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ARRIZABALO MONTORO, Xabier (Ed.) (1997) Crisis y ajuste en la economía mundial.
Implicaciones y significado de las políticas del FMI-BM. Ed. Síntesis, Madrid.
3
LA ECONOMÍA MUNDIAL ACTUAL:
CRISIS Y AJUSTE
La secuencia que vincula la crisis y el ajuste "fondomonetarista"define la evolución de la
economía mundial en épocas recientes. Este tercer capítulo se dedica a estudiar dicha
secuencia. Para ello, tras mostrar la constatación empírica de la crisis y abordar su carácter, se
analiza la aplicación de las políticas de ajuste, incluyendo una referencia al papel de la teoría
en ellas. Se concluye con la evaluación de sus implicaciones, así como de su significado
estructural.
3.1. El estallido de la crisis
En la segunda mitad de los años sesenta comienzan a aflorar algunos elementos
indicativos de las dificultades que encuentra la economía capitalista para mantener el ritmo de
crecimiento de los años anteriores. El agravamiento de esas dificultades deriva en los
primeros años setenta en la explosión de una profunda crisis, manifestada en multitud de
indicadores: estancamiento de la producción, la inversión y la productividad, inflación,
desempleo, desequilibrios internacionales (comerciales, financieros y monetarios), etc.
Las expresiones más significativas de esta explosión fueron la declaración de quiebra
definitiva del sistema monetario internacional de Bretton Woods en agosto de 1971 y el
acelerado aumento de los precios del petróleo desde octubre de 1973. Muchas
interpretaciones consideraron en su momento que uno u otro fenómeno constituían la crisis,
cuando únicamente fueron parte de su expresión, además de, en cierta medida, detonantes de
ella.
3. 1. 1. La evidencia de la crisis
Como se ha dicho, ya en los últimos sesenta comienzan a aparecer indicadores de las
dificultades y contradicciones subyacentes al proceso de crecimiento que empiezan a
cuestionarlo.
Según datos de la OCDE, entre 1968 y 1973 (año que suele tomarse como el de inicio de
la crisis), el crecimiento de la producción en las economías desarrolladas se desacelera,
alcanzando un porcentaje promedio anual del 4,7 frente al 5,1 del período 1960-1968
(Palazuelos y otros, 1988: 15). Incluso algunas economías llegan a presentar caídas absolutas
de su producción en algún año, como la RFA en 1967 o EE UU en 1970 (Maddison, 1991:
151-152).
Su explicación inmediata se encuentra en la ralentización que experimenta la inversión
como consecuencia del deterioro de la expectativa de ganancia, auténtico motor de la
acumulación capitalista. A su vez, esta ralentización va a limitar el crecimiento de la
productividad, que se sitúa en un promedio anual para los países de la OCDE del 3,4% frente
al 4, 1% alcanzado entre 1960 y 1968. (Palazuelos y otros, 1988: 15).
Asimismo, en estos años también se deterioran los indicadores de desempleo e inflación.
Para los mismos períodos, el primero aumenta del 3, 1 % de la población activa al 3,4% y el
segundo, del 2,9% al 5,6%. Destacan, en cuanto al desempleo, los casos de EE UU (4,6%),
Italia (5,7%) y Canadá (5,4%) y, en lo que se refiere al incremento del nivel de precios, los de
Japón (7%) y Gran Bretaña (7,5%) (ib., 21-22).
Por otra parte, en el primer capítulo ya se ha descrito con detalle el convulso escenario
que caracteriza las relaciones monetarias internacionales en este período.
En definitiva, con estos indicadores se pone de relieve que las contradicciones inherentes
a la lógica capitalista, y particularmente a los fundamentos del crecimiento posbélico, ya
habían comenzado a manifestarse; de manera que el estallido de la crisis en los primeros
setenta no será sino la crónica de una crisis anunciada e inevitable. Interesa ahora constatar
empíricamente cómo se materializa ese estallido.
Si en los últimos sesenta se produce una desaceleración del crecimiento, en los primeros
setenta tendrá lugar un auténtico estancamiento. El incremento promedio anual de la
producción en las economías de la OCDE se sitúa en el 2,6% entre los años 1973 y 1979 0.,
15) con caídas absolutas del 1,6% en la RFA (1975), del 1,2% en Japón (1974) y del 0,7% y
el 1% en EE UU, respectivamente en ambos años (Maddison, 1991: 151-152).
Esta desaceleración es más marcada en el sector industrial. El crecimiento promedio anual
en este período en los países de la OCDE se reduce al 1,7% desde el 5,1% de 1968-1973.y el
5,5% de 1960-1968 (Palazuelos y otros, 1988: 18).
Como se ha dicho respecto al período 1968-1973, la explicación inmediata de este
proceso se encuentra en la ralentización de la inversión y en su efecto sobre la productividad.
De hecho, el incremento de la formación bruta de capital fijo (indicador de inversión) en las
economías desarrolladas se sitúa en un modestísimo 1% de promedio anual entre 1973 y 1979
frente al dato del 5,9% entre 1968 y 1973 (ib., 78). Y en cuanto a la productividad, para el
mismo área y los mismos períodos, su aumento alcanza un 1,5% frente al anterior 3,4% 0.,
15).
Una consecuencia inmediata de esto es el incremento de la tasa de desempleo en estos
países. En los años 1973-1979 el promedio será del 5,2% (6,7% en EE UU y 7,2% en
Canadá) con tendencia creciente, especialmente en los países europeos (ib., 2 l). Según datos
de la OCDE, sólo en el sector siderúrgico de 21 países se pasó de 1.950.000 empleos en 1974
a 1.625.000 en 1980 (Gill, 1983: 365).
Un elemento novedoso de este período es la coexistencia de estancamiento e inflación, lo
que dará lugar a la expresión 11 estanflación". Efectivamente, de modo simultáneo a la
desaceleración del crecimiento se observa una marcada tendencia a la elevación del nivel
general de precios en las economías de la OCDE, que se sitúan en el 10% promedio entre
1973 y 1979 (ib., 22).
El aumento de la inflación surge como consecuencia de la durísima pugna que se
establece entre los distintos sectores del capital por la generación de ganancia y, sobre todo,
por su apropiación. En un contexto en el que el circuito parasitario D-D' revalida su enorme
auge ya explicado anteriormente.
En el desencadenamiento de la crisis, otro factor importante es la dislocación monetaria y
financiera internacional; la cual, a su vez, y unida a los anteriores, va a influir de forma clara
en la desaceleración del ritmo de crecimiento del comercio internacional que en la década de
los setenta lo hará a un ritmo de promedio anual del 5% frente al 8,5% del decenio anterior
(ib., 24).
Sin embargo, el factor determinante de la crisis radica en la caída de la rentabilidad del
capital (o tasa de ganancia) en el terreno productivo. Según Gauthier (Torres, 1995: 5 l), en
EE UU la tasa de ganancia disminuyó del 12,7% en 1966 al 3,5% en 1975, mientras en
Francia, en promedios anuales, cayó en el período 1973-1980 un 1,6% frente a un
crecimiento del 0,5% en 1964-1973.
En el marco de las relaciones de producción capitalistas, la rentabilidad de los distintos
usos posibles del capital constituye el único criterio que se toma en consideración para decidir
a cuál de ellos dirigir los capitales. La pérdida de ganancia de la inversión productiva
intensificará la tendencia a destinar una parte considerable de ellos al ámbito
financiero-especulativo. En todo caso, a la cuestión relativa al papel del deterioro de la
rentabilidad en la crisis, básica para comprender el funcionamiento del capitalismo actual, se
volverá en el apartado siguiente.
3.1.2. El carácter de la crisis: más allá de la coyuntura y de los "ciclos"
Durante los primeros años posteriores al estallido de la crisis, las interpretaciones
"oficiales" sostenían que ésta era de carácter coyuntural. Es decir, se trataría de un mero
traspiés temporal atribuible a los problemas del sistema monetario internacional y/o a los
choques petrolíferos. Sin embargo, las causas de la crisis hundían sus raíces en fenómenos
mucho más profundos.
Como explican Cize y otros (1990: 15 1):
Las condiciones de valorización del capital, que habían comenzado a deteriorarse después de
mediados de los años 60, continúan orientadas a la baja. En los Estados Unidos y en los principales países
capitalistas, la parte de los beneficios en el valor añadido bruto y las tasas de rendimiento del capital fijo
bruto descienden (...).
En este contexto de declinación de la rentabilidad del capital se agudiza la concurrencia entre los
grupos capitalistas, y los trusts petrolíferos dejan subir los precios del petróleo en 1973. Hay que resituar
el "choque" petrolífero en un contexto inflacionista mundial de lucha reforzada por la distribución y la
redistribución de la plusvalía mundial. Los Estados Unidos estaban mucho menos afectados que los
países europeos, Japón o los países pobres por el alza de los precios del petróleo, y por consiguiente ellos
también han dado luz verde a los aumentos demandados por la OPEP.
Son estas tendencias a la crisis las que engendran la concurrencia y no a la inversa. La crisis no es ni
el producto de las decisiones tomadas por Nixon, ni el producto del estallido del sistema monetario, ni el
producto de los choques petrolíferos. Es la sobreproducción de capital bajo las formas dinero y
mercancías la que conduce a estas manifestaciones anárquicas. Nuestros "indicadores" de parasitismo, es
decir, las curvas de inflación mundial, del endeudamiento del Estado americano, de la liquidez
internacional (euro-dólares, después euro-divisas), están siempre al alza. Son una representación de la
contradicción del modo de producción entre su tendencia a desarrollar las fuerzas productivas y su
tendencia a destruirlas. La inflación, las deudas, las masas de capitales flotantes, "miden" la
sobreproducción de capitales (ficticios y otros) y de mercancías, de trabajo que podría, en un momento u
otro, precipitar la economía capitalista en la espiral del hundimiento.
Esta argumentación, que plantea el carácter profundo de la crisis, será constatada
empíricamente con la persistencia de la crisis. En efecto, desde entonces, la economía
capitalista, a escala mundial, no ha conseguido reeditar una secuencia de crecimiento
generalizado y sostenido en el tiempo. Por el contrario, la descripción más elemental de su
evolución reciente pone de relieve, de manera incuestionable, la permanencia y
profundización de la crisis.
Se puede constatar, por ejemplo, al considerar el segundo choque petrolífero en
noviembre de 1979 o las constantes tensiones monetarias y financieras; o los nuevos
episodios de caídas absolutas de la producción a principios de los ochenta: en EE UU del -0,
1% (19 8 0) y el -2,6% (19 8 2), o en la RFA del -0, 7% (19 8 2). Incluso en Japón, el
crecimiento se estanca hasta el punto de situarse por debajo del 3% en 1982 (exactamente,
2,8%), es decir, excluyendo los desastrosos 1974 y 1975, el peor resultado desde 1945
(Maddison, 1991: 151-152). Además hay que considerar el incremento sostenido en los
niveles de desempleo (que en muchas economías de la OCDE supera la barrera del 10%
durante los años ochenta) y subempleo.
La persistencia de estos fenómenos a escala mundial rebate de forma concluyente el
pretendido carácter coyuntural de la crisis, mostrando bien a las claras su dimensión
estructural, tal y como lo explicaba Román en 1994 (Torres, 1995: 127): el "crac» bursátil de
1987, la acumulación de deudas insolventes, los crecientes déficits de la balanza comercial y,
finalmente, la recesión de 1990 todavía no superada son episodios sintomáticos del
estancamiento subyacente.
Sin embargo, más allá de esta constatación, para caracterizarla de forma precisa, es
necesario efectuar un comentario de índole más teórica que permita abordar la cuestión de si
se trata o no de una crisis "cíclica".
Las crisis en el capitalismo están directamente vinculadas a las contradicciones derivadas
de la puesta en funcionamiento de la lógica de acumulación que articula este modo de
producción.
Como señala Gill (1996: 784),
Las crisis no son accidentes en el camino atribuibles a causas exteriores, a "choques aleatorios» o a
una mala gestión de la economía. Son momentos inevitables de la acumulación del capital, de la carrera
contrarreloj entre la baja tendencial de la tasa de ganancia y el alza de la tasa de plusvalía y de la
composición orgánica del capital.
En la producción capitalista, las crisis son no sólo posibles sino necesarias. Su necesidadsurge
doblemente de su carácter inevitable e imprescindible. Son, en primer lugar, necesarias en el sentido de
adónde el curso normal de la acumulación con~ duce necesariamente o de manera inevitable; resultado
de la valorización insuficiente del capital y de la caída de la tasa de ganancia que arrastra el alza de la
productividad, expresan así periódicamente un bloqueo inevitable de la acumulación. Son, en segundo
lugar, necesarias en el sentido de la función iprescindible de saneamiento que cumplen por la destrucción
de valores y la restauración de la rentabilidad que generan, haciendo posible la reanudación de la
acumulación (1).
Además de pretender conceptuar la crisis como coyuntural, también se la ha definido
como cíclica. La discusión sobre. los ciclos largos en la economía capitalista ha sido
frecuente y polémica. Entre los autores que afirman la existencia de estos ciclos de en torno a
40-60 años -20-30 años en su fase ascendente y otros tantos en la descendente- se encuentran
Kondratieff o Mandel -aunque éste denomina a cada fase "onda larga", dos ondas constituyen,
de hecho, un ciclo-.
Aparte de las dificultades técnicas para corroborarlos empíricamente por la carencia de
bases estadísticas de largo plazo fiables y detalladas, hay dos aspectos centrales para
cuestionar estas teorías.
En primer lugar, por el hecho de que la presencia de períodos de auge y períodos de crisis
no asegura que necesariamente tras una crisis venga un auge. Es decir, no asegura la
reproducción perpetua del sistema que indica la utilización del concepto "cíclico". Esto es así
debido a que la existencia de las crisis no responde a ningún esquema lineal de tipo
cronológico, ni, por supuesto, a ningún mecanismo automático.
Y de cualquier manera, en segundo lugar, porque la forma que toman los períodos de
crecimiento y recesión están directamente vinculados a la propia evolución histórica de la
economía capitalista mundial. Por ello, incluso la existencia de elementos comunes en los
distintos períodos de crisis (o de auge) no elude el carácter peculiar y único (en definitiva,
histórico) de cada uno de ellos. En última instancia, una concepción cíclica de la economía
(en el sentido expuesto) es ahistórica cuando el carácter histórico de los procesos sociales es
una de sus notas características básicas, como se ha expuesto en la presentación.
En consecuencia, la crisis que se analiza no es un fenómeno explicable por el
comportamiento cíclico de la economía capitalista... que no existe como tal en la realidad. Por
eso, se conceptualiza la evolución histórica del capitalismo como irregular, y no como cíclica
(2).
Es importante reseñar que la discusión acerca de los ciclos de largo plazo no es una
cuestión baladí. Las interpretaciones que plantean su existencia sostienen implícitamente la
viabilidad de una nueva fase de auge capitalista, es decir, de una reedición del carácter
progresivo -en el sentido, fundamentalmente, del potencial desarrollo de las fuerzas
productivas- del que en una época dispuso; tendencia contraria a los procesos de destrucción
de ellas que se experimentan en la actualidad: desempleo, cierre de explotaciones industriales,
ganaderas, agrícolas, pesqueras, etc. No debe olvidarse que, a su vez, esta posición tiene
también las implicaciones políticas que se exponen en el primer capítulo.
