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¿Cuáles son las fuerzas que empujan a las reformas/reformadores? Un módelo para entender las reformas administrativas (Pollitt y Bouckaert, 2004) ¿Cómo podemos pensar los procesos de reforma en Uruguay? En el centro está la toma de decisión de las élites (políticos o alto servicio civil). Reformas Administrativas, son de tipo top-down. Elites se enfrentan a: bloqueos económicos, legales, culturales, políticos, etc. (distancia entre lo que se quiere y se puede) Reformas no son siempre un “paquete”. A veces son muchas reformas al mismo tiempo con posibles contenidos contradictorios Los resultados de las reformas pueden ser más “accidentales” de lo que se piensa fue está planeado Las ideas de reformas muchas veces vienen del contexto. Consultores, organismos internacionales, etc. Factores socioeconómicos (ej. cambios demográficos, globalización, competitividad) Empuja acciones cómo: reformas de la seguridad social, reducción de la burocracia y del gasto público. Factores políticos (ej. ideas de los partidos, coalición o gobierno mayoritario, leyes, nivel de descentralización, presencia y aceptación de nuevas ideas de gestión, presión por mejores servicios. Factores contextuales: corrupción, desastres, etc. empujan cambios en actitudes y políticas. Factores administrativos: culturas y normas administrativas, características de las burocracias, 1. El Estado Uruguayo 2. La Administración Pública Uruguaya y su estructura 3. El servicio Civil 4. La política de la Burocracia 5. Accountability 6. Los procesos de reforma estatal 7. Conclusiones finales Los ciclo del Estado Uruguayo 1. Consolidación y expansión (1904-1958) 2. El amortiguado repliegue del Estado (19592005) Nuevo ciclo? Democracia basada en un sistema de partidos fuertes Consolidación temprana del Estado de Bienestar Desafíos del Siglo XXI Reconversión de su estructura productiva, menos dependiente de commodities Reconversión de su Estado de Bienestar para hacer frente a los nuevos riesgos/demandas sociales Ello requiere de un sector público fuerte Características de la Administración pública uruguaya Estructura Estatal Unitario-centralizado Tipo de Gobierno Gobierno de coalición (1985-2005), Mayoritario (presente) Relación Ministros-Burocracia No integrada, relativamente politizada Cultura Administrativa Fuentes de asesoramiento a autoridades políticas Fuente: adaptado de Pollitt & Bouckaert (2004: 42) Rechstaat – el Estado como un fuerza integradora de la sociedad Principalmente el servicio civil con incrementos en la participación de fuentes externas (“think tanks”, consultores, etc.) Ministerios Agencias ejecutoras (salud, educación, infancia, seguridad social, banco central) Empresas públicas (algunas monopólicas) Personas Públicas No Estatales (variedad de ámbitos de acción) Segundo y Tercer nivel de Gobierno Funciones sustantivas del Estado fueron desde temprano puestas en agencias fuera de la AC. Baja especialización de las organizaciones con escasa separación entre diseño e implementación y fuertes controles administrativos y financieros. Aunque cada director de agencias públicas puede establecer objetivos y estrategias operativas, tienen baja capacidad para gestionar sus recursos (freedom to manage) La gestión de los recursos humanos está fuertemente regulada tanto en Ministerios como otras agencias públicas. En Uruguay no puede hablarse de un proceso “clásico” de agencificación . ¿Por qué? La mayor parte de los funcionarios públicos (91.2% en 2010) son permanentes y tienen fuertes protecciones frente a despidos. Carencia de un sistema de carrera unificado: diferencias amplias en remuneraciones y condiciones laborales, incluso dentro del mismo organismo. Escasa capacidad para evaluar funcionarios No existe un conjunto claro de incentivos que vinculan las remuneraciones o las oportunidades de ascenso a la contribución de los individuos a las metas organizacionales. El sistema actual de gestión de los recursos no permite la creación de un grupo diferenciado de técnico-profesionales en la estructuras más altas de la burocracia que permitan oficiar como vinculo entre las autoridades políticas y los distintos niveles de la burocracia. El Alto Servicio Civil (Managers) Burocracia vinculada a los partidos políticos desde su nacimiento Deriva en un vínculo particular políticos-burócratas Durante la consolidación del Estado Uruguayo: la burocracia fue utilizada como moneda de cambio para establecer equilibrios de poder entre y al interior de los partidos. La lógica actual no se caracteriza por la incorporación masiva de funcionarios de forma político-clientelar ni por lo voluminoso del número de las designaciones políticas al interior del aparato administrativo. Se da en cambio, a través de la utilización de mecanismos informales de designación de personal en puestos de trabajo que implican un mayor status o mayor remuneración, paralelamente a los mecanismos formales de carrera administrativa. Los políticos desconfian de la burocracia y responden politizandola, pero no logran institucionalizar formas de gestión que rompan la resistencias. Los políticos se perciben como “rehenes”, confiando su asesoría y gestión de políticas a equipos paralelos en lugar de las estructuras formales. En Uruguay, mediante la contratación de personal de confianza y asesores pertenecientes al sistema de carrera o funcionarios asignados a funciones que no corresponden a sus posiciones formales. La