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Escuela de Verano de UGT | 2010
Un nuevo sistema operativo social y económico
Juan Varela
Periodista y consultor de medios. Director de Mediathink Consultores.
Autor del blog Periodistas21.com
Ecosocialismo, cibersociedad, innovación social y cuarto sector. Son los posibles ejes y
pilares de desarrollo para la sostenibilidad y una democracia 3.0: más participativa, abierta y
que aproveche a fondo las ventajas y desafíos de la tecnología.
Vivimos el reto de reinventarnos como sociedad. El capitalismo corporativo ha demostrado su
incapacidad de asegurar el futuro de una sociedad orientada a lograr el mayor bienestar de sus
miembros. A evitar las grandes desigualdades que están en el origen de la mayor parte de los
conflictos sociales, económicos y políticos, y excluyen a tantas personas de los beneficios del
desarrollo.
Movimientos como el ecologismo, el software libre, el trabajo en red, el ciberactivismo y la
colaboración social en internet –como la de los participantes en Wikipedia o en tantas redes y
servicios sociales- vuelven a demostrar el poder de la participación, el conocimiento y la
tecnología para realizar tareas y lograr objetivos imposibles tanto para los particulares como
para la mayoría de instituciones o empresas.
Pero también para hacerlo sin pensar en un rendimiento económico y personal inmediato.
Grupos de personas se unen para realizar tareas inasumibles individualmente. Y lo hacen en
busca de bienes comunes, de beneficios para todos y para cada uno de ellos sin exigir una
rentabilidad económica particular. Invierten en bien común, en futuro y en beneficios sociales.
Y lo hacen además haciendo lo que más les gusta y para lo que están preparados por su
educación y habilidades. Con procesos, iniciativas e ideas abiertas a la participación y pensadas
para ser compartidas, porque la unión de los esfuerzos y conocimientos de muchos es mayor
que la suma de la capacidad y poderes individuales.
La máxima fundamental de todos estos movimientos tecnológicos y del conocimiento es que
cuanto mayor desarrollo, cuanto más eficientes sean y mejor funcionen los sistemas y
herramientas comunes, más posibilidades de desarrollo personal y empresarial, más facilidad
para crear nuevas herramientas, servicios, contenidos y aplicaciones. La vieja tragedia de los
comunes enunciada por Garrett Hardin, invertida para convertir lo de todos en el mejor
ecosistema para el beneficio de la sociedad y de cada uno.
Un desarrollo que al mismo tiempo impulsa la innovación en el sector privado al estimular y
exigir la oferta de productos y servicios de mayor valor añadido, con mayor eficiencia y una
mejora en los costes, la gestión y la distribución, como han demostrado las iniciativas de
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Muhammad Yunus, el inventor de los microcréditos, en Bangladesh y sus empresas sociales en
colaboración con empresas como Danone o Nokia.
La clave del desarrollo de la cultura, la ciencia y la innovación en una sociedad del
conocimiento es poner a disposición de los ciudadanos los sistemas y plataformas necesarios
para conseguir el mayor avance social, cultural y económico.
Dotar a los ciudadanos de las redes necesarias para asegurar la cobertura social imprescindible
para orientar su actividad a conseguir mayores beneficios para todos.
Reducir la desigualdad es la tarea principal. Cuanta menor desigualdad social, económica y de
conocimiento, mayores son las oportunidades de que unas personas se reconozcan con otras y
emprendan tareas comunes en una identidad democrática.
En el eje de ese objetivo está dotar a los ciudadanos del máximo de bienes comunes, de
aquellos que reúnen dos características: son otorgados, constituyen la herencia común de una
sociedad, y son compartidos, pertenecen a todos y nadie debería tener el poder de
privatizarlos.
Son los procomunes (commons): los bienes que pertenecen a todos, a la colectividad de unos
mismos intereses, comprometida con su enriquecimiento y legado, y que aprovecha esos
bienes en una cadena de valor para crear otros. En definitiva, esos bienes de los que todos
somos usuarios, clientes y accionistas.
Los procomunes son bienes materiales --como la naturaleza, los espacios públicos y los
elementos fundamentales para la supervivencia del ecosistema-- y bienes inmateriales como
las ideas y el conocimiento, que permiten el desarrollo de la cultura y la ciencia, pero también
la sociedad y sus instituciones.
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En esa característica de propiedad común, rentable para todos, reside también el eje de sus
problemas. La causa está en la distinta naturaleza y funcionamiento de los dos principales
sistemas operativos en los que vivimos: la democracia, nuestro sistema operativo político; y el
capitalismo, el sistema operativo económico único desde la caída del Muro de Berlín.