En efecto, como se expondrá seguidamente, la propia crisis incorpora los elementos que
llevan a su reproducción; especialmente, a través de la orientación masiva de capitales a los
mercados financieros, lo que dispara la liquidez internacional detrayendo recursos de la
economía real, de la que se nutre (en realidad, de la que parasita) la economía de la
especulación. Precisamente, esta elevada liquidez -"oferta de créditos"- está en el origen de
lo- que posteriormente conformará la crisis de la deuda externa de los países
subdesarrollados. Y la política que se adopta frente a la crisis, el ajuste fondo monetarista, no
sólo no va a resolverla sino que intensificará las contradicciones que la explican por la
destrucción económica que provoca. Una materialización importante de esto es el
resurgimiento de problemas recurrentes de realización (de demanda).
Todo ello deriva de la aplicación estricta de la lógica capitalista de búsqueda de la mayor
ganancia, en un contexto en el que la rentabilidad de la inversión productiva sigue
deteriorándose. Según Arrnstrong y otros (Torres, 1995: 73), el beneficio en los países de la
OCDE presenta una tasa de crecimiento negativa, tanto en el período 1960-1973 (-2,8% en
promedio anual) como en el 1973-1989 (-0,9%).
Por eso, la crisis supone la quiebra de la fase de crecimiento del período posbélico, que se
ha calificado, no como "edad de oro" del capitalismo, sino como "huida hacia delante". En
definitiva, la crisis supone la quiebra del intento de revertir la situación de crisis crónica
subyacente a lo largo de todo el siglo XX. La crisis es la expresión de la caída de la tasa de
ganancia basada, crecientemente, en la esfera de la circulación: en el predominio del capital
financiero, en la preponderancia de la exportación de capitales sobre la de productos, en la
relativa autonomía de los circuitos financieros respecto a los de producción de mercancías, en
la renta de monopolio, en las relaciones de dominación entre Estados y en el componente
especulativo sobre el componente productivo. Es decir, no se trata de una crisis capitalista
más. Es la crisis del imperialismo, de la fase suprema del capitalismo.
Hasta aquí se han expuesto los aspectos fundamentales relativos al estallido de la crisis y
su evolución durante los años setenta, haciendo un apunte sobre su carácter.A continuación se
analiza el transcurso de las décadas de los ochenta y los noventa caracterizadas por la
adopción de planes de, ajuste en respuesta a la crisis, para concluir, volviendo a la discusión
sobre el carácter de la crisis, con el estudio del significado de dichas políticas.
3.2. La respuesta del capital a la crisis: el ajuste fondomonetarista
En los años setenta no se produjo un cambio radical de orientación en la política
económica para hacer frente a la crisis. El arraigo de las políticas predominantes en los años
cincuenta y sesenta, la confianza en que la crisis fuera pasajera y la fortaleza de las
organizaciones sindicales lo dificultaba -esto es muy importante porque la profundización del
ajuste en los años noventa se encuentra con ellas como obstáculo, por lo que, como se verá
más adelante, uno de los objetivos prioritarios de las políticas de "acompañamiento" del
ajuste es debilitarlas-. Sin embargo, la década de los ochenta se inicia con cambios
importantes. La llegada al. Gobierno de Thatcher en Gran Bretaña (1979) y de Reagan en EE
UU (1980) supone un marcado punto de inflexión porque consolida el intento de respuesta
estructural a la crisis; intento al que, bajo la tutela del FMI y el BM, se adhieren fiel e
implacablemente Gobiernos de distintas definiciones ideológicas.
3.2.1. El ajuste como respuesta a la crisis
Como se ha señalado, el estallido de la crisis es la ruptura del marco preexistente de
valorización del capital, y su expresión es la caída de la tasa de ganancia. Este estallido no es
repentino, sino que viene anunciado por la existenca previa de dificultades crecientes para la
realización de la ganancia en el terreno productivo (en la "economía real"), es decir, para la
realización del circuito D-M-P-M'-D'. La orientación de los capitales hacia la especulación,
circuito D-D', agudiza las dificultades haciendo aún más profunda la crisis.
isis.
La reproducción económica necesita la producción de más valor, puesto que en el proceso
D- D' no se produce incremento de valor, sino únicamente su apropiación, dado que este
proceso vive del otro, al que parasita. Por ello, la persistencia y profundización de la crisis, de
las dificultades de valorización, obliga al capital a tratar de obtener una mayor ganancia en el
circuito productivo para hacer atractiva la inversión de recursos en ella y, sobre todo, para
generar la ganancia que nutre a la especulación. El mecanismo que se dispone para ello es la
adopción de medidas tendentes a recomponer el espacio de ganancia.
El conjunto de estas medidas es lo que se conoce como políticas de ajuste. Sus ejes
centrales son la privatización, la desregulación y la apertura externa, todo ello traducido en
recortes sociales.
Esta cuestión es resumida de forma elocuente por Cize y otros (1990: 151):
Pero restaurar las condiciones de valorización del capital impone destruir los capitales
insuficientemente rentables, reducir una parte considerable de los costes de producción, dicho de otro
modo, incrementar la explotación del trabajo. Se trata también de modificar la intervención del Estado:
las subvenciones a los sectores juzgados no rentables deben ir a los sectores rentables. Todo lo que años
de lucha habían arrancado a los cálculos estrechamente privados, debe regresar a la esfera de la
rentabilidad financiera: escuela, sanidad pública, transporte colectivo, audiovisual, correos y
telecomunicaciones, viviendas de protección social...
El objetivo de las medidas que conforman los planes de ajuste es la citada recomposición
de las condiciones que permiten la valorización del capital. Para ello, se trata de utilizar dos
mecanismos. Por una parte, la ampliación de los espacios de acumulación y ganancia a costa
del sector público (mediante las privatizaciones) y de la ruptura de los marcos regulatorios
nacionales (a través de la apertura y desregulación externa); por otra, el ensanchamiento de
los márgenes de ganancia en todos los sectores (vía recortes sociales, desregulación laboral,
etc.).
En definitiva, lo que buscan estas políticas es la recuperación de la tasa de ganancia
(ampliar la diferencia entre D' y D) a través del abaratamiento del componente FT (fuerza de
trabajo) en M; es decir, del aumento de la explotación, de la reducción del salario real. El
salario real no es una cuestión individual, sino una relación social. No es sólo el salario
nominal corregido por la inflación, sino que incluye también todos los distintos tipos de
remuneraciones, directas o indirectas, presentes o futuras, de que disponen los trabajadores en
una sociedad; y, en concreto, el salario diferido (pensiones) y el salario indirecto (acceso
gratuito o subsidiado a servicios sociales como educación, sanidad, telecomunicaciones,
transporte colectivo, etc.). Por eso, los distintos componentes del ajuste tienen un objetivo
último común: la reducción del salario. Vía la deslocalización facilitada por la apertura
externa, la introducción de la lógica privada en sectores como la educación, la sanidad o las
pensiones, la desregulación laboral o los recortes sociales directos, los resultados perseguidos
son los mismos.
En los apartados 3.3, 3.4 y 3.5, tras estudiar el papel que juega la teoría en relación al
ajuste, se va a analizar con cierto detalle su aplicación, sus resultados y su significado
estructural. Lo que sí conviene recalcar es que su implantación no es una cuestión meramente
circunstancial, sino que obedece de forma directa a la búsqueda de una respuesta a la
persistencia de la crisis.
3.2.2. El papel del FMI y la universalización del ajuste
Los organismos financieros y monetarios internacionales (FMI y BM) tienen una
responsabilidad directa en la aplicación de las políticas de ajuste. En el Capítulo 1 se ha visto
que uno de los pilares del orden económico de posguerra acordado en Bretton Woods era el
poder atribuido al FMI ya que, bajo la forma de control de la estabilidad monetaria y del
equilibrio de las cuentas externas de los países, se le habilitaba para imponer y controlar
políticas de ajuste. Comoquiera que la explicación que se da de los desequilibrios externos es
la existencia de un exceso de absorción (de gasto nacional, de demanda) basado en aumentos
de la oferta monetaria sin base real, lo que a su vez provoca inflación, el FMI vinculará la
estabilización al ajuste (Lichtensztejn y Baer, 1986: 63-82).
A pesar del control estadounidense de estos organismos, hasta el estallido de la crisis, fue
EE UU directamente quien, en la práctica, llevó el mayor peso en la gestión de las relaciones
económicas internacionales, relegando a estas instituciones a un papel secundario. Sin
embargo, a partir del inicio de la década de los ochenta, el FMI y el BM pasan a desempeñar
un papel protagonista.
Este cambio se vincula a la renegociación de la deuda externa de los países endeudados
bajo la cláusula de condicionalidad del FMI, teniendo en cuenta la tendencia creciente a que
los bancos se agrupen para reducir riesgos en la concesión de créditos: "préstamos
sindicados". Como señalaba en un discurso Jacques de Larosie're, ex-Director General del
FMI, la "ayuda" del FMI para la renegociación de la deuda "está subordinada a la adopción
por los países deudores de medidas correctivas. Es, por tanto, una ayuda condicional:
la condicionalidad se refiere a la obligación, impuesta por el Fondo a los países miembros que desean
recurrir a sus recursos, de adoptar las políticas de ajuste económico ( ... ). El vínculo entre el
financiamiento y el ajuste está en el centro de la condicionalidad (Boletín del FMI, 14 de junio de 1982 y
15 de marzo de 1982, tomado de Cize y otros, 1990: 36).
Entre los países endeudados se encuentran los del este de Europa, en donde tras los
cambios de 1989-1991, la intervención del FMI se reforzará muy activamente con la
adopción de políticas abiertamente orientadas a la restauración capitalista. Sin embargo, las
políticas de ajuste ya estaban aplicándose en estos países anteriormente, lo cual no es
sorprendente considerando la política de colaboración que mantenían desde mucho tiempo
atrás, su creciente vinculación a la economía capitalista mundial -que cuestiona de raíz
cualquier pretensión relativa a la existencia de dos "estructuras económicas mundiales" - e
incluso la observación de los currículos de la mayoría de los actuales gobernantes de estos
países.
Al fin y al cabo, el propio FMI ponía a Ceaucescu como ejemplo de gobernante
responsable porque, merced a la imposición de un durísimo plan de ajuste, Rumania pagaba
deuda. Camdessus, actual Director Gerente del Fondo, lo reconoció en una convulsa
conferencia pronunciada en Madrid en diciembre de -1994, aunque aclaró también que era
porque Ceaucescu les engañaba con -los datos (sic). Por supuesto, solamente el grave
deterioro social y el marco político dictatorial no hubieran sido obstáculo para seguir
señalándolo como ejemplar.
Pero no es únicamente en los países subdesarrollados y en los del este de Europa donde se
van a aplicar las políticas de ajuste. También en las economías desarrolladas se implantan.
Sin embargo, en ellas el papel del FMI/BM es distinto. La capacidad de imposición, de tutela,
que tiene en los países subdesarrollados no la tiene igual en ellos. Este punto es importante.
La aplicación del ajuste en los llamados "países desarrollados" tiene relación directa con
la pugna competitiva entre ellos. Por eso, su regulación intenta coordinarse/imponerse por el
imperialismo dominante, el estadounidense, en otros foros: la OCDE o el Grupo de los 7.
No obstante, en este terreno se está produciendo una intensificación de la intervención del
FMI en Europa occidental, que muestran su subordinación a EE UU; por ejemplo, en los
informes sobre la necesidad de "flexibilización" o desreglamentación del mercado de trabajo,
en realidad, de destrucción y liquidación del proceso histórico de consolidación legal de las
conquistas obreras, de manera que comienzan apercibirse intentos de una mini-tutela del FMI
en la UE. Este tema es retomado en el Capítulo 4.
En todo caso, lo cierto es que actualmente se aplican políticas de ajuste en todas las áreas
del mundo, imponiéndose desde distintos foros y con distintos ritmos en su materialización
por las resistencias que generan. Estas políticas, a través de la privtización, la
desreglamentación y en parte la apertura -en parte, porque en relación a ella hay diferencias
muy importantes entre áreas por la propia competencia interimperialista- buscan la reducción
del costo del trabajo para la recuperación de espacios de valorización del capital, en gran
medida mediante el instrumento clásico del "ejército industrial de reserva", es decir, el
desempleo, pero también el empleo precario o subempleo.
La explicación que se da es, además de los desequilibrios externos en algunos casos, la
necesidad de luchar contra la inflación y el déficit público, así como la mejora de la
competitividad.
De cualquier manera, es muy importante tener en cuenta que, bajo la coartada de los
problemas en la balanza de pagos, de los aumentos del nivel de precios o de los desequilibrios
en las cuentas públicas, las que se ponen en marcha son políticas que persiguen una
transformación estructural de las economías que permita la recomposición del espacio de
valorización del capital. Es decir, hay que diferenciar las argumentaciones de carácter
puntual, relativamente específicas en cada caso, y la cuestión de fondo que subyace en todos
ellos: la persistencia de la crisis.
Un punto de debate actual en la Unión Europea ejemplifica muy bien este tema. Desde la
aprobación de los acuerdos de Maastricht en 1991, la "excusa" para la aplicación del ajuste es
el cumplimiento de los criterios de "convergencia' que'teóricamente debe conducir en enero
de 1999 al "curo" como moneda única. Para asegurar el mantenimiento del ajuste
posteriormente, se acuerda el "Pacto de Estabilidad" en diciembre de 1996 (véase el apartado
3.4.4).
Resumiendo, las políticas de ajuste no surgen, obviamente, de forma casual, sino como
intento estratégico de respuesta a la crisis. Su consolidación se produce a escala mundial, es
decir, se universaliza su aplicación. En este proceso, las instituciones de Bretton Woods, FMI
y BM, desempeñan un papel central, tanto en los países subdesarrollados y del antiguo
CAME como crecientemente en los países llamados "desarrollados".
3.3. Los planes de ajuste: teoría y aplicación
Contextualizadas las políticas de ajuste en cuanto a su origen y objetivo general, a
continuación se va a detallar su conténido más preciso para poder evaluar posteriormente sus
resultados y significado. Más concretamente, se trata de responder a las siguientes cuestiones:
¿qué marco teórico da cobertura a las políticas de ajuste y cómo lo hace?, ¿cómo se
materializa su aplicación? y, para ello, ¿qué requisitos necesitan en el plano político?
3.3. 1. Aspectos teóricos y marco general del ajuste
En el ámbito de las llamadas "ciencias sociales", la teoría juega un papel peculiar. Como
ya se ha dicho en la presentación, el análisis neutral no existe y, en la práctica, las
recomendaciones teóricas no son sino la racionalización -generalmente a posteriori- de
intereses determinados. Por ejemplo, ¿por qué Smith en su obra Una investigación sobre la
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicada en 1776 llega a la conclusión
"teórica" de que los países deben liberalizar su comercio internacional? Sencillamente,
porque en esa época, el mayor desarrollo (la mayor productividad) industrial de Gran Bretaña
permite a la burguesía británica inundar con sus productos los mercados exteriores, a
condición de que disminuyan los obstáculos al comercio internacional (es decir, la propuesta
de Smith). Este mismo razonamiento es aplicable a las políticas recomendadas por Keynes en
la Teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero en 1936, por Prebisch, en sus
primeros textos en la CEPAL entre 1949 y 195 1, etc.(3)
Por otra parte, incluso en los casos de mayor identificación explícita de una política
económica con las recomendaciones de una teoría, cuando los intereses de los sectores
dominantes chocan con éstas, son aquéllos los que prevalecen. Ejemplos de esto se pueden
encontrar en los numerosos episodios de intervención estatal en Chile durante la dictadura de
Pinochet (que era asesorada personalmente por "asépticos" teóricos «anti-intervencionistas"
como Friedman o Harberger); o en la privatización de empresas públicas rentables cuando se
declara tener por objetivo la reducción del déficit público. Kaldor afirma que el monetarismo
es una «justificación ideológica de las medidas antisociales" (Torres, 1995: 154). Sobre este
tema puede verse también Arrizabalo (1995: 165-170).
