Download Desarrollo y modelos económicos en América Latina desde una

Febrero de 2012
Desarrollo y modelos económicos en América Latina
desde una mirada feminista1
Alma Espino2
1
Este documento fue realizado para la Fundación Friedrich Ebert en el marco del programa de
estudios de género del Área de Distribución y Mercado Laboral del Instituto de Economía –
FCEyA. UDELAR
2 Economista. Investigadora en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración. UDELAR
1
Contenido
Introducción............................................................................................................................ 3
1.
La crítica económica feminista ...................................................................................... 4
1.1.
Aspectos conceptuales ......................................................................................... 4
1.2.
Desigualdades de género, crecimiento y crisis .................................................... 5
2.
Desarrollo actual y modelos económicos ..................................................................... 8
2.1.
La coyuntura de la crisis ....................................................................................... 8
2.2.
El contexto .......................................................................................................... 10
2.3.
La redistribución es insuficiente a pesar del crecimiento .................................. 11
2.4.
Especialización productiva e inserción internacional ........................................ 12
2.5.
Se mantienen bajos niveles de productividad y las brechas internas y externas.
15
2.6.
Problemas y desafíos para las economías en la región .................................... 17
3.
Las economías latinoamericanas y las desigualdades de género: el mercado laboral 18
3.1.
El trabajo no remunerado .................................................................................. 19
3.2.
La participación laboral y el desempleo ............................................................ 21
3.3.
El empleo............................................................................................................. 23
3.4.
Las brechas en las remuneraciones.................................................................... 26
3.5.
En síntesis ............................................................................................................ 27
4.
Desigualdades de género, macroeconomía y respuestas a la crisis. .......................... 28
4.1.
¿Cómo ha afectado la crisis a la pobreza y el empleo de la región? ................ 28
4.2.
Los impactos de la crisis según casos seleccionados ......................................... 30
4.3.
En síntesis ............................................................................................................ 34
4.4.
¿Qué medidas tomaron los gobiernos con miras a la crisis y cómo se evalúan
estos desde una perspectiva feminista? ................................................................................ 36
5.
¿Hacia una agenda económica feminista? .................................................................. 39
5.1. Desafíos desde una perspectiva de género y desarrollo ......................................... 39
5.2. ¿Qué propuestas alternativas hay en relación a los principios básicos y al rumbo
de la economía? ...................................................................................................................... 41
5.3. Propuestas feministas y gobernanza económica global ......................................... 46
Referencias bibliográficas ..................................................................................................... 49
Anexo estadístico .................................................................................................................. 54
2
Desarrollo y modelos económicos en América Latina desde una
mirada feminista3
Introducción
Este documento tiene por objetivos en primer lugar, analizar y discutir desde el
enfoque de la economía feminista algunos de los principales problemas y desafíos
actuales de las economías latinoamericanas. En segundo lugar, desarrollar propuestas
de políticas públicas orientadas a la superación de las desigualdades sociales y de
género que afectan a la región a partir del análisis y diferentes aportes de las
economistas feministas en el ámbito regional e internacional.
En particular, además de revisar las bases estructurales de las desigualdades de
género, se analizan los impactos en la región de la crisis económica y financiera global,
procurando identificar qué lugar ocupan estas desigualdades en esta situación, cómo
se retroalimentan o son afectadas. El análisis permite visualizar que la dimensión de
género de los impactos de la crisis han dependido en buena medida, de la ubicación de
las mujeres en el mercado laboral y de las políticas públicas implementadas, así como
del contexto social, político y cultural que condicionan y configuran el sistema de
relaciones de género.
Más allá de la importancia de este episodio para la senda de crecimiento y el
desarrollo de la región y los posibles cambios en las relaciones de género que pudieran
tener lugar, se entiende que la crisis es una oportunidad para profundizar un proceso
de debate y construcción de otro proyecto económico. En éste, la economía feminista
puede realizar un significativo aporte, en la medida que coloca en el centro de este
proceso otra dimensión: la sustentabilidad de la vida humana y la reproducción social
valorada tanto como la dimensión económica. Ello supone cuestionar los objetivos
mismos de la economía, así como rediscutir el rol del Estado y el mercado, y discutir el
modelo de producción y de consumo.
A los efectos de alcanzar los objetivos propuestos, el documento se organiza en cinco
apartados. En el primero se desarrollan los principales aspectos del enfoque feminista
de la economía y sus principales críticas a los marcos convencionales; en el segundo, se
revisa el desarrollo actual y los modelos económicos en los países procurando dar
cuenta de los problemas y desafíos que enfrentan las economías en la región; en el
tercero se revisan las desigualdades de género en los mercado laborales y su relación
con el funcionamiento de las economías; en el cuarto, se discuten los impactos de
género de la crisis y las medidas que tomaron los gobiernos para enfrentarlos.
Finalmente, en el quinto apartado se discuten algunas de las principales ideas hacia
una agenda económica feminista.
3
Una breve versión preliminar de este documento se publicó en la Revista Nueva Sociedad Nº237.
3
1.
La crítica económica feminista
1.1.
Aspectos conceptuales
¿Cuál es el aporte de la economía feminista al análisis económico? ¿Cuáles son las
características diferenciales de este enfoque con respecto a otros que mantienen
notables coincidencias en términos de críticas a la teoría económica ortodoxa
predominante?
La economía feminista incorpora en su análisis de manera central las relaciones
sociales de poder y –en tanto propuesta política- tiene como objetivo principal
subvertir el orden de género vigente. Los cuestionamientos comunes desde la
economía feminista -integrada por diferentes vertientes de pensamiento- se dirigen a
aspectos centrales de los enfoques predominantes en la disciplina económica. Estos
cuestionamientos procuran develar el sesgo androcéntrico de la economía así como
definir de manera más amplia lo económico. Para ello, presta fundamental atención a
las actividades realizadas histórica y principalmente por las mujeres y que suelen estar
“invisibilizadas” para el análisis económico y las políticas públicas que de éste derivan.
Se propone así recuperar a las mujeres como agentes económicos y mostrar las
relaciones de género como relaciones sociales de poder. Ello supone más que incluir a
las mujeres en el marco de supuestos y axiomas legitimados en la disciplina, desafiar el
orden social existente que el mainstream de la economía ha contribuido a “construir y
legitimar sutil y cuidadosamente” (May, 20024) (Espino, 2010).
A partir de estos fundamentos, la economía feminista es necesariamente crítica al
paradigma neoclásico, al cuestionar el funcionamiento del sistema económico y la
injusta distribución de recursos, trabajos y tiempos, entre mujeres y hombres y entre
otras dimensiones de la desigualdad, como clase, etnia y generación. En este sentido,
comparte puntos de vista y perspectivas con el estructuralismo latinoamericano, el
post-keynesianismo y el marxismo (Esquivel 2011).
El orden social de género (Guzmán 2003) predominante en las sociedades actuales
ampara y estimula desigualdades ente hombres y mujeres y consolida relaciones de
poder asimétricas entre ellos5. Esas diferencias de poder tanto como las estructuras y
restricciones que las originan y que permiten su persistencia están en el centro de la
crítica y el análisis del enfoque feminista de la economía (Robeyns, 2000). En este
sentido, se trata de comprender las instituciones políticas, sociales y económicas como
instituciones “generizadas” para entender las prácticas, las ideas, los objetivos y los
resultados de las políticas públicas; también, para revelar la forma en la cual las
instituciones reflejan, refuerzan y estructuran las relaciones de género y las
4
Citada en Espino (2010)
Este orden se ha construido a partir de estereotipos femeninos y visiones dicotómicas de la realidad,
asociando a las mujeres con la sensibilidad, la intuición, la conexión con la naturaleza (y con los demás),
el hogar, y la sumisión, y a los hombres, con el rigor lógico, la objetividad, el mercado, la esfera pública y
el poder (Nelson 2004).
5
4
desigualdades de poder que estas entrañan (Mackay y Meier, 2003). Por su parte, este
conjunto de elementos, al tiempo que permite entender la continuidad y persistencia
de las desigualdades de género, puede contribuir a comprender y promover las
posibilidades de cambio social (Espino 2010).
Las propuestas de la economía feminista pasan por revisar el objetivo de la economía,
el patrón de producción y consumo, y los costos ambientales para las mujeres y los
pobres que estos significan. Así mismo se procura reconocer que la economía no
solamente funciona en base al objetivo de maximización de las ganancias, sino
también al trabajo orientado a la provisión de cuidados de las personas y a la
solidaridad. Sin esta parte de la economía el funcionamiento del sistema es
impensable. Por tanto, el crecimiento del PIB o la estabilidad macroeconómica como
indicadores del éxito económico son insuficientes para dar cuenta del éxito en el logro
del bienestar.
1.2.
Desigualdades de género, crecimiento y crisis
La investigación teórica y empírica desarrollada en las décadas recientes por las
economistas feministas ha dado lugar a la existencia de un creciente cuerpo de
evidencias, que demuestra que las desigualdades de género a nivel micro están
relacionadas con los resultados macroeconómicos y el crecimiento de las economías6.
No obstante, como se señala en diversos estudios, la dirección de esa relación varía, no
es unidireccional. El efecto de la desigualdad de género sobre el crecimiento
económico está influido por la estructura de la economía, la división del trabajo y el
régimen de políticas económicas (por ejemplo, las normas sobre comercio e
inversiones). Las políticas económicas y el sendero del crecimiento influencian el
grado de igualdad de género que alcanzan las sociedades, al tiempo que las
desigualdades afectan los resultados de las políticas al impedir una reasignación
óptima de recursos en la economía, reforzando las desigualdades sociales y afectando
la incidencia de la pobreza.
Por su parte, bajo determinadas condiciones, diversos estudios empíricos han
mostrado que las desigualdades de género pueden ser positivas para el crecimiento (la
recuperación) así como negativas (por ejemplo, la incidencia de la fuerza de trabajo
femenina en los sectores de la baja productividad), por su efecto sobre la ineficiencia
de las políticas orientadas al desarrollo. En ese sentido, se advierte que «existen
relaciones de “ida y vuelta” entre desigualdades de género y desarrollo económico».
Esta relación entre desigualdades de género y resultados económicos también
depende del tipo de indicadores de desigualdad empleados. Así, la brecha de salarios
por género es un precio variable que produce rápidos efectos en el producto y el
6
Ver entre otros Banco Mundial (2004); Walters (1995); Seguino (2008); Kabeer (2006).
5
empleo7, mientras las brechas educativas o la segregación ocupacional han mostrado
tener efectos de largo plazo en el crecimiento de la productividad, y por lo tanto, en
retrasos en el desarrollo y el crecimiento (Seguino 2008).
En consecuencia las investigaciones revelan que no es posible llegar a conclusiones
universales (depende de los contextos nacionales, políticos, económicos, culturales), e
invariables en el tiempo (corto y largo plazo) respecto a los efectos de género de los
resultados macro, y más bien éstos deben ser estudiados de manera específica en cada
contexto.
A los efectos de analizar y discutir desde el enfoque de la economía feminista, los
problemas y desafíos actuales de las economías latinoamericanas y en particular, la
situación de crisis, este estudio se focaliza en los aspectos relativos al trabajo y el
empleo. Ello obedece por un lado, a la estrecha relación entre estas variables con el
bienestar y las desigualdades sociales y de género en el largo plazo y en la coyuntura
específica por la que se atraviesa. Por otro lado, a que los impactos directos de la crisis
tienden a verificarse de manera inmediata en el mercado laboral y finalmente, porque
se dispone de mayor volumen de información actualizada y comparable desagregada
por sexo en las estadísticas oficiales.
Diversos estudios en el ámbito internacional han mostrado que las diferencias en las
conductas laborales de hombres y mujeres determinan que a lo largo del ciclo
económico, la fuerza de trabajo femenina muestre ciertas especificidades y formas de
funcionalidad a las características del patrón de crecimiento y a las distintas fases del
ciclo. Dichas especificidades están relacionadas con que el hecho de que el mercado de
trabajo opera en la intersección entre la economía mercantil (productiva desde el
punto de vista de la economía convencional) y la no remunerada (reproductiva). Esto
es, se trata de la intersección entre las formas en que las personas se ganan la vida y
cuidan de sí mismos y de los demás (Elson 1999).
Los patrones de comportamiento de la fuerza de trabajo femenina en el largo plazo
que se han verificado –en particular en las economías avanzadas- muestran una
relacionan con la división sexual del trabajo en los hogares y en el mercado así como
con la dinámica de la demanda laboral, dada por los ciclos y el estilo de crecimiento de
las economías. Estos movimientos en el largo plazo reflejan al mismo tiempo los
estímulos recibidos y los cambios paramétricos en los comportamientos femeninos así
los cambios verificados en términos de proyectos laborales y profesionales a través de
las distintas generaciones que se reflejan en las transformaciones de los
comportamientos a lo largo del ciclo de vida.
En las economías desarrolladas, los cambios en estos patrones de participación laboral
femenina en el largo plazo han dado lugar a una relativa “feminización de la fuerza de
7
Las brechas salariales entre hombres y mujeres podrían incentivar la velocidad de recuperación de la
economía y el crecimiento de corto plazo, aunque en el mediano plazo puede presentase la relación
opuesta. Es decir, podría darse lugar a la reducción de la demanda potencial dado por las brechas de
género, si esta brecha presiona hace que el salario medio baje, al menos en el corto plazo, generando
reducción en la capacidad de consumo de las mujeres y las familias (Seguino 2008).