La democracia es un sistema abierto y público, donde todos están representados. Es fácil de
infectar por el poder económico y las ideas emanadas de su influencia, sobre todo cuando se
aleja de la política y los objetivos comunes para simplificarse hasta la caricatura con el
economicismo y la idea de que no caben alternativas. La democracia maneja procomunes: los
recursos públicos, las instituciones, las leyes, los servicios públicos, etc. y busca (o debería
hacerlo) el bien común.
El capitalismo es un sistema cerrado y privatizado, donde unos pocos concentran el poder y la
decisión. Su objetivo es el beneficio privado, el de los accionistas y gestores de las empresas.
Codicia la riqueza de todos, los procomunes, para convertir el máximo de bienes, productos y
servicios en privados y así aumentar su rentabilidad para unos pocos.
El capitalismo ha pasado de la escasez de capital para crear y desarrollar negocios a una
abundancia donde el problema no es ya mejorar y expandir la economía productiva, sino cómo
conseguir mayores beneficios. Una gran parte del capital y sus recursos de gestión e
innovación no está dedicada a la producción de bienes y servicios, sino a asegurar la máxima
rentabilidad del capital. Ese mecanismo ha exagerado el expolio de los bienes de todos y ha
conducido a la mayor crisis económica de los últimos años, que aún estamos sufriendo.
Pero, ¿pueden entenderse y colaborar capitalismo y democracia para aumentar el bienestar
común?
La respuesta a menudo es que sí. Pero la experiencia muestra los límites de la regulación
política y social frente a la codicia económica ilimitada. Sólo si el objetivo principal del sistema
operativo de la democracia olvida el reduccionismo económico y se vuelve a situar a la
persona y a la sociedad en el centro del proceso se asegura la lucha por el bienestar público e
individual de todos.
La sociedad está obligada a innovar y reinventarse con orientación social para conseguir la
mayor participación, colaboración y beneficios para todos.
Una sociedad innovadora es la capaz de desarrollar nuevos sistemas y herramientas para
asegurar la cohesión social, proteger y garantizar los procomunes, reducir la desigualdad y
dotar a los ciudadanos de los conocimientos y destrezas necesarios para aprovechar las
oportunidades y responder a los desafíos.
La condición del éxito de las modernas sociedades es su capacidad para inventar, desarrollar
y adoptar los nuevos códigos y los nuevos sistemas operativos.
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Como dice el filósofo Daniel Innerarity1, “las sociedades innovadoras consiguen aunar el capital
humano con sistemas educativos de calidad, con sistemas de políticas públicas y entornos
institucionales que premian las nuevas y buenas ideas”.
Son sociedades capaces de responder a los desafíos complejos y a los ritmos vertiginosos de la
innovación tecnológica, científica y económica con políticas para estimular y aprovechar la
innovación y evitar la exclusión. En definitiva, asegurar el saber y el conocimiento, además de
los servicios públicos y sociales necesarios para estimular la innovación y ampliar el acceso de
los ciudadanos a sus beneficios.
En el centro de ese proceso de impulso de la sociedad innovadora está la reinvención de los
sistemas operativos utilizados en las instituciones, las organizaciones, las empresas, etc.
Para mejorar el funcionamiento de la sociedad y la economía es imprescindible no trabajar
sólo sobre los efectos, sino cambiar el código, el sistema operativo que rige cada una de las
áreas en crisis o cuestionada por los cambios modelos y paradigmas productivos, económicos,
sociales, de consumo y de conocimiento.
Esa reingeniería precisa una nueva redefinición del espacio y los bienes públicos, pero también
de los modelos de propiedad y producción hacia la economía P2P (según el clásico ensayo de
Michel Bauwens), basada en la participación en el conocimiento y los bienes compartidos; el
capitalismo 3.0 de Peter Barnes y sus derechos y gestión de los procomunes; la sociedad del
protocolo, reseñada por David Brooks, donde los grupos de instrucciones necesarios para las
aplicaciones de cada campo social o económico se convierten en bienes más valiosos que los
físicos; o la globalización inteligente promovida por la Rockefeller Foundation y los nuevos
modelos de filantropismo empresarial nacidos sobre todo en los Estados Unidos.
