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EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE
Pedro Felipe Ramírez
Al releer el Programa de Gobierno de Salvador Allende, de inmediato me surgieron dos
reflexiones centrales.
La primera se refiere a la enorme identidad entre el Programa y las convicciones políticas del
propio Salvador Allende, sin perjuicio de que en su formulación intervinieron los diversos
partidos de la Unidad Popular.
El era, sin duda, un hombre que sabía de la teoría marxista y de las experiencias
revolucionarias mundiales. Pero su pensamiento fue sobretodo cristalizado en la lucha
popular diaria de muchos años y en el profundo conocimiento que llegó a tener del pueblo
chileno. Un pueblo digno y generoso, amante de la libertad y de la paz, respetuoso de la ley,
capaz de emprender grandes empresas cuando se le invita a una tarea noble.
Fue ésta una escuela que iluminó el pensamiento de buena parte de la izquierda chilena.
Que aprendió más en la lucha que en los libros.
La segunda reflexión tiene que ver con la enorme vigencia que tienen en el Chile de hoy los
aspectos centrales de su programa. Es cierto que el mundo ha cambiado. Vivimos un mundo
unipolar, cada vez mas globalizado y de rápidos cambios tecnológicos. Pero lo que no es
cierto es que esto haya dejado obsoletas las aspiraciones centrales del programa de Allende:
mayor justicia social, más democracia y más identidad y soberanía nacional.
Allende era, desde luego, alguien que conocía muy bien de las aspiraciones y necesidades
concretas del pueblo. Su programa era en primer lugar un programa de justicia social.
Sabia muy bien que, en una estructura capitalista, el Estado es el único agente capaz de
proveer justicia social. De ahí que una parte importante de su programa estuviese orientado
a fortalecer al Estado para conducir la economía y los recursos hacia la satisfacción de las
necesidades de las grandes mayorías.
Sabía también que no habría justicia para los campesinos si no se les daba acceso a la
propiedad de la tierra. Por eso el énfasis en la profundización de la reforma agraria.
Pero también sabía que, antes incluso que las reformas estructurales, había que atender de
inmediato las demandas más urgentes de los trabajadores y sectores más desposeídos.
Es así como gran parte de las primeras 40 medidas del Gobierno Popular están dirigidas a
mejorar las bajas pensiones y dar previsión a los que no la tenían; a proteger a la familia y al
niño, creando el Ministerio de la Familia, igualando las asignaciones familiares, desarrollando
un programa de emergencia de vivienda, agua y luz eléctrica; otorgando matrícula, útiles
escolares, desayunos y almuerzos gratuitos a los niños de la educación básica y dando un
medio litro de leche diario a cada niño de Chile. Estaban dirigidas también a favorecer la
salud de la población, eliminando la burocracia en la atención de los hospitales,
suministrando gratuitamente medicamentos y exámenes, creando consultorios maternoinfantil en cada población y programas para combatir el alcoholismo; a atender los problemas
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de seguridad en las poblaciones frente a la delincuencia y a generar primeras estructuras
que permitieran a los más pobres tener un mejor acceso a la justicia. A esto hay que agregar
una política de remuneraciones orientada a subir los salarios mínimos y establecer
mecanismos automáticos de reajuste para defender el poder adquisitivo de los trabajadores
frente a la inflación.
Hoy se escucha mucho aquello de que “hay que crecer para erradicar la pobreza”. Allende
hubiera dicho: Chile hoy mismo tiene los recursos para terminar con la pobreza y, sin duda,
con la extrema pobreza... es cosa de proponérselo, démosle a este objetivo la primera
prioridad como nación.
Salvador Allende era también un gran patriota. Amaba a Chile. Pero, tomando palabras de
Radomiro Tomie, podemos decir que Allende “más que en el escudo o la bandera, miraba el
rostro de su patria en el rostro de su pueblo”.
La nacionalización de la gran minería del cobre y de otras fuentes minerales fue, antes que
nada, y como él mismo lo decía, un acto de independencia nacional, un acto de soberanía.
Disponer nosotros de nuestros principales recursos.
Qué diría hoy el Presidente Allende, cuando buena parte de las empresas que explotan
nuestro cobre no pagan impuesto alguno; cuando generando Chile más del 35% de la
producción mundial de cobre, poca influencia ejerce en el manejo de este mercado.