6
trabajo” que se ha discutido en base a diferentes hipótesis. Estas son las que refieren a
los efectos “amortiguador”, “segmentación” y “sustitución” (Erturk y Cagatay 1995;
Erturk y Darity 2000)8.
La asignación de recursos humanos a la producción de mercado -determinada en gran
medida por la división sexual del trabajo -distribución del trabajo doméstico9 y factores
institucionales y culturales- otorga flexibilidad a la mano de obra femenina para los
distintos momentos del ciclo económico, teniendo lugar su aumento en el crecimiento
y su disminución en la recesión. Esa disminución “amortiguaría” el impacto sobre el
desempleo.
Por otra parte, la mayor flexibilidad de la fuerza de trabajo femenina explica en parte
su predominio en los sectores de baja productividad (autoempleo, microempresas,
servicios con bajas remuneraciones y bajos niveles de calificación) y en los momentos
de crisis, la entrada en este tipo de ocupaciones se vería facilitada.
La segregación laboral (ocupacional y sectorial) de género que caracteriza a los
mercados laborales da lugar a que los cambios en el empleo femenino (entrada) o el
desempleo (salida) dependan de la composición de los sectores y ocupaciones que son
afectados por los ciclos económicos (segmentación).
La hipótesis de la sustitución se relaciona con el hecho de que en la recesión la fuerza
de trabajo femenina sustituiría a la masculina como forma de abaratar costos laborales
debido a las brechas salariales y aprovechando la falta de capacidad para la
organización sindical de las trabajadoras.
En América Latina, la oferta laboral de hombres y mujeres en el largo plazo se ha
mostrado como contracíclica, pero la femenina ha sido más inestable y susceptible a
los acontecimientos económicos. Según Vazconez (2011) si bien este comportamiento
contracíclico de la oferta laboral femenina ha sido característico en el largo plazo, en
dos períodos este ha mostrado un carácter procíclico: a finales de los años 80 en que la
economía tiene un repunte y crece mucho la participación en especial de las mujeres, y
durante las crisis de finales de los 90 e inicios de los años 2000, en que las ofertas de
trabajo de hombres y mujeres decrecen y se restablecen junto a la recuperación del
PIB.
Vásconez (2010) analiza el efecto de la feminización laboral -medida como la relación
entre tasas de participación femenina y masculina sobre la tasa de crecimiento
económico a nivel de ciclos cortos en países de la región-. Concluye que ésta tiene un
efecto de signo positivo y significativo para la recuperación económica Ecuador, Perú,
Argentina, Uruguay y Brasil; efecto que aumenta al ampliar el ciclo. Ello permitiría
inferir que las mujeres ingresan al mercado en situaciones de crisis y este ingreso
8
Al respecto es una importante contribución la realizada por Claudia Golding en su artículo The Quiet
Revolution That Transformed Women’s Employment, Education, and Family," American Economic
Review, 2006, v96(2,May), 1-21
9
Debe considerarse adicionalmente que prácticamente no existe inversión en infraestructura de apoyo a
las tareas domésticas y de cuidados de carácter público ni en corresponsabilidad con las empresas.
7
soporta en forma positiva la recuperación de las economías latinoamericanas. En
términos de las hipótesis antes descriptas, en las economías latinoamericanas podrían
encontrarse indicadores que verifican al menos en el pasado reciente, la hipótesis
“segmentación” y la de “substitución” indicando la mayor participación de las mujeres
en períodos de contracción económica.
2.
Desarrollo actual y modelos económicos
2.1.
La coyuntura de la crisis
Las economías latinoamericanas pese a las diferencias observadas entre países y
subregiones en diferentes dimensiones, también presentan características comunes
relacionadas con las asimetrías registradas entre sectores productivos, actividades y
empresas. Estas asimetrías tienen como correlato fuertes desigualdades sociales, entre
las cuales se encuentran desigualdades de carácter más estructural, como las que
existen entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos (así como otras de origen
histórico vinculadas a étnias y razas), que se entrecruzan y combinan con otras
desigualdades sociales.
En su conjunto, hoy la región muestra signos de recuperación de los impactos de la
crisis internacional que se desatara en 2008 en primer lugar en Estados Unidos, para
extenderse a los países de Europa y al resto del mundo. Luego de la contracción
experimentada por las economías latinoamericanas en promedio en 2009, el PIB
regional creció un 5,9% en 2010, aunque con gran heterogeneidad entre países
(CEPAL, 2010a). Estos resultados en parte se debieron a la situación previa de carácter
favorable que experimentara la región (factores externos) y en parte, a las respuestas
de política pública frente a la crisis (implementación de políticas de sostén a la
producción, el consumo, la inversión, el empleo y los salarios). El objetivo empleo y el
sostenimiento de la demanda interna dio lugar a que estas políticas incluyeran
marcadamente el fortalecimiento de las políticas sociales, programas de inversiones
intensivos en empleo y en algunos casos, políticas de salarios mínimos para soportar la
demanda interna.
Aunque paradójico en la comparación histórica, mientras en los países desarrollados
las acciones para enfrentar la crisis están privilegiando la baja inflación, el déficit fiscal
reducido y la política social moderada10 en un contexto de baja imposición fiscal
(Torres 2011), las respuestas en América Latina procuraron apartarse de las recetas
ortodoxas o centradas en el mercado. Estas opciones realizadas por las economías
avanzadas por su parte, además de los efectos sobre sus economías, podrían aumentar
las restricciones a la demanda externa para los países de la región por la vía de la
propagación de la austeridad. Así mismo, si las economías emergentes, especialmente
10
En contraste, en América Latina solamente dos países (Panamá y Perú) de los 18 países no ajustaron
los salarios mínimos en 2009; y la mayoría de los países trataron de proteger a los trabajadores con
menores salarios (Behrendt, C; Bonnet, F; Cichon M and Hagemejer, K. 2011).
8
China que ha tendido a apoyarse en las exportaciones para impulsar el crecimiento,
fallara en fortalecer la demanda interna, ello acarrearía mayores problemas en este
sentido (Torres 2011).
Los impactos de la crisis no tuvieron las mismas características ni la misma gravedad a
lo largo de toda la región, pese a que su demanda agregada es muy vulnerable a la
contracción de la actividad económica mundial, debido a la dependencia de la
demanda externa (exportaciones y turismo) y la inversión extranjera. A mayor
interconexión comercial y financiera con los países en crisis, los impactos han sido
mayores y por ende, los efectos resultaron inmediatos y superiores en los países con
alto grado de dependencia con la economía norteamericana, como es el caso de
México y los países centroamericanos y caribeños.
Los principales canales de transmisión de los impactos de la crisis han sido la
disminución de la liquidez en los países desarrollados y su efecto en las inversiones
directas; la disminución de la demanda externa, por su impacto en las exportaciones y
el turismo; y en algunos casos, fue muy importante la disminución en las remesas
enviadas por los migrantes a sus países de origen. El comercio internacional ha sido un
factor diferencial tanto en lo que tiene que ver con el tipo de productos (materias
primas básicas y en combustibles, en los países de América del Sur; importadores de
combustible y exportadores de productos de la maquila Mercado Común
Centroamericano) así como con la orientación geográfica de las exportaciones y la
dinámica del crecimiento mundial. En este sentido, cabe mencionar que Asia ha
tomado una importancia creciente para los países de América del Sur, y superior a la
del resto (con la excepción de Costa Rica) y la demanda mundial de materias primas
está cada vez más ligada al crecimiento chino.
Estas diferencias hacen que los países más beneficiados por el periodo de reciente
mejora de los términos del intercambio (2003-2007) sean la República Bolivariana de
Venezuela y Chile, parcialmente compensada en este último país, y en Perú por la
remisión de utilidades al exterior, vinculadas sobre todo a la explotación minera. Por
otra parte, las economías de Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Perú y
Uruguay son las que registran los mayores incrementos del volumen exportado (Kacef y
López-Monti, 2011).
Los países de Centroamérica, importadores netos de petróleo y competidores de China
en el mercado estadounidense, no solo sufrieron un deterioro en sus términos de
intercambio durante la etapa de crecimiento regional, sino también una reducción de
sus ventas externas en términos reales, en ambos casos con respecto al promedio de
los años noventa (Kacef y López-Monti, 2011).
En el caso de México por ejemplo, su elevado nivel de integración a la economía
norteamericana a través de las exportaciones de materias primas industriales y
petróleo explica que el impacto sufrido haya sido significativamente superior al resto
de la región.
9
Por último, el papel de las remesas en la dinámica de la balanza de pagos muestra
notables diferencias, ya que en los países de Centro América y Ecuador las
transferencias provenientes de trabajadores residentes en el exterior es uno de los
principales factores proveedores de divisas. De hecho, en países como Honduras, Haití
y el Salvador el monto de las remesas ronda el 15%-20% del PIB y cerca de un 80%
proviene de USA (Espino 2011)11.
Los factores comentados contribuyen a explicar las diferencias en la evolución del nivel
de actividad económica entre países. Si bien el PIB de la región disminuyó 1,9% en
promedio en 2009 -la mayor caída desde 1983- en América del Sur, el descenso fue
del 0,2%, y en Centroamérica se registraron tasas negativas o desaceleración del
crecimiento con excepción de Panamá y la República Dominicana (Cuadro 1). En esta
subregión el impacto de la crisis a nivel social se vio agudizado debido a la crisis
alimentaria del 2007, principalmente en el sector rural (PMA, 200812). A ello se agregó
el efecto del incremento internacional de los precios del petróleo, que provocó
aumentos en los artículos de consumo, transporte, servicios y por ende, en la inflación.
La situación inicial de las mujeres con relación al empleo y los ingresos, así como las
características contextuales de las relaciones de género en cada país, las convierte en
parte de los sectores vulnerables de la sociedad en momentos de crisis económicas.
Los análisis sobre episodios similares anteriores han puesto de relieve la “no
neutralidad” de los efectos de las políticas económicas13. Es decir, que tanto las
políticas que contribuyeron a generar la crisis por la que se atraviesa, como las que se
diseñaron para la recuperación, habrían tenido impactos diferenciales sobre hombres
y mujeres.
2.2.
El contexto
El análisis de la crisis y sus impactos sociales y de género en sociedades y economías
con marcadas desigualdades requiere caracterizar las fortalezas y debilidades
estructurales que se reflejan en su evolución previa. Estas últimas también se expresan
en la forma en que la crisis encontró a las economías y en la posibilidad que estas
tuvieron de impulsar iniciativas para enfrentarla.
En el quinquenio previo (2003-2007), la región creció en promedio 5,3%14; entre 1990
y 2008, la variación anual promedio fue de 3,2%, por encima de la cual se destaca
Chile, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana; en el otro extremo, se ubican por
11
Cabe señalar que en varios países de América del Sur (el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, y
Paraguay) las remesas de emigrados comienzan a tener una destacada importancia cuando se las
compara con el promedio de los años noventa (Kacef y López-Monti 2011)
12
Citado en Espino, 2011 (en prensa)
13
Desde los 80 y hasta los primeros años de los 2000 algunos países de la región sufrieron crisis
macroeconómicas severas, tales como México y Honduras durante mediados de los 90; Colombia,
Panamá, Costa Rica, Ecuador y Brasil en 1999; Uruguay, Argentina y Venezuela alrededor de 2002. Estas
crisis estuvieron asociadas con incrementos en la desigualdad y la pobreza.
14
Este ritmo de crecimiento no se había experimentado desde los años 70 (CEPAL, 2010a).
10
debajo de ese promedio Brasil, El Salvador, Haití México, Paraguay, Uruguay. Este
crecimiento se ha señalado que estuvo principalmente asociado a los flujos de
capitales -de naturaleza extremadamente cíclica-, lo cual se tradujo en sustanciales
variaciones de la demanda agregada, el tipo de cambio y las expectativas o el ánimo de
los actores económicos (Ffrench- Davis, 2010). El PIB per cápita en ese lapso creció
1,7%, es decir, menos que el registrado por ejemplo, en Asia oriental (4,1%) y similar al
de los Estados Unidos, que tiene un ingreso per cápita que casi quintuplica el de la
región (CEPAL 2010a).
2.3.
La redistribución es insuficiente a pesar del crecimiento
La evolución del producto entre 2003 y 2008 se vio acompañada por la caída en el
desempleo de más de tres puntos —de 11% a 7,4% en el promedio regional—
mientras los salarios se incrementaron dando lugar a una reducción del coeficiente de
Gini medio de la región del orden del 4% en comparación con el de 2002. El mismo
índice promedio en torno a 2007, calculado sobre una base comparable en términos
de los países y áreas geográficas utilizadas, es de 0,515. Por tanto, puede decirse que
en ese período no ha habido un cambio significativo de los patrones distributivos
prevalecientes en la región y la desigualdad continúa siendo mayor que en las demás
regiones del mundo15 (CEPAL, 2008a).