En el caso.de las políticas de ajuste, el FMI no reconoce adscripción a ninguna teoría. Sin
embargo, el referente teórico fondomonetarista subyace claramente en las «cartas de
intenciones" que acuerda con los Gobiernos. Aunque a lo largo de su historia se han
producido algunos cambios, éstos se han dado por circunstancias externas al propio FMI
(como con la ruptura del esquema de paridades fijas).
En el período reciente, el FMI ha sintetizado aportaciones teóricas diversas con el objeto
de suministrar una cobertura teórica a lá, aplicación de las políticas que demanda la situación
de crisis. Como explican Lichtensztejn y Baer (1986: 70-71),
El resultado final de la integración de esas diferentes (aunque no antagónicas) aproximaciones
teóricas, podría sintetizarse en los siguientes términos: el déficit de la balanza de pagos y la inflación son
desequilibrios generados por una capacidad de demanda (deseo de comprar apoyado con dinero y crédito)
superior a las posibilidades inmediatas de la oferta interna y la capacidad para importar, que induce
descensos de las reservas monetarias internacionales.
Esta síntesis hará que las políticas de estabilización y las de ajuste (en principio más
centradas, respectivamente, en la lucha contra los desequilibrios internos -inflación y déficit
público- y los externos -desequilibrios en la balanza de pagos-) tiendan a confundirse en una
sola. Esto genera contradicciones importantes, como los efectos inflacionarios derivados de
las devaluaciones aplicadas para intentar atajar los déficit comerciales.
En definitiva, el diagnóstico en el que se apoya el FMI para la aplicación de las políticas
de ajuste se encuadra en el paradigma neoliberal que se consolida como dominante frente al
keynesiano previo. Su fundamento principal consiste en la consideración de que la
"competencia perfectá" de los agentes económicos, a través de su "libre" participación en el
mercado, permite llevar a éste al equilibrio -en realidad, volver al equilibrio inicialasegurando la mayor eficiencia posible; de manera que toda intervención estatal, al alterar el
libre juego de las fuerzas de mercado, impide el logro de dicho equilibrio. Las ideas que
subyacen son las de la "mano invisible" de Smith y el "equilibrio general" de Walras (véase
Arrizabalo, 1995: 123-137). En resumen (Lichtensztejn y Baer, 1986: 74):
el enfoque que subyace en las políticas de estabilización que postula el FMI concibe el déficit de la
balanza de pagos y la inflación como un fenómeno circunstancial originado en una falla o desvío del
funcionamiento económico estimado normal; esto es, en condiciones de equilibrio y estabilidad bajo el
supuesto de mercados que operan en competencia perfecta. La responsabilidad en el origen de esas
distorsiones monetarias, que se expresan en una sobrevaluación cambiaría, un exceso de demanda global
y una excesiva expansión crediticia, se adjudica en definitiva al erróneo manejo de las políticas
económicas que impiden el libre funcionamiento de los mercados.
Sobre la base de la teoría liberal clásica, en este paradigma se funden el monetarismo y la
economía de oferta, incluyendo la teoría de las decisiones públicas o public choice y la de las
expectativas racionales.
Los autores nionetaristas (Friedman) y neomonetaristas o de la "nueva macroeconomía
clásicá" (Lucas, Barro) parten de la teoría cuantitativa del dinero, según la cual un aumento
en la cantidad de dinero lleva a un aumento de la misma proporción en el nivel de precios.
Por ello, critican el planteamiento keynesiano (aunque comparten con él objetivos comunes,
como luego se verá) de que políticas fiscales o monetarias expansivas puedan tener efectos
sobre la economía real en el largo plazo (e incluso algunos afirman que ni siquiera en el
corto). Por el contrario, sostienen que el aumento de la masa monetaria que implican, acaba
provocando aumentos en los precios que anulan esos efectos.
A su vez, esto les lleva a sostener que la curva de Phillips es vertical, es decir, que existe
una "tasa natural de desempleo", acuñándose dos conceptos: "NAIRU' (Non Accelerating
Inflation Rate of UnemPloyment o tasa de desempleo no inflacionista) y "NAWRW (Non
Accelerating Wage Rate of Unemployment o tasa de desempleo no aceleradora de los salarlos,
esto es, tasa a la cual los aumentos de salarios no sean inflacionistas, que su aumento no
supere al de la productividad). Por tanto, se debe flexibilizar el mercado de trabajo para que
se llegue "espontáneamente" a la "tasa natural de desempleo.
Sin embargo, en un informe de 1989, la OCDE reconoce que durante las décadas de los
setenta y los ochenta ambas tasas crecieron de forma significativa (más del doble en los siete
países más industrializados), mostrando que la llamada "tasa natural de desempleo" tiende al
nivel efectivo de desempleo (Gill, 1996: 719)
Esta cuestión es muy importante porque supone implícitamente la aceptación del
-mecanismo clásico del "ejército industrial de reserva", es decir, de la presión que un fuerte
contingente de mano de obra desempleada ejerce a la baja de los salarios y, por esta vía, a la
contención de precios. La conocida sentencia del ex-Gobernador del Banco de España,
Rubio, de que la tasa de desempleo no debía caer por debajo del 14%, es plenamente
coherente en el contexto capitalista en el que la destrucción de fuerzas productivas (por
ejemplo, por el lado de la fuerza de trabajo a través del desempleo, la reducción de salarios,
etc.) permite aumentar la ganancia profundizando también las contradicciones; al igual que la
caída de la bolsa neoyorquina como consecuencia de la publicación del dato de ocupación del
primer trimestre de 1996 que mostraba... ¡un descenso del desempleo!
Como se verá con más detalle en el último apartado de este capítulo, estas políticas
cambian el instrumento central utilizado en la búsqueda de aumentos en la tasa de plusvalía
que permitan recuperar la de ganancia. Así, el mecanismo inflacionario paradigmático del
período anterior es sustituido por la existencia de elevados porcentajes de la población activa
en situación de desempleo o subempleo.
Hay un aspecto especialmente débil en la teoría cuantitativa del dinero. Se trata de la
consideración de la oferta de dinero no como endógena (en función de la demanda de dinero),
sino como exógena (controlada por la autoridad monetaria), lo que impide que la política
monetaria recesiva recomendada (aumento de los tipos de interés) asegure el objetivo de
controlar la inflación. En efecto, los numerosos instrumentos existentes de emisión de crédito
por el sector privado permiten tanto el aumento de la velocidad de circulación del dinero
(constante para la teoría cuantitativa) como el propio aumento de la masa monetaria. Según
Samuelson y Nordhaus, el volumen de crédito en EE UU pasó desde 692.200 millones de
dólares en 1959 a 1,5 billones en 1970 y a 5,6 billones en 1984 (Torres, 1995: 85).
Contrariamente a los postulados monetaristas, este - Último dato se produce precisamente
porque entre 1979 y 1988 el tipo de interés real en promedio fue en más de nueve veces
superior al del período 1951-1978 (ib., 86). No debe olvidarse que el método estrictamente
instrumentalista de esta escuela les "exime" de que los supuestos de sus modelos sean
realistas.
Esto se constató empíricamente en los primeros años ochenta, cuando la aplicación de
estas políticas (especialmente en EE UU y Gran Bretaña) no permitió controlar la masa
monetaria. No obstante, la inflación sí se redujo, pero como consecuencia de la profunda
recesión que provocó caídas en el nivel absoluto de la producción del 0,1% (1980) y 2,6%
(1982) en EE UU y del 2,2% (1980) y 1,3% (198 1) en Gran Bretaña (Maddison, 199 1: 152).
Según datos de la OCDE, el número de desempleados en Gran Bretaña tras los dos primeros
años de Gobierno de Thatcher (1979-81) pasó de 1,3 a 2,5 millones (Torres, 1995: 112).
Los autores de la "economía de oferta" (Laffer, Mundell) también tienen su referente en la
escuela liberal clásica. De acuerdo a la "Ley de Say" (toda oferta crea su propia demanda),
sostienen frente a Keynes que hay que estimular la oferta, no la demanda.
Apoyándose en la teoría microeconómica neoclásica (Hayek) de que los determinantes de
las elecciones individuales son los precios relativos, sitúan como objeto principal de su
análisis la fiscalidad. Su tesis es que el exceso de intervención del Estado en este terreno
(fiscalidad demasiado elevada y demasiado progresiva) desincentiva la inversión productiva.
Su formulación más conocida es la "curva de Laffer", según la cual, a partir de un cierto
nivel, hay una relación inversa entre tipo impositivo y recaudación fiscal como consecuencia
de la ralentización de la actividad económica que provoca la alta presión fiscal. Y viceversa,
una reducción de la tasa de imposición permitiría un aumento de los ingresos gracias a su
efecto estimulador de la inversión. Como explica Gill (1996: 722),
la preocupación por la staffiation [estancamiento e inflación], la economía de oferta le sustituye por
una nueva que designa como taxflation [inflación por escasez de oferta debida a la fiscalidad excesiva].
La recomendación consiguiente es la reducción de los tipos marginales de tributación y,
en general, la eliminación de las disposiciones fiscales que obstaculicen la expansión de la
oferta de capital o de trabajo. Por la parte de la oferta de capital, se trata de estimularla
favoreciendo fiscalmente a quien tiene mayor capacidad de ahorro y, por tanto, de inversión.
Según Gilder 0., 722), la reducción de las desigualdades pasa por aumentarlas en un primer
momento. Por la parte de la oferta de trabajo, el objetivo es desincentivar el desempleo
reduciendo su protección (como se verá en el apartado 3.3.2.B). Coherentemente con sus
planteamientos, consideran que la cotización patronal a la Seguridad Social (es decir, una de
las formas de salario indirecto) es un "impuesto contra el empleo".
El corolario fundamental de estos planteamientos es la propuesta de reducir la
intervención del Estado al menor grado posible y, particularmente, proceder a una
privatización sistemática de empresas y servicios públicos. Como resume Gill (ib., 723),
sostienen que:
el Estado debe no solamente retirarse de las actividades productivas donde entra directamente en
concurrencia con el sector privado, sino también reducir al mínimo los gastos asociados a sus actividades
improductivas de salud y educación públicas, de protección social y de redistribución del ingreso, al igual
que de algunas de sus funciones administrativas o de proveer infraestructuras sociales. En esta
perspectiva, las funciones del Estado que no puedan ser privatizadas deben ser gestionadas según las
normas de la empresa privada y rentabilizadas, a falta de lo cual deberán ser eliminadas.
Sin embargo, la aplicación de estas recomendaciones en los primeros años ochenta ha
rebatido la curva de Laffer, al incrementar los déficit presupuestarios y la deuda pública. Ni
siquiera la recuperación económica que tiene lugar a partir de 1983 consigue revertir la
tendencia de forma significativa y generalizada.
Retornando el hilo argumental general, el análisis de estos dos enfoques permite obtener
una conclusión importante: no solamente no hay diferencias sustanciales entre ambos, sino
que su complementariedad es clara. Sus recomendaciones respectivas coinciden en la
búsqueda de espacios de ganancia a través de un abaratamiento del trabajo; en el primer caso,
asegurando que la "tasa natural de desempleo" presione los salarios a la baja hasta el punto
que permita una reconstitución de la tasa de ganancia sin recurrir para ello a la inflación; en el
segundo, a través de la reducción del salario indirecto y del diferido por la privatización de
servicios públicos (sanidad, transporte público, educación, pensiones) y por el recorte directo
en los programas públicos de cobertura social (desempleo); y también de la propia presión del
desempleo generado por la liquidación (bajo la forma de privatización) de los segmentos no
rentables del sector público.
Resumiendo, todo este análisis de carácter general se concreta en una serie de medidas de
política económica que, conjuntamente con la implantación de transformaciones estructurales
(estudiadas en el siguiente apartado), tratan de ayudar a recomponer los espacios de
valorización del capital.
Concretamente (Lichtensztejn y Baer, 1986: 74),
las principales esferas a considerar en una política de estabilización son la cambiaría,
monetario-crediticia, fiscal y salarial. Reestablecer el equilibrio de la balanza de pagos (sobre todo en sus
cuentas de comercio) y la estabilidad de precios se estiman requisitos vitales para asegurar una base firme
de crecimiento económico de cada nación, alentar el comercio y las inversiones extranjeras y, por
consiguiente, dinamizar la economía internacional.
La forma específica que toman las medidas que se proponen/imponen en cada ámbito es
la siguiente. En el plano monetario-crediticio, con carácter genral se busca limitar la
expansión de la masa monetaria, contrayendo el crédito mediante la implantación de políticas
monetarias restrictivas (elevación de los tipos de interés). En el ámbito fiscal, se persigue la
reducción del déficit público a partir de políticas recesivas basadas en la contracción del
gasto. En relación a la política salarial, las medidas planteadas se centran en el control de los
aumentos salariales a través de distintos mecanismos (impidiendo alzas superiores a la
productividad y ligando los incrementos no a la inflación pasada, sino a la prevista).
Finalmente, respecto a la cuestión cambiaría en las economías con déficit por cuenta
corriente, se proponen devaluaciones para la mejora del saldo, junto a la unificación de los
tipos de cambio de las distintas operaciones y a la eliminación de las prácticas
obstaculizadoras al comercio internacional.
Es importante recalcar que estas medidas de política económica se vinculan a las
transformaciones estructurales que se verán en el siguiente apartado: privatización,
desregulación y apertura externa; es decir, que no sólo no hay ninguna oposición entre la
política económica coyuntural y ¡a reestructuración general, sino que su interrelación es
absoluta. Esta interrelación obedece al intento común de recomponer espacios de valorización
del capital.
3.3.2. Los ejes centrales del ajuste: privatización, desregulación y apertura externa
Los planes e ajuste se caracterizan por intentar aplicar, junto a determinadas políticas
económicas coyunturales, transformaciones de carácter estructural. Con ellas se busca
modificar el funcionamiento de la economía sobre la que se aplican (en última instancia, la
economía mundial) para facilitar la valorización del capital.
Sin embargo, la aplicación de estas transformaciones no es mecánica ni lineal. Como en
cualquier proceso social, el intento de aplicación de una política es estrictamente eso, un
intento, ya que su aplicación efectiva, real (su materialización) depende de la reacción de los
distintos sectores y clases sociales. Este tema es muy importante porque estas reacciones (en
definitiva, la lucha de clases) constituye del principal factor explicativo de los distintos ritmos
e intensidades de la implantación de las políticas de ajuste.
Un ejemplo extremo puede ayudar a explicar esta idea. La privatización radical del
sistema público de pensiones en Chile se llevó a cabo en solamente 11 meses (en junio de
1980 se promulgó la ley y entró en vigor en mayo de 1981), gracias al marco dictatorial que
impedía cualquier reacción en contra. Sin embargo, el incipiente intento de tan sólo
(comparativamente) abrir la vía al desmantelamiento del sistema público de pensiones para su
posterior y paulatina privatización fue uno de los detonantes de la huelga general de
noviembre-diciembre de 1995 en Francia.
Precisamente este hecho amerita el estudio con mayor profundidad de la plasmacós e os
procesos de ajuste en las distintas áreas, tarea a la que se destina el resto de los capítulos.
