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Departamento de Comunicación
Resumen de prensa del 23 al 27 de abril de 2012
TITULARES:
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Madrid pone en marcha un Plan Renove de acondicionadores de aire.
El paro y los ajustes colocan a la economía en otra recesión.
108.000 euros de multa a dos empresas por fraude en las revisiones del
gas butano.
El sector de la biomasa crea la plataforma Probiomasa para defender
sus reivindicaciones.
La información que dan las empresas de gas y electricidad es “mala y
escasa”.
Repsol se plantea fusionarse con Gas Natural para capear la crisis de
YPF.
Coto a trabajar en negro y seguir cobrando el paro.
Alarma por el desajuste entre la oferta de empleo y la formación.
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Madrid pone en marcha un Plan Renove de acondicionadores de aire (El
Economista, 24-4-2012)
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy un Plan Renove de Equipos de Aire
Acondicionado que hasta octubre próximo permitirá a unas 4.000 familias cambiar
sus equipos por otros más eficientes e impulsará la actividad de la industria del
sector, de los comerciantes y los instaladores.
La iniciativa ha sido presentada hoy por el consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad, Percival Manglano, en un acto en el que ha explicado que el objetivo
del plan es reducir el consumo eléctrico de las viviendas mediante la sustitución de
equipos de aire acondicionado domésticos por equipos con etiquetado energético de
clase A.
Según una nota de prensa, la medida, que estará vigente hasta el 1 de octubre
próximo o hasta que se agoten los fondos, cuenta con una dotación de 1.140.000
euros y el incentivo por vivienda variará entre los 200 y los 450 euros en función de
la potencia frigorífica del equipo instalado.
Este Plan ha sido puesto en marcha a través del convenio suscrito con la Asociación
de Empresarios de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización,
Del 23 al 27 de abril de 2012
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Mantenimiento, Electricidad y Afines de Madrid (ASEFOSAM) y con la colaboración
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Según la nota, también participan la Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización (AFEC) y distintos fabricantes de equipos que han participado en la
difusión de esta iniciativa.
La cuantía del incentivo por cada equipo instalado variará en función de su potencia
frigorífica, ascendiendo a 200 euros si la potencia frigorífica es menor de 5 kW; 350
euros si es mayor o igual de 5 kW y menor de 10 kW, y 450 euros si es mayor o
igual de 10 kW y menor o igual de 12 kW, sin que ésta pueda superar el 30% del
coste del aparato y de su instalación, IVA no incluido.
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El paro y los ajustes colocan a la economía en otra recesión (Cinco
Días, 24-4-2012)
Era de esperar. El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo había anunciado hace
días: la economía española había caído de enero a marzo en una proporción
parecida a la del último trimestre de 2011, cuando el retroceso fue de tres décimas.
Y ayer se hizo oficial. El Banco de España estimó -en su boletín de abril- una caída
del PIB en los primeros tres meses del año del 0,4%. Con ello, tras registrar dos
trimestres consecutivos de caídas, la economía española entra oficialmente en
recesión por segunda vez desde el inicio de la crisis.
Así -a la espera de conocer el dato oficial de PIB que elabora el Instituto Nacional de
Estadística-, en el primer trimestre las cifras interanuales también se tornaron
negativas, al retroceder un 0,5% (ocho décimas menos que en el trimestre anterior),
con lo que se interrumpieron siete trimestres consecutivos de avances del PIB. La
demanda nacional cayó un 0,9% en el trimestre (frente al -1,7% del periodo
precedente), mientras que la contribución positiva de la demanda externa fue de
seis décimas (0,9% al final de 2011).
El Banco de España atribuye fundamentalmente esta evolución a un retroceso del
0,4% del consumo en el primer trimestre, ocasionado por un nuevo e "intenso"
descenso del empleo interanual, "cercano al 4%", que puede llevar la tasa de paro
del 22,8% al entorno del 24% en este primer trimestre; así como por "la caída de la
riqueza de las familias y el aumento del IRPF".