De la mano de la recuperación de las economías, las cifras ofrecidas por CEPAL (2011)
indican que entre 2002 y 2010, 11 países presentan mejoras distributivas en sus
niveles de desigualdad, independientemente del indicador utilizado para su medición
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú,
Uruguay y Venezuela). Ello se explicaría por una distribución más equitativa de los
ingresos laborales por ocupado debido a la progresiva mejora en la distribución de la
educación y la reducción en las brechas salariales entre los trabajadores más y menos
calificados.
La desigualdad proveniente de la diferencia en el ingreso laboral medio entre hombres
y mujeres, aporta en promedio, un 3% de la desigualdad total lo cual puede
considerarse un porcentaje relativamente bajo. No obstante se trata de un porcentaje
que si bien es muy bajo, no es representativo de la brecha de género en los ingresos
laborales, ya que no toma en consideración que las mujeres tienen un promedio de
años de estudio más alto que los hombres en la mayoría de países de la región. Al
comparar los ingresos medios entre personas de distinto sexo con un nivel educativo
similar, la brecha salarial en perjuicio de las mujeres se hace evidente (CEPAL 2011:30).
Además de la evolución registrada en los indicadores del mercado laboral, las mejoras
distributivas globales se atribuyen a la incidencia de de las transferencias públicas
monetarias16 que abarcan a 41% de las personas del primer quintil de ingresos de los
15
Uruguay con un Gini de 45% es el que presenta la distribución menos desigual de América Latina pero
supera largamente a la de todos los países desarrollados (PNUD, 2010).
16
La reducción de la pobreza extrema reduce la desigualdad en tanto reduce la desigualdad “entre
pobres”.
11
hogares. Este tipo de transferencias habrían contribuido a desconcentrar la
distribución del ingreso global per cápita (CEPAL, 2011).
Probablemente, también ha influido en estos resultados la intensificación de políticas
fiscales contracíclicas, las reformas fiscales en algunos países y en otros, el retorno a la
regulación laboral y de seguridad social.
2.4.
Especialización productiva e inserción internacional
La evolución de los diferentes sectores de actividad económica en términos de
producción, productividad y empleo si bien presentan características comunes entre
países, mantienen fuertes especificidades dadas tanto por las características
estructurales de las economías como por las apuestas de políticas impulsadas. Esas
últimas si bien se han expresado en ciertas áreas -social, fiscal- aún no se visualizan en
términos de un mayor equilibrio estado - mercado y de estrategias macroeconómicas,
microeconómicas y sectoriales con el objetivo de promover cambios estructurales.
En los próximos párrafos se señalan algunas de las características de los sectores de la
producción que contribuyen a explicar las brechas externas e internas de las
economías latinoamericanas, y su impacto en las brechas sociales y de bienestar entre
grupos poblacionales.
La producción industrial
En las dos últimas décadas el sector manufacturero perdió participación en el valor
agregado nacional pese a la expansión verificada en los 90 y en el período reciente
(2003-200817). Este sector a lo largo de la región presenta dos variantes principales. La
primera, responde a un sector industrial beneficiario del modelo de industrialización
por sustitución de importaciones (ISI), con protección del estado y estimulado por las
políticas públicas para el fomento y el desarrollo de las capacidades tecnológicas. Este
sector ha reducido su dimensión debido al incremento de la competencia externa en
las últimas dos décadas, al tiempo que habría aumentado su eficiencia y mejorado su
inserción internacional en base a los sectores y empresas que lograron sobrevivir. Su
desarrollo exportador y tecnológico ha sido en general muy modesto. Por su parte, la
otra variante de desarrollo industrial se vio impulsada a partir de los años 80 por las
actividades de maquila, las zonas francas o los regímenes de admisión temporal. En
este caso, el sector depende de la división del trabajo en las grandes empresas
multinacionales y de la conformación de las cadenas de valor en cada sector o bien de
la red global de producción18 (CEPAL, 2008b).
¿Cuál ha sido el aporte del sector industrial a crecimiento y diversificación de comercio
internacional de la región? El volumen de las exportaciones en el promedio regional
17
En Argentina, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, Nicaragua, el Perú y
el Uruguay, se incrementó el peso de la industria en la generación de valor agregado nacional (CEPAL
2010a).
18
México y los países de la Cuenca del Caribe, han desarrollado nuevas ventajas comparativas en
manufacturas en base a su integración creciente con Estados Unidos.
12
creció significativamente a partir de los años ochenta —más rápido que el comercio
mundial— diversificándose modestamente tanto los productos exportados como los
mercados de destino (CEPAL 2010a). En términos absolutos, el crecimiento de las
exportaciones de la última década y media ha sido muy inferior al de los años 70 19. Si
se exceptúa a México, las exportaciones de bienes primarios y manufacturas basadas
en recursos naturales representan casi un 70% de las exportaciones totales de
mercancías (Sánchez Ancochea 2009).
El aumento del coeficiente de importación industrial ha sido más marcado que el de
exportaciones entre 2003 y 2008, evidenciando la dificultad del aparato productivo
industrial para competir en la mayoría de los sectores20. Estas dificultades se dan tanto
en los sectores intensivos en tecnología como en trabajo, estos últimos, expuestos a la
competencia de nuevos productores sobre todo de países de Asia. En El Salvador,
Honduras y la República Dominicana, países en los que se desarrolló la industria textil
para la exportación desde mediados de los años 80, su producción ha sido afectada por
el deterioro de los términos de intercambio (el precio de los textiles ha crecido por
debajo del nivel general de precios desde mediados de los 50), la competencia de las
exportaciones de China y el escaso valor agregado contenido en las exportaciones.
Por su parte, la participación de las manufacturas en las exportaciones totales es
significativamente mayor en el comercio intrarregional; pese a que en Sudamérica se
ha mantenido una especialización más tradicional basada en recursos naturales, la
importancia de las manufacturas para el mercado regional en el caso de Mercosur ha
sido creciente21 (CEPAL, 2008b).
De acuerdo a CEPAL (2010a), el proceso de pérdida de capacidades tecnológicas y
encadenamientos productivos a lo largo de los años ochenta y noventa, que se viera
acompañado de reducción de gastos en investigación y desarrollo y de un incremento
de la importación de bienes de alto contenido tecnológico, crearon las condiciones
para que en el período de crecimiento reciente (2003-2008), el aumento de la
producción manufacturera fue “esencialmente cuantitativo” y no estuviera
acompañado por la construcción de de capacidades tecnológicas.
La producción basada en recursos naturales
La producción basada en recursos naturales mantiene gran importancia para la región.
En particular, el complejo agroalimentario contribuye a la oferta de alimentos y a la
seguridad alimentaria, tiene un fuerte impacto sobre la demanda de mano de obra
(18% del empleo en 2005) y ocupación un 50% o más de la superficie dedicada a la
19
Durante el periodo 1970-1980 las ventas de bienes en el exterior crecieron al 20% medio anual y
superaron en ritmo de expansión a las de los países de la OCDE.
20
En México aumentó el contenido importado de la producción habría ocasionado un déficit de balance
comercial de 2,2% del PIB en promedio durante el periodo 2001-2008 (Moreno-Brid, 2009: 10). Las
exportaciones de petróleo explicaban más 10% del valor de las exportaciones totales antes de la crisis,
lo que tornaba a la economía altamente vulnerable a la reversión del boom petrolero (Espino, Esquivel,
Rodríguez, 2011).
21
Ello también se verifica en el caso de Colombia, Ecuador y República Bolivariana de Venezuela
(Comunidad Andina), Guatemala, Honduras y Nicaragua (Mercado Común Centroamericano), y
Dominica, Jamaica, Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas (Comunidad del Caribe)
13
actividad agrícola-ganadera y sus primeras etapas industriales, su contribución a las
exportaciones (16% del total regional en 2005 y más del 50% en muchos países) (CEPAL
2008b).
En el período 2003-2008, los elevados precios de los productos agrícolas y mineros
exportados por la región compensaron el déficit de balanza comercial. El aumento de
la participación de las exportaciones de este tipo de bienes se ha señalado que
presenta desventajas, derivadas de la mayor volatilidad de sus precios respecto a los
bienes manufacturados en el mercado internacional. Ello afectaría directamente la
demanda agregada y la balanza de pagos de los países, siendo una fuente de
inestabilidad macroeconómica. Para Ancochea (2009) a ello se agregan las dificultades
para crear encadenamientos entre sectores y generar un proceso sostenido de
aprendizaje e innovación tecnológica, debido a que muchos productos agrícolas
utilizan una mano de obra poco calificada, no suelen generar capacidades productivas,
de diseño y ejecución de proyectos y capacidades de innovación, elementos que serán
necesarios para aumentar la productividad y el crecimiento económico de forma
sostenida.
Los sectores intensivos en recursos naturales también tendrían menor capacidad para
generar eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante por la elevada "distancia
tecnológica" que existe entre la actividad actual y las nuevas actividades que se
pretenden generar (CEPAL 2010a). No obstante, para muchos países las ventajas
competitivas dependen en gran medida de los recursos naturales y de acuerdo a
CEPAL (2008b) se podrían generar encadenamientos con otros sectores y actividades,
constituyendo así fuente de competitividad y aprendizaje tecnológico.
Los servicios
El sector de los servicios ha tendido a crecer en sus distintas áreas -transporte,
finanzas, turismo y empresas-representando un porcentaje cada vez mayor del PIB y
del empleo. Este crecimiento ha estado acompañado por el predominio de los empleos
de baja calidad (bajos salarios y escasa productividad) y diversas estrategias laborales
de supervivencia.
A su vez, se identifica una mayor participación de las actividades del sector en un
segmento emergente con creciente demanda de mano de obra calificada y una
inserción cada vez mayor en las cadenas globales de valor, a través de las
exportaciones, pero en general en las actividades menos dinámicas (CEPAL, 2008a).
El mayor dinamismo de las actividades de servicios dentro del comercio internacional
excluye el transporte y el turismo. En esos servicios dinámicos América Latina y el
Caribe registraron un crecimiento que se mantuvo por debajo del observado en Asia y
el mundo. Gran parte de esos “otros servicios”, sobre todo los prestados a las
empresas, están basados en el uso intensivo de conocimientos tales como de
contabilidad, administración de recursos humanos, asesoramiento legal, programas y
servicios informáticos, medicina, investigación y desarrollo (IyD), arquitectura,
ingeniería, construcción, publicidad, logística, mantenimiento, minería, maquila y
biotecnología. Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras y Paraguay registraron las tasas
14
más altas de crecimiento de esta categoría, mientras que su mayor participación en las
exportaciones en 2005 se observó en Argentina, Brasil y Paraguay. La Comunidad
Andina (CAN) y México fueron los menos dinámicos en este rubro. De hecho, al final de
este período México perdió el primer lugar como exportador, quedando a la zaga de
Brasil (CEPAL 2008b).
2.5.
Se mantienen bajos niveles de productividad y las brechas internas y externas.
En el contexto económico reseñado, durante el período 1980-2002, la productividad
global de buena parte de las economías latinoamericanas y caribeñas22 registró un
relativo estancamiento que se interrumpió entre 2003 y 2008, con la recuperación del
crecimiento asociado al ciclo favorable de precios de materias primas y productos
básicos23.
Las diferencias de productividad observadas entre los distintos sectores de actividad,
también se dan dentro de cada uno de ellos así como entre las empresas de cada país y
estas diferencias, son muy superiores a las que se observan en los países
desarrollados. La brecha externa o rezago relativo refleja las asimetrías en las
capacidades tecnológicas de la región con respecto a la frontera internacional. La
brecha interna -entre sectores, actividades y empresas y trabajadores- da lugar a lo
que se ha denominado heterogeneidad estructural (CEPAL 2010a).
Esta heterogeneidad se traduce en desigualdades sustentadas en las estructuras
productivas y en el funcionamiento de los mercados, que alimentan las profundas
desigualdades sociales de América Latina y el Caribe.
La evolución del trabajo remunerado ha mostrado una tendencia al aumento de la
participación en puestos en sectores de baja productividad24 (agricultura, el comercio y
la construcción)25 (1990-2008) a expensas de los sectores de productividad media
(industria y transporte). Solamente un pequeño porcentaje de empresas y
trabajadores se acerca a la frontera internacional en términos de productividad, lo que
refuerza la heterogeneidad estructural y las marcadas desigualdades sociales (CEPAL,
2010a:98).
22
La productividad relativa de América Latina respecto de los Estados Unidos en los sectores de alta
productividad (minería, electricidad y establecimientos financieros) cerró la brecha entre 1990 y 2008,
mientras que esta se ha ampliado en la mayoría de los sectores de productividad media y baja, como la
agricultura, la industria, el transporte y el comercio. La única excepción es el sector de la construcción
que, pese a ser de baja productividad, cierra la brecha, principalmente por la caída de la productividad
en los Estados Unidos (CEPAL, 2010a)
23
“La productividad laboral del sector industrial de los países de la región se incrementó un 2% anual
entre 2003 y 2007, lo que representa el peor desempeño de este indicador en los últimos 37 años, con
la excepción de la “década perdida” de los años ochenta” (CEPAL, 2010a: 110).
24
El sector de baja productividad incluye a unidades económicas que trabajan casi sin utilizar ningún
tipo de mecanización, con una muy baja densidad de capital y en las que las tecnologías en uso son
extraordinariamente atrasadas. Desde el punto operativo se consideran las empresas de hasta 5
trabajadores, ocupados por cuenta propia no calificados, ayudantes familiares y servicio doméstico.
