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Reforma agraria
Cascavel, abril 1998
Politicas agrarias y economias campesinas en el Ecuador
Fernando Larrea
Introducción
Durante las tres últimas décadas el agro ecuatoriano ha experimentado significativos procesos de
transformación en sus estructuras productivas y en sus características demográficas, ecológicas,
sociales y culturales. Al mismo tiempo ha sido el escenario de agudos conflictos
(especialmente relacionados con la lucha por la tierra y con las demandas territoriales de las
nacionalidades amazónicas) y el espacio en el que se han construido identidades colectivas
diversas y en el que han emergido actores que han logrado una presencia política de relevancia
nacional (organizaciones y movimientos campesinos e indígenas). El Estado ecuatoriano no ha
sido ajeno a estos procesos. Los temas de la definición o re-definición de las políticas agrarias y
las propuestas de desarrollo rural, han estado constantemente en la agenda gubernamental.
Estos procesos de transformación agraria han afectado igualmente a la dinámica de las
economías campesinas -agriculturas familiares- propiciando distintas respuestas y ajustes en sus
estrategias productivas y en las pautas de consumo para garantizar su reproducción económica.
La persistencia e importancia cuantitativa de las agriculturas familiares (en contraposición a los
pronósticos de algunos analistas agrarios en las décadas del 70 y 80), expresan la vigencia de la
discusión sobre la viabilidad campesina en el contexto abierto por la aplicación de políticas
neoliberales en América Latina y en nuestro país, a pesar de las limitaciones económicas que
enfrentan, de las presiones impuestas por los procesos de modernización agraria y de los amplios
niveles de pobreza existentes en el medio rural.
El presente trabajo aborda esta discusión a partir de la revisión de las principales tendencias
existentes en el agro en América Latina y Ecuador en lo que se refiere a la dinámica de las
economías campesinas, así como de la revisión de las políticas agrarias generadas en la
presente década en el Ecuador. Aunque no se trata de una revisión exhaustiva de las políticas
vigentes, este documento aborda el tema de los impactos de las mismas para las economías
campesinas, levanta un conjunto de cuestionamientos a las posiciones esgrimidas en el discurso
de los defensores del modelo económico vigente -en el que se sustentan dichas políticas- y
plantea un conjunto de reflexiones exploratorias en torno a los principales desafíos para el futuro
del desarrollo rural y para la necesaria definición de propuestas de políticas alternativas para
superar la exclusión y propiciar el fortalecimiento económico y político de las agriculturas
familiares.
Las economías campesinas en los procesos de modernización agraria: algunas tendencias
en los espacios rurales en América Latina
Numerosos autores coinciden en afirmar el carácter excluyente y desigual que han adoptado los
procesos de profundización del desarrollo capitalista en el agro latinoamericano durante las dos
últimas décadas (Kay, 1995; Murmis, 1994; de Janvry, 1994; Bretón, 1997; Martínez, 1994).
Los programas de ajuste estructural y de liberalización económica, se orientaron a favorecer al
sector de la agroexportación, promoviendo una integración más dinámica del sector agrícola en
el mercado internacional. Concomitantemente se produce la reducción del rol económico del
estado en el agro y su retiro progresivo como protagonista de los procesos de desarrollo rural, la
eliminación de subsidios a la producción de alimentos para los mercados internos y la
liberalización de los precios de los productos agrícolas y de los mercados de tierras.
Como lo advierte Kay, estas prioridades han sido "perjudiciales para la producción de alimentos
básicos y han afectado negativamente la economía campesina", incrementando la dependencia de
las importaciones de alimentos de los países del Norte y socavando la seguridad alimentaria en
los países de América Latina (Kay, 1995: 62).
En el contexto de esta estrategia de desarrollo orientada hacia el exterior, únicamente los
productores altamente capitalizados tienen la posibilidad de mantener su competitividad en los
mercados internacionales, la cual requiere altas inversiones, mientras las agriculturas familiares
deben enfrentar enormes restricciones y ven reducidas sus posibilidades de dinamización
económica y de acceder en forma más equitativa a los recursos productivos, especialmente la
tierra. Como lo señala Bretón, la aplicación de las políticas neoliberales en el agro
desembocaron en América Latina y en Ecuador en "verdaderas contrareformas agrarias", que
consideran al campesinado "como un sujeto prescindible y un agente económico ineficiente"
(Bretón, 1997: 105). Se trata de políticas "profundamente descampesinistas que, a través de la