También por eso, el tratamiento de las principales líneas de reestructuración se analiza a
continuación con carácter muy sintético y general.
Los ejes centrales del ajuste se orientan a la reducción selectiva de la regulación estatal de
la economía. De manera que, para el abaratamiento real de la fuerza de trabajo que permita la
recuperación de la tasa de ganancia, se privilegia el papel del desempleo y subempleo
masivos frente al mecanismo inflacionario previo. Su plasmación específica toma tres formas:
la privatización de empresas y servicios públicos, la desregulación (o desreglamentación o
liberalización) del marco regulador de la economía (particularmente en el mercado de trabajo)
y la apertura al exterior en los planos comercial y financiero. A continuación se abordará cada
una de ellas cori más detalle.
A) Privatización (4)
Los procesos de privatización no son simplemente un cambio de titularidad de
determinadas empresas o servicios, que pasan de ser públicos a privados. Son un proceso
económico, político y social de reestructuración que, a través de la transformación jurídica
del carácter de pública al de privada de la propiedad de una empresa, de un servicio o de una
actividad económica, abre nuevos espacios a la acumulación y ganancia privada. Todo esto,
como se argumenta más adelante, a costa de una aún mayor destrucción de fuerzas
productivas y de regresión social.
¿Por qué se privatiza? La explicación se encuentra más allá de las declaraciones oficiales
u ortodoxas, expuestas en el apartado anterior, acerca de la conveniencia de reducir la
intervención del Estado, puesto que ésta es simplemente la justificación pseudoteórica de la
aplicación de políticas acordes a determinados intereses. ¿Por qué, entonces, se privatiza?
Porque así se intenta dar una respuesta a la crisis, mediante la búsqueda de nuevos espacios
de valorización y de ensanchamiento de la ganancia en todos los ámbitos.
Para lo primero se privatizan aquellos sectores o segmentos rentables, o que pueden llegar
a serlo, previamente reservados al sector público como, entre otros, en la sanidad, la
educación, las telecomunicaciones, las pensiones -que no eran públicas por casualidad, sino
fruto, fundamentalmente, de la conquista por la clase trabajadora de su condición de tales-; y
para lo segundo, se busca reducir los salarios reales. Ambos fenómenos no se dan de forma
aislada, sino profundamente interrelacionados.
Los procesos de privatización tienen importantes efectos económicos y sociales. Su
análisis se va a centrar no tanto en los que implica sobre la eficiencia y sobre las cuentas
fiscales, sino sobre todo, en sus impactos sobre el crecimiento y la distribución del ingreso.
En cuanto a la eficiencia -de la que no existe una gran evidencia empírica en ningún
sentido-, únicamente se apuntarán dos consideraciones: a) que no se puede medir
exclusivamente desde el punto de vista monetario-financiero, sino que hay que incluir su
eficiencia o rentabilidad "social", y b) que el dogma tan profusa~ mente repetido de que las
empresas privadas siempre son más eficientes que las pública? se tiende a convertir en una
suerte de profecía autocumplida, puesto que sólo se privatizan las empresas o actividades más
rentables o las susceptibles de serlo a través de su saneamiento previo, la liquidación de sus
segmentos no rentables, la destrucción y precarización del trabajo ocupado o la garantía de
ingresos (mediante contratos privilegiados).
Respecto a las cuentas fiscales, solamente una visión absolutamente miope por
"cortoplacista" podría sustentar que vender activos rentables sea positivo para una entidad. En
efecto, de las privatizaciones, en el mejor de los casos puede resultar un ingreso neto en e
corto plazo. Los ingresos nominales que para las cuentas fiscales suponen la venta de una
empresa pública presentan la contrapartida de la pérdida de participación en sus beneficios, lo
que más tarde o más temprano acaba convirtiendo la operación en desventajosa para el
Estado. Es, dicho más clara~ mente, "pan para hoy y hambre para mañana'.
En relación al crecimiento, las políticas de privatización no tienen el efecto expansivo que
se les atribuye en la teoría convencional. Desde una perspectiva meramente nominal, puede
darse un cierto nivel de crecimiento por el incremento de precios. Sin embargo, desde un
punto de vista real, el resultado tiende a ser negativo por el cierre de todos aquellos
segmentos de la producción no rentables, o de menor rentabilidad, así como por las
disminuciones de plantillas; es decir, por la destrucción de fuerzas productivas que conlleva.
En este sentido, es especialmente elocuente lo ocurrido en los países del este de Europa: se
predijeron llegadas masivas de inversión productiva que aprovecharía las infraestructuras
existentes, la cualificación y disciplina del trabajo, el mercado potencial, etc. Sin embargo, el
proceso privatizador no ha sido sino un proceso liquidador, de especulación y de cierre de
sectores productivos (véase el Capítulo 5).
Y, en cuanto a la distribución del ingreso, la tendencia recién citada de reducción de
empleo tras cada proceso privatizador (tanto por el cierre de actividades como por la
búsqueda de una mayor rentabilidad del trabajo ocupado) presiona a la baja los niveles
salariales a través del meca- nismo clásico del "ejército industrial de reserva". Pero no es éste
el único mecanismo. También el salario "indirecto (es decir, el su ministro de una serie de
bienes y servicios por parte del Estado a precios inferiores al mercado) se ve afectado por los
cambios tarifarios que aplican los nuevos dueños de una empresa tras su privatización
(inmediata o posteriormente según el grado de competencia). El salario "diferido" (la parte
del mismo cuyo cobro se aplaza hasta la jubilación) también se reduce por la privatización de
su gestión (que también presenta otras importantes implicaciones económicas y sociales).
Además, las reestructuraciones que preceden a la privatización de aquellas empresas no
rentables, pero susceptibles de serlo, refuerzan -el contenido redistributivo fuertemente
regresivo de estas políticas por la transferencia de recursos del Estado al capital privado que
suponen.
Por tanto, la propia esencia de la privatización, que es la transferencia de recursos
efectivos y/o potenciales del Estado al capital privado, supone, en sí misma, una
redistribución de la participación en el ingreso de las distintas clases sociales. Esta
redistribución se da fundamentalmente entre el capital y el trabajo, de forma netamente
desfavorable para éste por los mecanismos apuntados. Pero también tiene lugar en el interior
de la esfera del capital. Efectivamente, en ella, aquellos sectores vinculados a los grandes
grupos transnacionales -que operan de forma oligopólíca por la tendencia a la concentración y
centralización de la propiedad del capital-, sobre todo financieros, refuerzan su posición
dejando cada vez menos espacios para las pequeñas y medianas empresas, especialmente para
aquéllas que realizan su actividad en el sector industrial.
El significado de la privatización va más allá de la apertura de nuevos espacios para la
valorización del capital, a través de la cual se hace negocio en sectores como las
telecomunicaciones o los transportes, pero también en la enseñanza, la sanidad, las pensiones
y hasta el desempleo, con las agencias privadas de colocación. A estos procesos les es
inherente otro rasgo: la lógica privada lleva inexorablemente a la liquidación de todos los
segmentos de actividad que no le son rentables, aparejando un fuerte componente de
destrucción de fuerzas productivas (desinversión, desempleo, etc.). Por ejemplo, en la
privatización de transportes que de forma prácticamente automática (salvo restricciones
legales, generalmente transitorias) se traduce en la eliminación de las líneas u horarios menos
rentables.
os rentables.
En definitiva, el significado básico de las privatizaciones no es sino la transferencia de un
importante volumen de recursos efectivos o potenciales del Estado al capital; específicamente
a determinados segmentos: aquéllos dirigidos por el transnacional y enlazados con el
financiero- especulativo (más directamente parasitarios). Su otra cara es, obviamente, la
pérdida de participación en el ingreso del resto de la población (directa e indirectamente) y
por ende en su consumo; es decir, un empeoramiento de sus condiciones de vida.
Aparentemente, visto así, sólo podrían darse problemas en el plano político o social. Sin
embargo, incluso desde la propia lógica del capital, se plantean otros problemas. En efecto, lo
que se propone como un medio para la generación de nuevos -y también mayores- espacios
de acumulación capitalista, redunda en la profundización de las contradicciones: entre otras,
la preeminencia absoluta de los ámbitos financieros que viven de parasitar de los productivos,
las graves escaseces de demanda (por los altos niveles de desempleo/subempleo y los
reducidos salarios reales) y los nuevos impulsos a la ya desaforada concentración del capital.
B) Desregulación
La regulación (o reglamentación) existente en las distintas economías es la expresión legal
del proceso histórico de lucha de clases que permitió la consolidación de una serie de
importantes conquistas sociales (derecho de asociación y huelga, salario mínimo, negociación
colectiva, cobertura de desempleo, vejez y enfermedad, etc.). Las políticas de desregulación o
desreglamentación pretenden, por tanto, la reducción o eliminación de dicho marco legal; es
decir, la liquidación de esas conquistas.
Como ya se ha visto, el discurso fondomonetarista sostiene que la intervención del Estado
distorsiona el funcionamiento de los mercados, generando desequilibrios e ineficiencia.
Además de a la regulación de las relaciones económicas con el exterior, se refiere,
especialmente, al mercado de trabajo. En este mercado, el elevado desempleo abierto es la
distorsión (mas no así el subempleo) y la regulación excesiva su explicación.
El FMI (1993: 70) sostiene:
un desempleo alto y en aumento no se debe a una competencia excesiva ni al ritmo vertiginoso de las
innovaciones tecnológicas. Es más probable que sea obra de mercados de trabajo inflexibles y de la falta
de competencia y de avance tecnológico que padecen los sectores que se ponen al abrigo de las fuerzas
del mercado, ya sean nacionales o internacionales.
Por tanto, su propuesta no puede ser otra que la desregulación o flexibilización (ib.,
71-72):
La solución del desempleo persistentemente alto debe buscarse principalmente en el área de las
políticas estructurales. Hay que efectuar reformas que aumenten la flexibilidad de los trabajadores y de
los mercados -sobre todo los de trabajo- de modo que el sector privado esté en mejores condiciones de
adaptarse dinámicamente creando nuevos puestos de trabajo cuando otros se pierden (...) es urgente
reexaminar el financiamiento y la generosidad global de los planes de seguro social, a fin de eliminar las
características que desalientan la creación de empleos por elevar los costos del trabajo a cargo del
empleador en relación con la remuneración de los empleados y que reducen los incentivos para que el
desocupado se emplee (...) los salarios mínimos obligatorios indebidamente altos y las normas
excesivamente rígidas de protección del empleo tienen efectos similares (...) habrá que acrecentar la
flexibilidad de las normas de trabajo eliminando las restricciones de horario y de trabajo a tiempo parcial
y modificar los reglamentos ( ... ) a fin de aumentar la movilidad del trabajo. Tienen que reformarse los
sistemas de negociación de salarios de algunos países para aumentar la flexibilidad de los salarios ( ... )
debe impedirse que a consecuencia del poder de mercado de las personas actualmente empleadas -los
"elementos internos"- el nivel del salario real sea demasiado alto para que los desempleados -los
"elementos externos"- puedan encontrar trabaj o ( ... ) será necesario reorientar el gasto público que afecta
al mercado de trabajo, destinándolo no a financiar programas pasivos de mantenimiento del ingreso, sino
a la ejecución de una política activa de mercado de trabajo.
Ante la conciencia asumida socialmente del avance que supone el mantenimiento de las
políticas que aseguran las conquistas citadas, el FMI (ib., 72) contraataca intentando dividir a
la sociedad, al afirmar que:
las políticas de esa índole casi siempre representan un "benficio social" sólo para los recursos
humanos empleados, que quedan protegidos de la competencia [sic] de los desempleados, y no para toda
la sociedad.
Sin embargo, el razonamiento implícito es otro. Éste, no sólo no se preocupa por la
infrautilización del trabajo disponible -desempleo y subempleo- sino que lo impulsa (bajo la
forma del subempleo o empleo precario que desempeña el mismo papel de "ejército de
reserva". presionando los salarios a la baja, que el desempleo abierto).
Conviene precisar que se considera empleo precario o sub~ empleo a cualquier relación
laboral (legal o no) distinta de la reglada; ya sea por duración limitada del contrato, por
dedicación a tiempo parcial, por realización de las tareas fuera del espacio de la empresa (a
domicilio), por la infrautilización de la cualificación del trabajador, por la ausencia de
cobertura legal y de Seguridad Social (economía sumergida o "informal", sin relación
contractual) o por la contratación por una entidad distinta de aquélla a la que se prestan
realmente los servicios. Cualquier relación laboral que incluya alguna de estas características
es de carácter precario. El citado impulso a estas modalidades de trabajo tiene por objetivo el
abaratamiento del trabajo que facilite la valorización del capital; es decir, el aumento de la
tasa de ganancia, (D'-D)/D, a través de una reducción de D (pues M se ha abaratado por el
lado de la fuerza de trabajo, FT).
Como señalaba la OCDE en 1984 (Cize y otros, 1990: 180),
las medidas tomadas para superar los obstáculos a la concurrencia e incrementar la flexibilidad de los
mercados de trabajo, de productos y de capitales han contribuido, y pueden contribuir más todavía, a la
mejora de los desempeños económicos generales ( ... ) la parte de los costes de mano de obra en el valor
añadido total es ahora más reducida que en 1973 y deberá aún disminuir en 1985 ( ... ) de manera más
general, el problema de la instauración en el mercado de trabajo de condiciones propicias a la creación de
empleo va mucho más allá de la cuestión de los costes reales de la mano de obra. En ciertos países, las
disposiciones relativas a los despidos parecen intervenir considerablemente en las decisiones de
contratación de las empresas ( ... ) [hay que flexibilizar los salarios] que parecen jugar un papel
particularmente importante en el problema del desempleo juvenil [y la movilidad laboral] tanto
geográfica como socio-profesional.
Y en 1987 0., 178),
en particular habría- que reducir las subvenciones industriales ( ... ) la eliminación de los obstáculos a
la movilidad de la mano de obra reduciría los riesgos de presiones sobre los salarios a medida que el
desempleo disminuyera ( ... ) por consiguiente aparece como imperativo en algunos dominios de la acción
gubernamental el abstenerse de tomar nuevas medidas que quebrantan el juego de los mercados y el
emprender la supresión de las que ya existen.
También, el Banco Mundial, en relación a los países subdesarrollados, plantea (Cize y
otros, 1990: 180):
un gran número de países en desarrollo han adoptado leyes de salario mínimo para proteger los
salarios de determinados grupos de trabajadores. La reforma de estos reglamentos, que solamente debería
asegurar a los trabajadores peor pagados una red de seguridad, satisfará los objetivos de equidad junto a
reducir el grado de distorsión.
En definitiva, en torno a la desreglamentación se da una ofensiva considerable. Sus
efectos se traducen en un incremento de la precariedad laboral que facilita el abaratamiento
del trabajo y la degradación de otros aspectos de las condiciones laborales. Consecuencia de
todo ello es el aumento de la desigualdad, así como el deterioro de las condiciones de vida de
una parte muy importante de la población. Además de estos efectos directos, hay otras
implicaciones, de carácter político, que buscan la propia destrucción de toda cohesión social y
organización de clase independiente, como se analiza en el apartado 3.3.3.