25
Los sectores de alta productividad en el empleo representan un 8,1% en 2008 (CEPAL, 2010a)
15
El sector de baja productividad responde por la mitad del empleo y aporta solo un
10,6% al producto. La distribución desigual de la fuerza laboral entre los distintos
estratos productivos -una gran proporción de los ocupados en el estrato bajo que
aporta una parte ínfima del producto, y una fracción muy reducida de los trabajadores
en el alto, aportando un porcentaje muy elevado del producto- se genera por la escasa
capacidad de los sectores más modernos y más avanzados de absorber fuerza de
trabajo, expulsando mano de obra excedentaria hacia los sectores de menor
productividad (CEPAL, 2011).
Todo ello da lugar a una distribución muy desigual de la productividad (medida ésta a
través del PIB por ocupado) que crea las condiciones para una apropiación muy
desigual de las remuneraciones entre los trabajadores. A mayor heterogeneidad
estructural por tanto, se amplían las desigualdades, lo que se aprecia a partir del valor
registrado por el índice de Gini. Este registra su menor valor (49,7), en el grupo de
países de heterogeneidad estructural moderada, aumenta para los de heterogeneidad
estructural intermedia (52,2) y en los países con heterogeneidad estructural severa
alcanza a 53,3 (CEPAL 2011)26.
Si bien en las dos últimas décadas disminuyó la población ocupada en sectores de baja
productividad el hecho de que lo hiciera en mayor proporción entre los ocupados de
mayores ingresos de esos sectores profundizó la desigualdad en ese segmento, ya que
aumentó la distancia entre éstos y los sectores más pobres. Por su parte, aumentó la
brecha entre los quintiles superiores de los inferiores dentro del empleo en sectores
de mayor productividad. Es decir, que se ensanchó la brecha entre los empleos en
sectores de mayor y menor productividad debido a una mayor estratificación al
interior de ambos sectores. En el primer caso, aumentando y alojando a mayor
proporción de población de mayores ingresos. En el segundo caso, con un descenso
que se concentró sobre todo en los quintiles superiores y que fue menos notorio entre
los ocupados de menores recursos. Este aumento de la estratificación del empleo en
sectores de baja productividad se refleja también en la concentración de ingresos
laborales entre las mujeres ocupadas de sectores de baja productividad, que es
superior que en el caso de los hombres (CEPAL 2011).
Por su parte, en el período de crecimiento económico que tuvo lugar en años
recientes, la tendencia al alza de las remuneraciones reales de los ocupados y los
asalariados se explica en buena medida por el comportamiento de los ingresos en los
sectores de mayor productividad, aumentos que prácticamente no han permeado al
sector informal (CEPAL 2010c).
26
Se realizó una clasificación en tres grupos de países según su nivel de heterogeneidad estructural. Esta
clasificación fue realizada en base a distintos indicadores de desempeño económico, empleo y
heterogeneidad estructural: PIB per cápita, PIB por ocupado, tasa empleo/población, composición del
PIB y del empleo por estrato productivo, productividad por estrato productivo (CEPAL 2011)
16
2.6.
Problemas y desafíos para las economías en la región
Algunas de las principales características y problemas de las economías de la región –
que han sido reseñadas- se enmarcan en situaciones específicas y tienen aspectos
comunes, aunque existen sustantivas diferencias entre países y subregiones -algunas
de las cuales han sido comentadas-. Estas últimas tienen raíces históricas y políticas,
están ligadas a sus estructuras productivas y dotación de recursos económicos, y a las
modalidades de inserción internacional que han ido construyendo.
Estas diferencias importan en la coyuntura planteada por la crisis con relación a su
recuperación y de alguna manera podrán repercutirán en el largo plazo. Por ejemplo,
los países del sur –tanto los de Mercosur como algunos países andinos, especialmente
los de la Cuenca del Pacífico– debido a dinamismo asiático podrían mejorar su relación
real de intercambio en el corto plazo, si continuaran aumentando los precios de los
commodities. Por su parte, la subregión caracterizada por la producción y exportación
de “maquila” tendrá que hacer frente a la competencia asiática, especialmente en el
mercado estadounidense, lo cual hace previsible perspectivas menos halagüeñas.
Hacia el largo plazo, uno de los principales desafíos económicos para la región, además
de seguir avanzando en la reducción de las desigualdades consiste en el rediseño de su
modelo de inserción internacional. No obstante, la capacidad de las economías
grandes de la región para seguir una estrategia de crecimiento guiado por
exportaciones se ve seriamente limitada por los riesgos que se deviene de la situación
coyuntural como la apreciación cambiaria (Brasil y Chile) y/o inflación doméstica
(Venezuela y Argentina). En el caso de los países centroamericanos y México que han
visto desacelerar el crecimiento de sus exportaciones y dependen cada vez más de la
evolución de la economía norteamericana, adicionalmente enfrentarán una agresiva
competencia de China y otros países asiáticos (Albrieu y Fanelli 2010).
Por su parte, debe considerarse que a pesar de la recuperación verificada en la región,
los ajustes post-crisis -en Europa y Estados Unidos- no han terminado y en muchos
casos recién están comenzando. Por lo tanto, el sendero de ajuste que sigan los países
del norte en el plano monetario, cambiario y fiscal será un factor muy relevante para
las economías latinoamericanas. Los efectos de derrame que puedan provocar los
excesos de liquidez internacional asociados con el “quantitative easing” y otras
operaciones orientadas a reactivar el crédito en los países desarrollados pueden
constituirse en una gran amenaza (Albrieu y Fanelli 2010). Esto podría dar lugar a una
mayor entrada de flujos financieros que aumente la vulnerabilidad de la región a
movimientos de capitales especulativos y a la apreciación del tipo de cambio real. A
ello se suma la caída proyectada en el dinamismo de la demanda agregada de los
países desarrollados -compensada parcialmente por aumentos de la demanda
agregada en los países en desarrollo- con una desaceleración general de los flujos
comerciales (CEPAL 2010ª).
Estos factores combinados con el aumento de los precios de los productos básicos
podrían continuar estimulando la especialización intensiva en la producción y
17
exportación de bienes primarios. Una mayor especialización en este sentido,
aumentaría (mantendría) la vulnerabilidad de las economías a los choques externos
generando mayor volatilidad en los agregados macroeconómicos internos, afectando
negativamente la capacidad de las economías de crecer, de generar empleo productivo
y de disminuir la desigualdad (CEPAL 2010a).
El desafío de restablecer el crecimiento de manera sostenida para dar respuesta a las
necesidades sociales que se presentan supone mayores inversiones lo cual, en la
región, implica un incremento de la demanda de divisas para adquirir bienes de capital
que, en su mayoría, son de origen importado en un entorno de mengua del comercio
global y, por otra, de sistemas financieros sujetos a regulaciones y supervisiones más
estrictas, con menor dinamismo de los mercados de crédito y mayores tasas de
interés.
En el área fiscal, el desafío al gasto público proviene no solamente del área social para
incrementar la cantidad de recursos que se recauden y mejorar su incidencia en la
distribución del ingreso, aumentando la carga sobre los sectores más favorecidos, sino
que incluye, por ejemplo, la inversión pública en infraestructura que además repercutir
en la actividad de otros sectores y su capacidad para reactivar la economía, tiene una
incidencia muy significativa en la competitividad y en la definición del perfil productivo
(Kacef y López-Monti 2011:65).
3.
Las economías latinoamericanas y las desigualdades de género: el mercado
laboral
El breve repaso de las principales características de la especialización productiva, la
inserción internacional y la evolución de la productividad en la región, permite explicar
al menos en parte, algunas de sus características sociales. Por un lado, el estilo de
crecimiento inestable verificado en el largo plazo, con ciclos económicos cortos, ha
tenido un sesgo regresivo sobre las condiciones sociales y la equidad. En las recesiones
y las crisis se experimentan pérdidas por parte de las poblaciones más pobres o
vulnerables, que obedecen a la caída de los ingresos, y que implican un menoscabo
general de capacidades en términos de calidad de vida. Esto condiciona la calidad de
vida en el presente tanto como las trayectorias laborales futuras (abandono del
sistema educativo, exclusión de la seguridad social, entre otros) impidiendo entre
otros, mejoras en la inserción laboral a lo largo del ciclo de vida.
Las personas y los hogares más alejados de redes sociales y con menor poder de
negociación experimentan procesos de exclusión que son lentos y difíciles de revertir.
Las experiencias de las crisis anteriores muestran que el impacto negativo sobre la
pobreza, el bienestar y la inclusión social suele ser más profundo y duradero que el
impacto sobre el crecimiento económico (CEPAL 2010a:44).
Las desigualdades de ingresos derivadas de las divergencias en las remuneraciones por
trabajo no se explican solamente por las diferencias de productividad que fueran
señaladas. En estas inciden otros factores de discriminación y segregación como los
18
étnicos y raciales, que en todos los casos se ven reforzados por las desigualdades de
género.
Si bien una parte muy significativa de las desigualdades sociales en la región se debe a
los resultados del mercado de trabajo, determinados en gran medida por el modelo
económico elegido por cada país y la dinámica de la productividad, las desigualdades
de género no se explican solamente del mercado laboral “para adentro”. Pese a que la
economía reproductiva se asume como dada y su funcionamiento como carente de
articulación con la economía de mercado (Walters 1995, Darity 1995, Elson 1995), ésta
actúa sobre la dinámica económica y sobre las posibilidades de las mujeres de
aprovechar oportunidades. Precisamente, la inserción laboral está condicionada por
desigualdades previas a la entrada al mercado de trabajo, debidas en parte a las
formas de organización prevalecientes de la reproducción social. La distribución
sectorial de la fuerza de trabajo si bien obedece a determinantes de demanda también
depende de las condiciones de oferta, de su interrelación con las desigualdades de
género amparadas en normas, costumbres y factores de discriminación (percepciones
sobre lo femenino, regulaciones en diversos ámbitos y en particular las diferencias de
poder en diversos terrenos), pero también en esa forma de organización.
En los párrafos siguientes se presenta un panorama sintético de las diferencias entre
hombres y mujeres en los mercados laborales de la región y sus implicancias para las
desigualdades de género. Estas diferencias reflejan maneras de pensar, estrategias
económicas que persiguen objetivos de maximización de ganancias por parte de las
demanda, y en un círculo vicioso entre desigualdades micro y meso que contribuyen a
las asimetrías de poder entre hombres y mujeres. Estas simetrías refieren a las
opciones sobre la vida personal de los individuos pero también a las diferentes
capacidades para intervenir en el cambo social.
3.1.
El trabajo no remunerado
Las mujeres dedicadas exclusivamente a las tareas del hogar oscilan entre un mínimo
de 20.1% de las mujeres de 15 años y más en Chile a 37% en México (Cuadro 2). El
tiempo destinado a los distintos tipos de trabajos (mercado y hogares) marca una gran
diferencia entre hombres y mujeres (Gráfico 1), que se expresa en las características
que asumen el empleo para unos y otras, tanto como el tiempo libre (recreación,
cuidados personales). Así mismo, ello refleja la considerable proporción de mujeres
que no cuentan con ingresos propios, lo cual limita su capacidad de negociación en los
hogares no solamente, por lo que Amartya Sen27 define como “posición de ruptura” o
el “interés percibido”, sino también la “contribución percibida”. Estos elementos
pueden debilitar a las mujeres en el proceso de negociación y condicionar los
resultados de la misma en base las percepciones, manteniendo las desigualdades de
género.
27
Un mayor desarrollo de estos factores pueden verse en Sen, A. (1990), "Gender and Cooperative
Conflicts", en Tinker, I. (ed.), Persistent Inequalities. Women and World Development, University Press,
Oxford. Versión en español disponible en M. Navarro y C. Stimpson (comps) (2000) Cambios sociales,
económicos y culturales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
19
Gráfico 1
Fuente: CEPALSTAT
Fuente: CEPALSTAT
A pesar de la mayor carga de trabajo no remunerado que presentan las mujeres, su
participación laboral se ha incrementado significativamente impulsada por factores de
oferta y de demanda. Entre los primeros se cuenta el aumento de las calificaciones
para el empleo debido a las mejoras en la educación y la adquisición de experiencia. A
su vez, las tendencias demográficas relacionadas con menores tasas de fecundidad28
crean condiciones para el empleo remunerado. En este sentido, debe considerarse que
la disminución de la fecundidad promedio esconde importantes diferencias por grupos
sociales, con una menor incidencia en los sectores más pobres. En los sectores medios,
la disminución de la fecundidad se suma a las estrategias de apoyo en redes familiares
o sociales para el cuidado de los dependientes como estrategias muy frecuentes para
resolver la posibilidad de acceder y mantener el trabajo remunerado de las mujeres.
Por su parte, la tendencia a la disminución relativa de la celebración de matrimonios
respecto a las uniones libres y el aumento de los divorcios estimula la búsqueda de
ingresos propios por parte de las mujeres. Finalmente, los cambios culturales y en las
preferencias, y el mayor ejercicio de derechos también han impulsado a las mujeres a
la búsqueda de empleo como base para la independencia y autonomía económica29.
28
La tendencia al descenso de la fecundidad, del número de hijos por hogares y el tamaño de éstos, se
ha observado en particular, a partir las décadas de 1960 y 1970 (CEPAL, 1995).