liberalización extrema, promueven una desprotección radical del sector agrario que permita una
reasignación (léase concentración) de los factores de producción (fundamentalmente la tierra)
aún a pesar de su elevado costo social" (Idem: 105).
A pesar de que el modelo de desarrollo impulsado implicó el fomento de las exportaciones de
productos agrícolas de América Latina, paradójicamente se observa una tendencia a la
declinación relativa de la agricultura latinoamericana en la economía mundial (Kay, 1995: 61).
Las fluctuaciones de los precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales han
determinado que el incremento de los volúmenes de exportaciones agrícolas de los países
latinoamericanos no se vea necesariamente reflejado en incrementos sustantivos de los ingresos
de divisas por este rubro (Idem: 62). A ello se agrega la dependencia creciente de un sistema
agroalimentario internacionalizado (cfr. Murmis, 1994: 128-133) en el que tienen preeminencia
las políticas de las corporaciones trasnacionales agrícolas, las cuales sustentan su estrategia
económica en el desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética, para mantener el
control sobre los mercados y la producción de alimentos en el mundo.
Los cambios producidos en el agro latinoamericano en el marco de los procesos de globalización
han acentuado la brecha existente entre las agriculturas familiares y la agricultura empresarial,
orientada preponderantemente a la exportación. Esta constatación lleva a Kay a caracterizar la
estructura agraria en América Latina como una estructura bimodal (Kay, 1995: 68), marcada por
diferentes patrones de especialización productiva, por la diferenciación en el uso de tecnologías y
por transformaciones en las relaciones de producción y en la composición de la fuerza de trabajo
rural. Para Kay la modernización capitalista en el campo, ha determinado cuatro cambios
substanciales en la composición de la fuerza de trabajo rural: a) el predominio del trabajo
asalariado y el remplazo de la mano de obra arrendataria; b) el incremento del trabajo temporal y
estacional; c) la feminización de la mano de obra; y d) la urbanización de los trabajadores
rurales (Idem: 68).
El relativo fortalecimiento de la agricultura empresarial orientada hacia el exterior y las
tendencias señaladas en los mercados laborales rurales, no han estado acompañadas de una
substancial declinación o desaparición de las agriculturas familiares en América Latina. En
términos económicos, éstas continúan teniendo relevancia en la medida en que representan las
cuatro quintas partes de las unidades agrícolas, ocupan a las dos terceras partes de la mano de
obra rural y contribuyen significativamente en la producción de alimentos para el consumo
interno (Idem: 72). Sin embargo, las tendencias dominantes en el agro latinoamericano, han
agudizado las presiones a las que las economías campesinas están sometidas. Kay -citando a
de Janvry et. al.- destaca la presión sobre la tierra y la presión sobre el empleo (Idem: 73). Así,
observa la paulatina reducción de la superficie de tierra a la que tienen acceso los campesinos y
el hecho de que el crecimiento de las oportunidades de empleo rural no han crecido al mismo
ritmo del incremento de la población campesina, a lo que se agrega la competencia de
asalariados urbanos que recurren al trabajo rural. (Idem: 73). A esta doble presión debemos
agregar una tercera relacionada con la calidad y el deterioro de los suelos en manos campesinas,
ya que como lo anota Bretón "salvo excepciones, la agricultura campesina se desenvuelve sobre
terrenos marginales, allí donde la gran explotación no tiene viabilidad económica" (Bretón,
1997: 21).
Este conjunto de condiciones en las que se debaten las agriculturas familiares determinan la
persistencia de la pobreza rural y marcan -siguiendo a Kay- la principal tendencia del
campesinado latinoamericano: la semiproletarización (Kay, 1995: 73). En este sentido, se
constata la importancia creciente de los ingresos obtenidos fuera de la parcela en la composición
del ingreso familiar, llegando a ser muchas veces superiores a los provenientes de la producción
agropecuaria de la unidad doméstica (Kay, 1995: 73; Bretón, 1997: 23). Asistiríamos de esta
manera a un proceso en el que debido a las limitaciones en la oferta de empleo urbano y rural, las
parcelas familiares se constituirían en una especie de último refugio para los campesinos,
sometidos a dinámicas económicas caracterizadas por la exclusión y el empobrecimiento
(Bretón, 1997: 23; Kay, 1995: 73).
Sin negar la relevancia y pertinencia de las tendencias aquí descritas, el planteamiento de la
bimodalidad estructural planteado por Kay (y retomado por Bretón) puede conducirnos a
enfatizar una visión reducida de la complejidad de los procesos vigentes en el agro
latinoamericano y a desconocer la diversidad de actores presentes y la heterogeneidad de
