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Consolidar la paz, la democracia y el desarrollo en tiempos de
crisis: el papel de los parlamentos
Diputado Alfonso Vargas
Saludos Protocolares.
Como parlamentario chileno y latinoamericano, represento en cierta medida
el sentir de los países en desarrollo, los cuales con muchos esfuerzos hemos
tratado de incorporarnos a los beneficios de la modernidad y del progreso.
Según cifras de la Comisión regional para América Latina de Naciones
Unidas, CEPAL, nuestra región en los últimos seis años evidenció avances
significativos en materia de desarrollo económico y social, con escasos
precedentes en su historia. Este crecimiento no ha sido espurio, pues se ha
dado acompañado con mejoras sustantivas en las condiciones de trabajo y
con una disminución sustancial en los niveles de pobreza e indigencia en la
región.
Este ciclo virtuoso hoy se encuentra en vilo, en gran medida debido a lo
inciertas que resultan las repercusiones y la profundidad de la crisis
financiera internacional para las economías de los países latinoamericanos, y
de los países en vías de desarrollo, en términos más generales. Ya lo
advertía el Banco Mundial en enero de este año, donde planteaba en sus
perspectivas de la economía mundial 2009, que “prácticamente ningún país,
ni en desarrollo ni de ingreso alto, ha escapado al impacto de la crisis
generalizada”.
Aun cuando América Latina no ha resultado inmune a los efectos de esta
crisis, diversos organismos internacionales y analistas reconocen que los
avances
que
ha
experimentado
Latinoamérica
en
el
manejo
macroeconómico, le permite encontrarse mejor preparada que nunca en su
historia para enfrentar los embistes de una crisis.
En el caso particular de Chile, esta situación de fortaleza se ve reforzada por
el enorme esfuerzo que hemos hecho como país desde hace años, donde
hemos postergado el gasto presente, con todo el costo político que esto
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implica para un país que mantiene importantes carencias, para ahorrar para
posibles eventos de crisis futuras. La estrategia ha sido sólida: disciplina
fiscal y manejo técnico de las finanzas públicas, que han redundado en un
importante superávit fiscal, altas reservas internacionales y una baja deuda
externa, que aunque no aísla, si protegen de la volatilidad que experimentan
los mercados internacionales en estos momentos de gran incertidumbre.
Estos logros, además, son expresión de amplios acuerdos y consensos
sociales, los cuales tienen su expresión más palpable en los parlamentos de
los países latinoamericanos. En ellos están representados todos los sectores
políticos
y
sensibilidades
sociales,
transformándose
en
los
espacios
privilegiados para la consolidación de políticas de Estado, que no responden
a intereses de corto plazo, sino a visiones de largo alcance, como deben ser
las acciones encaminadas a lograr el desarrollo.
Si bien existe un buen piso para enfrentar la crisis, en América Latina,
existen una serie de riesgos que hacen vulnerable a la región a populismos,
exaltación social, entre otros, que en gran medida son expresión de siglos
de postergación social, económica y política, y de una tardía consolidación
de los valores democráticos.
La historia reciente de nuestra región, está salpicada de gobiernos de facto,
violencia política y violación sistemática de los Derechos Humanos, lo cual
exige en un compromiso aún profundo de todos los sectores políticos y
sociales
para
cuidar
nuestra
institucionalidad
democrática,
donde
el
parlamento es una de sus máximas expresiones de civilidad y libertad de
expresión. Por ello, la consolidación de la paz se transforma en un objetivo
crucial en estos momentos de crisis global, donde las estrategias autoritarias
pueden aparecer como una alternativa. La exigencia de una buena
gobernanza, de acuerdos nacionales y la consolidación de la reconciliación
democrática, resultan estratégicos para dicha paz social, donde a los
parlamentarios nos cabe una labor insustituible, ya sea como fiscalizadores,
gestores de acuerdos sociales y como actores de unidad nacional.
La tradición democrática ha sido frágil en América Latina, pero actualmente
se observa un progreso democratizador sin parangón en nuestra historia,
por lo que la crisis internacional no debe traducirse en una merma o
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desaceleración de este proceso. Actualmente es inadmisible gobernar de
espaldas a la ciudadanía. Ello es un logro evolutivo de la región en donde no
se puede retroceder, pues entrega legitimidad a los políticos y a las
instancias políticas, como son los parlamentarios y los parlamentos, para
representar los intereses de los más diversos sectores sociales. El manejo
que los países de América Latina hagan de la crisis, exige la consolidación de
nuevas instancias de participación y acuerdos, donde los parlamentos se
presentan como espacios privilegiados, pues somos expresión de la
diversidad social y de intereses de nuestros países.