29
La autonomía económica refiere a la capacidad de las personas para acceder a bienes y servicios
necesarios para satisfacer sus necesidades y deseos de manera independiente; en las sociedades
capitalistas, mercantiles y monetizadas, la posibilidad de acceder y controlar ingreso monetario y activos
económicos es un indicador razonable del grado de autonomía económica de las personas. En la
determinación de la autonomía económica concurren otros elementos además del trabajo remunerado
como forma de acceso a un ingreso, como la propiedad de activos económicos. Así mismo, la
distribución de recursos al interior del hogar constituye también un factor de autonomía, La autonomía
económica de las mujeres suele medirse en función de indicadores de participación laboral, de ingresos
propios, y de distribución de tiempo de trabajo remunerado y no remunerado.
20
Adicionalmente, en los años ochenta, la presencia femenina en los mercados laborales
se vio impulsada por los altos niveles de desempleo y la caída de los salarios reales
provocados por la crisis de la deuda. En los noventa por su parte, la reestructuración
productiva y del empleo sectorial que tuviera lugar debido a la apertura comercial,
reforma del Estado, flexibilización de los mercados laborales, favoreció el empleo
femenino debido a la expansión de los servicios (Uruguay) y de las industrias de
exportación (Bolivia, Costa Rica, Chile), y en otros, el mayor desempleo (Argentina)
(Espino, 2011).
3.2.
La participación laboral y el desempleo
Como resultado de los cambios señalados en términos de tendencias socio
demográficas y culturales y de aquéllos vinculados a la expansión y/o de actividades
económicas, así como a los diferentes momentos del ciclo económico, la tasa de
participación laboral femenina pasó de aproximadamente 30% en 1990 a 54% en 2009
(OIT, 2009).
En el año 2006, las mujeres representaban más del 40% de las personas de la
Población Económicamente Activa urbana de América Latina. En el mismo año en
áreas urbanas, alrededor del 65% de las mujeres entre 25 y 44 años forma parte de la
fuerza de trabajo y en la mitad de los países más del 70% de las mujeres entre los 35 y
los 44 es económicamente activa (Cerrutti y Binstock, 2009).
Se debe resaltar que existen fuertes diferencias entre los niveles de participación
laboral de las mujeres por estrato de ingreso de los hogares (Cuadro 3). La tasa de
actividad es bastante inferior entre las mujeres más pobres y con menos años de
escolaridad, aunque en estos grupos dicha tasa se ha incrementado más
acentuadamente en la última década (Gráfico 2 y 3). En 2009, 48% de las mujeres de
25 a 54 años de menores ingresos participaba en el mercado laboral, una proporción
que entre mujeres de las mismas edades pero del quintil superior de ingresos
alcanzaba el 79% (CEPAL 2011).
Estos datos ilustran acerca de que la participación en el mercado laboral está
relacionada con la pobreza de los hogares, limitando a las mujeres sus posibilidades de
ingresar al mercado laboral. Ello se explica por una parte, por las bajas calificaciones
para el empleo y los mayores costos de búsqueda que se enfrentan, pero también por
mayor número de hijos e hijas pequeños que se registran en estos hogares, sin acceso
a servicios de cuidado. En efecto, las mujeres de los sectores más pobres con niños
más pequeños (de 0 a 5 años) tienen una menor participación laboral que las que
tienen niños entre 6 y 14 años y esa distancia ha aumentado desde 2002. Ello
demuestra que la carga de cuidado de los hijos más pequeños es un obstáculo a la
inserción laboral de las mujeres más vulnerables (CEPAL 2011).
21
Gráfico 2
Fuente: Cepalstat
Gráfico 3
Fuente: Cepalstat
El aumento de la tasa de actividad femenina no logra en todos los casos una demanda
capaz de satisfacer esa oferta laboral creciente. Un primer resultado de ello se refleja
en las altas tasas de desempleo de las mujeres, superiores a las registradas por los
hombres. A partir de mediados de los 2000, la tendencia en las tasas de desempleo en
la mayoría de los países de la región ha sido declinante con excepción de aquéllos que
más han sufrido las consecuencias de la crisis internacional a finales de la década. Sin
embargo, con alguna excepción, la tasa femenina continúa siendo muy superior a la
masculina (CEPAL 2010b). Las mayores tasas de desempleo en 2009 entre los países
para los que se cuenta con datos se observan en Colombia (11.1% y 15.7% para
hombres y mujeres respectivamente) y la más baja para las mujeres en El Salvador
(4.9%) y menor que la masculina (9.1%) (CEPALSTAT).
El indicador de participación laboral cuando se desagrega por las diferentes situaciones
familiares incluyendo la carencia en la provisión de servicios de cuidado, ilustra sobre
22
la vulnerabilidad de la situación de las mujeres a partir de las diferencias en su acceso
al empleo respecto a los hombres. El desempleo que tiende a ser mayor entre las
mujeres que viven en hogares con niños más pequeños es mayor que para las que
tienen hijos en edades para las que existe una oferta escolar formal a medida que
disminuyen los ingresos (CEPAL 2011).
3.3.
El empleo
Las características de la inserción laboral femenina muestran que existe similitud en los
patrones ocupacionales por sexo entre los países de América Latina. Ello sugiere una
evidente internacionalización de los estereotipos de género en relación con las formas
de trabajo y/o barreras que encuentra las mujeres en su incorporación al mercado
laboral según modalidad de trabajo (Abramo 2006: 106). Desde el punto de vista
sectorial, las mujeres se concentran en puestos de trabajo pertenecientes a los
servicios y el comercio. En 2009, para el promedio de los países que se cuenta con
datos, de cada cuatro mujeres, tres trabajan en el sector de los servicios. En el
comercio, el porcentaje de la fuerza de trabajo femenina es mayor en Perú (43.9%) y
en otros servicios, en Argentina (55.7%) (Cuadro 4). Los hombres por su parte, se
encuentran mayoritariamente empleados en el sector industrial (27,8%), duplicando la
proporción de mujeres que trabajan en ese sector (OIT 2011)
La inadecuación de la demanda laboral a la creciente participación laboral femenina
además de reflejarse en las tasas de desempleo, también lo hace en su participación
en el sector informal (baja productividad) y en los empleos clasificados como
informales. En la región coexisten segmentos del mercado laboral caracterizados por la
informalidad en sus diferentes definiciones, es decir, tanto en términos de actividades
de baja productividad (sector informal) como de empleos al margen de las
regulaciones laborales vigentes o sometidos a regulaciones que determinan
considerables grados de flexibilidad en términos de legislación protectora (empleo
informal), tanto en el sector formal como informal.
La extensión del empleo en sectores de baja productividad es una de las características
de la heterogeneidad de las economías latinoamericanas. El empleo en dichos sectores
-que incluye aproximadamente la mitad de la población ocupada en zonas urbanas-,
ilustra las situaciones de precariedad de los mercados laborales y de la situación
femenina. La expansión de estos puestos de trabajo en particular en las recesiones se
relaciona con su carácter de nicho para la oferta de trabajo concentrando una
considerable proporción de la población económicamente activa en áreas como el
comercio y los servicios de baja especialización. Se trata de actividades que tienen un
acceso de libre entrada y salida de los trabajadores -cualquiera puede incorporarse o
dejar de trabajar en éste-, por lo que en su interior las relaciones laborales son poco
estructuradas, confundiéndose muchas veces en la práctica como en el caso de las
microempresas familiares, los papeles de trabajadores y empresarios.
23
Predominan en estos puestos, los trabajadores con menor nivel educativo (73.5% con
primaria incompleta), mientras los ingresos laborales suelen ser bastante más bajos
que los de los puestos formales30 (CEPAL 2011).
La permanencia de la proporción de trabajadores en sectores de baja productividad y
su aumento en las recesiones y las crisis repercute en los niveles de equidad de la
sociedad, ya que tiende a generar una distribución más desigual de los ingresos
laborales, a favor de un grupo relativamente más reducido de trabajadores, con mejor
nivel de calificaciones e insertos en actividades de mayor productividad. La proporción
de mujeres que se ubican en puestos de baja productividad respecto al total de la
población ocupada es mayor que entre los hombres: 52.5% frente a 44.1%
respectivamente. Ello refleja una distancia entre ambos sexos que lejos de disminuir se
ha acentuado levemente en las dos últimas décadas, dado que el descenso en estos
puestos ha sido mayor entre los hombres (CEPAL 2011).
Por su parte, en lo que hace a plazos más largo, la apertura comercial, la globalización
y las nuevas formas de competencia indujeron estrategias orientadas a reducir los
costos de producción, especialmente los laborales. Para ello, las empresas modernas o
del llamado sector formal han recurrido a la subcontratación de mano de obra y de
pequeñas empresas, trasladando la fluctuación de la demanda hacia el exterior de la
firma. En las empresas subcontratadas (tercerizaciones) –micro y pequeñas empresastienden a eludirse los mecanismos de regulación laboral y de protección del Estado,
permitiendo a las grandes empresas la recomposición de sus márgenes de ganancias. Así
mismo, se verifican otras modalidades de eludir costos como la contratación de
trabajadores bajo relaciones precarias (por ejemplo, el empleo asalariado no registrado) o
el empleo asalariado disfrazado a través de las llamadas empresas unipersonales. Ello ha
conducido al aumento de la informalidad definida como el empleo que no goza de la
protección de la legislación laboral.
La relación entre informalidad en sus diferentes acepciones y género no es casual; la
presencia de mujeres en este tipo de puestos de trabajo se relaciona con un conjunto
de factores que contribuyen a determinar el acceso en desventaja de las mujeres al
empleo. La elevada participación femenina en las micro empresas y su concentración
en este segmento, se atribuye además de la mayor facilidad para el acceso debido las
pocas barreras existentes (niveles de escolaridad, requisitos legales, capital, otros),
también a que su organización más flexible (muchas veces las actividades se realizan
en el hogar), les permite compatibilizar el trabajo remunerado con las
responsabilidades y tareas reproductivas. En este sentido, si bien por un lado, la
presencia de menores de 5 años en el hogar, aparece como un obstáculo para la
inserción laboral de las mujeres en los quintiles inferiores, esta misma condición en los
hogares de menores ingresos las empujaría a incorporarse al empleo informal
(OIT/PNUD, 2009). Esto se vería confirmado por la información presentada por CEPAL
(2011), dado que los niveles de informalidad entre mujeres de bajos ingresos con niños
30
En promedio, los ingresos laborales de los ocupados en sectores de baja productividad se ubicaban en
2009 en los 297dólares, mientras que entre los ocupados en sectores de media y alta productividad eran
de 565 dólares (CEPAL 2011).
24
pequeños prácticamente no varió los últimos 20 años, contrariamente a lo ocurrido en
los sectores medios y sobre todo, sectores altos.
Asimismo, el predominio femenino en este segmento se explica por el efecto “techo
de cristal” o el llamado “suelo pegajoso” y por las motivaciones que las llevan a
establecer el emprendimiento, asociada principalmente a la falta de empleo e ingresos
y como forma de subsistencia (Espino 2011)
Las desventajas que presenta la inserción laboral en los sectores de baja productividad
en términos de ingresos, condiciones laborales y acceso a la seguridad social son
mayores para las mujeres. El sector de la actividad económica que presenta en su
interior las mayores diferencias de productividad, predominio de empleos de baja
calidad y estrategias de supervivencia diversas, y que más crece, el de los servicios,
evidencia esta afirmación. Este sector es el que incorpora más mujeres en todos los
países de la región, con fuerte presencia en las actividades informales, los servicios
peor remunerados y con peores condiciones laborales como el empleo doméstico, el
tipo de ocupación que sigue teniendo mayor representación dentro de la fuerza de
trabajo femenina (Cuadro 4 y Cuadro 5).
La mayor representación de los empleos informales o sin registro de la seguridad social
en la fuerza de trabajo femenina también se debe en la mayoría de los países, a su
participación como empleadas domésticas y trabajadoras independientes o por cuenta
propia (Cuadro 5).
La representación desproporcionada de las mujeres en los empleos informales como
asalariadas o cuenta propia, conlleva a su menor afiliación a la seguridad social con
relación a los trabajadores. Considerando que la afiliación a la seguridad social se
asocia a mayores ingresos31 y que la distancia entre sectores de más y menos ingresos
es mayor en los hogares con jefatura femenina esta situación agudiza la desigualdad.
Ello afecta a las mujeres en la etapa activa así como repercute negativamente sobre
sus posibilidades de acceso a las jubilaciones.
Con relación a esto último, el predominio de los sistemas de seguridad social de
carácter contributivo (ligados a la inserción laboral y las trayectorias personales) da
lugar a una distribución de ingresos y beneficios más desigual entre las mujeres que
entre los hombres. Ello se debe a la gran proporción de mujeres que se dedica
exclusivamente al trabajo de cuidado, crianza y doméstico queda prácticamente
excluida del sistema previsional.
Los hogares sin acceso a la protección social son más frecuentes cuando sus jefes de
hogar son mujeres, tanto en los quintiles superiores como en los inferiores, pero 56%
de los hogares del 40% más pobre que tienen jefatura femenina no cuentan con
afiliados a la seguridad social, no reciben transferencias asistenciales públicas ni están
31
En la actualidad, los ocupados que no están afiliados perciben remuneraciones equivalentes a poco
más de la mitad de las de quienes sí están afiliados (288 frente a 545 dólares respectivamente) (CEPAL
2011).