Modelos económicos y sociales donde el beneficio propio no atenta ni conspira contra los
intereses comunes, sino que se empeña en la creación de riqueza, valores, nuevos productos y
servicios, y en la innovación social y económica. Modelos sostenibles ligados a valores sociales
y éticos donde los métodos, el conocimiento y la tecnología empresarial y de la globalización
se utilice para mejorar el bien común, con proyectos sin ánimo de lucro, orientados a obtener
y mantener los recursos necesarios para lograr sus objetivos sociales y comprometidos con la
escalabilidad y el desarrollo sostenible. Donde el objetivo principal no es maximizar el
beneficio de los accionistas, sino sostener la actividad profesional y social de sus impulsores.
Negocios sociales como han sido definidos por Muhammad Yunus: “Una clase de negocios
dedicados a resolver problemas sociales, económicos y medioambientales”2.
El elemento clave para la reprogramación de esos sistemas es el fortalecimiento de los
procomunes, los bienes de todos cuyo uso y desarrollo permite crear mayor riqueza y
sostenibilidad, tanto en los proyectos públicos como en los privados.
Los procomunes tradicionales agrupaban los bienes comunes en tres grandes ámbitos:
1
2
Daniel Innerarity, Ander Gurrutxaga ¿Cómo es una sociedad innovadora? Innobasque 2009.
Muhammad Yunus. Building Social Business. PublicAffairs 2010
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La naturaleza: el aire, el agua, los espacios naturales, las costas, etc., pero también el ADN, el
genoma, los animales, las plantas y todos los seres vivos; los recursos naturales como los
bosques, los ríos, los lagos, el mar; y los recursos minerales o para la producción de energías
sostenibles como el viento, el sol, etc.
Los bienes comunes o públicos: el espacio público, las ciudades, las vías públicas, las
instituciones sociales, los centros cívicos, las leyes, los estándares, las medidas, pero también
las instituciones abiertas y creadas y pensadas para el uso ciudadano, de las universidades o
las bibliotecas a los mercados.
El conocimiento: la cultura y la ciencia: el lenguaje, la filosofía, la religión, la física, la medicina
o la electrónica y todas las creaciones colectivas, de las artes y la música a las matemáticas o el
software libre, que con la colaboración de muchos se crean, crecen y permiten a otros seguir
participando, creando y aumentando conocimiento y valor.
Junto a esos tres dominios debemos incluir los servicios públicos. Entre ellos, los más
importantes y universales son la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y la lucha
contra la exclusión social (la pobreza, la marginación, el paro de larga duración, etc.)
Y reforzar el dominio público inmaterial: todos los contenidos, datos, conocimientos,
productos y servicios financiados con dinero público y que deberían redundar en beneficio de
toda la sociedad. En la sociedad del conocimiento la clave es el saber y los elementos
necesarios para su desarrollo y distribución. A diferencia de los bienes físicos, los intelectuales
no son ni limitados ni se extinguen por su uso y difusión, sino que ganan más valor y utilidad. El
gran desafío de hoy es crear la red necesaria para una sociedad donde el conocimiento y la
innovación son la prioridad porque aseguran la mejor combinación de capital humano, social,
científico, tecnológico, cultural y económico.
Los servicios sociales, la cultura, la ciencia y el conocimiento pertenecen a los procomunes.
Es un ecosistema de servicios, contenidos y conocimiento que sólo existe, tiene valor y es útil
cuando es empleado, difundido y mejorado por la sociedad. Si no se distribuyen y comparten
pierden valor, bien porque no son útiles para la sociedad, porque quedan confinados al
disfrute privativo de unos pocos o porque excluyen de sus beneficios a la mayoría.
En la economía de la abundancia ya no es la escasez y la falta de acceso lo que indica el valor
de los bienes, sino su difusión, su capacidad y atractivo para ser compartidos entre más
personas y su potencial de movilizar y animar la participación. Para el manejo de la abundancia
es necesario un nuevo sistema operativo donde el bienestar social y el desarrollo inteligente
determine y oriente la actividad principal del Estado y las instituciones y organismos públicos,
la sociedad y los emprendedores sociales.
Un cambio de modelo cultural y de actitud para superar el excesivo consumismo, animado por
los años de crecimiento económico y dinero barato, para apostar por un crecimiento
inteligente, sostenible y social, donde los servicios básicos y el bienestar social sean la
plataforma universal sobre la que se construye una sociedad creativa y productora de valor
añadido en todas sus actividades.
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Reconstruir la economía implica avanzar hacia una nueva sostenibilidad: social, económica y
medioambiental, tal como ha sido definida por la Fundación Ideas:
Sostenibilidad económica, para que las generaciones futuras tengan más activos que pasivos.
