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Los derechos sociales en tiempos de crisis
Aldatu zen azken eguna: 2012-09-20
III) Ante la crisis: más estado social y más derechos
sociales
La crisis financiera está afectando gravemente a las cuentas públicas de las administraciones públicas, que se ven
obligadas a reducir sus presupuestos y, en consecuencia, a recortar el gasto público y el gasto social. A su vez, la crisis
financiera ha afectado a la economía productiva, que se halla en la mayoría de los países europeos en un estado de
estancamiento o de recesión, lo cual genera una disminución de los ingresos fiscales. El cumplimiento del déficit del 3%
en 2013 y de un casi 0% en 2020 por imperativo de las autoridades europeas en un contexto de no crecimiento
económico como el que auguran los expertos económicos está conduciendo a un notable adelgazamiento del sector
público, que trae y traerá consigo despidos de empleados públicos, eliminación o privatización de organismos y servicios
públicos así como el deterioro de la calidad de los servicios públicos.
La situación está afectando, como es bien sabido, al empleo. Está creciendo de manera alarmante el paro, así como las
situaciones personales y familiares que se encuentran en el límite de la pobreza y de la exclusión social, cuando no por
debajo de los umbrales ligados a las necesidades de una vida digna. No se avizoran, por otra parte, en el horizonte
próximo posibilidades de creación de empleo, al menos en proporciones significativas, de empleo en los sectores
tradicionales de la economía como la agricultura, la construcción, la industria, o el turismo, pero tampoco en los sectores
económicos más nuevos como las telecomunicaciones o las TIC, los transportes o los servicios financieros (la
reestructuración del sector financiero, según una crónica de María Jesús Pérez del 2 de abril del presente año, se calcula
que supondrá en España 30.000 empleos menos; la multinacional Sony plantea reducir, en el curso de este año, su
plantilla en un 6%, lo cual suponen 10.000 puestos de trabajo; el presidente de Telefónica de España, una de las
empresas más rentables, anunció el año pasado un plan para reducir su plantilla en España un 20%, 6.400 puestos de
trabajo).
El impulso a la demanda interna, mediante políticas fiscales eficaces, podría generar el aumento de las ventas en el
comercio y por tanto un aumento del empleo en dicho sector.
Ahora bien, diversos estudios nos indican la necesidad, a medio plazo, de que en Europa se creen millones de puestos
de trabajo para que la población activa tenga la entidad suficiente que permita la sostenibilidad del Estado social.
III.1. Los yacimientos de empleo principales están en
los servicios sociales
Los yacimientos principales de empleo, según los expertos, se hallan en buena medida en Europa en el amplio campo
de los servicios sociales, es decir en los servicios de asistencia a las necesidades ligadas al mantenimiento del Estado
social o de bienestar, o lo que es lo mismo a las necesidades de las personas que precisan de prestaciones o ayudas
para garantizarles sus derechos fundamentales a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y a la
igualdad.
El Estado social y los derechos sociales tienen por delante en nuestro país un amplio recorrido hasta alcanzar niveles
óptimos. Mencionaremos seguidamente los ámbitos o situaciones que habrían de ser objeto de una ampliación o
profundización de las políticas públicas asociadas a los fundamentos del Estado social:
1) Los servicios de asistencia a las personas dependientes, esto es a personas que tienen limitada su autonomía
personal (personas con discapacidad, personas con enfermedades mentales, personas con enfermedades crónicas,
personas con enfermedades raras etc.).
2) Asistencia a las personas mayores en general. Se prevé que en 2020 una de cada cuatro personas residentes en
Euskadi tendrá más de 65 años; aun cuando la mayoría de estas personas disfrutarán de una situación de autonomía
personal casi plena la preservación de su salud y de su calidad de vida demandarán la habilitación de recursos de
carácter socio-sanitario-cultural. La asistencia y atención domiciliaria tiene un amplio desarrollo en el futuro próximo si
queremos homologarnos a los países más avanzados.
3) Servicios de cuidado a niños y niñas de 0 a 3 años para posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y para
favorecer el incremento de la natalidad; recursos y servicios para atender debidamente las necesidades de niños, niñas y
adolescentes con trastornos de conducta.
4) Servicios sociales para prever, detectar y atender situaciones de pobreza y de exclusión social y para trabajar en
programas de inclusión social.
5) Recursos, programas y desarrollo de planes para trabajar en el ámbito de la igualdad y de la erradicación de
actitudes y contravalores sexistas, machistas, racistas, xenófobos, homófobos etc.; recursos para trabajar en la
prevención, detección y atención de situaciones de maltrato a mujeres víctimas de violencia de género, a personas
mayores víctimas de maltrato, a adolescentes y adultos de orientación homosexual o de identidad transexual, a personas
inmigrantes, a personas gitanas, etc.