Este punto se explica de forma muy ilustrativa con la situación de Senegal. En la
actualidad, el Código de trabajo sólo cubre a una parte muy reducida de los trabajadores
senegaleses (apenas 40.000 de una población activa de unos tres millones y medio). Sin
embargo, por paradójico que pueda resultar, esa pequeña parte es la regla, y el resto (la
mayoría aplastante), la excepción. Si se aplicará la propuesta existente de eliminar dicho
código, esta situación sería la regla. En tanto exista el Código de trabajo, el objetivo de todos
los trabajadores será estar cubiertos por él, lo que fortalece la existencia de organizaciones
sindicales. Este razonamiento es igualmente aplicable a la situación del mercado laboral en
los países desarrollados, en los que, a pesar de que la mayoría de los nuevos contratos sea de
carácter precario, éstos no dejan de ser excepcionales (en el sentido de que están fuera de la
norma).
C) Apertura
Desde los orígenes del capitalismo, su lógica de búsqueda de la mayor tasa de ganancia
lleva a la internacionalización creciente de la actividad económica. La explicación es sencilla:
para facilitar la realización del ciclo D-M-P-M'-D' se requiere, entre otras cosas, la
disponibilidad de materias primas más baratas (para que comprar M cueste menos D,
aumentando así la diferencia entre D' y D respecto a D) y de más mercados para colocar los
productos (que permitan el paso de M' a D') o el traslado (o deslocalización) de ciertas
actividades productivas para utilizar mano de obra más barata (para abaratar también el costo
de M); y para facilitar asimismo el ciclo D-D', prestando capitales en países con mayores
tasas de interés, actuando en los mercados cambiarios internacionales, etc.
Históricamente, los distintos capitales nacionales han reclamado la reducción y paulatina
eliminación de las barreras que otros países ponen al intercambio comercial exterior y al
movimiento internacional de capitales. Pero, simultáneamente, exigían también el
mantenimiento en sus países de esos obstáculos a la competencia que podía venirles del
exterior.
Además de la existencia de intereses antagónicos entre capital y trabajo, en el capitalismo
se presenta otra fuente de conflicto importante. Se trata de la derivada de la competencia entre
los distintos capitales, cuyos intereses generales respecto al trabajo son comunes, pero entre
ellos son contrarios, como consecuencia de que los espacios de generación y apropiación de
ganancia son limitados. Estos conflictos se agudizan en períodos de crisis.
Por otra parte, el proceso histórico de concentración y centralización del capital, también
intensificado durante la crisis, altera el escenario de competencia, que nunca había sido
"perfecta", salvo en los textos de algunos autores, otorgando poder oligopólico u
oligopsónico; es decir, de demanda, a determinados grupos; y no sólo a escala nacional, sino
también mundial.
Este último punto es clave. La vinculación histórica entre los capitales nacionales y los
Gobiernos respectivos conformó una extensa red de protección para estos capitales a los que
se les trataba de reservar los espacios de ganancia del país. El objetivo era obstaculizar la
utilización de dichos espacios por parte de capitales exteriores y el mecanismo la adopción de
políticas proteccionistas: impuestos a los productos de fuera, restricciones a la entrada y
salida de capitales, etc. Incluso, se facilitaba la valorización de los capitales nacionales
promoviendo sus ventas en el exterior.
La aplicación de políticas de ajuste en respuesta a la crisis no puede satisfacer
simultáneamente los intereses de los distintos segmentos del capital. El predominio y
capacidad de influencia de los grandes grupos y corporaciones transnacionales les permite
imponer su orientación: la que les facilite su valorización a escala mundial. Ésta no es otra
que una modalidad específica de apertura externa materializada en la liberalización del.
comercio y los movimientos de' capital internacionales, mas no así en la circulación de
trabajadores, que es fuertemente restringida y perseguida, o, dicho de otra forma, en el
desmantelamiento de la protección que reserva los espacios nacionales a los capitales
nacionales. Existen otras modalidades de apertura como la que se puede llevar a cabo a partir
del monopolio estatal del comercio exterior.
Nótese que también para este objetivo son funcionales las recomendaciones neoliberales
acerca de la reducción de la intervención estatal en la economía (basadas en la "teoría de las
ventajas comparativas". Y también en este caso hay contradicción entre la teoría y la práctica.
Por ejemplo, el Gobierno de EE UU, como otros, aunque especialmente por su control de los
principales organismos internacionales, propone la liberalización de las relaciones
económicas internacionales mientras mantiene todo su entramado de protección interna. Es
decir se sugiere un esquema del tipo de: "pongarnos vuestros espacios a disposición de todos,
sometidos al juego de la competitividad de cada uno..., pero yo sigo reservándome los míos
para mí".
Con lo dicho hasta ahora, pareciera que se trata de un problema que sólo afecta al capital.
Sin embargo, no es así, ya que se aprovecha la consigna de apertura y liberalización externa
para, por una parte, liberalizar internamente en el sentido de liquidar las conquistas sociales y,
por otra parte, plantear un esquema tramposo de competencia internacional entre
trabajadores; de manera que los trabajadores de todos los países deben aceptar el
empeoramiento de sus condiciones de trabajo en aras de una mayor competitividad. Se
califica de tramposo porque es similar al del alumno que pide a todos sus profesores que le
regalen el aprobado en su asignatura argumentando que es la única que le resta para acabar.
De hecho, tanto en el informe sobre competitividad del World Economic Forum como en
el del Instituto Internacional de Gestión y Desarrollo, separados desde este año 1996 (El País,
27 y 30 de mayo de 1996), los países de Europa occidental tienden a perder posiciones,
mientras otros países como Chile (sic) las ganan. Concretamente, en el primero de ellos, se
dice:
Alemania, número 22, debe ese puesto, fundamentalmente, al Estado del Bienestar y a la falta de
flexibilidad en el mercado de trabajo, aunque el informe admite su posición predominante en
infraestructura y tecnología ( ... ) [Rusia es] el país menos competitivo de los 49 de que consta la lista ( ...
) el caso más desesperado [aunque] la mayor flexibilidad en el mercado laboral mejora un poco el
panorama.
Además, estas políticas tienen efectos negativos en el empleo derivados de la liquidación
de parte importante de la base productiva (específicamente industrial) que provocan.
La apertura externa implantada por la dictadura en Chile, especialmente entre 1976 y
1982, es un caso extremo muy interesante de reseñar; en relación al cual, además, no pueden
argüir los teóricos neoliberales que no se siguieran sus recomendaciones. La apertura
acelerada e indiscriminada, aplicada de forma prácticamente simultánea en el plano comercial
y en el financiero, provocó una secuencia en la que la llegada masiva de capitales -la deuda
externa aumentó más del 30% en 1979 y del 40% en 1980financiaba un elevado incremento
de las importaciones cuyos precios relativos respecto a los productos nacionales se habían
abaratado enormemente -entre 1974 y 1979, el arancel promedio se había reducido del 94% al
10, 1 % y la moneda se apreciaba en términos reales- En 1981 superaron el 33% del PIB,
cuando en 1974 no llegaban al 15%. Aumentaron especialmente las de carácter suntuario,
cuya participación en el total pasó del 4% al 14%. La imposibilidad de mantener esta
secuencia confluyó en el posterior estallido de la crisis de la deuda.
Y el corolario fue la brutal crisis de los primeros años ochenta en los que, según datos
oficiales, la producción llegó a caer en un solo año, 1982, hasta un 14,1% (un 21% la
industrial) y el desempleo se elevó, en 1983, hasta el 28,5% (aunque casi todos los autores lo
sitúan en realidad muy por encima del 30%). En todo ello, la apertura tuvo una
responsabilidad central (Arrizabalo, 1995: 182-189, 235 y anexo estadístico).
En todo caso, en el apartado 3.4 se analizan con más detalle las importantes consecuencias
que esta modalidad de apertura externa tiene sobre la actividad económica y las condiciones
sociales.
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El Banco Mundial, en su "Programa indicativo de acción" presentado en el "Informe sobre
el desarrollo mundial 1987" (Cize y otros, 1990: 179), resume las transformaciones
estructurales, que deben aplicarse como sigue:
los países industrializados deben eliminar sus rigideces económicas, estructurales ( ... ) Tres áreas de
acción son particularmente importantes: en primer lugar, la reducción de las barreras comerciales en los
sectores protegidos tales como la agricultura, la siderurgia, el textil, la confección, el calzado, el cuero y
los astilleros, contribuiría poderosamente a aumentar la concurrencia y a promover la flexibilidad ( ... ) el
segundo área de acción concierne al mercado de trabajo, en particular en Europa, donde la falta de
flexibilidad ha agravado claramente el paro. La tendencia a fijar los salarios al nivel de las regiones más
prósperas, el inmovilismo geográfico y profesional, el coste elevado de los despidos y las pesadas tasas
sobre los salarios son otros tantos elementos que han impedido al mercado de trabajo funcionar
eficazmente (...) la misma gravedad del desempleo supone un obstáculo a la mejora de las restricciones
comerciales. Los trabajadores temen perder su empleo. Se puede remediar esta situación suprimiendo los
reglamentos sociales inútiles y acordando las indemnizaciones de educación, de formación y de mudanza
( ... ) en tercer lugar, ( ... ) la mejora de las subvenciones a la agricultura, combinada con una asistencia en
favor de las industrias que deben reestructurarse, contribuiría a una mayor flexibilidad.
En definitiva, se trata de que en el estadio de crisis crónica y estructural de la economía
mundial, el capital, de acuerdo a su lógica de funcionamiento, busca los medios de
incrementar o, al menos, mantener su tasa de ganancia (especialmente considerando la
apropiación creciente que de ella se hace en el ámbito especulativo).
Para ello se aplican las políticas de ajuste materializadas en la apertura exterior
(desreglamentación) como mecanismo de ampliación de la base de extracción y apropiación
de plusvalía para el capital transnacional, sobre todo en el ámbito financiero; en la
desregulación/precarización del mercado laboral como forma de abaratar el costo del trabajo
para aumentar la tasa de plusvalía e impulsar al alza la de ganancia y, en la privatización, con
los mismos objetivos y con un componente central, en muchos casos, de camuflaje de
procesos de cierre de empresas/sectores, es decir, de destrucción de fuerzas productivas.
3.3.3. La otra cara del ajuste: su dimensión política
Considerando las consecuencias negativas de las políticas de ajuste para la mayoría de la
población: ¿cómo se consigue aplicarlas sin que se produzcan resistencias e, incluso,
estallidos sociales?
Ya se ha explicado que su aplicación no es lineal ni automática, sino que depende de la
respuesta de los distintos sectores y clases sociales. Precisamente, la oposición que genera
hace que los ritmos e intensidades de su implantación sean variados.
Los organismos internacionales utilizan distintos instrumentos para facilitar esta
implantación. El primero se da en el terreno de las discusiones teóricas, tanto en el plano
académico como en el político. Su objetivo es legitimarla o avalarla. En este sentido, se trata
de un instrumento estrictamente propagandístico.
No obstante, a pesar de que como tal tiene cierta relevancia, es evidente que no resulta
suficiente para asegurar su objetivo. Por eso, se utiliza también el mecanismo de fomentar la
división al interior de la clase trabajadora; por ejemplo, como se refleja en los textos del FMI
citados anteriormente, al presentar como antagónicos los intereses de los trabajadores
empleados y los de los trabajadores desempleados; o los intereses de los trabajadores de los
países desarrollados respecto a los de los subdesarrollados (5).
Sin embargo, sigue sin ser suficiente. Y, por otra parte, preocupa la amenaza a la
estabilidad que implica el deterioro brutal de las condiciones sociales en muchos lugares.
Aquí aparece el BM para desempeñar una tarea fundamental, diseñada explícitamente desde
finales de los años sesenta. Concretamente, en el informe Partners in Development
("Asociados en el desarrollo", más conocido como Informe Pearson"), de 1969, ya se plantea
la necesidad de tener en cuenta los desequilibrios sociales, lo que dará lugar a toda la
discusión posterior sobre las necesidades básicas, la pobreza, el "Diálogo Norte-Sur" y el
"Informe Brandt" etc.(6)
Como explican Lichtensztejn y Baer (1986: 128),
Aun el propio enfoque de las necesidades básicas, supuestamente ligado al crecimiento de los países
agrícolas más pobres, desbordó en la época de McNamara sus explícitos objetivos económicos y sociales
para acoplarse a consideraciones sobre la seguridad política; vale decir, la seguridad pasó a constituirse
en atributo del desarrollo económico.
Ya que el propio McNamara, Presidente a la sazón del Banco Mundial (ib., 129) reconocía
en 1977:
lo que es muy mala economía es permitir que un cultivo de pobreza crezca y se difunda en el
seno de una nación en tal medida que comience a infectar y erosionar toda trama social.
Si verdaderamente la actuación del FM1/BM tuviera por objeto combatir la pobreza,
estaríamos ante un flagrante caso de esquizofrenia, puesto que al fin y al cabo sus políticas
son las responsables de su existencia y magnitud. Pero su actuación, particularmente la del
BM, no pretende ese fin. El objetivo real es desmovilizar la oposición a sus políticas. Esta
orientación tomará cuerpo más claramente desde 1980 con el establecimiento de los
Structural Adjustment Lendings (SAL,"Préstarnos para ajuste estructural"). Es decir,
préstamos orientados a ayudar a hacer pasar el ajuste promovido por el FMI. Una vez más se
manifiesta el reparto de papeles entre ambas instituciones, puesto que (ib., 15),
como en muchos otros planos de la economía y la diplomacia internacional, la crisis ha servido, pues,
para dejar al desnudo y sin falsos pudores las fuerzas en juego y las funciones reales que gobiernan las
dos más grandes instituciones internacionales del moderno capitalismo transnacional.
El esquema de colaboración entre el FMI y el BM reparte las tareas. El FMI impone la
aplicación de durísimos planes de ajuste, mientras el BM pone los fondos para facilitar dicha
aplicación.
Valga un ejemplo para ilustrar la argumentación: del crédito de 424 millones de dólares
concedido a Argentina por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 1 de noviembre de
1996, más del 75% (320) es para la reforma de los sistemas provinciales de Seguridad Social,
es decir, para avanzar en su privatización "a la chilená"; o dicho de otro modo, para apoyar la
política fondo mo netarista (El País, 2 de noviembre de 1996).
Además de la canalización de fondos para preparar el terreno a la privatización, la
desreglamentación y la apertura, el BM tiene otra tarea fundamental, en colaboración con
Naciones Unidas. En la búsqueda de la desmovilización citada, un instrumento privilegiado
es promover la integración de las organizaciones obreras (especialmente los sindicatos) a la
co- gestión de las políticas de ajuste.
Un mecanismo utilizado en este sentido es la política llamada de "cooperación al
desarrollo", en la que bajo pretendidas consideraciones de carácter "humanitario" se esconden
otras intenciones. Como reconocía la propia Comisión de las Comunidades Europeas en su
Documento de Trabajo n.o 5 de 1987,
la Comunidad Económica tiene un interés económico directo en ayudar al Tercer Mundo pues
depende de éste más que otras potencias industriales: dependencia energética ( ... ) dependencia en
materias primas ( ... ) buscar nuevos mercados de exportación ( ... ). Así, muchas veces la llamada
"ayuda" no son sino préstamos para vender excedentes o tomar posiciones geoestra tégicas en
determinadas áreas u otras modalidades de igual significado.
No es éste el espacio para analizar pormenorizadamente esta política, pero sí interesa
considerar su significado en relación al ajuste. La política de cooperación se articula
crecientemente a través de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que
complementan la actividad del FMI/BM a través de la financiación oficial que reciben
(gubernamental o intergubernamental).