25
recibiendo jubilaciones o pensiones es casualidad, por tanto, que la desigualdad opere
allí de manera exacerbada (CEPAL 2011).
Las leyes previsionales por su parte operan de manera discriminatoria debido al uso de
tablas actuariales que distinguen entre la expectativa de vida masculina y femenina
para el cálculo de las prestaciones. La ventaja de las mujeres respecto a mayor
expectativa de vida se convierte por esta vía en un perjuicio, ya que un monto
acumulado menor dividido por un número mayor de años resulta en una pensión
inferior.
Este conjunto de elementos hace que una importante proporción de adultas mayores
no reciba ingresos propios (25% de las mujeres mayores de 60 años que residen en
áreas urbanas)32.
Además de esas diferencias presentadas entre trabajadores y trabajadoras, las que se
registran entre los distintos grupos de mujeres han aumentado en los últimos 20 años:
la afiliación a la seguridad social en el quintil 1 pasó de representar 43% de la del
quintil 5 en 1990, a 36% en 2000 y a 24% en el 2009. Si bien estas tendencias se
verifican entre los hombres, entre las mujeres se da en forma más marcada33. Por su
parte, la feminización del empleo informal explica que, en los sectores de menores
ingresos, los niveles de afiliación a los sistemas de la seguridad social de las mujeres
ocupadas se ubiquen casi 10 puntos por debajo de los de los hombres. Esta brecha
tiende a reducirse a medida que aumentan los ingresos, desapareciendo
prácticamente entre los ocupados de los quintiles más altos (CEPAL 2011).
3.4.
Las brechas en las remuneraciones
A pesar de los avances en términos de presencia de las mujeres latinoamericanas en el
mercado laboral en las últimas décadas, las trabajadoras siguen obteniendo menores
remuneraciones que sus pares hombres, incluso como se señaló, siendo más
educadas. Una comparación de ingresos promedio de hombres y mujeres por hora
para 18 países34 indica que los primeros ganan 10% más, mientras que cuando se
realiza la comparación controlando por edades y niveles de educación, la brecha de
ingresos llega a 17%. Las brechas salariales entre géneros varían siendo menores entre
los trabajadores formales y mayores entre quienes se ubican en empresas pequeñas,
mientras son mayores entre los trabajadores con menores ingresos, con educación
secundaria incompleta y que viven en zonas rurales (Atal et al. 2009)
32
El porcentaje de mujeres sin ingresos propios es mayor y muy importante en Colombia, El Salvador,
Ecuador y México. Donde la cobertura de jubilaciones y pensiones es relativamente alta, como Costa
Rica, Brasil, Chile o Uruguay la disparidad de género es muy alta (CEPAL 2011).
33
Entre los hombres, la afiliación en el quintil 1 pasó de equivaler al 60% de la del quintil 5 en 1990, en
2000 descendió a 46% y en el 2009 pasó a representar el 40% (CEPAL 2011).
34
Los promedios que se mencionan a lo largo del trabajo (18 países) cuando no se señale lo contrario,
refieren a: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de)
26
Las brechas de ingresos entre mujeres y hombres han mostrado ser funcionales a
determinadas estrategias productivas, en la medida que pueden ser fuente de
competitividad por la reducción de los costos laborales en base a los menores salarios
femeninos (Seguino 1997, 2000a, 2000b). El auge de las industrias de exportación no
tradicionales a partir de la década de los años 70, dio lugar a la contratación masiva de
de mujeres en las plantas maquiladoras o de ensamblaje de las empresas
transnacionales, por ejemplo en Costa Rica y la frontera mexicana con Estados Unidos,
en la producción de flores para la exportación en la sabana colombiana, y en la
agroindustria de Chile, Perú y Brasil. Las industrias de la confección y del cuero como
parte de la estrategia exportadora en Uruguay, también fueron importantes en la
dinamización del empleo femenino.
Si bien la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en promedio se ha ido
acortando, algunos estudios muestran que la parte no explicada de la diferencia
aumenta (Rossi y Gonzalez 2007) o se mantiene (Atal, Ñopo y Winder 2009). Si el nivel
socioeconómico de origen y el nivel educacional marcan considerablemente los
destinos laborales de baja o alta productividad (CEPAL 2010a), esto se refuerza o se
combina para las mujeres, quienes en promedio necesitan un número bastante
superior de años de estudio que los hombres para lograr insertarse en empleos
formales (Esquivel 2007; CEPAL 2011).
3.5.
En síntesis
La revisión de indicadores de mercado laboral -aunque presenta una vista parcial de
las desigualdades de género en la región-, pone de relieve las dificultades adicionales
que enfrentan las mujeres en términos de autonomía económica, lo cual suele ser una
fuente de vulnerabilidad y restricción para otras autonomías (física y política). Es decir,
las desigualdades de género en los mercados laborales si bien no son las únicas (ni son
las únicas raíces de la desigualdad), reflejan las relaciones asimétricas de poder y la
falta de libertades específicas con que cuentan las mujeres respecto a los hombres.
Como muestra la información estadística presentada, las conductas hacia el trabajo
remunerado de hombres y mujeres aunque con una tendencia a ser cada vez más
similares distan todavía mucho de serlo. Ello además de los factores ideológicos y
culturales tiene un soporte real dado por la carga de cuidados de las mujeres, como
comienza a demostrarse a partir de la información disponible en base a encuestas de
uso del tiempo. Por su parte, en buena medida las desigualdades de género en los
mercados laborales como ha sido profusamente demostrado en la literatura
académica responden a factores de discriminación laboral y a la segregación
ocupacional, que hacen que las mejoras obtenidas en calificación y experiencia laboral
por parte de las mujeres -aunque mejoran su situación- no son suficientes para
obtener resultados y formas de inserción acordes a su preparación. Estas diferencias
no son accidentales para el funcionamiento del sistema sino que son constitutivas –
como otras- en la medida que establecen factores adicionales de disminución de
costos laborales y de ganancias extraordinarias para el capital, y al menos en el corto
plazo pueden sentar bases para estrategias de crecimiento.
27
Debe además complejizarse este análisis a partir de las llamadas desigualdades
“cruzadas”, en la medida que las desigualdades sociales que impregnan las sociedades
de la región en distinta medida según los países, también tienden a abrir brechas entre
las mujeres. Entre los factores que amplían estas brechas se encuentra la carga de
cuidados que se impone a los hogares al recaer sobre las distintas modalidades y
recursos (económicos, familiares) con que éstos cuentan para resolverla.
Aunque las desigualdades sociales y de género no se explican solamente por las
estructuras económicas, el funcionamiento de las economías y los mercados laborales,
se trata de factores -que como ha sido señalado- guardan una estrecha relación con
dichas desigualdades. La dirección en que se da esta relación respecto a las
desigualdades de género no es unívoca. Como se señala en CEPAL 2011, la alta
heterogeneidad es “un primer eslabón estructural de la cadena de desigualdades hacia
el mercado laboral”; por su parte, las desigualdades de género son aprovechadas para
estabilizar el sistema económico impidiendo la convergencia productiva, manteniendo
y exacerbando las brechas entre productividad y remuneraciones (Vázconez 2011).
La flexibilidad de la fuerza de trabajo femenino en el marco del orden de género
vigente mantiene las desigualdades entre trabajadores y aumenta las que se dan entre
mujeres. La segmentación de los mercados laborales se encuentra estrechamente
relacionada con la heterogeneidad estructural y ello se combina con la segregación de
género por ocupaciones y sectores.
4.
Desigualdades de género, macroeconomía y respuestas a la crisis.
4.1.
¿Cómo ha afectado la crisis a la pobreza y el empleo de la región?
La crisis -como fuera comentado- encuentra a América Latina en un período de
crecimiento dado por un entorno externo previo favorable así como por el manejo de
la política macroeconómica llevado adelante. Este habría contribuido a reducir el
endeudamiento, re-pactar el pago de la deuda en mejores condiciones y aumentar al
mismo tiempo sus reservas internacionales. Todo ello permitió la acumulación de
reservas, el control de la inflación, la disminución de la deuda pública y el logro de un
superávit fiscal y en cuenta corriente (CEPAL 2010a).
En general, según los datos disponibles, los efectos económicos de la crisis fueron de
corta duración y los impactos sociales menores a lo esperado. En 2009 en que se
registraron los mayores efectos sobre la actividad económica, la pobreza por ingresos
afectó al 33,1% de la población de la región –o sea que prácticamente no aumentó-,
incluido un 13,3% en condiciones de pobreza extrema o indigencia (CEPAL 2010b).
Las apreciaciones sobre las situaciones de pobreza de los hogares y las personas y su
evolución, deben considerar que este fenómeno está relacionado con los ingresos pero
también con factores de índole estructural. En particular, a las mujeres de la región
transformar sus capacidades en ingresos, les resulta difícil debido a la desigualdad
28
estructural de género tanto en el ámbito público como en el privado. Una gran
proporción de mujeres latinoamericanas como ha sido demostrado -aunque
decreciente35- no genera ingresos, lo cual las coloca en una situación de mayor
vulnerabilidad. Debe mencionarse como reflejo de esta situación, que mientras el
índice de feminidad de la indigencia y la pobreza aumentó entre 2000 y 2009 -en 13 de
los 18 países para los que se cuenta con datos (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela) (Cuadro 7), en promedio, los porcentajes de personas en estas situaciones
disminuyeron entre 2000 y 2008.
Por su parte, persiste una sobrerrepresentación de hogares pobres e indigentes entre
los de jefatura femenina, lo cual además de atribuirse a las diferencias en la
generación de ingresos de las mujeres frente a los hombres, según Valenzuela (2005)
esta “feminización” de la pobreza puede estar influenciada en gran parte por la
monoparentalidad, en especial en los hogares llevados por madres jóvenes.
La evolución del producto en 2009 dio lugar a una caída de la tasa de ocupación del
54,9% al 54,2% y un aumento del desempleo del 7,3% al 8,2% para el conjunto de la
región. Pese a estas variaciones, el impacto de la crisis en el mercado laboral fue
menor al que se había pronosticado inicialmente (CEPAL/OIT 2010). En varios casos,
como se ve más adelante, el aumento del desempleo fue mayor entre los hombres
debido a su concentración en la industria y la construcción, sectores que recibieron los
mayores impactos negativos. En el primer semestre de 2009, la caída en el empleo
industrial osciló entre -0,9% en Colombia a -7% en México y en la construcción entre 2,4% en México y -5.3% en Venezuela (CEPAL/OIT 2009). Las políticas públicas de
apoyo al empleo y los ingresos implementadas y la estabilidad de precios, se
combinaron para amortiguar los impactos más negativos para la región en promedio.
Un análisis más detallado por países muestra que los impactos negativos sobre el
empleo han sido de distinta magnitud afectando de manera diferencial a hombres y
mujeres.
La calidad del empleo también se vio afectada, dando lugar al aumento de los empleos
informales tanto debido al componente de los puestos de trabajo por cuenta propia,
como en relación al número de trabajadores asalariados registrados, que se estancó en
2009 (CEPAL/OIT 2009 y 2010).
En lo que se refiere a los impactos de género de la crisis debe considerarse que por
una parte, las desigualdades entre hombres y mujeres -aunque con rasgos comunes
entre países, regiones y sectores sociales- presentan configuraciones específicas
condicionadas por el contexto social, político y cultural; por otra, dichos impactos
están muy ligados a la ubicación de las mujeres en el mercado laboral y su acceso a
recursos económicos, a las políticas laborales y de inversión social que se implementan
35
La proporción de mujeres como principales perceptoras de ingresos se ha incrementado en la región
entre 1990 y 2009, en parte como consecuencia de la reciente crisis y la emigración, en especial en los
países centroamericanos, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina y Perú. El promedio de mujeres
principales perceptoras en la región a 2009 es de 30% (CEPALSTAT), oscilando entre 27% (Chile) y 45% (El
Salvador).
29
así como a las políticas de gasto público -que afectan servicios sociales relacionados
con el cuidado-. Por tanto, hablar de la crisis y cómo ésta afectó las desigualdades de
género requiere prestar atención a los mecanismos específicos de transmisión de la
crisis, a los avances de las mujeres en términos de educación, inserción laboral,
autonomía económica en cada sociedad y otras formas de autonomía, factores todos
estos que pueden contribuir a contrarrestar o amplificar dichos impactos.
El reparto desigual de trabajos y de tiempos en el mercado y en los hogares, las
normas de género prevalecientes y las desventajas que enfrentan las mujeres en el
mercado laboral pueden tener impactos positivos sobre la situación económica de los
hogares, por ejemplo, amortiguando la crisis, cuando el trabajo no remunerado de las
mujeres contribuye a que las familias “sustituyan” gastos por producción en el hogar36;
por su parte, la posición de mayor vulnerabilidad económica debido a la falta de
ingresos propios de las mujeres hace que puedan recibir mayores impactos negativos
de las crisis (Braunstein 2007).
4.2.