Para alcanzarla, es necesario aumentar la renta per cápita, mejorar la productividad, aumentar
la calidad de la educación y del sistema de formación profesional, y generar un elevado
volumen de empleo para niveles de cualificación medios y altos.
Sostenibilidad social, para que las generaciones futuras tengan más oportunidades que la
generación presente. Para ello hay que mejorar la distribución de la renta, lograr una plena
cobertura del sistema de dependencia, o fomentar la conciliación familiar y la racionalización
de los horarios laborales.
Sostenibilidad medioambiental, para que dejemos a las generaciones futuras un entorno
natural igual o mejor que el actual. Debemos reducir las emisiones contaminantes, y lograr una
mayor eficiencia en la utilización del agua, el suelo y otros recursos naturales. La lucha contra
el cambio climático y la protección del medioambiente abren, además, nuevas oportunidades
de empleo en la economía española.
Lograr esta sostenibilidad implica conseguir una serie de objetivos cuantitativos que implican
una fuerte reestructuración de la economía. Los expertos de la Fundación Ideas los han
agrupado en una serie de objetivos cuantitativos para un nuevo modelo en 2025.
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Un modelo que requiere una agenda plurirreformista denominada de las 4Rs:
Renovación empresarial. Aumentar en un 50% la tasa de creación de empresas, aumentar en
un 100% la inversión empresarial en I+D+i.
Recapitalización laboral. Una tasa de crecimiento de la productividad del trabajo en torno al
2%, una tasa de temporalidad igual a la media europea, un modelo de incentivos que combine
la estabilidad laboral con la movilidad interna y externa de los trabajadores: estabilidad,
movilidad, calidad y productividad.
Reestructuración del sector público. Un Estado Dinamizador; esto es, un Estado internamente
dinámico en su funcionamiento y externamente dinamizador de los agentes económicos y
sociales. Acelerar el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías al funcionamiento de
la Administración, y garantizar la integración total de los servicios, en muchas ocasiones
desconectados entre los diferentes niveles territoriales.
Reorientación del sector financiero. Recuperar la normalidad en el flujo de crédito al sector
privado, consolidar su posición de liderazgo mundial y transformar su modelo de negocio para
financiar menos actividad inmobiliaria y destinar recursos financieros a las actividades
emprendedoras, creativas e innovadoras de los nuevos sectores productivos.
A esas 4Rs como elementos principales de una estrategia para asegurar la sostenibilidad y el
desarrollo, debe sumarse el refuerzo de los procomunes y la recapitalización social para
asegurar una sociedad innovadora y del conocimiento.
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Una sociedad donde las personas disfrutan de los elementos y capacidades básicas
para afrontar en las mejores condiciones los desafíos del mundo actual.
Donde se desarrollan espacios interactivos de aprendizaje –social, cultural, económico
y laboral- con amplia disponibilidad de cultura libre de dominio público.
Donde el tejido del Estado del bienestar establece una red social sostenida por
servicios públicos que aseguren la sostenibilidad necesaria para reducir las
desigualdades y el riesgo de exclusión social, además de mejorar los derechos sociales
y económicos de la ciudadanía.
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Los datos, la información y el conocimiento –cultural, científico, etc.- de dominio público son la
herramienta para el desarrollo y el crecimiento de los ciudadanos y de las iniciativas
personales y colectivas. La publicación digital de esos datos por el Estado y los organismos
públicos permite crear aplicaciones de realidad aumentada y utilizarlos a través de las nuevas
tecnologías para la gestión del territorio, los recursos y la vida diaria.
Con la publicación digital y el acceso abierto a la información pública se abren mayores
posibilidades para la participación y el control democrático a través de aplicaciones de uso
sencillo –web, móviles, wikis, etc.-, pero además se facilita el desarrollo económico y de
nuevas tecnologías. Es una barrera contra la corrupción y el despilfarro de los recursos
públicos, pero además facilita la gestión de los ciudadanos y las empresas, ejerciendo un poder
dinamizador tanto interno –en la Administración- como externo.
Los principios fundamentales de ese gobierno abierto deberían ser:
Comunicación. Usar las nuevas tecnologías para comunicarse con los ciudadanos, tanto en
procedimientos administrativos como de otra índole, con canales de diálogo permanente.
Transparencia. Acceso con las menores restricciones legales a los datos, informes y decisiones
de la Administración.
Participación. Hacer accesibles y reutilizables los datos públicos a través de portales y
herramientas digitales fáciles de usar: un Google de la Administración, muy necesario en el
Estado autonómico.