El Banco Mundial explica abiertamente que la intervención de las ONG en los proyectos
financiados por el Banco, que se remonta a veinte años atrás, se ha convertido actualmente en
uno de los pilares de la actividad del Banco, de manera que tras el final de los años ochenta,
esta relación se ha reforzado notablemente tanto cuantitativa como cualitativamente; y da
datos:
la colaboración operacional entre el BM y las ONG aumentó en grado significativo durante los
últimos diez años. Mientras que en el período 1973-1988 sólo el 6% de todos los proyectos financiados
por el Banco preveían algún tipo de participación por parte de las Organizaciones No Gubernamentales,
éstas participaron en alrededor del 30% de todos los proyectos financiados por el Banco en el ejercicio de
1993, y entre el 40% y el 50% de los proyectos aprobados en los ejercicios de 1994 y 1995.
Prueba de la importancia de las ONG en este sentido es que "en 1993, los programas de
las ONG internacionales representaron el 14% de toda la asistencia para el desarrollo, o US$
8.500 millones" (7).
Entre las tareas que se persiguen con la financiación de las ONG se encuentran la
desmovilización de los sectores populares estimulándoles a que, en lugar de reivindicar
derechos, "mendiguen" ayudas, sustituyendo los espacios de organización política
independientes del Estado por nuevos ámbitos dependientes de él, lo que se traduce en
frecuentes episodios de corrupción de dirigentes. Además, con la excusa de la orientación
"humanitaria", se utiliza masivamente mano de obra muy precaria, e incluso gratis. Se busca
su colaboración en los procesos de privatización cubriendo la liquidación de la cobertura
pública de determinados derechos (salud, educación, vivienda) por la "caridad" de las ONG;
y, finalmente, la legitimación social de la "inevitabilidad" del ajuste.
Resultan ilustrativas en este sentido las palabras del Ministro de Hacienda chileno,
Aninat, en octubre de 1996 como presidente de la Asamblea del BM/FMI. Destaca la
integración en el discurso de la preocupación social y su concreción práctica que recomienda
descaradamente la privatización de servicios sociales al hablar de la
necesidad urgente de una mayor eficiencia y una orientación más selectiva del gasto social ( ... ) la
prestación privada de servicios sociales financiados por el sector público es sólo un ejemplo de las nuevas
posibilidades de aumentar la eficiencia (La Época, 6 de octubre de 1996).
Hay multitud de ejemplos de esta colaboración. Se pueden citar dos, relevantes y
recientes. Uno es la intervención militar de EE UU en Somalia, presentada como humanitaria,
que responde a la llamada de las ONG que demandaban la "pacificación" de la zona para
poder llevar a cabo su tarea. Sin embargo, desde tiempo antes, había informes que planteaban
la urgencia de una intervención militar de EE UU en Somalia por razones estrictamente
económicas vinculadas a la situación geográfica del país (en relación a las principales vías
marítimas de transporte de productos tan importantes como el petróleo).
El otro se produce tras la invasión estadounidense de Haití y consiste en, a petición de las
ONG, el envío masivo de donaciones de arroz procedente de EE UU al país caribeño. Su
recepción consiguió arruinar la producción local de arroz, obviamente incapaz de competir
con la que llegaba gratuitamente. El resultado final fue que, gracias a las ONG, el arroz
seguía lle~ gando del exterior pero a precios internacionales, con impactos negativos sobre la
balanza comercial, el empleo y el propio precio del arroz en el mercado haitiano.
Como se aprecia en ambos casos, las ONG cumplen fielmente las tareas para las que se
las financia.
La importancia del ajuste es de tal magnitud que, de hecho, se constituye en la línea
principal de fractura. Sus consecuencias negativas para la mayoría de la población exigen la
adopción de toda una serie de instrumentos para garantizar su aplicación sin que se desate la
contestación de forma generalizada y organizada. Los aspectos reseñados tratan de cumplir
ese papel, pero el tema sigue estando abierto, como se expresa por doquier. Es precisamente
por la importancia de los sindicatos en este sentido, por lo que se les intenta hacer
co-responsables del ajuste. Un ejemplo ilustrativo lo ofrece Naciones Unidas al invitarlos a su
"Cumbre para el Desarrollo Social", celebrada en Copenhague en marzo de 1995,
ofreciéndoles dos posibles fórmulas: formar parte, o de las delegaciones de las ONG, o de las
gubernamentales; es decir, en ambos casos cuestionando su independencia. Sobre esta
cuestión se volverá en el último apartado de este capítulo.
3.4. Resultados de las políticas de ajuste
En los apartados anteriores ya se han avanzado elementos importantes relativos a los
resultados de la aplicación de las políticas (tanto coyunturales como estructurales) que
conforman los planes de ajuste. Por otra parte, en los siguientes capítulos del libro se estudian
con más detalle para cada una de las áreas. Por ello, en este apartado únicamente se van a
abordar de forma general y muy sintética.
También se ha estudiado ya la responsabilidad directa del FMI/BM en la implantación del
ajuste y, por tanto, en sus resultados. Esta aclaración no es baladí, puesto que constantemente
se producen declaraciones de empleados o ex-empleados de estos organismos que les eximen
de cualquier responsabilidad en ellos; por ejemplo, Feito (VV AA, 1994: 46-47) afirma:
la dureza del proceso de ajuste, la caída de los niveles de vida que tiene que sufrir el país para
equilibrar sus cuentas exteriores vendrá determinada esencialmente por la gravedad de la situación de
partida, por las condiciones de la demanda mundial y por la oferta de financiación internacional, no por
las medidas que configuran el proceso de ajuste del FM1, medidas que vienen impuestas por el estado de
esas variables ( ... ) una situación como la descrita no deja alternativas a la política económica ( ... ) no se
debe culpar al programa de política económica diseñado por el FMI de amenazar la estabilidad social de
estas naciones, sino a las condiciones de la economía internacional, al marco institucional que regula las
relaciones internacionales y a la política económica instrumentada en el pasado por estos gobiernos que
permitió que sus desequilibrios alcanzarán tamaña magnitud.
Una última aclaración respecto a la evaluación de los resultados. Interesan tanto los
relativos a los objetivos declarados como, especialmente, al objetivo implícito de fondo, es
decir, el restablecimiento de las condiciones de valorización del capital (8). Como señalan
Lichtensztejn y Baer (1986: 99-100),
más que la evaluación de los objetivos formales de equilibrio (financiero y de precios) en el corto
plazo ( ... ) lo esencial de esas políticas sería comprender sus eventuales efectos reestructuradores sobre la
dinámica de la acumulación y las relaciones de poder económico.
3.4.1. Destrucción económica
Los planes de ajuste se inscriben en el esquema neoliberal según el cual asegurar la
estabilidad de los mercados garantiza el crecimiento y, por ende, la mejora de las condiciones
de vida de la población. Es decir, plantea dos relaciones causales encadenadas. Ninguna de
las dos es constatada empíricamente.
La estabilidad no garantiza el crecimiento, y menos si el instrumento para lograrla son las
políticas monetaristas. Recuérdense los casos citados de EE UU y Gran Bretaña en los
primeros ochenta o el caso chileno en el mismo período, en el que 1982, el año de menor
inflación (9,9%), es también el de mayor caída de la producción (-14,1%), y en donde la
posterior recuperación del crecimiento ha ido acompañada de mayores niveles de aumento de
los precios (Arrizabalo, 1995: 284 y 298).
Y el crecimiento económico tampoco certifica la disminución de las deficiencias sociales.
Es más, en muchos casos se basa en su mantenimiento y profundización, como en el caso del
elevado crecimiento reciente de China o del propio Chile durante los últimos años de la
dictadura y los primeros de la transición.
Desde el punto de vista instrumental y cortoplacisia, las políticas de ajuste logran algunos
de sus objetivos, aunque no siempre. Por ejemplo, en muchos casos se consigue controlar la
inflación. Sin embargo, las contradicciones que incluyen dificultan la consecución de otros.
Es el caso del de la reducción de los déficit públicos, complicada por el efecto recesivo de las
políticas antiinflacionarias adoptadas que restringen los ingresos fiscales, mientras
incrementan los gastos de compensación.
Desde el punto de vista estructural, el ajuste también tiene resultados ambiguos. Por una
parte, es evidente que la ampliación de espacios de ganancia realizada mediante la apertura y
las privatizaciones (que también hacen disminuir los salarios indirectos y diferidos) y el
deterioro de las condiciones laborales (especialmente del salario) por la desreglamentación
favorecen la acumulación. Pero también lo es que los mecanismos utilizados conducen a la
destrucción productiva y a la orientación masiva de capitales a la especulación; por ejemplo,
con la ya reseñada liquidación de segmentos de actividad (los no rentables desde la lógica
privada), derivada de las privatizaciones.
Consecuencia de las políticas de ajuste es el renovado impulso que reciben las actividades
de carácter especulativo, parasitario. En 1984 sólo el 5% de los contratos responde a entrega
de mercancías. En 1986 solamente las transacciones de eurodólares en Londres era 25 veces
superior al comercio internacional (en 1979, 6 veces) y, en 1992, el movimiento de los nueve
principales mercados de divisas era de 910.000 millones de dólares (el doble de las reservas
de oro de los países industrializados), 1,2 billones en 1994; datos de Tobin, Walter y
Fitzgerald (Torres, 1995: 137). Otro, dato: en 1984, la deuda pública y privada en EE UU era
de cuatro billones de dólares frente a los 400.000 millones de 1960 (ib., 138).
La destrucción de fuerzas productivas es la otra cara del enorme crecimiento de la
especulación, del parasitismo, y se plasma en todos los ámbitos de la actividad productiva,
especialmente en la industria (sobre todo, en subsectores como la siderurgia, los astilleros'
etc.), pero también en la agricultura, ganadería, minería, pesca, etc. En este sentido, la política
comunitaria en la UE es paradigmática. Opera a través de la subvención directa del cierre de
segmentos importantes de la actividad productiva en estos sectores, o incluso de la multa
cuando se sobrepasan las cuotas asignadas.
Y la repercusión de esta destrucción de fuerzas productivas se expresa en la
infrautilización de la mano de obra disponible, tanto por el desempleo abierto como por su
uso precario.
Incluso el crecimiento que muestran los indicadores en determinados años, como en la
segunda mitad de los ochenta, basado en la destrucción previa y en el espacio generado por el
ajuste, no permite la recuperación del empleo. Hoy día constituye un lugar común afirmar que
para que se reduzca el desempleo, el crecimiento del PIB debe ser superior al 3%. Como
apunta Gill (1996: 724):
tras la recesión de 1980-82, los países de la OME han conocido un cierto crecimiento en el curso del
resto de la década, de 1983 a 1990, a una tasa anual media del orden del 3%, mientras que el empleo no
aumentaba más que a un ritmo anual del 1,5% y que la tasa de ahorro, en lugar de aumentar con las
reducciones de las tasas marginales de imposición, disminuía en el curso de la década en la casi totalidad
de los países de la OCDE.
Incluso el propio FMI (1993: 70) reconoce que la reducción del desempleo es más lenta
que el aumento.
La destrucción de fuerzas productivas derivada de las necesidades del capitalismo actual
se expresa también en la depredación de los recursos naturales. Facilitada por la
desreglamentación emprendida, esta depredación, que la contabilidad nacional no considera,
hipoteca las posibilidades de crecimiento futuro. Sin embargo, sí hay estimaciones de su
magnitud. Por ejemplo, para el sector pesquero chileno, Gómez Lobo calcula su crecimiento
(promedio anual en 1980-1989) restándole al dato oficial del 8,8% el consumo de capital
natural a ritmos superiores a los que posibilitan su renovación (estimado en 4,2%), de manera
que se sitúa en un mucho más modesto 4,6% (9).
3.4.2. Regresión social
Las políticas de ajuste y la destrucción productiva a la que conducen tienen efectos
negativos en las condiciones de vida de la población. El primer ámbito en que se plasman es
la elevada proporción de la fuerza de trabajo que se encuentra sin empleo -más del 10% en la
UE- o con empleo precario.
Así, hay dos rasgos en el mercado de trabajo, el exceso de oferta y su desreglamentación,
que presionan los salarios a la baja. Unidos a la política de privatizaciones que reduce el
salario indirecto y el salario diferido, suponen una auténtica desvalorización de la fuerza de
trabajo.
Thurow (El País, 23 de mayo de 1996) lo ilustra de forma elocuente:
Una vez ajustados a la inflación, los salarios reales semanales de los trabajadores norteamericanos
que no ocupan puestos de dirección (alrededor del 80% de la mano de obra) son un 19% más bajos que en
1972. Mientras que, en 1995, los salarios reales del trabajador medio descendieron, la remuneración de
los presidentes ejecutivos creció en más de un 30%. Estos resultados son simplemente inaceptables en
una economía norteamericana en la que el PIB "per cápita" real ha aumentado un 45% en el mismo
período.
Tortosa estima que entre 1979 y 1992 los salarios ajustados a la inflación cayeron un
20,3% Galbraith, que en la década de los ochenta, mientras las rentas procedentes de los
intereses aumentaron un 150%, los salarios sólo lo hicieron en un 97% (Torres, 1995: 126 y
154), y Reich, que en 1990 los salarios de los obreros de las principales empresas de EE UU
eran inferiores a los del año 1965 en tanto las remuneraciones de los altos ejecutivos
aumentaron el 12% anual entre 1977 y 1990 (10).
Al hilo de estos resultados, algunos autores comenzaron a hablar de "deuda social" y a
intentar estimar su monto. Para el caso chileno, Vuskovic aborda la cuestión como sigue:
los que tuvieron empleo sufrieron disminuciones de sus re-muneraciones reales respecto a las
remuneraciones promedio de 1970 (para no llevar la comparación a las todavía más altas de 1971-1972)
que acumuladas a lo largo del período 1974-1989 equivaldrían a unos 40.000 millones de dólares
actuales. Y los puestos de trabajo perdidos respecto de los que se habría tenido de mantenerse la
tendencia del empleo del lapso 1960-1973 valorados según el salario promedio de 1970, representan una
pérdida adicional equivalente a unos 25 mil millones de dólares: una "deuda social" que casi cuadruplica
el total de la deuda externa acumulada por la dictadura» (1l).
Pero además de la pérdida de participación directa del trabajo en el ingreso por el elevado
desempleo y los bajos salarios, la distribución final del ingreso se concentra aún más como
consecuencia de la reducción del gasto público social. Entre los países de la OCDE, este
fenómeno se da de forma muy marcada en Gran Bretaña y en EE UU. Concretamente, en la
economía estadounidense "37 millones de obreros americanos no tienen cobertura social" y
"el grado de desigualdades entre las familias está en su más alto nivel desde los años 30"
-NYT y BBUM respectivamente (Cize y otros, 1990: 171)-. Según un trabajo del Instituto de
Estudios Fiscales, en Gran Bretaña, durante la década de los ochenta, sólo el decil más rico
aumentó su participación en el ingreso (un 9,5%), reduciéndola todos los demás, hasta en un
10,7% el más pobre, mientras en EE UU aumentaron su participación los tres más ricos (hasta
un 6,4% el mayor) disminuyendola los siete más pobres (hasta un 8,7% el más pobre) (12).
La traducción de todos estos fenómenos es el tremendo deterioro de las condiciones
materiales de vida de la inmensa mayoría de la población mundial. Este deterioro, agudizado
desde la aplicación generalizada de los planes de ajuste del FMI/BM, se constata en los países
subdesarrollados y en aquéllos en los que el capital fue expropiado (antiguo CAME), pero
también en los llamados desarrollados.