6) Mejora y aumento de los servicios ligados al derecho a la educación, sobre todo en lo relativo a la educación
especial, a la educación en valores, a los servicios que permitan una mejor conciliación de la vida laboral y familiar de los
padres y madres, a la formación de los maestros, maestras y profesores/as, al reforzamiento de los servicios auxiliares,
etc.
7) Mejora y aumento de los servicios ligados al derecho a la salud. Cabe mejorar la asistencia domiciliaria a los
enfermos crónicos, falta por desarrollar los servicios de naturaleza socio-sanitaria, así como los de carácter
socio-educativo-sanitario.
III.2. La participación del sector privado y del Tercer
Sector en los servicios sociales. La dirección de los
poderes públicos. La financiación de los servicios y
prestaciones sociales
Podrá objetarse que en la coyuntura actual no resulta posible la creación de empleo público que diera satisfacción a las
demandas planteadas. Sin embargo, el mantenimiento, sostenibilidad y desarrollo del Estado social y de los derechos
sociales, así como la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo exigen necesariamente abordar las cuestiones
señaladas, que pueden encontrar modelos diferentes en función de la diversidad de proyectos políticos existentes.
Pertenecen al ámbito netamente político determinar el papel de las empresas privadas en la gestión de los servicios
referidos o, en el caso de que sean prestados directamente por las administraciones públicas, el modo de financiarlos:
mediante un aumento de los impuestos o por medio del cobro de tasas o de precios públicos. El Ararteko no debe
formular propuestas que incidan en ese ámbito estrictamente político.
Ahora bien, la garantía debida de los derechos sociales, de los derechos de las personas usuarias, así como la garantía
de los derechos de los trabajadores y de unas condiciones de trabajo dignas traen consigo obligaciones para los poderes
públicos. Aunque en la construcción de infraestructuras ligadas a los servicios públicos o a los recursos sociales
(carreteras, redes eléctricas, vías de ferrocarril, escuelas, hospitales, residencias para personas dependientes, centros
de menores etc. etc.) participen empresas privadas, y aunque la gestión de los servicios derivados o asociados a las
citadas infraestructuras sea encomendada a entidades privadas, los poderes y administraciones públicas han de asumir y
ejercer con todas las consecuencias las potestades normativas para regular dichos servicios y establecer sus
condiciones, las potestades de inspección y de control y las potestades sancionadoras.
Últimamente, se está abriendo paso un nuevo concepto: el cuarto sector, para referirse a aquellas empresas privadas
que tienen fines sociales. Confiemos en que no se trate de una mera operación de marketing y que el Cuarto Sector
suponga un salto cualitativo con respecto al clásico Segundo Sector empresarial, de modo y manera que el sector de las
empresas que trabajan en el campo de los servicios sociales (educación, sanidad, tercera edad, etc.) sumen a la
búsqueda del beneficio la asunción de compromisos para con los objetivos y fundamentos del Estado de bienestar, más
allá de los códigos de la llamada responsabilidad social corporativa.
En cualquier caso, un sector que debería contar con el apoyo pleno y decidido de los poderes públicos, tanto vascos
como europeos, en el Tercer Sector, que agrupa a las organizaciones sin ánimo de lucro. Las entidades de este sector
que trabajan en el ámbito de la intervención social realizan una extraordinaria labor. Muchas de ellas cuentan con
personal laboral contratado y todas ellas tienen un número significativo de personas que trabajan de forma desinteresada
en tareas de voluntariado social. Según datos del Consejo Vasco de Bienestar Social recogidos en el informe
extraordinario del Ararteko ¿Condiciones de trabajo en el Tercer Sector de intervención social?, publicado en junio de
2008, el sector no lucrativo de acción social de la CAPV estaría compuesto por 1.569 entidades, a las que pertenecerían
un total de 181.185 personas. 18.612 personas trabajan de forma remunerada en el sector y 57.846 lo hacen de forma
voluntaria, sin recibir remuneración. Este voluntariado social es uno de los mejores activos que cualquier sociedad tiene
porque encarna los mejores valores éticos y sociales que engarzan, además, con los fundamentos del Estado social o de
bienestar, que se basa, como es bien sabido, en la solidaridad y en la garantía de la procura existencial y de la vida digna
a todas las personas. Los poderes públicos han de evitar la competencia desleal de las empresas para con las
organizaciones sociales y han de dotar a estas de los recursos necesarios y de la seguridad jurídica y económica
precisas para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones y de los programas que gestionan. Asimismo, en
consonancia con las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del Ararteko mencionado anteriormente,
entendemos que también corresponde a los poderes y administraciones públicas velar por la calidad de los servicios que
prestan estas organizaciones así como por las condiciones laborales de los trabajadores que se hallan empleados por las
mismas.