La participación política activa de la ciudadanía posibilita, por otra parte, que
las demandas levantadas por ésta encuentren un canal para ser escuchadas,
que en contextos de crisis como la que enfrentamos actualmente, debe
materializarse en una distribución más solidaria y equitativa de los efectos
negativos que la crisis arrastra consigo. No pueden ser los más pobres
quienes sean el factor de ajuste de las inestabilidades económicas, como
lamentablemente ha sido tradición en América Latina y en otros países en
vía de desarrollo. Es por ello que el parlamento es el llamado a
transformarse en tribuna y el defensor de los sectores más vulnerables.
Bajo esta lógica, es deber de los parlamentarios bregar por el respeto por
los derechos humanos de la población, en especial de aquellos que se
muestran como más frágiles en momentos de crisis, como son los Derechos
Económicos y Sociales. A este respecto, Chile ha avanzado en la
consolidación de un programa de protección social, que busca garantizar a la
ciudadanía desde la cuna hasta la vejez. Esta estrategia nacional ha sido
fruto de acuerdos políticos transversales, donde su discusión parlamentaria
ha enriquecido y perfeccionado dichos proyectos. Esta estrategia adoptada
por Chile, se ha basado en una disciplina fiscal férrea, que ha posibilitado
mantener dichos derechos independiente de las vicisitudes que nos
antepone la actual crisis financiara internacional, lo que nos permiten mirar
hoy con algo más de optimismo el futuro.
El retomar el crecimiento económico experimentado por la región, es otro
objetivo clave para América Latina en su camino a convertirse en una región
desarrollada. Para ello es muy importante articular respuestas sistémicas y
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coordinadas de todos los sectores sociales, pues sin crecimiento económico
no existe posibilidad de lograr el desarrollo sostenible y mejorar de manera
significativa la calidad de vida de la población.
Por ello, los gobiernos de los países latinoamericanos han reaccionado, en
especial en los últimos meses, con el anuncio y la implementación de una
gama de medidas de política de diversa índole, ante un escenario de
agudización de la crisis y de sus impactos negativos. En su conjunto, estas
medidas apuntan a estabilizar el crecimiento económico, así como mitigar
ciertas repercusiones sobre el desarrollo social. En el caso de Chile, el
gobierno anunció a comienzos de enero un plan de estímulo fiscal que
incluye recursos para inversión pública en vialidad, viviendas y obras de
riego, ampliación del financiamiento productivo, subsidios al trabajo para
fomentar el empleo formal y beneficios sociales en apoyo de los hogares
más pobres. Este paquete de medidas recibió un respaldo político amplio,
reflejado en la rápida tramitación legislativa y un reconocimiento entre los
analistas como un muy buen plan de estímulos de la región, lo que
responde, entre otros factores, a que Chile fruto de su política de superávit
fiscal puede en estos momentos practicar una política contracíclica.
Pero el crecimiento económico implica, al mismo tiempo, una serie de
desafíos a escala internacional, que dicen relación con mejorar los términos
de intercambio entre las regiones en desarrollo y las desarrolladas. Esto
plantea promover el intercambio global de productos y el libre comercio sin
medidas proteccionistas por parte de los países de altos ingresos, pues al
ser los países pobres eminentemente exportadores de materias primas, se
encuentran en una situación de desprotección ante las arbitrariedades de las
grandes economías del planeta. Esto garantizaría una mayor convergencia y
relación fructífera entre Estados.
Es por ello que el desafío que plantea la crisis financiera por la que
actualmente atravesamos, abre la posibilidad de identificar nuevos caminos,
hacer
las
cosas
de
manera
diferente,
y
coordinar
las
acciones
multilateralmente, a nivel mundial y regional, que permita amplificar los
efectos positivos de los esfuerzos individuales. No me cabe duda que es
justamente esta instancia de la Unión Inter-Parlamentaria una de las
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tribunas o espacios para transitar por esta nueva manera de enfrentar los
problemas globales y las oportunidades que de estas se desprenden.