Incluso el propio sistema de Naciones Unidas a través de la CEPAL reconoce que en
América Latina, tras la aplicación de las políticas de ajuste para el pago de la deuda durante
los años ochenta, la población que se encuentra en situación de pobreza ha aumentado,
alcanzando en 1990 a 195,9 millones de personas (un 45,9% de la población total). La misma
tendencia se observa en el número de indigentes (93,5 millones, un 22%) (13) . Pero también
se dispara el número de pobres en la UE, donde aumentan en 20 millones entre 1970 y 1987 o
en EE UU, donde alcanzan la cifra de 36 millones en 1992 (Torres, 1995: 129-130)
Asimismo, empeoran otros indicadores, dramáticos, como el del hambre. Sutcliffe expone:
de manera muy general, las cifras sugieren que una quinta parte de la población mundial (un cuarto de
la población de los países en desarrollo y la mitad en los continentes más afectados) sufren una
infraalimentación severa. La proporción de los que no tienen una dieta adecuada seguramente ascenderá a
cifras mucho más elevadas. Lo que sí se puede afirmar es que las deficiencias en la primera necesidad de
la vida, la alimentación, es un problema de la mayoría de los seres humanos. En años recientes la
evidencia sugiere que el problema no mejora ( ... ) el número absoluto de personas que sufren
infraalimentación muy severa está aumentando (14)
Estos datos resultan escandalosos cuando la humanidad tiene sobrada capacidad
tecnológica y de recursos para resolver esta situación. Parece evidente, por tanto, que lo que
fallan son las reglas del juego, es decir, las relaciones de producción capitalistas.
En efecto, estas tendencias son coherentes con la lógica del capital. Especialmente en lo
que se refiere al deterioro salarial en la medida en que, al aumentar la tasa de plusvalía,
ensancha el margen de ganancia. Sin embargo, también refuerzan las contradicciones. Por
ejemplo, al debilitar la demanda total de manera que se dificulta la realización de dicha
ganancia (es decir, su materialización monetaria a través de la venta, del paso de M' a D'). El
caso español es paradigmático de este fenómeno por el estancamiento del consumo privado a
que llevan la magnitud del desempleo y el decaimiento de los salarios.
*
*
*
Una certera síntesis de los resultados de las políticas de ajuste la ofrece Valenzuela (1991:
153- 154):
(...) visto desde el ángulo de la asignación de los recursos, le otorga primacía al principio de la
regulación oligopólica. Como al mismo tiempo predica un aperturismo económico indiscriminado,
tenemos que de hecho privilegia la regulación monopólica transnacional.
En cuanto a su contenido más preciso, en primer lugar se podría caracterizar como una modalidad
específica e históricamente determinada, de reconstitución de la tasa de ganancia. Para ello, se apoya
fundamentalmente en la elevación de la tasa de plusvalía. Para lograrlo, se busca congelar o controlar la
expansión de los salarios reales y, para tales efectos, los mecanismos que se privilegian son la dilatación
del ejército de reserva industrial y la coacción directa o extraeconómica.
En cuanto a los agentes o grupos sociales impulsores, el modelo se asienta en el capital transnacional
y una delgada capa de capitalistas nacionales. Éstos funcionan como una oligarquía financiera en cuyo
seno se privilegian los espacios circulatorios. En cuanto a las ramas o sectores de desarrollo preferente,
amén de los financieros e improductivos, deben recalcarse los sectores de exportación, primarios y
semimanufactureros.
El esquema no se limita a una drástica elevación de la tasa de plusvalía. Al mismo tiempo provoca
una modificación sustancial en las modalidades de reparto de la plusvalía social. Apuntando a lo básico,
tendríamos: i) retracción del beneficio empresarial y mayor peso de la plusvalía que se traduce en
intereses; ii) especialmente por la vía de los intereses, crecimiento de la masa de plusvalía, absoluta y
relativa, que fluye al exterior. Como consecuencia de lo anotado, desestímulo a la acumulación
productiva en general y, en particular, a la más pesada y de más largo período de maduración.
La alta tasa y masa de plusvalía combinada con los bajos niveles de la acumulación productiva dan
lugar a la emergencia de agudos y recurrentes problemas de realización. Por las características del
modelo, ni el gasto (o déficit) estatal ni un eventual superávit externo, pueden jugar como palancas
resolutivas. De hecho, son la expansión del consumo suntuario y otros gastos improductivos, los
mecanismos que se privilegian para suavizar los problemas de realización del excedente. De aquí, el
parasitismo esencial del modelo.
La configuración económica estructural que precipita el ideario neoliberal, da lugar a consecuencias
de largo plazo o tendenciales: i) menores ritmos de crecimiento; ii) mayor inestabilidad en el curso de la
reproducción.
En definitiva, la universalización de las políticas fondomonetaristas implica la destrucción
productiva y un profundo retroceso social en todo el mundo. Ya sea con el incremento del
analfabetismo en EE UU, con la reducción de la esperanza de vida en Rusia o con el ahogo de
todo el África subsahariana bajo el peso de la economía de armamento y las guerras, así como
de la deuda externa, ¿adónde conduce todo esto?, ¿es acaso sostenible? A abordar estas
cuestiones se dedica el siguiente apartado.
3.5. Significado del ajuste: ¿salida de la crisis o profundización de las contradicciones?
A lo largo del período 1945-1970, la política keynesiana de elevada intervención estatal
en la economía a través de su endeudamiento creciente, potenciaba cierta acumulación, pero
también restringía los espacios de ganancia. Como explica Gill (1996: 684-685):
La reducción de la deuda pública es por consiguiente una necesidad para el capital. Uno de los
medios para lograrla es el alza permanente de los precios que tiene por efecto disminuir año a año el valor
real de la deuda a reembolsar. El componente inflacionista de la política keynesiana, al mismo tiempo que
favorece la tasa de ganancia disminuyendo los salarios reales, contribuye a reducir el peso de los gastos
públicos en la acumulación privada.
El fracaso de este mecanismo se plasma en el estallido de la crisis en los primeros años
setenta. En las políticas de ajuste adoptadas como respuesta se materializa el nuevo
mecanismo para facilitar la acumulación. Se trata de la política monetarista cuya concreción
es la que sigue (ib., 685):
los mismos objetivos de rentabilización en adelante han sido perseguidos en el cuadro de una política
que designa la lucha contra la inflación como una prioridad. En situación de inflación reducida, la
compresión de los salarios reales exige de ahora en adelante un ataque directo contra los salarios, el cual
pasa necesariamente por una ataque contra las condiciones de empleo y de trabajo en general (salario
mínimo, salud y seguridad, fondos de pensión, antigüedad, acceso a la sindicalización, etc.), ataque que
se apoya en una desreglamentación a todos los niveles, mientras que la reducción de la deuda pasa por la
compresión directa de los gastos públicos y el desmantelamiento o la rentabilización de los servicios del
Estado, medios draconianos de atajar su fuente de progresión.
Pero el significado de este nuevo mecanismo va más allá (ib., 685):
en estas medidas hay más que un simple reajuste de orientación. La aminoración, perceptible a
medias, de los salarios reales y de la deuda pública por la inflación, se sustituye entonces por una
ofensiva abierta, cuyo doble objetivo es la supresión de toda traba a la explotación del trabajo y la
liquidación del sector público, es decir, la recuperación por el sector privado de lo que ha sido de alguna
forma "expropiado" con el paso de los años por el lugar creciente tomado por el Estado; se trata de
"recapitalizar" una economía de la que una parte cada vez más grande llega a funcionar escapando de las
reglas del cap¡~ tal; se trata de devolver un carácter capitalista a todo un conjunto de actividades cuyo
mantenimiento y existencia deberán depender de su rentabilidad y cuyo funcionamiento será parte
integrante de la acumulación del capital.
Ante todo esto, la pregunta que surge de manera inmediata es la siguiente. Si este cambio
de política económica persigue la salida de la crisis, estabilizar la reproducción económica a
partir del restablecimiento de la valorización del capital, ¿lo logra? Gill (ib., 685) afirma:
si el recurso a la intervención económica del Estado no ha permitido resolver los problemas de fondo
de la acumulación en el seno de esta economía llegada a la madurez" como la designaba Keynes, sería
ilusorio creer que la vuelta al "laissezfaire", es decir a las condiciones mismas que habían hecho necesario
el apoyo estatal a la actividad privada, sea la garantía de una reanudación armoniosa de la actividad
económica. Por tanto hay que esperar que conduzca a conflictos sociales más agudos.
Efectivamente, esta política tiene efectos muy graves sobre las condiciones de vida y
trabajo de la inmensa mayoría de la población mundial (ib., 685-686):
Desreglamentación, privatización, retroceso del Estado y reducción de los programas sociales son las
consignas en el nombre de las cuales el capital compromete su lucha para acabar con las conquistas
históricas del trabajo, contra las conquistas sociales y democráticas de las organizaciones sindicales y
populares (derechos democráticos a la salud, a la seguridad social, a la educación, etc.) de las cuales se
beneficia el conjunto de la población trabajadora, es decir la abrumadora mayoría de la población. Por
esenciales que sean estas conquistas puesto que responden a necesidades sociales profundas, ellas son un
obstáculo para el capital, para la producción de ganancia, para la acumulación privada. Pleno de pánico
en el momento en que se intensifica la crisis crónica mundial de la economía, el capital se empeña en una
ofensiva en toda regla para liquidarlas.
Y, sin embargo, a pesar de todo, tal y como se ha visto en los anteriores apartados, la
persistencia de la crisis es un hecho. Puesto que, como concluye Torres (1995: 132),
estas políticas no sólo han traído consigo más malestar social, menos tolerancia política y social y
menos libertad. Es que han provocado también más desequilibrios y nuevos ramalazos de recesión y
crisis económica en los años noventa.
Para explicar esto, es necesario retomar la discusión acerca del carácter del capitalismo
actual. En relación a ello, se constata la apropiación creciente de ganancia en el terreno
financieroespeculativo, sin prácticamente ninguna vinculación con la economía real.
Gluckstein (1994: 30) estima en un 98% de todas las transacciones mundiales las vinculadas a
la especulación, lo que, concretamente, en 1994, significa:
los 1,3 billones de dólares que transitan diariamente por los mercados de cambios representan, al año,
más de 15 veces el PIB conjunto de los países miembros de la OCDE.
Esto provoca simultáneamente dos efectos. De una parte, la búsqueda constante de
mayores plusvalías en el ámbito productivo (de las que se apropian tanto los capitales
invertidos en él como, indirectamente, los especulativos); de otra, la destrucción de fuerzas
productivas por el desvío masivo de capitales hacia la especulación y por el debilitamiento de
la demanda derivada de lo anterior. Es decir, la especulación y la destrucción de fuerzas
productivas son dos caras de la misma moneda, cuya expresión es un profundo deterioro
social.
Como explicaba Le Monde diplómatique en 1987 (Cize y otros, 1990: 171),
Por impresionante que sea su amplitud [la de la especulación financiera], tales transacciones no
añaden nada a la riqueza nacional. En absoluto llevan a verdaderas inversiones creadoras de nuevas
capacidades de producción. Bien al contrario, conducen a menudo a cierres de fábricas y a supresiones de
empleos.
Con todos estos elementos, la discusión acerca del carácter del capitalismo actual cobra
renovada importancia. Sin embargo, a pesar de ello, de la persistencia de la situación crónica
y estructural de crisis, esta discusión se sustituye por fórmulas cómodas y demagógicas como
la del "fin de la historia' de Fukuyama, o la utilización sistemática del término genérico
"globalización" o "mundialización" para designar todos los distintos tipos de procesos que
caracterizan la situación actual (15).
La idea de globalización suele utilizarse a modo de "cajón de sastre", incluyendo
fenómenos diversos: entre otros, de relaciones internacionales, tecnológicos, políticos y
económicos. Más allá de la imprecisión con que suele formularse, se basa en dos hipótesis:
una expansión de las relaciones de producción capitalistas a escala mundial y una mayor
interdependencia de los mercados internacionales (16)
¿Se expande el capitalismo? Una visión superficial podría hacer parecer que sí. Sin
embargo, un estudio más detallado pone de relieve que lo que ocurre en la actualidad es una
"política de tierra quemada" como profundización de las tendencias existentes a lo largo de
todo el siglo XX.
En efecto, en la etapa actual de la economía mundial no se produce una extensión del
capitalismo. Lo que tiene lugar en cambio es la profundización de su carácter imperialista en
el que se refuerza el predominio del capital financiero que, buscando sus fuentes de
apropiación de ganancia en el plano especulativo, reduce drásticamente los recursos
destinados a usos productivos, destruyendo masivamente fuerzas productivas
(particularmente a través del abaratamiento del costo del trabajo y la reducción de gastos
sociales); de ahí el carácter parasitario y marcadamente regresivo del capitalismo actual que
invalida esa acepción de la globalización.
Los tres ámbitos que plantean Glyn y Sutcliffe (op. cit., nota 14, 49-50) como ejemplo de
la "extensión" -trabajo femenino, "desnacionalizaciones", restauración capitalista en los
países del antiguo CAME- son en realidad ejemplos de la profundización en el carácter
"regresivo" del capitalismo mostrada en su tendencia a la destrucción de fuerzas productivas;
en el primer caso, por los fenómenos de desempleo y precarización que lo contextualizan
(como con la deslocalización); en el segundo, por la reducción de los recursos destinados a
sanidad, educación o pensiones (es decir, abaratamiento del costo del trabajo) y la liquidación
de los segmentos no rentables de los transportes, las telecomunicaciones u otros (que
permiten destinar recursos crecientes a la especulación). Y en el tercero, porque las
privatizaciones en estas economías suponen, en algunas actividades, la gestión directa por el
capital transnacional de lo que antes ya iba paulatinamente controlando de forma indirecta (a
través de mecanismos comerciales o financieros) y, en el resto, de forma predominante, la
destrucción directa de fuerzas productivas. Esto, en definitiva, responde al mismo
razonamiento planteado por estos autores al referirse al ámbito en que sí reconocen que no se
produce esa propagación o extensión: el "sector informal".
De igual manera ocurre con la acepción que la identifica con el aumento de la
interdependencia económica internacional. Es indudable que actualmente existe una elevada
interdependencia, pero, incluso si se considera de mayor grado que en ningún otro período
histórico, ¿acaso es el rasgo central de la etapa actual del capitalismo?
Aun reconociendo la importancia crucial de este proceso. lo fundamental es su condición de
fruto de la lógica capitalista -que persiguiendo la mayor apropiación de ganancia hace
prevalecer
los ámbitos financiero-especulativos, para lo que se impulsa la desreglamentación a escala
mundial- y que no es novedoso ni peculiar del período actual, sino que viene de lejos. Dicho
de
otro modo, la elevada interdependencia no es el rasgo clave de la etapa actual, ni original de
ella, sino consecuencia histórica del carácter de dicha etapa.
De hecho, ya en 1916, Lenin (1974: 437 y 498) escribía "hace ya mucho que el
capitalismo ha creado un mercado mundial". Y, significativamente, ya entonces los
"economistas burgueses" hablaban de "globalización", aunque la denominaban
`entrelazamiento', 'ausencia de aislamiento', etcétera", a lo que él respondía con una frase
perfectamente aplicable a la actualidad:
¿Qué significa, pues, la palabra "entrelazamiento"? Expresa únicamente el rasgo más acusado del
proceso que se está produciendo ante nosotros; muestra que el observador cuenta los árboles y no ve el
bosque, que copia servilmente lo exterior, lo accidental, lo caótico; indica que el observador es un hombre
abrumado por los datos en bruto y que no comprende nada de su sentido y de su significación.