burocracia uruguaya tuvo históricamente un reclutamiento en todas las clases sociales. La ha hecho relativamente autónoma de los altos sectores económicos Representación formal de grupos de la sociedad civil en estructuras de gobierno (BPS, ASSE, UdelaR) Desde principios de 1990 la sociedad civil ha creado nuevas formas de vinculación con la burocracia estatal como consecuencia de la prestación de los servicios públicos. Estas modalidades han abierto posibilidades para la innovación en el diseño e implementación de políticas, creando nuevas relaciones de cooperación y competencia entre la burocracia y la sociedad civil Uruguay ha privilegiado históricamente los mecanismos legales y administrativos de control. Estos han probado ser fuertes y confiables dentro de la estructura pública Escaso desarrollo, a pesar de las reformas, en perfomance accountability que vincule controles a resultados También con escaso desarrollo en accountability social (open data, etc.) Percepción pública de transparencia del Estado Latin America 47 Argetina 45 Mexico 45 Brazil Chile Uruguay 48 57 60 El establecimiento de procesos administrativos sólidos y estables en la administración pública pone a Uruguay como un país con altos niveles de transparencia en el contexto latinoamericano. Sin embargo, todavía hay un déficit significativo hacia la modernización de los procesos de rendición de cuentas en el país que siguen siendo lento, muy burocrático y no necesariamente ligado a una lógica de gestión por resultados o profesional. Desde 1985, todos los gobiernos se embarcaron en procesos de reforma del Estado graduales, discontinuos y hasta contradictorios. No es posible identificar claramente un paradigma de reformas, sean neo-weberiano o NPM. Las reformas se terminan dando “por defecto” Las reformas encuentran bloqueos: Actores de veto fuertes, políticos y corporativos Relación Ejecutivo-Legislativo no facilita by-pass Tecnocracia poco autonoma de los partidos Sanguinetti 1985 Poco significativa en términos de Reforma del Estado Restitución de 11.000 funcionarios públicos Reinstalación de la ONSC Lacalle 1990 Esfuerzo privatizador que fue bloqueado en sus aspectos más radicales Desmonopolización de empresas públicas Reducción del gasto Flexbilización de contratos públicos Reducción del nº de funcionarios públicos (aprox. 10.000) Sanguinetti 1995 Intento de reforma más comprehensivo Reformas de la Educación y la Seguridad Social Mayor presencia del sector privado en la ejecución de servicios Instalación del CEPRE Búsqueda por insertar prácticas gerenciales Reducción de funcionaros públicos. Batlle 2000 Enlentecimiento de los procesos de reforma estatal Mayor privatización y desregulación de mercados creación de Entes reguladores para asegurar la competitividad en esos mercados (telecomunicaciones, energía, agua potable) Reforma de la DGI. Prolongación de la prohibición de ingreso a la función pública. Éxito relativo en racionalizar la estructura organizacional del Estado mediante la reducción de agencias y departamentos cumpliendo tareas similares. Desarrollo de sistemas de información de soporte a la gestión. Exitosas en reducir el gasto público y el número de funcionarios. Las reducción del personal no fue hecha siguiendo criterios técnicos o un análisis de requerimiento de capacidades públicas. Esta situación agravó aún más las capacidades estatales dado que muchos funcionarios esenciales abandonaron el sector público. Los distintos departamentos comenzaron un proceso de implementación de prácticas gerencialistas. Sin embargo, los managers no tuvieron libertad para manejar sus departamentos ni se logró implementar un sistema de evaluación de perfomance adecuado. Muchas actividades fueron transferidas a agencias con mayores grados de autonomía, pero ello no tuvo su correlato en el fortalecimiento de la capacidad central del Estado para evaluar y controlar este proceso descentralizador. Reconfiguración del Estado de Bienestar: reforma de la salud, creación del MIDES, reforma tributaria. Intentos por desarrollo de sistemas de información, gobierno electrónico, planificación y evaluación. Sistema de carrera en la función pública Con excepción de los procesos de reforma del EB, las reformas del aparato estatal han sido erráticas y con dificultades para mejorar los procesos de gestión. No puedo hablarse de un “plan de reformas” en términos de mejora de la gestión. En Uruguay, los esquemas de gobernanza, estructura organizacional, gestión financiera y rendición de cuentas son todavía tipicos de la primera mitad del Siglo XX. Ello deriva en organizaciones con importantes dificultades para avanzar hacia una lógica de Pefomance Management. El pacto actual entre políticos y burócratas lleva a: alta polítización de las decisiones, deficits de gestión, baja responsiviness de mando medios y bajos. Ello impacta en el diseño de políticas pero principalmente en su implementación, bloqueando nuevos intentos de modernización La relación políticos-burócratas está todavía dominada por relaciones de patronazgo. Esto bloquea la profesionalizacíón de una alta burocracia con capacidad para insertar prácticas de mejora de la gestión Y a los políticos para controlar la burocracia en base a criterios de resultados. Auque ha habido avances en la modernización del aparato estatal, las nuevas herramientas de gestión corren el riesgo de “ritualizarse” por organizaciones que están todavia orientadas al cumplimiento de procedimientos.