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Seminario Permanente sobre Migración Internacional
Ciclo 2013
Sesión inaugural
Lunes 11 de marzo 2013
Jorge Durand
Jorge Durand es antropólogo y profesor-investigador titular del Departamento de Estudios sobre
los Movimientos Socioales (DESMoS) de laUniversidad de Guadalajara, en Jalisco, y codirector,
con Douglas S. Massey, del Mexican Migration Project (desde 1987) y del Latin American
Migration Project (desde 1996) auspiciado por Princeton University y la Universidad de
Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III), de la Academia
Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y de la American
Philosophical Society.
Reforma migratoria en tiempos de crisis
Parece que por fin habrá una reforma migratoria en Estados Unidos, pero que ésta sea la
solución a la migración irregular es otro cantar. Depende del tipo de reforma que se logre
negociar en el congreso y de la voluntad política de llevarla a término.
La reforma de 1986 (IRCA) se dio en un contexto donde se preveía un etapa de
crecimiento económico y se requerían trabajadores con urgencia. De ahí la generosidad de la
reforma que fue calificada como amnistía y se legalizaron a 3.2 millones de migrantes. Pero las
previsiones legales de aquella reforma se cumplieron sólo parcialmente, otras demoraron mucho
en implementarse y algunas no se llevaron a cabo.
El resultado fue precisamente contrario a lo que se esperaba, la migración irregular que
era de 1 millón de personas en 1988, creció hasta llegar a 11 millones actualmente.
En 2013 el contexto es totalmente distinto, todavía no se sale de la crisis económica y
financiera desatada en 2008, el proceso de recuperación es muy lento y la tasa de desempleo
sigue muy alta para los estándares norteamericanos (en torno al 8%).
En el tema migratorio las reformas suelen responder a problemas urgentes de corto plazo
y sólo se pretende legislar para el mediano plazo. En buena parte porque es un proceso
dinámico y cambiante, además de la tensión entre las urgencias de la economía (demanda de
mano de obra) y el doble rasero con el que se aplica la ley. Es por eso que las leyes migratorias
dan signos de ineficiencia a los 10 años de promulgadas y a los 20 entran en situación de
colapso.
Con el paso de tiempo los políticos aducen que hay consecuencias de la ley no esperadas
o anticipadas, por lo que es necesario legislar nuevamente y ajustar los sistemas de control. En
realidad muchas de las consecuencias no estaban previstas, porque se supone que la ley se va
aplicar con todo rigor, lo que no siempre sucede. No es factible que un legislador prevea o
reconozca que la ley que promulgó no se vaya a aplicar.
Por ejemplo, la ley de 1986 estipulaba sanciones a los empleadores que contrataran
indocumentados, pero nunca hubo voluntad política para aplicar la ley, ni los medios efectivos
para verificar la autenticidad del documento que se solicitaba: el Social Security Number.
De ahí que fuera una “consecuencia no anticipada” fuera el tráfico masivo y abierto de
documentos y la multiplicación de identidades falsas. Los empleadores recibían los documentos y
simplemente los guardaban en el archivero, no tenían modo de verificar su autenticidad y ellos
partían del principio de que el documento era válido hasta que se demostrara lo contrario.
Supuestamente no eran conscientes de contratar indocumentados, por tanto eran inocentes y la
ley no podía aplicarse.
La situación contaba con la complicidad del gobierno, que hacía muy poco al respecto,
por la sencilla razón de que todos esos números falsos pagaban impuestos regularmente y lo
que es mejor, no devengaban beneficios en el presente, ni los reclamarían en el futuro.
Ahora se pretende solucionar este problema y hacer obligatorio el sistema de verificación
de identidad (E-Verify). Pero ya se adelantó que habría un periodo de gracia de dos años para
los empleadores que contraten a más de 1,000 personas, es decir las grandes empresas. Pero ya
tienen la solución en puertas, si hay reforma, habrá regularización y los indocumentados serán
muy pocos.
Por otra parte, será muy difícil que en tiempos de crisis se castigue a aquellos que
generan riqueza y generan trabajo, los empleadores. La marcha de la economía es una prioridad
absoluta, no se puede atentar contra los empresarios, el futuro del país depende de ellos.
Se parte por tanto de un razonable escepticismo de que la ley sólo se aplicará
parcialmente por lo que se espera que no se de una solución definitiva a la migración irregular.
Las sanciones a empleadores van contra el espíritu y la práctica del capitalismo. En vez de exigir
y perseguir a los empleadores es más fácil perseguir a los migrantes, al fin y al cabo con la sola
sospecha de que una persona sea irregular la policía puede proceder a cumplir esa fracción
aprobada de la Ley Arizona.
La consecuencia anticipada, en este caso, es la creación de un mercado negro de trabajo
al que ingresarán los migrantes no regularizados y los nuevos migrantes que ingresen de
manera subrepticia. Hay que señalar que hoy la mayoría de los 11 millones de migrantes
irregulares no están en un mercado negro de trabajo, a pesar de sus pésimas condiciones
laborales, deben pagar impuestos y se les respeta en términos generales el salario mínimo.
Los migrantes que no puedan acreditar su estado legal, tendrán que sumergirse en la
vorágine de un mercado negro laboral, que no respeta mínimos, paga el salario en efectivo y se
escapa de las regulaciones laborales.
El otro tema pendiente, que no está en la mesa de negociaciones, es el del control a la
hora de la salida. Si sólo se controla el ingreso, seguirá como práctica rutinaria que los turistas
abusen del tiempo estipulado en su visa y pasen a ser irregulares, por otro lado muchos de los
trabajadores temporales se quedarán definitivamente. Hace unos años se hizo el intento en
algunos aeropuertos donde uno debía checar la salida con el pasaporte, pero sólo fue un intento.
Con la frontera controlada la nueva migración irregular habrá entrado con visa. La forma
I-94 que se supone hay que dejar a la salida no sirve para nada y nadie la controla. De hecho si
uno entra por la vía aérea y sale por tierra no hay lugar donde entregar la forma I-94.
En resumen en veinte años tendremos que presionar otra vez por una nueva reforma
migratoria. Pero en el corto plazo, los migrantes irregulares serán una cifra controlable que ya
no preocupará a los medios, ni a los políticos, ni tampoco molestará a la opinión pública.