Los impactos de la crisis según casos seleccionados
Antes se señaló la relación existente entre desigualdades de género en diferentes
ámbitos y el espacio macroeconómico; así mismo, se discutió como estas
desigualdades operan sobre las conductas laborales y económicas de hombres y
mujeres, colocando a cada uno en diferente situación frente a los ciclos económicos,
para aprovechar el crecimiento o alivianar los efectos de la recesión y la crisis.
El análisis de las características que asumió la crisis y las respuestas de políticas en
algunos países permiten por una parte, identificar los principales impactos sobre el
mercado laboral y por otro, evaluar de qué manera las políticas contra-cíclicas han
considerado los temas de la igualdad de género en su formulación y puesta en marcha.
En lo que sigue se revisan los casos de Argentina, México, Ecuador y la subregión
centroamericana37.
Argentina
El crecimiento económico que verificó en el país a partir de los primeros años de la
década de los 2000 comenzó a desacelerarse en 2008, para dar paso variaciones
negativas en 2009 (segundo y tercer trimestre); el consumo privado disminuyó así
como la inversión y las exportaciones (segundo trimestre de 2009), aunque
rápidamente estas variables mostraron signos de recuperación. Dichas variaciones
tuvieron algún efecto en los indicadores laborales como también las tuvo una serie de
iniciativas gubernamentales rápidamente implementadas.
36
Por su parte, la necesidad de compensar ingresos en los hogares, podría tener efectos negativos sobre
el ahorro al ingresar las mujeres al trabajo remunerado (Braunstein 2007)
37
Cuando no se señala lo contrario este capítulo se basa en Espino, Esquivel y Rodríguez (2011)
30
La respuesta de la fuerza de trabajo frente a los cambios en el nivel de actividad se
tradujo en una tasa femenina de participación estable, mientras que la de los hombres
mostró una tendencia declinante entre 2008 y 2009. La tasa de empleo descendió casi
2 puntos porcentuales y el desempleo creció en un punto porcentual en promedio de
2009 respecto al año anterior; la tasa de subocupación horaria se incrementó hasta
alcanzar 10,3% en el último trimestre de 2009 (INDEC 2008, 2009, 2011).
La tasa de desempleo masculina (6.5% en 2008 a 7.8% en 2009) se incrementó más
aceleradamente que la femenina (de 9.7% a 9.8%)38. La evolución de estos indicadores
resultó en la disminución de la brecha de género en el empleo, a pesar que la tasa de
desempleo de las mujeres sigue siendo más elevada.
Los impactos sobre la calidad del empleo se reflejaron en el incremento de la tasa de
rotación, de manera más pronunciada para las mujeres y en la caída del empleo formal
(asalariados registrados en la seguridad social) en mayor medida para los hombres (OIT
2010). Por su parte, el empleo en los sectores de baja productividad disminuyó
ligeramente en promedio en 2009.
En síntesis, el mercado laboral recibió el impacto negativo de la evolución de la
economía real interrumpiendo hacia fines de 2008 la tendencia positiva que
mostraban los indicadores del mercado laboral, aunque se verificó una rápida
recuperación. La información disponible muestra que las grandes tendencias de la
dinámica laboral de los individuos por sexo, durante las etapas recesivas de los ciclos
económicos en Argentina, se habría reiterado en el período de crisis reciente. Esto es,
la fuerza de trabajo femenina habría funcionado compensando la desmejora general
del empleo y los ingresos del trabajo.
Ecuador
En Ecuador el impacto de la crisis sobre la economía real tuvo un fuerte correlato en el
mercado laboral. La tasa de actividad cayó entre 2009 y 2008 continuando con la
tendencia a la baja que presentara desde 2006 (CEPALSTAT). En 2009, la tasa de
actividad femenina cayó menos que la masculina lo cual podría explicarse por las cifras
de desempleo que se comentan a continuación.
En 2009, la tasa de desempleo abierto de las mujeres creció 1.2% respecto a 2008,
alcanzando al 8.4% y la masculina se ubicó en 5.2% reflejando un crecimiento de 21%
(CEPALSTAT). No obstante, si se considera el desempleo total (abierto y oculto39) se
observa que en marzo de 2009, su tasa cobró un fuerte aumento (8.6%), 10.8% para las
mujeres y para los hombres 7.0%. En marzo de 2010, el desempleo abierto continuó
aumentando y la tasa de desempleo total trepó a 9.1% del total de la población
económicamente activa, 11,1% para las mujeres y 7,2% para los hombres (BCE 2010).
38
http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.FE.ZS/countries acceso enero de 2012
El desempleo oculto refiere a la población que no tenía empleo durante el período de referencia, no
busca trabajo porque no cree posible encontrar, pero está dispuesta a trabajar. (Considera los Sectores
Moderno, Agrícola y Doméstico). Banco Central de Ecuador.
http://www.ideinvestiga.com/ide/documentos/compartido/gen--001204.pdf acceso enero de 2012.
39
31
Los sectores de actividad que más vieron afectada su demanda de empleo fueron los
de la construcción y el comercio, intensivos en mano de obra masculina y femenina
respectivamente. La participación del empleo formal e informal se mantuvo
relativamente constante, con una leve recuperación del primero y una leve disminución
del segundo. En 2009, el empleo en el sector informal alcanzó al 56.4% de los ocupados
(de los cuales 4.1% pertenecen al servicio doméstico). Estas cifras entre las mujeres
trabajadoras corresponden a 53% y 9,2% respectivamente. En marzo de 2010 la tasa
de ocupados en el sector formal se ubica en el 47.6%, mientras que la proporción de
ocupados en el sector informal alcanza a 52.4% (BCE 2010).
Por su parte, los indicadores de subocupación (visible e invisible) también aumentaron
entre diciembre de 2008 y marzo de 2010 (48.8% a 51.3%). En marzo de 2010, los
subempleados son en mayor medida mujeres (56.1%) con respecto a la PEA
(mujeres).Por su lado, los hombres conforman el 47.7% de la PEA masculina %. (BCE
2010).
Dado los altos niveles de informalidad prevalecientes en el país y su evolución, el ajuste
del mercado laboral frente a la crisis, parece haber operado más bien vía desempleo, lo
cual se agrava por la importancia creciente de la subocupación.
El incremento del desempleo, conjuntamente con el deterioro de los ingresos
laborales, derivó en una pérdida de ingresos reales por parte de los hogares. Esta
situación se vio agravada por una baja significativa de los ingresos por remesas a partir
del segundo trimestre de 2008, llegando en el primer trimestre de 2009 a reducirse en
un 27%. El deterioro general de los ingresos de la población, se tradujo en un
incremento de la incidencia de la pobreza, que hacia fines de 2009 se ubicaba en 25%
de la población, lo cual significó un incremento de casi 4 puntos porcentuales en dos
años.
Los países del Istmo centroamericano y República Dominicana
En 2009, la tasa de participación laboral promedio de la sub-región se mantuvo
prácticamente sin cambios: la tasa femenina aumentó en todos los países excepto en
la República Dominicana, y para los hombres dicha tasa se incrementó sólo en
Nicaragua (2008).
El desempleo comenzó a aumentar en el último trimestre de 2008 y en 2009, con tasas
relativamente altas y crecientes tanto para los hombres como para las mujeres. De
acuerdo con estimaciones de la OIT (OIT 2009), se esperaba que las mujeres en la
subregión representaran casi la mitad del aumento del desempleo que resultante de
los efectos de la crisis. La tasa de empleo disminuyó en todos los países excepto en
Nicaragua (2008) y para las mujeres se redujo de forma menos acentuada que en los
hombres, en Panamá y El Salvador.
La evolución de los indicadores de empleo y desempleo reflejan los cambios en los
niveles de actividad de los diferentes sectores económicos. La desaceleración en las
economías redujo la demanda laboral, lo cual tuvo como resultado una marcada
disminución en la creación de puestos de trabajo asalariados, especialmente en el
32
sector privado. La industria manufacturera y la construcción fueron los sectores más
afectados por pérdida de puestos de trabajo. El país en que la tasa de empleo tuvo un
comportamiento más negativo para las mujeres fue República Dominicana, donde el
turismo y las zonas francas (dos zonas con un número considerable de trabajadoras) se
contrajeron notablemente.
Dado que las mujeres representan una proporción extraordinariamente significativa de
la fuerza laboral en las plantas de maquila y zonas francas en varios países de la
subregión –especialmente en el caso de la industria textil– la disminución de su
actividad como consecuencia de la contracción de la actividad económica en los
Estados Unidos, afectó especialmente al empleo femenino40. La disminución de la
actividad en el sector del turismo afectó a las trabajadoras del comercio formal e
informal de artesanías, restaurantes y servicios de alojamiento, y del servicio
doméstico. En Costa Rica, por ejemplo, el empleo femenino en restaurantes y hoteles
cayó un punto porcentual. Mientras que las mujeres perdieron participación en el
empleo manufacturero, ésta se mantuvo estable en el comercio y los servicios. Esto
fue posible debido a que el empleo femenino parece estar vinculado al auto-empleo,
en particular en el comercio, donde las barreras de entrada son bajas y los empleos de
mala calidad. De hecho, la participación femenina en el sector informal es superior a la
de los hombres, excepto en la República Dominicana, incluyendo una gran proporción
de servicio doméstico. Este modelo de participación en el mercado de trabajo
demuestra que el empleo femenino es más precario en términos de cobertura de la
seguridad social, considerando que en la subregión ésta está asociada al empleo
asalariado.41
En los últimos cuatro meses de 2008, disminuyó significativamente el número de
personas con cobertura de la seguridad social en todos los países de la subregión (OITPNUD 2009) y comercio, restaurantes y hoteles, la industria manufacturera y la
construcción son los sectores donde se ha registrado la mayor disminución 42.
México
La economía mexicana fue impactada por la crisis a través de los canales financiero,
comercial y de remesas, siendo el principal, la caída en los precios del petróleo, y la
reducción de la demanda internacional de partes y componentes industriales,
40
A finales de 2008, un promedio de 13% de los puestos de trabajo creados en este sector se había
perdido, con el mayor porcentaje de pérdida de empleo en Nicaragua, en un 21,5%. Las mujeres
representaron el 65% de los trabajadores que quedaron sin empleo. Entre 2008 y 2009, se perdieron
alrededor de 22% de empleos en el sector (Trucchi, 2009). Citado en Espino 2011
41
La cobertura de la seguridad social es baja en la región en términos promedio, aunque existen
marcadas disparidades entre los países. Por ejemplo, cerca de 63% de la población económicamente
activa de Costa Rica tiene una cobertura directa de la seguridad social, incluyendo una gran mayoría de
los trabajadores asalariados (78%). Por el contrario, sólo el 28% de la población económicamente activa
y el 51% de los trabajadores asalariados en El Salvador están cubiertos, lo cual es una proporción
relativamente baja, dado que el empleo asalariado que normalmente conlleva una mayor inclusión en el
centro de los sistemas de seguridad social de América Latina (Espino 2011).
42
En El Salvador –un país profundamente afectado por la crisis– el número de trabajadores afiliados al
Instituto Salvadoreño del Seguro Social en agosto de 2009 cayó un 6,7%. El sector más afectado en este
sentido fue la construcción, donde la disminución del empleo formal fue casi 30% (CEPAL 2009b citado
en Espino 2011).
33
especialmente las relacionadas con la industria automotriz, altamente integrada a los
Estados Unidos.
La caída del PIB mexicano fue de 6,7% en 2009, luego de una disminución de 10,1%
entre el segundo trimestre de 2008 e igual período de 2009. En este comportamiento
incidió la caída de la producción manufacturera de 9,9%. Las exportaciones se
contrajeron 23,3% en 2009, y entre ellas, las exportaciones de petróleo 43% y las
relacionadas con la industria automotriz 33% (INEGI, 2009).
Este contexto dio lugar a la pérdida de empleo masculino en términos absolutos,
debido a su concentración en los sectores más gravemente afectados (industria
manufacturera y sector primario). En agosto de 2009, la tasa de desempleo alcanzó un
máximo histórico de 6,3% (ajustado por estacionalidad). La tasa femenina entre el
primer trimestre 2008 y el segundo trimestre de 2009 pasó de 4.9% a 6.7% y la de los
hombres de 4.7% a 6.8% (INEGI). En 2010 disminuye la tasa de desempleo masculino a
5.3% y 5.2% la femenina (ENOE 2010).
La tasa de actividad de las mujeres se incrementó como resultado del deterioro de los
indicadores de empleo, incluso desde antes de la crisis. En 2007, la participación
laboral femenina fue aproximadamente del 40%, mientras que en el tercer trimestre
de 2009 llegó al 43%43.
El sector informal aumentó ligeramente (se ubicaba en promedio en 27.5% en 2008),
dando como resultado que 29.9% del empleo femenino y 28% del masculino es
informal a principios de 2010.
La tasa de subempleo visible (empleados que aún trabajando jornada completa, no
cobran el salario mínimo) y de sobre-ocupados (más de 45 horas semanales) que no
ganan el equivalente de dos salarios mínimos aumentó 2 puntos porcentuales desde
finales de 2008 (10% de las mujeres ocupadas, y 11% de los hombres) al segundo
trimestre de 2009, estabilizándose en un nivel más alto desde entonces.
4.3.