situaciones. Como lo señala Murmis:
"En las estructuras actuales están presentes tanto los complejos -Murmis se refiere a
los complejos agroindustriales-, cuyo papel más o menos limitado es compatible
con una diversidad de agentes sociales, como una multitud heterogénea de agentes
sociales involucrados en procesos de crisis, intentos de supervivencia o de
expansión. En este contexto, no se delinea un modelo generalizado de nueva
estructura agraria" (Murmis, 1994: 110).
En este sentido, no debemos olvidar que en América Latina y en el Ecuador, el campesinado
representa un mundo sumamente heterogéneo en términos económicos, ecológicos, culturales,
tecnológicos y organizativos, con niveles variables de articulación económica a las dinámicas del
capital, encontrándose fuertes variaciones entre comunidades y regiones. Las estrategias
productivas de las agriculturas familiares generalmente se caracterizan por la diversificación de
actividades en diferentes tiempos y espacios (Kervyn, 1988: 15-23).
En esta perspectiva, cabe considerar los planteamientos de Gavin Smith, quien caracteriza a las
"empresas campesinas" como procesos fluctuantes de producción y de trabajo, entre la familia
campesina y el migrante citadino, entre la contratación y/o venta de mano de obra y el uso de
relaciones sociales no mercantilizadas (redes y lazos interpersonales de reciprocidad,
intercambio y redistribución). En este sentido Smith amplia la noción del proceso de trabajo al
campo de la cultura como un conjunto. Las "empresas domésticas" participan tanto de una
economía de mercado como de relaciones productivas no mercantilizadas que conectan la
economía con la cultura, el pasado con el presente, la vida cotidiana con la lucha política, los
procesos locales con los globales. Los lazos no mercantilizados tienen una significación variable
en el desarrollo de las estrategias productivas de las "empresas domésticas", las cuales utilizan de
diverso modo sus lazos interpersonales y construyen su propio desenvolvimiento productivo.
Smith se refiere metafóricamente a la plasticidad de las empresas campesinas para definir el
proceso de cambio que experimentan las unidades domésticas y su complejo funcionamiento
(Smith, 1989).
A partir del conjunto de elementos y tendencias señaladas pasemos a revisar las características
particulares que han adoptado los procesos de modernización agraria en el caso ecuatoriano y las
respuestas generadas desde las dinámicas de las agriculturas familiares.
Agriculturas familiares y modernización agraria en el Ecuador
A diferencia de otros países de América Latina, el Ecuador todavía mantiene un porcentaje
significativo de la población (42%) en los espacios rurales. Esta cifra, de una u otra manera, es
indicativa tanto de la importancia cuantitativa de las agriculturas familiares como del peso del
sector agrícola vinculado al mercado externo en la economía nacional.
Las transformaciones agrarias durante las dos últimas décadas en el Ecuador han estado
marcadas, como lo señala Martínez, por un doble proceso: a) por "el desplazamiento del eje
productivo hacia la agroindustria y la exportación"; y b) por "la heterogeneidad social y la
diversificación ocupacional" (Martínez, 1994: 137). La aplicación durante casi dos décadas
de un tortuoso proceso de ajuste estructural de la economía ha reforzado una tendencia hacia la
llamada "reprimarización de la economía". Como lo anota Acosta, "el desempeño de la
economía ha estado sustentado en el comportamiento de pocos productos agropecuarios de
exportación, que siguen dominando el espectro externo a pesar de los esfuerzos desplegados
desde 1982 para fortalecer y diversificar el eje exportador" (Acosta, 1997: 160).
Esta tendencia se ve claramente reflejada en el comportamiento del sector agrícola durante las
dos últimas décadas. Las tasas de crecimiento del sector agropecuario han sido superiores a las
tasas de crecimiento poblacional. Así, entre 1984 y 1988 la tasa de crecimiento de la
producción agrícola fue del 8,1%, experimentado una reducción al 3,3% en el período
comprendido entre 1988 y 1995 (Guerrero, 1998: 2-3). Estas tasas de crecimiento obedecen
fundamentalmente al "dinamismo de los cultivos tradicionales de exportación" como al "ingreso
a los mercados internacionales de productos no tradicionales (flores, frutas, hortalizas)
(Guerrero, 1998:3; también Martínez, 1994: 138).
Sin embargo, el crecimiento de la agricultura vinculada a la exportación no ha estado
acompañada de un crecimiento similar de los productos para el mercado interno. Como lo
subraya Martínez, "la crisis de la producción para el consumo interno que en su mayoría no
alcanza ni siquiera la tasa de crecimiento poblacional, indica también la crisis por la que
atraviesa la economía campesina y los efectos derivados de la implementación de las políticas de
ajuste" (Martínez, 1994: 139).