Los ajustes presupuestarios también se han dejado sentir en la mala evolución del
PIB. Los componentes públicos de la demanda nacional -consumo e inversión-
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también intensificaron la senda contractiva de los trimestres previos, reflejando el
impacto del plan de ajuste fiscal, por el desvío del objetivo de déficit (6%) en 2,5
puntos más, tal y como confirmó ayer Bruselas. Pese a ello, la entidad aboga por
ahondar en estos ajustes. Además, "la situación de inestabilidad de los mercados
financieros configura un entorno en el que las condiciones de financiación continúan
siendo estrictas y en el que la confianza de los agentes sigue muy débil", analiza el
supervisor. En este escenario, el informe sostiene que a corto plazo la economía
española "está sujeta a incertidumbres y a ciertos riesgos a la baja, relacionados
con posibles avatares de la crisis de la deuda". Por ello, considera prioritario
"despejar las dudas que planean sobre la capacidad de ajuste de la economía
mediante la culminación del proceso de saneamiento, reestructuración y
recapitalización del sistema bancario". Y añade la necesidad de cumplir con el
objetivo de déficit de 2012 (5,3%), lo que exigirá "una ejecución rigurosa de los
Presupuestos".
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108.000 euros de multa a dos empresas por fraude en las revisiones del
gas butano (Diario Sur, 24-4-2012)
Las revisiones de gas butano en los hogares son una actividad tan necesaria como
polémica. La hemeroteca está llena de denuncias tanto por el intrusismo como por
la picaresca de supuestos instaladores que tratan de aprovecharse de personas
mayores con reparaciones innecesarias y tarifas abusivas. Pero estas prácticas
tienen consecuencias: la Junta ha sancionado con un total de 108.000 euros a dos
empresas malagueñas por realizar trabajos de este tipo de forma supuestamente
fraudulenta. Según ha constado la Delegación de Economía, Innovación y Ciencia
en Málaga, emitían informes y cobraban facturas a los ciudadanos sin indicar en
base a qué anomalías se había actuado.
La delegada provincial, Marta Rueda, informó ayer de que la investigación por parte
de la Delegación se inició tras las denuncias presentadas por varios ciudadanos en
las que se alertaba de anomalías en la revisión de sus instalaciones domésticas.
Según estas fuentes, la primera entidad, multada con 60.000 euros, enviaba cartas
a los usuarios avisándoles de que iban a realizar una revisión, aunque
posteriormente no presentaban un informe de anomalías, sino que presuntamente
emitían un certificado «no conforme a norma» y que no cumplía con los requisitos
mínimos, como la firma del instalador. Además, cobraban en la factura una serie de
elementos sin indicar en base a qué anomalía se había actuado. En una de las
denuncias presentadas se detectó además que la persona que realizó el trabajo no
se encontraba inscrito en el registro de instaladores habilitados por la Junta.
Del 23 al 27 de abril de 2012
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La segunda empresa, sancionada con 48.000 euros, se presentaba presuntamente
en los domicilios para realizar una revisión presupuestando una serie de elementos
sin incluirlos en el informe de anomalías, ni el plazo con el que cuenta el ciudadano
para su subsanación, tal y como establece la normativa vigente. Además, la
Delegación requirió a la empresa el certificado de revisión emitido por el instalador
autorizado, sin que la empresa respondiera, y se constató además que, en uno de
los casos, los operarios que realizaron la revisión no aparecen registrados como
instaladores autorizados.
Además de la cuantía económica, la Delegación provincial de Economía, Innovación
y Ciencia va a proponer la cancelación y retirada del certificado de estas dos
empresas instaladoras. Marta Rueda recordó que, según la normativa vigente, las
instalaciones de gas deben pasar una revisión obligatoria cada cinco años y debe
ser el usuario el que se ponga en contacto con la empresa que haya elegido
libremente para la supervisión. Deberá acudir un instalador que, en el caso de que
detecte algún defecto, emitirá un informe de anomalías. El ciudadano tendrá un
plazo de corrección de hasta tres meses, según el tipo de deficiencia, y será él
mismo quien decida qué empresa realiza la reparación de los fallos detallados.