Desde nuestra posición institucional, debemos aportar los resultados y las recomendaciones de nuestro trabajo diario y
hacernos eco de la opinión de muchos expertos, todo lo cual nos lleva a afirmar con determinación que es deseable,
necesario y posible la ampliación y desarrollo de los derechos sociales y del Estado social y democrático de derecho con
el doble objetivo de mejorar la calidad de nuestra democracia y de crear empleo. Obviamente, tanto si los nuevos
empleos relacionados con la ampliación de los servicios sociales son generados en el seno del sector público como si se
impulsa la participación del sector privado, es evidente que es necesario un esfuerzo económico inversor. Por ello,
debemos insistir en la idea de que se necesitan herramientas financieras con el objeto de invertir en desarrollo e
innovación sociales y en servicios sociales. Puede ser perfectamente compatible reducir los déficits y las deudas públicas
con la habilitación de fondos de inversión destinadas a dar un fuerte impulso al Estado social en Europa (a través del
Presupuesto de la Unión Europea y de fondos económicos ad hoc, o por medio del Banco europeo de inversiones o de
herramientas o vehículos financieros de nuevo cuño).
Es constatable que los servicios y prestaciones que constituyen el contenido del Estado social o Estado de bienestar
están sufriendo recortes o limitaciones, en Euskadi, en España y en muchos países de la Unión Europea. La causa de
ello es el decremento del gasto público, que también está afectando al gasto social.
Ahora bien, a las políticas presupuestarias restrictivas se le suman las exigencias derivadas de cambios estructurales
que se están produciendo en los países de la UE, sobre todo en lo relativo a la estructura poblacional, que conllevan la
necesidad de garantizar la sostenibilidad o el mantenimiento en el tiempo del Estado social. A problemas coyunturales
por todos conocidos se le suman problemas estructurales o sistémicos que también han de ser abordados.
La situación, es preciso reconocerlo, es extremadamente compleja. Estamos viviendo momentos verdaderamente
históricos. Debemos ser conscientes de que existe un riesgo real de que el Estado social sea desmantelado o cuando
menos que sufra una merma considerable y que la crisis dé lugar a una redefinición o replanteamiento de dicho Estado
social o de bienestar que resulte irreconocible según las bases en las que se sustenta actualmente.
III.3. Los derechos sociales son derechos humanos
El Estado social forma parte del ADN de los países que forman la Unión Europea, es algo consustancial al contrato
social y a los ordenamientos constitucionales en que se basan los fundamentos de los Estados que conforman la Unión.
La Constitución española de 1978 establece en su preámbulo como primer objetivo de la Carta Magna ¿Garantizar la
convivencia democrática dentro de la Constitución y de las Leyes conforme a un orden económico y social justo? y en su
artículo primero define a España como un Estado social y democrático de Derecho. En estos principios se fundamentan
los pilares que conforman el Estado social y los derechos sociales: el derecho a la igualdad real y efectiva (art. 9-2), el
derecho de educación (art. 27), el derecho a la protección a la salud (art. 43), el derecho al trabajo (art. 35), así como los
derechos laborales (arts. 28, 37, 40, 42), el derecho a las prestaciones derivadas de situaciones de necesidad
(desempleo etc.), a través de un sistema público de seguridad social (art. 41), particularmente el derecho de las personas
mayores a la suficiencia económica y a percibir pensiones, el derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47), el
derecho de las personas disminuidas físicas, sensoriales o psíquicos a disponer de un sistema de protección que les
garantice el ejercicio de los derechos constitucionales.
La Constitución también establece el siguiente mandato a los poderes públicos: ¿Los poderes públicos promoverán las
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural? (art.
48). Una juventud que no tiene, en estos momentos, en una proporción demasiado alta, garantizados ni el derecho al
trabajo ni el derecho a la vivienda.
El Ararteko ha hecho público recientemente un estudio titulado ¿Los derechos humanos como base de las políticas
públicas en tiempos de crisis económica? (incluido en este volumen), en el que reflexiona sobre los principios de
derechos humanos que deben guiar el diseño de las políticas públicas. Entendemos que es necesario dotar de
significado al compromiso con los derechos humanos manifestado recurrentemente por los representantes políticos.