Esta crisis de las agriculturas familiares obedece en gran medida a la desigual distribución de
los recursos productivos, especialmente la tierra, como factor determinante de la persistencia de
la pobreza rural. Recientes análisis muestran que a pesar de las reformas agrarias, se mantienen
los patrones de concentración de la propiedad y su polarización. Bretón, retomando las cifras
aportadas por el Informe sobre la pobreza del Banco Mundial publicado en 1995, según las
cuales el índice de Gini se ubica en el 0,80 a nivel nacional y el 1,6% de las propiedades
concentraba el 42,9% de la tierra en la sierra, da cuenta de estos patrones, a los que se añade la
tendencia a la concentración de la mejor tierra por parte del sector empresarial (Bretón, 1997:
33-34). La ampliación de la brecha tecnológica y la diferenciación substancial en los volúmenes
de capital invertido, agudizan aún más la polarización. A estos elementos se debe añadir el
elevado porcentaje de hogares rurales que no poseen tierra (39%) o que disponen de menos de
una hectárea (20,3% adicional) a nivel nacional, según los datos aportados por Martínez
(Martínez, 1994: 145). De todas maneras, para el caso ecuatoriano cabe precisar algunas
distinciones marcadas por las diversas características que a nivel regional adopta la estructura
agraria. Así, mientras en la sierra el peso de la agricultura minifundista es mayor, en la costa
encontramos también la presencia significativa de un campesinado medio (Idem: 146).
Otro de los aspectos que contribuye a estancar las posibilidades de desarrollo económico de las
agriculturas familiares, viene dado por el comportamiento de los precios de los productos
agrícolas. Como lo anota Guerrero, este comportamiento ha sido desfavorable para los
productores agrícolas, en la medida en que entre 1988 y 1995 se registran elevaciones "en tan
sólo cinco productos agrícolas, en tanto que en alrededor de 33 productos se produjo una
disminución de los precios reales" (Guerrero, 1998: 5). Esta situación contrasta con el
incremento que han experimentado los precios de los insumos agrícolas.
La orientación del modelo económico tendiente a favorecer a los agricultores altamente
capitalizados vinculados a los mercados internacionales y excluir sistemáticamente a las
agriculturas familiares, no se compadece de la importancia que éste último sector tiene en
términos de la generación de empleo y de la oferta de alimentos al mercado nacional. Como lo
anota Martínez "la economía campesina es la base de la generación del empleo en el sector
rural, principalmente por el aporte de los trabajadores familiares sin remuneración y los
trabajadores por cuenta propia" que representan el 65,1% de las personas ocupadas en el
conjunto de la mano de obra rural (Martínez, 1994: 143).
Las transformaciones de la estructura agraria en el Ecuador han implicado también profundas
modificaciones en los patrones ocupacionales en el agro. La tendencia de las agriculturas
familiares relacionada con la diversificación de actividades y la plasticidad de su
desenvolvimiento productivo (para usar el término de Smith), se habría acentuado
especialmente en la sierra, mientras en la costa la agricultura sigue siendo el eje del empleo rural.
Martínez destaca estas tendencias y señala que "el 60% de la PEA rural se ocupa en
actividades agropecuarias, mientras el 40% restante lo hace en una serie de actividades no
agropecuarias (artesanía, comercio, otras no agropecuarias, domésticas)" (Idem: 142). El
elevado porcentaje de productores rurales que se encuentran en una situación de
semiproletarización (42% según Martínez) es un elemento adicional que confirma la tendencia a
la diversificación ocupacional.
Las políticas agrarias en el Ecuador en la década del 90
La definición de las políticas agrarias en el Ecuador en la presente década ha estado supeditada
a la continuidad y profundización de las políticas de ajuste estructural y de estabilización
económica, basadas en las premisas de la liberalización económica y la reducción del tamaño
del Estado, características de la propuesta neoliberal. A partir de 1992 con el gobierno de Durán
Ballén se intenta profundizar el alcance de estas políticas en el agro y se definen cambios
sustantivos en la legislación agraria, a pesar del incremento de la conflictualidad en el campo
que este proceso acarreó.
La orientación de estas políticas ha tenido como sujeto principal a los empresarios agrícolas y
de entre éstos, aquellos ligados a la exportación. En el diseño e implementación de estas políticas
se ignoró la presencia del sector campesino y de los pequeños productores, quienes controlan una
proporción no despreciable de tierras agrícolas y tienen un peso cuantitativo significativo en
cuanto al porcentaje de población involucrada (Larrea y otros, 1995: 258).
En términos generales las políticas agrarias adoptadas se han concentrado en los siguientes
aspectos:

La adopción de políticas macroeconómicas orientadas a incentivar las inversiones en la
agricultura y a favorecer al sector de la agroexportación. Entre éstas se destacan: la
devaluación del sucre que hasta 1995 mantuvo un rezago cambiario que se expresaba en una
sobrevaloración del 17% del sucre respecto al dólar (Guerrero, 1998: 7), la eliminación de
barreras arancelarias, la eliminación de subsidios, la progresiva eliminación de restricciones
para la inversión extranjera y la reducción del gasto fiscal, que ha determinado un verdadero
desentendimiento del Estado respecto a las demandas de la población.

El desarrollo de políticas tendientes al establecimiento de una agricultura privada basada en
el mercado. Así, se planteó el fortalecimiento institucional del sector privado, la reducción
del tamaño del Estado y la eliminación de su participación en los procesos de producción y
comercialización. En este sentido se avanzó en la privatización de empresas estatales como
ENAC y FERTISA.

Ligado con lo anterior, se asumió la desregulación de los precios de los productos agrícolas y
la adopción de un sistema de precios de mercado. "En 1994 los precios al consumidor
fueron liberalizados con la única excepción del arroz que está sujeto a una banda de precios"
(Idem: 8). Ello implicó también la eliminación de subsidios a productos e insumos.

El entierro del proceso de reforma agraria, el establecimiento de garantías y seguridad para la
propiedad privada de la tierra y la liberalización y dinamización de los mercados de tierras
mediante la eliminación de las restricciones para la división y venta de las tierras comunales
(descolectivización de la propiedad agrícola).

La transferencia de los sistemas públicos de riego a las asociaciones privadas de usuarios del
agua y la privatización de canales secundarios y terciarios (actualmente se encuentra en
trámite una nueva legislación sobre aguas).

