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26° Aniversario de APYME
LAS PYMES NECESITAN PROFUNDIZAR EL
MODELO PRODUCTIVO CON EQUIDAD SOCIAL
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) viene sustentando en forma
consecuente desde su fundación los valores de defensa de las Pymes y la producción nacional.
A lo largo de la década del ‘90 la organización sostuvo la necesidad de revertir las
condiciones resultantes de la aplicación del paradigma de la globalización neoliberal, que a
través de la desregulación, las privatizaciones, la destrucción del empleo y del entramado
industrial llevó a la desaparición de miles de Pymes y finalmente a una de las peores crisis de
nuestra historia.
Desde esta perspectiva el principal hecho político desde 2003 ha sido la recuperación
de un papel activo del Estado en el manejo de la economía, con fuerte énfasis en el fomento
de la industrialización, la protección del trabajo y el empleo, el impulso de la demanda en el
mercado interno, la estrategia de integración regional y las exportaciones con valor agregado.
Muchos de los cambios fundamentales realizados en el país en la última década van en
esta dirección, como la política de desendeudamiento respecto de los centros y organismos
internacionales, el NO al ALCA, el restablecimiento de derechos laborales, el
restablecimiento del sistema jubilatorio estatal y el fin de las AFJP, el inicio del
reconocimiento de la deuda interna por medio de la Asignación Universal por Hijo, la sanción
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA
y la recuperación de Aerolíneas e YPF por parte del Estado, entre otros.
Embates de la ortodoxia
En el periodo más reciente, que debe ubicarse en el marco de una formidable crisis
internacional, APYME ha apoyado medidas de resguardo de la economía local, como las
destinadas a proteger la industria y el trabajo, las restricciones a la remisión de utilidades por
parte de empresas extranjeras y el manejo soberano de las divisas.
Si, como les place a los economistas mediáticos, buscáramos fundamentar sólo con
números las decisiones políticas, bastaría consignar que el Gobierno toma estas medidas
cuando las cifras del Estado muestran vitalidad: reservas por 39 mil millones de dólares,
superávit comercial previsto para 2013 en 12.500 millones de dólares, niveles sostenidos e
históricos de consumo y empleo, y crecimiento estimado del PBI del 5 por ciento.
La única alarma en el horizonte es la cuenta energética, que por lo observado en el
primer trimestre proyecta un déficit anual cercano a los 10 mil millones de dólares. Para
amortiguar ese costo, precisamente, se busca captar divisas (el Gobierno aspira a reunir entre
3 mil y 5 mil millones a través del BAADE).
Creemos que este proceso debe afianzarse, ya que no se sostiene sólo sobre
estadísticas positivas sino además sobre la construcción colectiva de un proyecto de país para
las mayorías. Su contracara, en puntos sustanciales, ha sido y es la constante reacción de los
sectores del poder económico concentrado ante cada avance en la protección de los intereses
mayoritarios, e incluso ante la mera aplicación de principios de equidad social y desarrollo
productivo estratégico.
Estos sectores, aliados con el capital financiero, han demostrado en cada etapa que
su prioridad es la maximización de ganancias y las rentas extraordinarias que,
significativamente, no reinvierten en el país. En la última década, lejos de haberse visto
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afectadas, acrecentaron su desempeño y aun en el marco de la crisis global han continuado
obteniendo resultados positivos.
Sin embargo, en lugar de contribuir a la consolidación de un proceso de desarrollo
nacional, redoblan una y otra vez la apuesta por la apropiación del excedente y la fuga de
capitales, rechazando los controles estatales y las regulaciones toda vez que no favorecen sus
propios beneficios.
Los debates actuales, recrudecidos por la agenda electoral, han puesto en primer
plano este comportamiento, que se busca legitimar ante la opinión pública con la connivencia
de los grandes medios de comunicación.
Ante la reforma judicial impulsada en el Congreso, los intentos por parte de la
llamada “oposición” de condicionar el normal funcionamiento de las instituciones estuvieron
ligados con reconocidos representantes del poder económico local y transnacional nucleados
AEA (Asociación de Empresarios de la Argentina), presidida por el CEO del grupo Clarín.
Estos sectores, que no dudan en identificar las libertades públicas y las garantías
constitucionales con la libertad de mercado y los privilegios corporativos, volvieron a clamar,
en nombre de la “república”, por condiciones políticas, jurídicas y sociales que favorezcan lo
que llaman “ambiente de inversiones” y “clima de negocios”.