Domino público. Devolver a los ciudadanos lo que es suyo. Liberar de derechos de propiedad
la información pública y los contenidos de todo tipo pagados con fondos públicos.
Responsabilidad y servicio público. Los ciudadanos deben poder identificar a los funcionarios
públicos y exigir su responsabilidad informativa.
Rendición de cuentas. Publicación y acceso a las cuentas públicas y cómo se gestionan.
Debate legislativo. Permitir el debate y voto consultivo de los ciudadanos a proyectos de ley
antes de su tramitación parlamentaria.
Accesibilidad y neutralidad tecnológica. Eliminar las barreras para acceder y compartir la
información pública.
Es la fórmula de la democracia 3.0: datos + gobierno abierto + tecnología = más transparencia,
mejor política.
Los servicios públicos y los derechos universales de ciudadanía deben ser la plataforma que
asegure a los ciudadanos la protección necesaria contra la exclusión y la pobreza. El objetivo es
asegurar las oportunidades y la cobertura social en la base de la pirámide, para quienes más
los necesitan, y aumentar gradualmente los servicios y su calidad. Una recapitalización social
que apoye a los ciudadanos cuando más lo necesitan y en todas las actividades y prestaciones
necesarias para mejorar su capacidad personal, social, laboral, etc.
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En España la mayor parte de los servicios sociales son prestados por el sector público, con muy
poca participación del sector privado y las fundaciones y ONGs. La iglesia es el otro proveedor
tradicional a través de la educación y la caridad, fundamentalmente.
Existe un enorme espacio para el desarrollo de iniciativas del cuarto sector. Servicios y
prestaciones públicas y sociales sin ánimo de lucro, gestionadas con dinamismo y que
respondan a los retos de una sociedad en constante cambio y desarrollo. Servicios sociales que
vinculen a administraciones, empresas, colectivos sociales y ciudadanos en el desarrollo de
plataformas de cobertura y desarrollo social que redundan en beneficio de todos.
Fuente: Fundación Ideas 2010
Áreas como la educación –temprana, medioambiental, tecnológica y de la sociedad de la
información, científica, cultural, etc.-, el mantenimiento y gestión del territorio y los
ecosistemas, la dependencia y los cuidados de larga duración, la atención y asistencia a
domicilio -tanto a mayores como a niños, dependientes, etc.-, las ayudas a las familias y a los
colectivos sociales, la lucha contra la pobreza y la exclusión, etc. todavía tienen un enorme
potencial de crecimiento.
Gran parte de esas nuevas áreas de cobertura y desarrollo de servicios sociales son el ámbito
adecuado para la innovación abierta y participativa, los emprendedores sociales y la gestión
colectiva.
Su financiación depende de los recursos públicos, pero también del desarrollo de nuevos
productos financieros –finalistas o de incentivos y desgravaciones para donantes- y de la
gestión y aprovechamiento del dominio público, cuyas tasas e impuestos para su utilización
privada y comercial deberían redundar en la financiación de las actividades sociales.
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¿Es suficiente la economía para conseguir estos objetivos?
La respuesta es no. Necesitamos un nuevo sistema operativo social y económico para que los
usuarios, los ciudadanos, a través de diferentes programas y aplicaciones (objetivos y tareas
concretas), gestionen, se entiendan y utilicen los recursos que constituyen el hardware y el
software de la sociedad y la economía.
Esa apuesta por la innovación social es la mejor estrategia para superar las limitaciones de un
pensamiento conservador, economicista y conformista. Una cultura donde el consumismo
desplaza a los valores y a la lucha por una sociedad más justa y con mayores oportunidades
para todos.
Vivimos en una sociedad de la información donde la tecnología, la ciencia y el conocimiento
son más importantes que nunca para el desarrollo.
Una sociedad en red donde la transparencia, la capacidad de los ciudadanos de trabajar y
colaborar, de compartir y participar, es mayor que nunca gracias a las herramientas que
facilitan la gestión, publicación y distribución de todo tipo de información y contenidos.
Una sociedad donde gracias a la tecnología las innovaciones y los desafíos se expanden con la
mayor rapidez. Tanto que a menudo los sistemas tradicionales, las estructuras sociales, la
política, las regulaciones, etc. son demasiado lentas para adaptarse. Y lo peor no es el retraso
en la adaptación, sino la asunción de hábitos pasivos y consumistas respecto al uso de la
tecnología y su potencialidad para mejorar el entramado social, cultural y económico.
