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UNA MIRADA TRAS BAMBALINAS A LA CASEN 2015
Transcurrida una semana desde que se dieron a conocer los resultados de la
Encuesta de Caracterización Socio Económica (CASEN) 2015, un análisis detallado de los
datos nos invitan a plantearnos una serie de preguntas derivadas de los porcentajes y
gráficos entregados por el Gobierno a la opinión pública.
Realizada por el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de disponer de
información sobre la situación de los hogares y de la población, especialmente aquella en
situación de pobreza y de aquellos sectores prioritarios para la política social con relación a
aspectos demográficos, educacionales, de salud, vivienda, trabajo e ingresos (carácter
multidimensional del bienestar), la encuesta CASEN ha sido desde 1985 el instrumento
metodológico con el que los gobiernos evalúan la eficacia de las políticas sociales
implementadas en el país con una periodicidad bianual o trianual. En este sentido, los
recientes datos entregados sobre la pobreza y distribución del ingreso en el país en el
periodo 2013-2015, evidencian que la primera de estas variables viene en una sostenida
disminución (de un 14,4% en 2013 a un 11,7% en 2015), lo que sumado a que la segunda
registra una moderada mejora (de 0,491 en 2013 a 0,482 en 2015 según el coeficiente
internacional de Gini) constituyen favorables y entusiastas noticias para el país en su
conjunto. Sin embargo, es fundamental no escandilarse por las cifras o tratar de sacar
conclusiones equivocadas originadas por la premura, sobre cuales serían los factores que
explicarían estos datos.
Por una parte, no resulta sencillo distinguir entre cuánto de la reducción de la pobreza
es resultado directo del crecimiento económico experimentado por el país, y cuánto de las
políticas públicas que buscan focalizar el gasto en favor de la efectividad de los programas
de ayuda social. Tampoco resulta apropiado sentir que con tan auspiciosos indicadores, el
país se encuentra en una senda imparable y directa hacia el pleno empleo, la igualdad social
y el 0% de pobreza, ya que estas condiciones están fuertemente determinadas por la
situación cíclica de la economía y en comparación al resto del mundo, Chile como país
miembro de OCDE debería hacer un mea culpa en lugar de un show mediático para ensalzar
el orgullo nacional.
Dicho esto, el análisis desagregado de algunos datos nos entregan señales sobre las
prioridades que debieran tener las políticas públicas: combatir el 18% de pobreza presente
en los menores de 17 años, aumentar la cobertura de los subsidios monetarios del Estado (el
27,4% registrado fue el más bajo de las últimas 4 mediciones), regularizar la situación
laboral, enfrentar la desocupación y replantearse el actual sistema previsional, entre otras.
Pero mención aparte merece el hecho de que si bien la desigualdad se ha reducido
moderadamente, ésta no ha caído gracias a una solución al problema estructural de la
convivencia social que significa la desigualdad de ingresos, sino a que el nivel de ingresos de
los sectores de más recursos del país ha experimentado una reducción (en parte explicada
por la desaceleración de la economía), evidenciando la endeble correlación entre
disminución de la brecha de desigualdad y mejoramiento de la calidad de vida.
En un país donde el 10% más rico gana 26 veces más que el 10% más pobre, la
disminución en la desigualdad del ingreso registrada por el coeficiente Gini, debe matizarse
con el hecho de que de un total de 160 países medidos, Chile se ubica en el lugar número
133, al nivel de Zimbabue y como el país miembro de OCDE donde la desigualdad del
ingreso es la mayor de los 34 Estados miembros, superando en más de un 100% el
promedio de los países que encabezan esta organización internacional.
Cabe entonces preguntarnos ¿el crecimiento económico se ha reflejado en un
desarrollo social?¿hasta qué punto la desigualdad en el ingreso se convirtió en un factor
catalizador en el quiebre de la sana convivencia social? y por último ¿puede la educación
ayudarnos a disminuir estructuralmente la brecha de la desigualdad?. Creo que el reto es
mayor, el problema debe ser enfrentado multidimensionalmente y atacado desde sus bases
estructurales.
El país debe enfrentar el desafío de alcanzar una economía más justa, fuerte y limpia,
con una ciudadanía comprometida con el bienestar de la comunidad nacional, donde la
solidaridad se dirija no solo a vivir mejor, sino a vivir mejor juntos. Este breve análisis de la
desigualdad en Chile contextualizado tanto en el índice de pobreza nacional y la posición del
país frente a sus pares OCDE, debe hacernos pensar en la importancia de que el país logre
transformar el crecimiento económico en desarrollo social, que se traduzca en un beneficio
para la sociedad mediante una justa distribución de las riquezas, y para ello, la brecha
desigual del sistema educacional debería constituirse en una de los primeros desafíos a
enfrentar por las autoridades: la educación constituye una herramienta vital para el desarrollo
de la sociedad, ya que no solo debiera formar mano de obra obediente y capacitada para
ocupar las plazas laborales que el mercado requiere, sino que es el medio legítimo para
formar individuos capaces de defenderse, organizarse y establecer mecanismos que logren
sanear y alcanzar la tan anhelada equidad, gracias a las potencialidades reprimidas que el
sistema actual se esmera en mantener pasivas.
Pablo A. Guerrero Oñate
Mg. en Historia PUCV