunal Fiscal. En esta institución, dependiente del MEF, se resuelven diversos
casos administrativos, uno de los cuales son los procesos iniciados en la SUNAT.
Pues bien, la Quinta Sala de este Tribunal fue manejada por personajes vinculados
al SIN, como por ejemplo el mismo contador personal de Vladimiro Montesinos, Juan
Guillén Meza, quien la presidía. Así, encontramos evidencia de una red que habría
conectado la SUNAT con el Tribunal Fiscal llevando los casos interesantes a la
mafia hacia esta sala en forma específica.
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