Sustítuyase el término "entrelazamiento" por "globalización" y se tendrá un excelente
aporte a la discusión actual. Resulta significativo cómo en todos los períodos históricos se
promueve la irrupción de términos que se proponen como "novedosos conceptos" y que
rápidamente tienen una acogida masiva en numerosos medios, permitiendo eludir otros
debates.
El punto de partida debe ser la consideración de la economía mundial como tal. Esto no es
en absoluto original de los últimos años, dado que por lo menos todo el siglo XX se ha
caracterizado precisamente por esto: por la existencia de una sola economía mundial, de
carácter capitalista, con independencia de que en una parte del siglo existieran economías
nacionales no capitalistas, las cuales -especialmente la antigua Unión Soviética-, sin embargo,
partiendo de una forzada autarquía, tuvieron una integración creciente en la economía
capitalista mundial, lo que se expresa, por ejemplo, en sus niveles de endeudamiento con la
banca privada transnacional ya en la década de los setenta).
Esta discusión nos lleva a la siguiente pregunta: la economía mundial en los últimos 25
años, ¿se encuentra ante una crisis capitalista más o ante la crisis del capitalismo?
El alcance de la crisis es muy profundo porque la crisis –la quiebra del crecimiento de
posguerra- es la quiebra del intento de revertir la situación de crisis crónica subyacente a lo
largo de todo el siglo XX. Esta crisis sólo pudo ser aparcada temporalmente a partir de las
condiciones excepcionales de posguerra y la utilización de medios artificiales en el marco de
los acuerdos de posguerra que, tal y como se ha explicado en el Capítulo 1, permitieron la
estabilidad política -numerosos partidos comunistas llegaron a entrar en los Gobiernos de
reconstrucción capitalista en Europa occidental- pero al precio, para la burguesía, de aceptar
importantes conquistas que arranca la clase trabajadora, como sistemas públicos de Seguridad
Social, nacionalizaciones, etc.).
Por eso, la persistencia de la crisis muestra la imposibilidad por parte del capital de
dotarse de espacios productivos en los que generar un crecimiento sostenido y con carácter
generalizado. Dicha persistencia pone de manifiesto la gran inestabilidad de las bases sobre
las que se asentaba el crecimiento posbélico, enlazando la crisis actual con la del período de
entreguerras.
Por eso, el elemento central de la situación actual no es la extensión de las relaciones de
producción capitalistas en el sen tido de crecimiento o expansión, sino la intensificación de
las relaciones de explotación a escala mundial -abaratamiento del costo de trabajo con
destrucción de fuerzas productivas- como respuesta a la masiva apropiación de plusvalía por
el capital especulativo, es decir, como respuesta al parasitismo característico de la etapa
actual. En concreto, la explosión del paro en el mundo muestraque los enormes beneficios
generados por la especulación se obtienen al precio de una desindustrialización generalizada.
O, dicho de otro modo, que los fenómenos como la desindustrialización o el desempleo no
son sino la otra cara de la especulación. La crisis es la crisis del imperialismo. Tal y como lo
define Gluckstein (1994: 12), el capitalismo se encuentra así en la «fase senil" del
imperialismo:
Fase que se expresa en la inversión de las señales de valores: la tendencia al desarrollo de las fuerzas
productivas que caracterizaba de manera dominante al capitalismo ascendente ha dejado sitio a la
tendencia dominante a la destrucción de fuerzas productivas; la tendencia a la industrialización ha cedido
el sitio a una tendencia a la desindustrialización; la tendencia a la expansión de los mercados ha cedido el
lugar a la tendencia a la contracción de los mercados; el proceso de constitución del mercado mundial ha
cedido el lugar a un proceso de dislocación del mercado mundial.
Es en este contexto en el que se puede comprender cabalmente el porqué de las políticas
de ajuste: para hacer viable ese abaratamiento del costo de trabajo que pueda seguir nutriendo
la apropiación de ganancia por parte de los capitales especulativos. Por lo tanto, sí hay un
sentido en el que hablar de globalización de forma inequívoca: se trata de la globalización a
escala mundial de la aplicación de políticas de ajuste.
Esta universalización de las políticas de ajuste se constituye en la línea de fractura sobre la
que se articula la discusión teórica y el conflicto político. Ante ella, el enfoque keynesiano o
neokeynesiano", ¿es una alternativa?
Ciertamente, si consideramos a algunos de los más renombrados representantes de la
"nueva macroeconomía keynesiana", como Sachs, Summers o Skidelsky, la respuesta
negativa es inmediata (Gill, 1996: 727).
Sachs es conocido por su responsabilidad en la aplicación de las políticas de ajuste en
países como Bolivia, Polonia, la antigua Yugoslavia y, más recientemente, Rusia. Él es
partidario de la 11 terapia de choque" a cualquier precio, bien conocido por las poblaciones
de estos países.
Summers también deja clara su posición en la recomendación realizada en 1992 en
calidad de economista en jefe del Banco Mundial. Como recoge Gill (ib., 727),
la medida de los costes de la contaminación nociva, sostiene él, depende de los ingresos perdidos a
consecuencia de una gran mortalidad una cierta cantidad de contaminación nociva debería tener lugar en
los países donde el costo es menor, es decir, en aquéllos donde los salarios son más bajos ( ... ) Creo que
la lógica económica que incita a verter un cargamento de desechos tóxicos en los países donde los
salarios son más bajos es impecable; deberíamos admitirlo.
En cuanto a Skidelsky, presentado como el "mayor conocedor mundial de la vida y obra
de Keynes", sitúa los ejes de la política económica necesaria en la desregulación del mercado
de trabajo, en la reducción de la intervención del Estado en la economía -como requisito
previo para poder aplicar posteriormente el mecanismo keynesiano de impulso público a la
demanda-, en la promoción de los fondos privados de pensiones y en el alargamiento de la
edad de jubilación Incluso llega a afirmar literalmente (El País, 6 de mayo de 1996):
los sindicatos son más poderosos en el sector público, que tiende a subir los salarios y ésta es otra
razón por la que hay que reducir el sector público.
Siempre se puede argumentar que estos autores no son "auténticos" keynesianos. Pero en
todo caso, lo que no puede obviarse es que tanto la propuesta keynesiana como la
monetarista, cada una con su instrumento, tienen un objetivo común que es el de asegurar las
condiciones de valorización del capital. Y, por tanto, ambas acaban chocando de frente contra
las dificultades de valorización producto de la propia lógica capitalista en su funcionamiento
histórico.
Efectivamente, en la actualidad, la línea de fractura no se sitúa en el debate entre
keynesianos y monetaristas (y otros, híbridos en algunos casos, como el autoproclamado
"neoestructuralista" o el "neo-ricardiano", etc.). Se encuentra en la posición que se adopta
ante las políticas de ajuste que sintetizan la esencia de los conflictos sociales.
Aunque la plasmación del ajuste es específica en cada caso, su sentido, inequívoco,
siempre es el mismo. La dureza del ajuste es inevitable desde la lógica de la valorización del
capital, para cuyo sostenimiento se requiere el aumento de la explotación, el desempleo y
subempleo, el pillaje en los países subdesarrollados (vía pago de deuda).
Además hace que la línea de fractura sea absolutamente tajante. De un lado quedan
quienes los aplican, apoyan, avalan o justifican, directa o indirectamente, como en el caso de
quienes los avalan con propuestas desmovilizadoras como las de "reparto de empleo", de
"cooperación al desarrollo", de "reforma de las instituciones de Bretton Woods", etc.). (17)
Del otro lado, están todos aquellos que combaten estos planes y la miseria, destrucción y
hambre a la que llevan a la mayoría de la población mundial; también directa o
indirectamente, como los que, incluso puntual o sectorialmente, defienden su puesto de
trabajo en condiciones dignas, el mantenimiento de las conquistas históricas de la clase
trabajadora, o se sitúan en una posición contraria a las privatizaciones.
Con estos planes ocurre lo mismo que con los despidos ("reestructuraciones" de plantillas)
de los que, mediante la utilización de fórmulas como "jubilaciones anticipadas", "despidos
incentivados" u otras, se pretende esconder su significado. No existen ajustes fondo
monetaristas positivos para los trabajadores, para la mayoría de la población. En cualquier
modalidad, pactado o impuesto, gradual o "de choque", el ajuste supone, en sí mismo, una
agresión para la clase trabajadora.
Precisamente por esto, su aplicación requiere constantes falsificaciones de la realidad,
pretendidamente científicas. Y, sobre todo, asociar esta política a las organizaciones de
trabajadores (lo que en definitiva les conduciría a su propia liquidación como tales), ya que si
no, estas políticas no pueden aplicarse.
¿Existe alternativa? Thatcher acuñó la expresión '71NA" (There is no alternative, no hay
alternativa). Feito (VV AA; 1994: 46) la retorna al afirmar: "una situación de partida como la
descrita no deja alternativas a la política económica'. Constantemente se dice que "hay que
enmarcar la discusión dentro de los límites de lo posible". Pero ¿qué entra dentro de esos
límites? ¿Por qué nunca entran aumentos salariales, pero sí transferencias masivas de recursos
a la especulación? ¿Por qué nunca entran políticas reales de promoción industrial y de empleo
sino, camufladas de tales, mayores desgravaciones a las empresas?
Como siempre, la clave radica en quién es el que decide qué entra dentro de lo posible. Al
fin y al cabo, si los pueblos, si los trabajadores aceptaran esos artificios propagandísticos,
ningún derecho democrático ni ninguna conquista -obrera existirían. ¿0 acaso entró -alguna
vez dentro de lo posible que la mujer votara, que se conformaran sistemas públicos de
Seguridad Social o que se fuera reduciendo la jornada de trabajo?
Una de las experiencias más recientes así lo atestigua. Se trata de la huelga indefinida de
los trabajadores del transporte por carretera en Francia que paralizó "media Europa" en
noviembre de 1996. Apoyándose en el movimiento, de forma democrática, esta huelga
planteó una nueva situación, permitiendo a los camioneros recuperar algunos derechos
perdidos. Este proceso ha sido denominado la "re-reglamentación".
NOTAS
1 Para un análisis detallado de las crisis capitalistas, así como de las distintas
interpretaciones no "ortodoxas" puede verse- Gill (1996: 567-625 y 784-789).
2 Una excelente referencia sobre este tema la constituye el texto de Day titulado La teoría de
los grandes ciclos: Kondratieff, Trotsky y Mandel que aparece en Izquierdo (1979:
197-222). En realidad, el planteamiento "pro-cíclico" se basa en última instancia en algo
tan simple como que después de tocar fondo necesariamente se pasa a crecer. Ni siquiera
esto es cierto. Como suele expresarse gráficamente: "hemos tocado fondo... ¡pero
seguimos escarbando!".
3 Esto ha afectado de forma decisiva a la evolución histórica de la economía como disciplina
y a su, en muchos sentidos, "degeneración'. Tal y como señalaba Luxemburg, "nuestros
doctos burgueses exponen, bajo el nombre de economía política, una masa amorfa de
residuos de toda clase de ideas científicas y tergiversaciones interesadas, con lo cual ya no
persiguen el objetivo de desentrañar las verdaderas tendencias del capitalismo, sino
solamente el de ocultarlas para poder sostener que el capitalismo es el mejor, el único, el
eterno orden social posible" (Luxemburg, Rosa: Introducción a la economía política,
Madrid, Siglo XXI, 1974, pág. 60; original de 1916-1917 y 1.' edición en castellano de
1972).
4 Este apartado se basa en el epígrafe titulado "El papel de las privatizaciones en el ajuste"
(Arrizabalo, 1996).
5 Este intento de división es especialmente perverso y útil. Encuadrado en el marco general
del "tercer-mundismo" y del "intercambio desigual", considera 11 privilegiado? a los
trabajadores de los países desarrollados, avalando así que sus conquistas laborales y
salariales (sus "privilegios") deban empeorar.
Gráficamente, si identificamos la precariedad de las condiciones de vida y trabajo como
una agresión, como un puñetazo a los trabajadores, se puede plantear que a los de los
países llamados desarrollados "sólo" les pegan uno, mientras a los de los subdesarrollados
les pegan tres. ¿Qué hacer? Las tesis 11 tercermundistas" proponen repartirse los
puñetazos para que todos toquen a dos, en lugar de agruparse los que tienen intereses
comunes para no recibir ni un puñetazo, más.
Obsérvese que se habla de "precariedad de las condiciones de vida y trabajo" porque en
términos teóricos estrictos la tasa de explotación (el valor producido por el trabajador que
no le es remunerado) puede incluso ser mayor en los países desarrollados como
consecuencia de su mayor disponibilidad de medios técnicos. Como explica Gill (1996:
490) citando a Bauer, Ios intereses obtenidos por América de sus intercambios con Europa
eran de magnitud infinitesimal en relación a las masas de plusvalía procedentes del trabajo
de los obreros americanos gracias a la elevada productividad del trabajo en este país".
Véase también el apartado titulado "Diferencias salariales entre países" (ib., 298).
6 En esta preocupación, el BM coincide significativamente con la Comisión Trilateral. Esta
institución, fundada en 1973 por Rockefeller, a iniciativa de Brzezinski (colaborador del
posterior Presidente estadounidense Carter), está formada por capitalistas (especialmente
de las grandes transnacionales), políticos, académicos e incluso sindicalistas partidarios de
la co-gestión. Aunque muchas veces ha sido calificada de "gobierno mundial en la sombra"
por las visiones "ultraimperialistas", en realidad se trata de una expresión más de la
subordinación europea occidental y japonesa al capital estadounidense.
7 Banco Mundial (1996): Colaboración entre el Banco Mundial y las Organizaciones No
Gubernamentales, Washington, mayo (págs. 1 y lo).
8 Sobre esto y sobre la responsabilidad del FMI en el ajuste puede verse Arrizabalo (1995:
123-124).
9 Gómez Lobo, Andrés (1991): "¿Es sustentable el desarrollo pesquero en Chile?",
Ambiente y Desarrollo, vol. VII, n.o 1, Santiago, abril (pág. 18).
10 CEPAL (1996): op. cit. en el capítulo sexto (pág. 25).
11 Vuskovic (1991): op. cit. en el capítulo sexto (págs. 15-16).
12 Calcagno y Calcagno (1995): op. cit. en el capítulo sexto (pág. 204).
13 CEPAL (1992): op. cit. en el capítulo sexto (págs. 2-3).
14 Sutcliffe, Bob, coord. (1996): El incendio frío (hambre, alimentación y desarrollo,
Icaria-Antrazyt, Barcelona (págs. 159- 160).
15 Una discusión en mayor profundidad sobre el concepto de globalización puede encontrarse
en Arrizabalo (1996, 2-5)
16 Glyn, Andrew y Sutcliffe, Bob; "El nuevo orden capitalista: ¿global pero sin líder?",
Mientras Tanto, n.o 61, Barcelona, primavera 1995.
17 Sobre el significado de las propuestas de "reparto de empleo" (reducciones de la jornada
laboral a cambio de disminuciones salariales paralelas) puede verse Arrizabalo, Xabier
(1995); "Las propuestas de "reparto de trabjo": ¿más empleo o más explotación?", Revista
Trabajadores de la Enseñanza, nº 164, CC. OO., Madrid, junio. Y respecto a la "reforma de
las instituciones de Bretton Woods", vale el aserto popular de que "tan sólo se reforma lo
que se quiere conservar".