La Junta aconsejó que no se firme ningún presupuesto ni factura hasta que no le
hayan emitido el informe de anomalías. Además, recordó que en caso de que el
personal de la empresa amenace con el corte inmediato del suministro, éste sólo se
realizará en caso de que se detecte una anomalía principal, aquellas que puedan
generar riesgos como una fuga de gas; que el tubo flexible presente grietas o daños
y deficiencias apreciables en los conductos de evacuación de gases.

El sector de la biomasa crea la plataforma Probiomasa para defender
sus reivindicaciones (Europa Press, 25-4-2012)
El sector de la biomasa advierte de la "crítica" situación que atraviesa y, para
defender su continuidad y promover la utilización de esta fuente de energía, ha
creado la nueva plataforma Probiomasa.
En un comunicado, la nueva plataforma pide al Gobierno que apueste por el
desarrollo de la biomasa y considere estratégica esta tecnología, por ser la que más
empleo y riqueza genera en el medio rural, la que más impuestos paga, la que más
residuos valoriza y la que más emisiones de CO2 evita.
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Además, Probiomasa asegura que esta actividad es la aporta una mayor estabilidad
al sistema eléctrico y no tiene relación con la aparición del déficit de tarifa. Además,
es 100% gestionable.
Los productores de biomasas agroganaderas están representados por las
organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA, así como por las
cooperativas agro-alimentarias.
Además, los productores de biomasas forestales están representados por la
asociación COSE, que agrupa a las asociaciones de propietarios forestales privados
de cada una de las comunidades autónomas.
Junto a esto, los productores de energía renovable a partir de la valorización de las
biomasas están representados por APPA Biomasa, que es la patronal empresarial
del sector de la biomasa en España, y por ADAP, que defiende los intereses de los
productores de biogás de España.
La información que dan las empresas de gas y electricidad es “mala y
escasa” (ABC, 25-4-2012)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado siete preguntas
tipo a HC Energía, E.On, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Galp Energía y Endesa
para ver cómo funcionan y llega a la conclusión de que la mayoría de ellas merecen
un «suspenso».

Los servicios telefónicos de atención al cliente de las principales comercializadoras
de gas y electricidad ofrecen una información al ciudadano «escasa» y «mala». El
primer problema que detectó es que lo habitual cuando se llama por teléfono es que
salte un sistema automático, en lugar de una persona. Eso genera «errores y dudas
del usuario sobre la opción a elegir», por lo que, esta organización aconseja ignorar
el menú automatizado y pedir hablar con un operador siempre que el sistema lo
permita.
Aunque la Tarifa de Último Recurso (TUR) eléctrica es una buena opción, «tanto
E.On como Endesa se niegan a ofrecerla a clientes de otra compañía, a los que le
dan como única alternativa una tarifa libre».
Al solicitar esa opción para el gas, la OCU se encontró con que «Galp, Gas Natural
Fenosa y Endesa no la ofrecen cuando la distribuidora del cliente no pertenece al
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mismo grupo comercial». Si no se ofrece esa posibilidad en una comercializadora, la
organización aconseja acudir a otra.
En general, las compañías eléctricas no asesoran sobre la potencia a contratar, por
lo que si se tienen dudas, lo aconsejable es elegir la menor, ya que «si luego se
necesita más se puede aumentar».
La información recibida sobre la Tarifa de Discriminación Horaria es siempre
«mala», a pesar de que es la opción más barata si se logra desviar, al menos, el
30% del consumo entre las 22 y las 12 horas.
La única duda resuelta correctamente en casi todos los casos es la que se planteó
sobre el Bono Social, que permite a parados, pensionistas, jubilados mayores de 60
años con pensión mínima, familias numerosas y clientes con menos de 3 KW
abaratar la factura de la luz.
El estudio destaca que todas las compañías exigen dejar los datos bancarios antes
de enviar el contrato a casa para que el cliente pueda comparar las condiciones que
ofrece cada comercializadora.
La OCU denuncia, asimismo, algunas de las «prácticas engañosas» que utilizan
algunos comerciales cuando se presentan en los domicilios como ofrecer un
descuento sobre la factura cuando sólo es sobre una parte de la misma, no
mencionar que el descuento es temporal o garantizar precios fijos que son
revisables.