Pero su sentido patriótico no se expresó sólo en las nacionalizaciones. También en la política
internacional, estableciendo relaciones con una gran cantidad de países, defendiendo en
todos los foros internacionales el principio de no-intervención y autodeterminación de los
pueblos, propiciando la integración de los pueblos latinoamericanos y generando los
mecanismos para resolver pacíficamente los litigios pendientes con los países limítrofes.
Su sentido patriótico se expresó asimismo en al apoyo decidido al desarrollo de una cultura
tendiente a fortalecer nuestra identidad como nación, reconociendo también el derecho de
los pueblos indígenas a afirmar su propia identidad. Una cultura sostenida en la pluralidad, el
debate de las grandes ideas y el cultivo creador de nuestros mejores valores.
Qué distinto a lo que sucede hoy, cuando por sobre el esfuerzo loable de algunos, el
pragmatismo ha sepultado la confrontación ideológica, buena parte de los políticos que
acaparan la atención pública son los que ofrecen circo o destapan un escándalo y la
chabacanería campea en nuestras pantallas de televisión.
Pero tal vez la mejor expresión de la vocación patriótica de Salvador Allende se descubra en
la forma como trata de enlazar su programa revolucionario con la idiosincrasia y las mejores
tradiciones del pueblo chileno.
Allende era, por sobre todo, un profundo demócrata, amante de nuestras convicciones
republicanas y pluralistas. Es aquí donde se debe encontrar la fuente del mundialmente
inédito intento de realizar profundas transformaciones sociales utilizando la vía pacífica y
democrática, para ir modelando una estructura social que combinara coherentemente
socialismo y democracia.
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Todo el Programa de Gobierno de la Unidad Popular está atravesado por un afán
democratizador. En lo económico, lo social y lo político. Desde la reforma agraria, destinada
no sólo a dar tierra a los campesinos sino a terminar con una estructura semi feudal
sostenida por la clase más retrógrada de la sociedad chilena, hasta los programas orientados
a favorecer el mejor desarrollo físico y mental de los niños, base de una mayor igualdad
fundamental. Desde la estatización de la banca, centro motor de las economías modernas,
hasta las reformas al sistema judicial, sin lugar a dudas, el poder más antidemocrático del
Estado chileno.
Y en lo estrictamente político, el Programa no dejaba lugar a dudas.
Leo textualmente:
“El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las
garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de
prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y
organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las
clases dominantes.”
Y más adelante dice:
“El Gobierno Popular garantizará el derecho de todo el pueblo a la educación y la cultura, con
pleno respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su
culto.”
Por último cito:
“El Gobierno Popular será pluripartidista y respetará los derechos de la oposición que se
ejerza dentro de los marcos legales”
Garantizar los derechos individuales, sociales y políticos constituía entonces un pilar del
Programa de Allende.
Pero el Programa se proponía avanzar aún más en la democratización del Estado.
Las primeras 6 de las 40 medidas estaban destinadas a elevar la probidad de las autoridades
y la honestidad administrativa, para hacer de la gestión pública un verdadero servicio a la
comunidad.
Pero a través de una transformación más profunda se proponía estructurar un Estado aún
más democrático, donde elevados niveles de participación y control de parte de las
organizaciones sociales, con resguardo de su pluralidad y autonomía, se expresaran en
todos los organismos del Estado, nacionales, regionales y comunales. Este era el sentido del
llamado Estado Popular.
No se trata hoy de calcar esta propuesta, pero si la gente no confía en los políticos, si cerca
de 2 millones de jóvenes no se interesan siquiera en inscribirse en los registros electorales,
es porque no sienten que las estructuras del poder político los representen verdaderamente y
porque no ven en la mayor parte de sus autoridades una verdadera vocación de servicio
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público.
Recordar entonces después de 30 años de su sacrificio a Allende y su Programa, no debe
ser un acto de nostalgia, ni siquiera de reivindicación histórica. Debe constituirse en un
llamado a revitalizar las convicciones de justicia social, democráticas y patrióticas de todos
los hombres y mujeres de izquierda y progresistas de nuestro país. Es cierto, en un mundo
que ha cambiado, pero donde estas demandas siguen resonando con la fuerza de entonces.
Muchas gracias.
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