Si bien se plantea el mejoramiento de la base científica para la agricultura y la transferencia
de tecnología, éste ha sido entendido como el establecimiento de un sistema de
investigación controlado por la empresa privada y ha implicado tanto la transformación
del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en un sistema autónomo
vinculado al sector privado como el fortalecimiento de empresas consultoras agropecuarias
privadas.
El supuesto implícito detrás del conjunto de éstas políticas radica en la idea de que mediante la
dinamización económica de la agricultura de exportación se produciría un "efecto de goteo" que
beneficiaría al conjunto de la población. Evidentemente, como lo señala de Janvry, "se
requerirían varias décadas de crecimiento sostenido y acelerado a fin de reabsorber la
pobreza" (de Janvry, 1994: 8). En este sentido llama la atención que la atención al fomento
de las exportaciones agropecuarias va acompañada de un total descuido con relación al fomento
de la producción para el mercado interno. La preocupación por las condiciones del mercado
externo y por las condiciones de producción de los productos de exportación coincide con una
total desatención al tema de la seguridad alimentaria.
"El mercado no puede ser la receta para
solucionar otros objetivos como la seguridad alimentaria, la pobreza rural y la protección del
medio ambiente" (Martínez, 1994: 141).
Ligado a lo anterior, no solo no se reconoce la existencia de un vasto sector campesino, sino que
además llama la atención, la escasa expresión de la heterogeneidad de este sector, tanto en
cuanto a tipos de productores como a la diferenciación regional, en la definición de las políticas.
Parecería ser que para los impulsores de la propuesta neoliberal este sector no cuenta como
sujeto de políticas agrícolas. Desde su punto de vista se distingue únicamente a los productores
"viables" como sujetos de políticas de desarrollo económico para elevar su competitividad en los
mercados (especialmente externos), frente a los productores “no viables” sujetos de políticas
sociales las que coadyuven a aliviar su pobreza. Esta distinción desconoce de plano la
heterogeneidad campesina y la complejidad y flexibilidad de sus estrategias productivas
destacadas con anterioridad. Reduce la diversidad a una visión dualista que descarta la
necesidad de definición de políticas diferenciadas de desarrollo rural, en función de las
condiciones específicas de las unidades familiares y de las características a nivel microregional
que configuran diversos escenarios demográficos, productivos, ecológicos y culturales
(Campana y Larrea, 1998: 7).
Otro de los elementos críticos de esta visión se refiere a la nula preocupación por políticas
orientadas a la redistribución de los recursos productivos. La culminación del proceso de reforma
agraria y la liberalización de los mercados de tierras, ha reducido las posibilidades de acceso a
la tierra para el sector campesino. Tampoco se evidencian líneas políticas claras con relación a
proyectos de desarrollo rural dirigidos al sector campesino, ni se ha abordado la problemática
étnica.
Finalmente, cabe señalar la desvinculación de las políticas agrarias de los aspectos relacionados
con los problemas y conflictos ambientales. Parecería ser que la noción de desarrollo
sustentable únicamente ha sido incorporada como un término más en la retórica oficial, sin que
se expresen en líneas concretas de acción en este sentido.
Comentario final: Las condiciones para el desarrollo de las agriculturas familiares
El conjunto de elementos descritos a lo largo de este trabajo dan cuenta de la necesaria
redefinición del modelo de desarrollo y de las políticas agrarias, para superar la situación de
estancamiento y crisis en la que se debaten las agriculturas familiares, así como para enfrentar el
desafío de superar la pobreza rural. Las implicaciones de este planteamiento son variadas y
demandan la concertación de esfuerzos entre el Estado, las organizaciones rurales, los
organismos multilaterales y las organizaciones privadas de desarrollo. Como lo señala de
Janvry, se requiere:
"... buscar un enfoque integral capaz de producir en forma simultánea crecimiento,
bienestar y sustentación política. Este enfoque implica un incremento en la
participación productiva de los sectores medio y pobre. Requiere un Estado activo,
que actúe como guardián de la competitividad y equidad, ninguna de las cuales es
asegurada por el desempeño de los mercados. También exige un control del
mercado y de las oportunidades estratégicas." (de Janvry, 1994: 9).
El replanteamiento del rol del Estado supone superar el actual desentendimiento del Estado de
los problemas y demandas de la población. Supone también la necesaria definición y voluntad
política para "articular políticas agrarias y políticas alimentarias que asuman la existencia de un
sujeto de gran importancia en nuestro país, -los pequeños productores campesinos e indígenascaracterizado por la diversidad de estrategias productivas de sus agriculturas familiares,
independientemente de la presencia y relevancia del sector agroempresarial" (Campana y Larrea,
1998:10).
Podemos puntualizar algunos ejes y principios en torno a los que podrían girar estas políticas y
los proyectos de desarrollo impulsados por el Estado, por las instituciones privadas de
desarrollo y por las organizaciones rurales:

El desarrollo de la producción para el mercado interno y de "una política de seguridad
alimentaria" (Martínez, 1994: 152) basada en la libertad y capacidad de articular estrategias
sustentables de producción, abastecimiento, comercialización y consumo de alimentos. Ello
implica el ejercicio de una soberanía alimentaria que requiere autonomía política "para
articular políticas que recojan las especificidades agrícolas y ambientales de la geografía, así
como las particularidades socio-culturales de la población" (Campana y Larrea, 1998:10 ).

La generación de propuestas de desarrollo sustentable para el agro que tomen en cuenta la
diversidad regional y cultural, la conservación de los recursos naturales y contribuyan al
fortalecimiento económico de las agriculturas familiares (Larrea y otros, 1995: 261).

El establecimiento de políticas diferenciadas para los pequeños productores que consideren
las diversas particularidades de los actores (regionales, ecológicas, productivas, culturales) en
el proceso productivo.
 "La articulación entre la pequeña agricultura campesina y la industria rural, así como el
apoyo a la artesanía y la pequeña manufactura rural (Martínez, 1994:152).

Políticas tendientes a la redistribución y reactivación de los ingresos y de generación de
empleo no agrícola rural (Cfr. Lefeber, 1998).

La democratización de los poderes locales y la participación y acceso de las organizaciones
rurales en los gobiernos locales en el marco de las políticas de descentralización del Estado.

La dinamización y fortalecimiento de las organizaciones rurales en sus diferentes niveles
organizativos, tendientes a la constitución de "actores sociales con posibilidades de
autodeterminación" de cara a la construcción y ampliación de la ciudadanía (Calderón, et.
al., 1994:61).
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