Repsol se plantea fusionarse con Gas Natural para capear la crisis de
YPF (Cinco Días, 27-4-2012)
Los accionistas de Repsol son conscientes de que deben actuar con rapidez para
proteger a Repsol y, sobre todo, a Gas Natural Fenosa, de cualquier operación
hostil ante la vulnerabilidad de la petrolera tras la confiscación de YPF. Así, su
principal accionista, La Caixa, con el 13%, tiene encima de la mesa dos opciones
defensivas: una fusión por absorción de Gas Natural por Repsol o la venta de la
participación que la petrolera tiene en su filial, un 30,01%, según confirman fuentes
solventes.
En este último caso, la idea es que con los fondos obtenidos, la petrolera que
preside Antonio Brufau pueda comprar una petrolera de tamaño medio (quizás, la
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portuguesa Galp) que compensaría parte del cuerpo perdido con el expolio en el
Cono Sur.
El viejo y recurrente proyecto de fusión de las dos compañías podría hacerse ahora
realidad y las protegería ante una incursión hostil. Eso sí, la operación conllevaría
una pérdida de valor para Gas Natural y exigiría una opa. Las acciones de Repsol (a
14,45 euros ayer) deberían canjearse por un valor inferior a las de Gas Natural
(10,63 euros). La sede del nuevo grupo estaría en Barcelona.
De optarse por que Repsol venda las acciones de su filial, aunque no resulta el
mejor momento, La Caixa se libraría de un posible socio no deseado en Gas
Natural. En cualquier caso, se rompería el histórico pacto accionarial que les ha
permitido controlar el consejo y gestionar la compañía durante años. Entre los dos
accionistas controlan un 65,3% del capital de la filial, por lo que, si Repsol vende su
parte, la entidad se quedaría con un 35,27%.
Sea cual sea la solución que se adopte, los expertos consideran que debe llevarse
ya a la junta de Repsol convocada el 31 de mayo. Con la expropiación de YPF por
el Gobierno argentino, Repsol ha perdido casi un tercio de su ebitda (1.231 millones
el año pasado); la mitad de sus reservas (unos mil millones de barriles diarios) y se
le han esfumado las expectativas creadas con el gran descubrimiento de
hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (22.807 millones de barriles
equivalentes de petróleo corresponden a YPF).
Y, lo más grave de la situación, el rating de la petrolera ha descendido hasta la
frontera del bono basura (Standard & Poor's ha situado la calificación crediticia a
largo plazo desde BBB a BBB-, con perspectiva negativa), lo que le encarecerá su
acceso al crédito para abordar sus proyectos de upstream en el mundo. También en
Bolsa el valor ha descendido casi un 40% en lo que va de año, lo que ha reducido
su capitalización a los 17.648 millones de euros.
El hecho de que los accionistas busquen una solución urgente (Pemex tiene un
9,5% y Sacyr otro 10%) vendría a demostrar las escasas esperanzas de que el
arbitraje internacional contra Argentina permita a Repsol cobrar un justiprecio. Al
menos, a corto o medio plazo y siempre con un conflicto político de por medio. No
se descarta, no obstante una negociación bajo cuerda del Gobierno español.
Los abogados del Estado argentino buscan pruebas de soborno o de delito
medioambiental (las denuncias en este caso se remontan a 2008) para librarse de
pagar dólar alguno por la malhadada petrolera.
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Coto a trabajar en negro y seguir cobrando el paro (Cinco Días, 27-42012)
Las chapuzas, los trabajillos temporales que no pasan por los filtros de Hacienda y
el cobro simultáneo de prestaciones por desempleo serán más difíciles a partir de
ahora.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de hoy un plan de
lucha contra el empleo irregular y el fraude en las prestaciones por desempleo que
incluirá controles "masivos" e "intensivos" en los centros de trabajo para comprobar
que no hay trabajadores que no están dados de alta y además cobran el desempleo
al mismo tiempo. También está previsto aumentar en un centenar los efectivos de la
Inspección.
Las inspecciones consistirán en visitas a los centros de trabajo de los sectores que
reúnan los perfiles más defraudadores para comprobar que los trabajadores están
en situación de alta en la Seguridad Social y no son perceptores de, entre otras, la
prestación por desempleo o cualquiera por incapacidad.