El economista y premio nobel Joseph Stiglitz ha avisado que el estado nación, el centro de
poder de los últimos siglos, desde el advenimiento de la modernidad, ha sido superado por la
aceleración de las transformaciones económicas, originadas principalmente por el impulso
tecnológico. Hasta el punto de que “la globalización económica ha sobrepasado la
globalización política”.
Daniel Innerarity, uno de los filósofos españoles que más ha abundado en las nuevas
características de la política cree que “los estados son demasiado lentos en relación a la
velocidad de las transacciones globales. La formación, la política y el derecho no aguantan el
ritmo del mundo globalizado”.
El resultado es una despolitización de la sociedad en el sentido de que todo parece dominado
por la medida del mercado y la visión más economicista de la sociedad.
Pero existen alternativas basadas en la reducción de las desigualdades y en la rentabilidad
social, más allá de los beneficios económicos. Es el antídoto contra lo que se ha llamado la
patología del capitalismo: la destrucción de la naturaleza, el aumento de la desigualdad y su
fracaso para aumentar la felicidad de los ciudadanos. Sobre todo cuando esa felicidad se
considera como algo más que pasión consumista.
La sociedad española ha avanzado enormemente en los últimos años. Las rentas han crecido y
la desigualdad es a veces menos perceptible en un sistema de hiperconsumo, pero nuestro
ratio de desigualdad es todavía del 5,4 entre el 20% de la población con renta más alta y el
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20% de la más baja (Eurostat, 2008), por encima del 4,9% de la UE-15, del 4,8% de los 21 e
incluso de la tasa del 5% si se toma el ratio de los 27 países de la UE.
España ha conseguido reducir la desigualdad entre 1997 y el año 2000, pero no lo suficiente.
La crisis y el impacto del desempleo, especialmente el de larga duración, vuelven a poner en
peligro la cohesión social.
Si se analiza en términos comparativos, el riesgo de pobreza todavía es grande en España, un
20% frente a una media de la Europa de los 15 del 16% y del 17% con los 27 países miembros.
Pero además, España es uno de los países en los que menos se han aprovechado las
transferencias de capital europeo para reducir ese riesgo: un 4% menos que la Europa de los
15, según los datos de Eurostat.
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Otro de los grandes déficits de la sociedad española es la educación. A pesar de los avances de
los últimos años, la educación temprana, la secundaria y la formación profesional, y los
estudios universitarios y de doctorado no están todavía al nivel de los países de nuestro
entorno ni al de las necesidades demandadas por la sociedad del conocimiento en un mundo
competitivo.
La formación continúa siendo uno de los déficits en el entorno laboral, como muestra el
gráfico de la Fundación Ideas, mientras la Comisión Europea ya defiende un crecimiento
inteligente, una economía basada en el conocimiento y la innovación, para la que impulsa la
lucha contra el abandono escolar temprano, del 30% en España frente a un 16% de media
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europea, y que la Comisión quiere reducir hasta el 10% en 2020. La estrategia de crecimiento
inteligente europeo aboga por alcanzar el 40% de universitarios en ese año.
Uno de los elementos fundamentales de esa nueva estrategia es la educación 2.0: la
alfabetización digital desde la escuela y la transformación de la educación en un sistema
abierto, con mayor participación de alumnos, docentes y familias. Un sistema donde las
tecnologías de la información sirvan no sólo para familiarizar desde edad temprana a los
alumnos con la tecnología, sino para usar sus capacidades dinámicas, sociales y de innovación
y crear un espacio interactivo de aprendizaje permanente.
Un sistema basado en las cuatro Cs de la escuela 2.0: comunicarse, compartir, colaborar,
confiar más allá de los proyectos de digitalización de las aulas. Un sistema que evite crear
tecnodependientes gracias al uso de software libre y contenidos con derechos liberados para
la educación (como los del Proyecto Agrega3).
Materiales creados por la comunidad educativa, de dominio público para todas aquellas obras
sufragadas con becas y subvenciones, y la reforma del servicio universal de
telecomunicaciones para conectar con banda ancha todos los centros educativos públicos (lo
mismo que otros centros públicos como bibliotecas, archivos, espacios cívicos, etc.)
Educación 2.0 son profesores con redes, blogs, wikis y herramientas digitales para crear, reunir
y utilizar material para sus clases. Docentes animados a olvidarse de los derechos de autor de
los textos escolares y preocupados por crear materiales multimedia a cambio de recompensas
profesionales y económicas en un sistema de evaluación continua.