Sabemos que cuando las grandes empresas y sus gurúes económicos se refieren al
clima, están buscando naturalizar en el seno de la opinión pública las variables de un saber
técnico que sólo sirve para montar operaciones especulativas y de presión sobre la política
vigente.
No por casualidad junto con la temperatura se informan cada día, como si de algo
vital se tratase, los índices del mercado ilegal del dólar, como en otra época se nos informaba
la “nota” que ponían al país las cuestionadas calificadoras de riesgo.
Estos factores (tan poco objetivos como quienes los manejan y difunden) cobran
desde el punto de vista del poder establecido preeminencia por sobre las regulaciones de la
política nacional, y por la misma fuerza de quienes los imponen se constituyen en hechos de
peso para el desarrollo de las expectativas sobre el devenir económico, político y social.
Oligopolios y aumento de precios
En el mismo sentido las visiones ortodoxas suscitan y avivan, más que analizan, la
problemática de los incrementos de precios.
Las “causas” que los economistas de la visión dominante atribuyen a la inflación se
basan fundamentalmente sobre la emisión monetaria, el aumento de salarios y el gasto
público. Sin embargo, son refutados por los hechos cuando se observan las siderales cifras de
circulante que la Unión Europea y Estados Unidos han volcado al mercado para el salvataje de
las entidades financieras sin que ello se manifestara en mayores precios.
Lo que se oculta desde esta perspectiva es la decisiva acción de los grandes
formadores de precios, generalmente integrantes de mercados oligopólicos, cuya acción,
según se ha demostrado y documentado en trabajos recientes, se constituye en causa y efecto
de la suba de los precios mayoristas manufactureros en la última década.
El sector de las pequeñas y medianas empresas es de los más perjudicados en este
proceso, por cuanto no tienen capacidad de formación de precios, incrementándose su
vulnerabilidad ante los aumentos sostenidos en el costo de sus insumos, a los que hay que
agregar tasas locales como las de ABL en la CABA y en algunas provincias a través de
aumentos de impuestos indirectos.
El origen de la inflación no radica en perimidos argumentos de la ortodoxia sino que
es consecuencia directa de la puja distributiva impulsada por la persistencia de una
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estructura altamente concentrada de producción y comercialización en nuestro país, a la que
se busca poner algunos límites pero está lejos aún de revertirse.
¿Cuáles son las soluciones que promueven estos sectores y sus voceros, en su
particular idioma económico, para los males que en gran medida ellos mismos propugnan?
“Eliminación de distorsiones” (devaluación brusca de un 40 %, con brutal
transferencia de ingresos con perjuicio de Pymes y trabajadores), regreso a los “mercados de
capitales” (nuevo endeudamiento con el sistema financiero internacional), “enfriamiento de
la economía” (recesión y achicamiento del mercado interno), “libre disponibilidad de divisas”
(fuga de capitales y especulación financiera), ordenamiento de las cuentas públicas (fin de la
inversión social y productiva por parte del gobierno), “terminar con el intervencionismo
estatal” (dejar en manos de un puñado de oligopolios las decisiones económicas que afectan a
todos los argentinos), entre otras medidas.
En suma, apagar el fuego con nafta.
Un proyecto para las Pymes y las mayorías
Las Pymes y el conjunto de los argentinos conocemos en carne propia el resultado desastroso
de estas políticas que hoy vuelven a pregonar sin vergüenza quienes ya las aplicaron en
nuestro pasado reciente, y que sólo pueden sostenerse bajo coacción económica y represión
para el conjunto de la ciudadanía.
Significativamente, en el relato corporativo se excluye todo vínculo de la situación
económica local y regional con la crisis internacional y sus efectos dramáticos en muchos
países de Europa, que prueba una vez más el fracaso de las recetas monetaristas, la
inagotable rapacidad del sistema financiero especulativo multinacional y la conducta
predatoria de un conjunto de grandes corporaciones con fuerte incidencia local.
Basta ver lo que ocurre en España, donde con un 27 % de desocupación la ciudadanía
marcha por las calles desafiando la represión con carteles de rechazo a las políticas de ajuste
y claras invocaciones a la soberanía económica.