Así lo indica un documento del Ministerio de Empleo que resume las acciones del
plan que previsiblemente apruebe hoy el Ejecutivo y que también incluye el aumento
de la plantilla de la Inspección de Trabajo, con la "incorporación inmediata" de 25
inspectores y 30 subinspectores; y, a finales de este año y principios de 2013, otros
44 que superen el proceso selectivo que se está llevando a cabo actualmente.
Este plan de lucha contra el fraude perseguirá fundamentalmente corregir la
obtención irregular de las prestaciones por desempleo, principalmente en los casos
en los que se constituyen empresas ficticias para lograr su cobro o los citados
supuestos en los que se compatibiliza dicha prestación "con un trabajo por cuenta
ajena o propia".
Asimismo, pretende aflorar los casos de empleo irregular donde los trabajadores
realizan su actividad sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Y, también,
combatir los fraudes de empresas que reciben bonificaciones o reducciones de
cotizaciones como incentivos al empleo, sin tener derecho a ello. Igualmente se
perseguirá con más intensidad "la utilización de trabajadores extranjeros sin el
correspondiente permiso de trabajo".
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Todo ello formará parte de un "plan de choque inminente" en el que también se
propiciará una mayor colaboración de la Inspección de Trabajo y otros organismos
que manejan datos de los trabajadores como la Agencia Tributaria, la Tesorería
General de la Seguridad Social o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
así como las autoridades laborales de las comunidades autónomas. En concreto, se
"revisarán los cruces de información" entre todos estos organismos.
En concreto, el departamento que dirige Fátima Báñez pretende "reforzar el control
de presencia ante las oficinas de empleo" de los parados que cobran prestación, así
como el hecho de que cumplen el denominado compromiso de actividad, en el que
se comprometen a buscar de forma activa empleo mientras reciben estas ayudas.
Empleo advierte que hará las modificaciones legales que resulten necesarias para
garantizar la mayor eficacia de la actividad inspectora, incluyendo aumento de las
sanciones penales y administrativos o reformas de los procedimientos
administrativos sancionadores.
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Alarma por el desajuste entre la oferta de empleo y la formación (Cinco
Días, 27-4-2012)
La formación que tiene el candidato a un puesto de trabajo difícilmente se ajusta a la
oferta de empleo de las empresas. De hecho, el 80% de los puestos que se ofrecen
requiere una titulación universitaria y apenas el 14% de los demandantes
registrados en los servicios de empleo alcanza ese nivel formativo. Todo esto lo
criticó ayer la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, durante la
presentación del Informe Infoempleo 2011, elaborado por Infoempleo.com y la
consultora de recursos humanos Adecco. El estudio analiza detalladamente todas
las ofertas laborales por comunidades autónomas, sectores, áreas funcionales y
titulaciones.
Destaca el hecho de que el 20,53% de la oferta de trabajo generada en España va
dirigida a candidatos de formación profesional (FP). Y sin embargo, según Hidalgo,
solo el 6,8% de los demandantes dispone de esta cualificación. Las ramas de
fabricación mecánica, electricidad, electrónica y administración concentran el 60%
del total de empleo demandado.
Entre las ofertas que demandan titulación universitaria, las carreras más
demandadas son las técnicas con el 46,7% del total, las del área jurídico-social
concentran el 31,02%, las relacionadas con el ámbito científico y sanitario un
18,03%, y las de humanidades un 4,19%.
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La secretaria de Estado de Empleo reiteró que la situación es "francamente dura",
avanzó que el Ministerio está preparando, junto con las comunidades autónomas,
un Plan Anual de Empleo para 2012 y señaló que desde la entrada en vigor el
pasado 12 de febrero de la reforma laboral, se han formalizado, por parte de las
pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, un total de 18.300 nuevos
contratos indefinidos, de los cuales el 52% ha ido a parar a profesionales de menos
de 30 años.
Madrid es la comunidad autónoma que más empleo generó el pasado ejercicio, con
el 20,9 % de la oferta total, seguida de Cataluña (19,89%), País Vasco (11,12%) y
Andalucía (11,10%). El formato online es ya el medio elegido por el 68% de las
empresas para difundir las ofertas de empleo.
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