Y junto a la alfabetización digital, un esfuerzo en I+D para aumentar la inversión,
especialmente la empresarial, todavía muy alejada de los volúmenes de los grandes países
europeos y de las economías más innovadoras.
3
http://www.proyectoagrega.es
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Un esfuerzo que lleva aparejado un cambio en el modelo industrial, pero sobre todo un fuerte
cambio cultural y empresarial para primar la innovación y los procesos y productos de valor
añadido en todas las actividades económicas. Un sistema expandido de innovación donde la
creatividad vaya más allá de la economía y la tecnología, donde los mecanismos de innovación
se apliquen a todos los ámbitos sociales y culturales para resolver los problemas de las
sociedades complejas con respuestas imaginativas que contribuyan a reforzar la inteligencia
colectiva, la interconexión y los lazos de solidaridad entre sus miembros.
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Para hacer frente a estos problemas se necesita una sociedad con mayor inversión en
innovación, especialmente en innovación social, con una plataforma de servicios y
contenidos públicos y abiertos capaces de fomentar la creatividad y aumentar la
productividad y eficacia de la sociedad al tiempo que forman una red social contra la pobreza,
la exclusión y los déficits históricos de nuestro país.
Lo que requiere construir una nueva economía más innovadora, con mayor inversión en I+D y
fundada en industrias y servicios de valor añadido. Y una política orientada a identificar las
áreas prioritarias para la innovación social; animar y apoyar a los emprendedores sociales
capaces de enfrentarse a los problemas con nuevas visiones y métodos; conectar individuos,
comunidades e instituciones a través de nuevas herramientas y técnicas; fijar los incentivos
necesarios; hacer escalable y promover la adopción de los proyectos exitosos, y atraer, reunir y
generar los recursos económicos y tecnológicos necesarios.
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En definitiva, convertir el Estado en una plataforma para la prosperidad y el bienestar social.
Un sistema operativo donde más allá de las funciones clásicas, el Estado se convierte en una
plataforma política, social y económica donde los procomunes se convierten en el
ecosistema sobre la que se desarrolla la iniciativa de individuos, comunidades, empresas e
instituciones.
Un sistema político inteligente y abierto, en busca de capital social y de aumentar la
participación ciudadana para mejorar el bienestar social. Donde ciudadanos, comunidades,
sector público y privado desarrollan instituciones, infraestructuras, contenidos, productos y
servicios de forma complementaria para aumentar el valor de la plataforma y su eficacia.
El Estado tiene la responsabilidad de sostener y fortalecer los procomunes, los bienes de
todos, también de los ciudadanos futuros, y gestionarlos de forma abierta y sostenible. Con
orientación social para los servicios públicos y la ampliación del dominio público en busca de
beneficios comunes y buscando la rentabilidad social en la explotación de esos bienes –físicos
o inmateriales- por las empresas y los ciudadanos en busca de lucro privado.
Junto a esa gestión, el Estado debe hacerse más transparente y dinámico hasta convertirse
en un gobierno abierto donde se publiquen y compartan el máximo de datos públicos y se
hagan transparentes todos los procesos de la administración y la legislación.
Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación para agilizar y mejorar la
política y la gestión pública, aumentar su papel de conexión entre las demandas sociales y los
emprendedores que pueden satisfacerlas; orientar los servicios públicos a los resultados e
incorporar al cuarto sector (organizaciones híbridas entre las empresas y las ONGs), a las
propias comunidades y a los emprendedores sociales en su oferta.
En ese nuevo sistema operativo de mayor innovación social, más tecnología y una sociedad
más interconectada y solidaria es importante la aparición de dos nuevos actores: el
emprendedor social y el cuarto sector.
Emprendedor social es una persona que crea y desarrolla soluciones para conseguir
objetivos y fines sociales aplicando la disciplina de los negocios y de la innovación. Lidera el
cambio atendiendo a la responsabilidad económica, social y medioambiental, los tres ámbitos
de la sostenibilidad citados anteriormente.
El cuarto sector lo forman organizaciones innovadoras cuyo objetivo es maximizar el
beneficio social, no el beneficio financiero. Pueden tener ánimo de lucro o no, pero sus
objetivos principales son integrar los propósitos sociales con métodos empresariales y de
negocios con el objetivo de maximizar el valor para sus accionistas y trabajadores.