Más allá del discurso, una apuesta decidida por los derechos humanos tiene una serie de implicaciones prácticas que
los poderes públicos deben hacer suyas para honrar sus compromisos. Partiendo de principios fundamentales como la
igualdad y no discriminación, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos, y los derechos a
la reparación, la participación activa y al acceso a la información, el Ararteko presenta una serie de recomendaciones
prácticas para los poderes públicos: A) La legislación en desarrollo de los derechos fundamentales debe ajustarse a los
parámetros más garantistas del Derecho internacional de los derechos humanos; B) Las políticas públicas deben estar
encaminadas a garantizar la igualdad, entendida como capacidad y autonomía personales y como valor vertebrador de
una sociedad democrática; C) Las políticas y los servicios sociales son instrumentos para la materialización de los
derechos socioeconómicos y fuente de creación de empleo, prosperidad y cohesión social; D) Es necesario contar con
datos desagregados para evaluar el nivel de acceso y disfrute de los derechos socioeconómicos por parte de todos los
colectivos sociales; E) Son los poderes públicos quienes soportan la carga de probar, mediante evaluaciones de impacto
en derechos humanos, que los recortes se justifican a la luz del conjunto de los derechos socioeconómicos y en plena
utilización del máximo de los recursos disponibles; F) Los derechos civiles (principalmente, el derecho de reunión y el
derecho de asociación) son garantías ciudadanas del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte
de los poderes públicos; G) Todas las personas deben contar con información detallada y relevante, y tener la posibilidad
de participar de manera significativa y en condiciones de igualdad en las decisiones que les afectan.
III.4. El reto de garantizar el mantenimiento, el
desarrollo y la sostenibilidad de los derechos sociales
Los derechos económicos y sociales son, pues derechos constitucionales y son derechos humanos. Por consiguiente,
existe un deber para los poderes públicos (con mandatos muy concretos en diversas disposiciones constitucionales y en
el derecho internacional de los derechos humanos) para que articulen las políticas públicas que sean necesarias para
proteger, salvaguardar y mantener los derechos sociales. El derecho a la dignidad, recogido en el artículo 10 de la
Constitución, que se erige en el pórtico del sistema de derechos y libertades del título primero de la misma, atraviesa, de
un modo transversal, todos los derechos y les otorga un contenido mínimo asociado a la vida digna que resulta
insoslayable para los poderes públicos.
Hay, en este sentido, dos grandes tareas que habría que acometer cuanto antes. La primera de ellas es articular una
arquitectura financiera y unas políticas presupuestarias que permitan el mantenimiento y el desarrollo del Estado social.
Este objetivo es factible. Estamos viendo cómo ese objetivo se está cumpliendo en países europeos como Noruega,
Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza o Austria, o en países no europeos como Canadá,
bien es cierto que habiendo realizado reformas estructurales en muchos de ellos para garantizar, precisamente, la
sostenibilidad del Estado social. Pero es que, además de posible, el desarrollo del Estado social en países con elevados
índices de paro como el nuestro resulta necesario porque de ese desarrollo depende en gran medida la creación de
muchos puestos de trabajo.
La segunda gran tarea es, a nuestro juicio, reconstruir sobre nuevas bases el contrato social en el que se basa el
Estado social. No es posible la sostenibilidad del Estado social y de los derechos sociales si no hay un sistema de
valores sociales ampliamente compartido basado en la solidaridad y en la confianza en el sistema y en las instituciones
que gestionan los servicios y prestaciones sociales. Creemos que esos valores se hallan también en crisis. Es urgente
reconstruirlos y recuperar la solidaridad y la confianza. Es preciso que todos asumamos de buen grado la cuota de
responsabilidad social que nos corresponde y, en consecuencia, contribuyamos fiscalmente a las arcas públicas,
eliminando todo tipo de fraude y, por otra parte, hagamos un uso responsable y conforme a nuestras necesidades de las
prestaciones y servicios sociales. Es preciso y apremiante que impulsemos la solidaridad intergeneracional para crear las
condiciones que permitan a nuestros jóvenes tener una vida, un trabajo digno y una vivienda digna. En relación con ello,
los poderes públicos deberían hacer un esfuerzo especial para ligar de una manera más eficaz la formación de los niños
y niñas, adolescentes y jóvenes con las previsiones a corto, medio y largo plazo del mercado de trabajo.
Resulta apremiante, en este orden de cosas, llevar a cabo una profunda regeneración moral de todo el sistema
político-institucional con el fin de que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones (vascas, españolas y
europeas) y se sienta partícipe del sistema, que debería dotarse de eficaces vías de participación e interactuación con
las mujeres y hombres que conforman la comunidad sociopolítica; con el fin de que los valores de solidaridad social sean
asumidos realmente por la ciudadanía y en consecuencia esta asuma como algo propio y necesario las aportaciones a
las arcas públicas de impuestos, tasas y precios públicos. Se hace preciso, asimismo, que los representantes políticos
consigan ejercer realmente la dirección en la gestión de los asuntos de la polis sometiendo a los mercados y a sus
poderosos lobbies.