Mientras que en esos lugares los manifestantes señalan hacia la Argentina para
mostrar que hay un camino alternativo al del ajuste, en nuestro país políticos afines al
ejercicio del terror económico han deseado que la situación “no mejore hasta octubre”,
expresando así abiertamente el pensamiento antipopular y antidemocrático que en verdad
sustentan.
Sabemos por experiencia que una crisis económica e institucional sólo traerá
perjuicios para las mayorías, como ha sucedido históricamente, y beneficios para los sectores
minoritarios que las promueven.
Estamos convencidos de que, por el contrario, el camino
condicionamientos externos y retomar un crecimiento que favorezca
constituyen el 95% de las empresas existentes), a los trabajadores y
ciudadanía pasa por afianzar la democracia y los logros recientes con
regional.
para revertir los
a las Pymes (que
al conjunto de la
sentido nacional y
Para ello es indispensable no volver atrás, y antes bien, avanzar en el
desmantelamiento de las estructuras que favorecen la inequidad y la distribución regresiva
del ingreso.
Nuestra entidad recuerda que en La Argentina es una tarea pendiente derogar la legislación
financiera pergeñada por quienes destruyeron la industria nacional y las Pymes, y remplazarla
por otra que determine el carácter de servicio público del crédito, de modo que pueda
acompañar adecuadamente las políticas productivas y sociales.
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Deben valorarse los esfuerzos de organismos de gobierno para apoyar a las Pymes, que
acompañaron el periodo de recuperación económica en virtud de su papel fundamental en la
creación de empleo y dinamización de la economía.
Estas empresas, que no miran el clima a la hora de invertir en el país, están en
peligro de ser afectadas por restricciones de competitividad que obedecen a la falta de
regulaciones específicas.
Visión estratégica
Habida cuenta del diálogo que hoy existe con el sector de las Pymes, es preciso que la acción
del Estado se oriente de acuerdo con una eficaz diferenciación de estas empresas, de modo
de segmentar adecuadamente las políticas y preservar su capacidad de acción en las cadenas
productivas, donde el peso de las corporaciones y monopolios es decisivo.
Debe aplicarse la legislación en defensa de la competencia y penalización de los
comportamientos abusivos en mercados con estructura oligopólica que determinan alzas
desmedidas de costos que las Pymes y los actores más desprotegidos no pueden afrontar.
Asimismo debe avanzarse en la regulación de las grandes superficies y cadenas
comerciales, cuya concentración no ha dejado de crecer bajo diversas estrategias de
implantación y constituye una amenaza al desarrollo de las Pymes, los agentes productivos
locales y el sostenimiento del empleo en cada lugar.
También es necesario abrir el debate sobre una reforma progresiva del sistema
tributario, de modo que una política de inversiones en el sistema productivo local se articule
con criterios de justicia distributiva.
No debemos olvidar que el objetivo de la industrialización requiere trabajar sobre las
cadenas de valor en cada región. En tal sentido deben impulsarse las actividades más
complejas en lo tecnológico y que potencien la demanda interna, a fin de comenzar a revertir
una matriz productiva aún dependiente de exportaciones de commodities bajo el esquema de
las “ventajas comparativas” que ubican a nuestro país en una posición subsidiaria en el
sistema mundial.
En este marco debemos ubicar el manejo soberano de todos los recursos estratégicos
de la Nación, para lo que hace falta un debate sobre las normativas de inversiones, en
particular las extranjeras, con cláusulas de protección del entramado productivo local y la
preservación del medio ambiente.
No ignoramos que estas mejoras, como muchas de las que se ha buscado concretar en
estos años, contarán con la segura oposición de los grupos de privilegio, pero estamos seguros
de que es indispensable instalar los debates correspondientes, ya que entendemos está en
juego no sólo el futuro de las micro, pequeñas y medianas empresas sino además la
posibilidad de construir un modelo de país para todos los argentinos.
Este objetivo, contrapuesto con el del país para pocos que promueven las visiones
restauradoras, necesita de un Estado activo, plena vigencia de las instituciones democráticas
en todos los ámbitos y concurrencia de los sectores productivos, trabajadores, profesionales e
instituciones educativas y de investigación.
En este 26º aniversario desde su fundación APYME convoca a afianzar las
transformaciones en curso y avanzar en las tareas pendientes en pos de una Argentina
desarrollada e inclusiva, con independencia económica, soberanía e integración con
Latinoamérica.
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL
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