Organizaciones híbridas que sobrepasan los límites entre el tercer sector (ONGs,
organizaciones sociales sin ánimo de lucro) y las empresas comerciales. Su motivación principal
es hacer un mundo mejor, más sostenible y con mayor rentabilidad y posibilidades para las
actividades que a menudo quedan fuera de la capacidad o intereses del sector público y el
privado.
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Son organizaciones dedicadas a generar recursos que permitan sostener su actividad y
objetivos en las mejores condiciones posibles para sus accionistas, profesionales y clientes. La
intención no es el lucro, sino alcanzar y sostener sus objetivos, orientados a la igualdad y
equilibro social, la sostenibilidad, prosperidad económica y el sostenimiento del medio
ambiente.
Atributos del cuarto sector:
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Propósito social. Un compromiso de desarrollo social auténtico en toda la estructura
de la organización.
Métodos empresariales. Pueden desarrollar cualquier actividad empresarial
consecuente con su propósito social y con las responsabilidades de los accionistas.
Propiedad inclusiva. Los derechos de propiedad se reparten de forma equitativa entre
los accionistas de acuerdo con su contribución a la actividad y los objetivos.
Gobernanza. Se comparte información y control entre los potenciales accionistas.
Transparencia en el negocio y los resultados
Compensación justa. Tanto para empleados como para accionistas y participantes de
acuerdo con sus contribuciones.
Retornos razonables. Se recompensa a los inversores según límites razonables que
protegen la capacidad de la organización de conseguir sus fines.
Responsabilidad social y medioambiental. Se compromete a mejorar de forma
continua su desempeño social y medioambiental a través de toda su red.
Transparencia. Se compromete a una evaluación completa y precisa que reporte su
actividad e impacto social, medioambiental y financiero.
Recursos protegidos. Este tipo de organización puede fusionarse con otras o
adquirirlas siempre que la entidad resultante mantenga también su carácter social. En
caso de disolución, los recursos permanecen dedicados a propósitos sociales y no
deben utilizarse para ganancias privadas de cualquier persona más allá de los límites
razonables de compensación.
Ejemplos: proyectos de software libre, Lonxanet, SocialBid, Oxfam, etc.
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El cuarto sector puede desempeñar un papel esencial en la ampliación y redefinición del
Estado del Bienestar, al tiempo que ayuda a reestructurar el sector público para ampliar y
desarrollar los servicios sociales para la recapitalización social.
El mayor instrumento para la sociedad en red es un nuevo servicio público de acceso y
contenidos digitales. Un instrumento para garantizar a los ciudadanos el acceso universal a los
servicios públicos y comunes de la sociedad de la información y sustituir el viejo servicio
público de radiodifusión: la radiotelevisión pública.
Ese servicio público digital debería ofrecer un acceso universal y gratuito a internet con una
oferta y desarrollo de contenidos públicos, sociales y de dominio público.
A través de esa red, los ciudadanos tendrían acceso a todos los servicios públicos (urgencias,
salud, educación) y de administración electrónica, a los contenidos y servicios de la
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radiotelevisión pública (estatal, autonómica y local), a los contenidos y materiales digitalizados
de todo el sistema público de cultura y ciencia (bibliotecas, archivos, actividades culturales y
científicas, centros de investigación, etc.) y a todas aquellas iniciativas sin ánimo de lucro cuyo
objetivo sea ofrecer a los ciudadanos contenidos y servicios de dominio público.
Un sistema de acceso y contenidos gestionado como un procomún de la era digital. Con una
definición de red pública, multiplataforma, de servicio y dominio público, participativo y
abierto, con contenidos ciudadanos elaborados por y para prosumidores: consumidores y
productores a los que se puede dotar de plataformas y herramientas donde desarrollar
contenidos públicos y dotarlos de visibilidad y organización, y con gestión sostenible,
independiente y transparente.
Ese nuevo servicio público digital debería sustituir al de radiotelevisión, cambiar el concepto
del servicio universal de telecomunicaciones y el uso de las tasas del espectro radioeléctrico,
utilizadas ahora para financiar a las administraciones y a RTVE con el cambio en su
financiación.
El servicio público de contenidos debería ser además el motor de la innovación, la creación y la
comunicación de la cultura, la ciencia y los contenidos sociales más allá del interés de las
empresas por ellos.
Elementos para la definición de ese nuevo sistema operativo social y de servicio público para
estimular, desarrollar, sostener y facilitar la participación ciudadana abierta y la mejora de una
sociedad más transparente, formada y solidaria. Una plataforma social donde se asienten las
bases para el logro de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador como el propuesto
como objetivo por la Estrategia Europea para 2020.
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