En síntesis
Las expectativas de aumento de desempleo y caída en los ingresos fue enfrentada por
las mujeres en casi todos los países analizados, tendiendo a incrementar (o
manteniendo) su participación laboral de manera de compensar la falta de ingresos
por el desempleo masculino. Ello verificaría la hipótesis de comportamiento anti cíclico
-como ya se había mostrado en otras oportunidades-. Debe considerarse que el
aumento del desempleo femenino y su contribución al aumento del desempleo global
además de los factores de demanda se explican por el aumento de la tasa de actividad
femenina.
43
INEGI (2007, 2010)
34
La hipótesis de la segmentación a que se hiciera referencia como parte de la
explicación de las tendencias de la oferta femenina, efectivamente ha actuado
incrementando en varios casos el desempleo masculino debido a las actividades
mayormente afectadas, aunque en ciertos casos ello ha afectado a la fuerza de trabajo
femenina. No existen elementos suficientes para confirma la existencia de un efecto
sustitución, aunque sí parecería que tanto por la vía de la inserción en trabajos de
menor calidad ya sea en el sector informal y en puestos caracterizados por el
subempleo en sus diferentes modalidades, pudo haberse contribuido a amortiguar la
tendencia al desempleo creciente tanto por efecto de la pérdida de puestos de trabajo
por caída de la producción como por el efecto del aumento de la participación laboral
femenina a que se ha hecho referencia.
No obstante, los impactos de la crisis económica de mayor visibilidad se han traducido
en la mayor parte de los casos en un aumento del desempleo para hombres y mujeres
con diferente intensidad y duración, ya sea por la pérdida de puestos de trabajo en
algunos casos y la falta de creación de empleo, lo cual hizo que aumentaran o la
persistieran altas tasas de desempleo para las mujeres, de por sí superiores a las
masculinas. El desempleo en 2009 se incrementó prácticamente en todos los países y
este incremento fue superior para las mujeres en Costa Rica El Salvador, Panamá y
Nicaragua. La segregación de los mercados favoreció el aumento del desempleo
masculino en Argentina, Ecuador, México dado que los sectores más afectados por la
crisis fueron los que concentran empleo masculino y en República Dominicana, este
resultado puede haber estado afectado por la disminución de la tasa de actividad
femenina.
Por tanto, puede afirmarse que entre las mujeres predominó el efecto "trabajador
secundario", contribuyendo junto a otras medidas que luego se analizan a que los
hogares protegieran sus ingresos, impidiendo un aumento de la pobreza. Este tipo de
comportamiento también se habría observado en los años ochenta, debido al alto
desempleo y la caída de los salarios reales provocados por la crisis de la deuda. En la
medida que es de esperar que la producción en el hogar siguiera a cargo de las
mujeres, ello debió realizarse intensificando el trabajo femenino, en la medida que no
se sustituyó gasto por producción en el hogar.
La informalidad entendida como empleo no registrado aumentó en especial en los
países de Centro América y en Ecuador (en el sector privado) donde de por sí se
encuentra muy extendida. La disminución relativa de puestos de trabajo asalariados en
el sector formal de la economía que se produjo en varios países por ejemplo en países
de Centroamérica y Ecuador, deja un mayor porcentaje de la población sin cobertura
de seguridad social, con lo cual además de los problemas derivados de la caída en los
ingresos el bienestar, en el presente se dan pérdidas de beneficios sociales y en el
futuro en el momento del retiro.
Así mismo, para los países para los que se cuenta con datos, la categoría de cuenta
propia y familiares no remunerados aumentó para las mujeres (ligeramente en
Argentina); en Costa Rica (donde disminuyó en el caso de los hombres) y en Panamá.
Por su parte, en Ecuador esta categoría aumentó más entre los hombres, mientras en
35
República Dominicana disminuyó para las mujeres y subió para los hombres. La
reducción de la proporción de la población con cobertura de seguridad social y su
impacto sobre el empleo femenino se agravan por la falta de trabajos de calidad a
disposición de las mujeres en la mayoría de los países.
Cabe señalar que la gravedad de los efectos negativos de la crisis sobre la situación de
las mujeres y las relaciones de género estará determinada en última instancia por la
profundidad y extensión en el tiempo de la crisis. Así mismo es fundamental en este
sentido la capacidad con que cuentan los gobiernos para garantizar un umbral mínimo
de bienestar (acceso a los recursos productivos, trabajo decente, entre otros) para
todos los ciudadanos, tanto mujeres como hombres. Los impactos de género pueden ir
más allá de los años de crisis, si se frenan los (lentos) progresos previos, o si se
aumentan las brechas de género existentes (Staveren 2010). Por su parte, las
características de la inserción laboral femenina pueden ser funcionales a ciertos
patrones de crecimiento al menos en el corto plazo e incentivar la velocidad de
recuperación de la economía (Seguino 2008) por la vía de contribuir a la
competitividad en base a bajos costos salariales (Seguino (2000, 2002, 2005, 2008,
2009; Berik 2008). Ello podría consolidar desigualdades de género en los mercados
laborales y en los hogares.
4.4.
¿Qué medidas tomaron los gobiernos con miras a la crisis y cómo se evalúan
estos desde una perspectiva feminista?
Las repuestas de la mayor parte de los gobiernos de la región ante la crisis no han sido
ajenas a las transformaciones y experiencias de la década pasada. La crisis se enfrentó
en condiciones diferentes a situaciones similares anteriores debido a la mayor
fortaleza que afrontaban las economías y probablemente, en algunos casos, como
resultado de cambios respecto a los énfasis en los objetivos de política fiscal y en la
importancia asignada a las políticas contracíclicas.
Entre las primeras conclusiones que pueden obtenerse del análisis de las políticas
desarrolladas para enfrentar los impactos de la crisis, se ubica un punto de partida en
términos de políticas y del rol de los Estados, notablemente diferente a lo ocurrido en
con anterioridad. O sea, se advierte un pasaje desde la confianza en el mercado y su
capacidad para restablecer equilibrios, a la preocupación por la intervención de las
políticas públicas.
No obstante, si bien las iniciativas anunciadas reflejaron la voluntad política de la
mayoría de los gobiernos, en particular la de mantener y expandir el gasto público, se
enfrentaron en varios casos serios obstáculos para su aplicación, relacionados
principalmente con limitaciones presupuestarias, habida cuenta de la caída del PIB, la
reducción de ingresos fiscales y la limitada capacidad de endeudamiento externo44,
44
La “re-estatización” del sistema de previsión social argentino fines de 2008, y la recuperación por
parte del Estado de los fondos del sistema que eran gestionados por administradoras privadas resultó
36
como en varios de los países centroamericanos. Ello supuso considerables dificultades
para cumplir con las metas anotadas (por ejemplo, El Salvador, Guatemala). En algunos
países, la necesidad de la aprobación de nuevas leyes o la modificación de la
legislación existente creó retrasos en la ejecución de las propuestas. En México, con
una impronta de política que se diferencia claramente de las que predominan en la
región, las restricciones regulatorias que impedían ampliar los gastos e inversiones45, el
enorme impacto de la crisis en Estados Unidos y su fuerte conexión con esta economía,
impidieron acompasarse a las necesidades que se imponían. En todo caso, se continuó
privilegiando la estabilidad de precios, y la autoridad monetaria no intervino
sustancialmente en el mercado cambiario. Las respuestas de política a la crisis
resultaron débiles y transitorias en comparación con la magnitud del shock externo
negativo. Ello dio lugar a medidas que suponían 1,5% del PIB, es decir, medidas de
carácter básicamente “compensatorias", diseñadas para "no comprometer
crecimiento futuro" desviando del “correcto funcionamiento de los mercados”. En
Ecuador por su parte, las restricciones impuestas por la dolarización, el reducido
espacio fiscal y monetario en una economía pequeña y abierta dificultaron las
respuestas que pudieron ser más adecuadas. (Espino, Esquivel y Rodríguez, 2011)
Por tanto, las medidas efectivamente adoptadas para enfrentar la crisis variaron en
función del impacto sufrido, la disponibilidad de recursos y la capacidad para
implementar políticas contra-cíclicas. El grado de incidencia y cumplimiento de las
metas según países fue diferente. Respecto al gasto público varios países registraron
entre 2008 y 2009 un aumento de más del 10% (Argentina, El Salvador) y otros lo
expandieron sobre el 7% (Ecuador y Honduras). Dicho aumento se concentró
principalmente en sectores sociales, salvo en El Salvador y México, que expandieron a
un ritmo mayor el gasto no social. República Dominicana contrajo todos sus gastos,
con énfasis en la reducción del gasto público no social. Por otro lado, en Guatemala,
Nicaragua, y Panamá el aumento de su gasto público total se dirigió hacia el gasto
social, con una contracción del gasto no social; en Ecuador se expandió el gasto público
en las dos partidas con énfasis en lo social (CEPAL 2011).
Además de ponerse en evidencia la falta de avances en la transversalización de una
perspectiva de género en las políticas económicas y sociales, parece confirmarse la
debilidad de los mecanismos oficiales para la equidad de género para incidir en las
políticas gubernamentales.
En general se enfatizó en medidas contra la pobreza a través de las políticas sociales
focalizadas que en general se venían aplicando, con marcado énfasis en las
transferencias monetarias, en algunos casos a través de la expansión de los programas
existentes. En general, se mantuvo el nivel de beneficiarios de los programas de
transferencias lo cual seguramente contribuyó a sostener el ingreso de las mujeres,
que son las principales beneficiarias. Por una parte, se expandieron los programas
existentes, como las subvenciones previstas en El Salvador o Guatemala. En Argentina,
relevante en el contexto de desaceleración de la actividad económica y crisis global, en la medida que
habilitó al Poder Ejecutivo Nacional a contar con recursos para intervenir activamente con acciones que
pueden tener efectos contracíclicos.
45
En 2006 se estableció por ley que el déficit fiscal no puede superar el 1% del PIB
37
si bien la Asignación Universal por Hijo no se planteó como parte del paquete de
medidas anti crisis, se valora con gran potencialidad en este contexto, en el que se
presume el deterioro real de las remuneraciones y los ingresos de los hogares, con las
mujeres como principales actoras. A ellos se agrega que dada la sobre-representación
de las mujeres en la desocupación y en el empleo no registrado, esta medida que
extiende beneficios a este sector poblacional es positiva para las ellas (Espino, Esquivel
y Rodríguez 2011).
Pese a que los efectos de estas políticas pudieron haber influido en menores pérdidas
de bienestar en general, y por tanto, esto puede haber sido beneficioso para las
mujeres, los análisis de las políticas en términos generales no muestran la
consideración de las desigualdades de género.
En todos los países, la pérdida de empleo constituyó una fuerte preocupación y un
objetivo central de políticas tanto para actuar sosteniendo ingresos (apoyo a consumo
y demanda interna) como para evitar su incidencia sobre la pobreza. En algunos países
como Argentina, los objetivos relacionados con el empleo también estuvieron
orientados a evitar la precariedad o su aumento, al tiempo que se favorecía la
recaudación fiscal y la promoción de entrada de capitales y la demanda interna. La
protección al empleo existente y la creación de nuevos puestos de trabajo como
medida de emergencia y el salario mínimo como instrumento de ajuste económico (El
Salvador, Nicaragua), se desarrollaron con componentes de contrato temporal
(Guatemala); en Costa Rica y Guatemala se procuró estimular el desarrollo productivo
local con especial énfasis en las medidas de apoyo a las PYMEs a través de la creación o
ampliación de líneas de crédito y fondos de garantías, junto con asistencia técnica y
capacitación(Costa Rica y Guatemala). En México, las medidas orientadas al mercado
laboral parecen haber sido insuficientes y no se previeron medidas específicas para las
mujeres, lo cual podría estar en parte relacionado con el hecho de que las pérdidas de
puestos de trabajo fueron mayores entre los hombres (Espino, Rodríguez, Esquivel,
2011).
Las políticas laborales implementadas no fueron suficientes en todos los casos para
proteger a las personas del desempleo. Algunas medidas no obstante, que sostuvieron
el nivel de inversión social, así como la prioridad dada a la infraestructura básica puede
beneficiar a las mujeres facilitando la organización del cuidado.
En América Central se observó un marcado énfasis en la inversión en obras públicas
como medio de creación de empleo por parte de los estados. Las políticas de inversión
pública se han orientado a ampliar y mejorar los servicios públicos de educación y
salud, con especial énfasis en el empleo de mano de obra local (El Salvador) y la
construcción de infraestructura básica y caminera (Costa Rica, Guatemala, Nicaragua)
(Espino, 2011). En general y más allá de la existencia de un conjunto de medidas que
han tendido a favorecer la situación de las mujeres en varios países centroamericanos
se diseñaron programas para favorecer a los grupos poblacionales más vulnerables,
entre ellos las mujeres y los jóvenes (América Central) (OIT 2009), las respuestas
específicas de política pública, no han considerado específicamente la equidad de
38
género más que con excepciones (El Salvador46). En particular, en el caso de Ecuador
por ejemplo, no llegaron siquiera a implementarse programas específicos para
mujeres, ni existen cuotas de género incluso entre los beneficiarios de los programas
sociales, en las que suelen estar presentes.
El resultado final de este proceso tendrá que ser evaluado en el largo plazo, razón por
la cual existe una necesidad de más investigación sobre la base de datos cuantitativos
y cualitativos que permitan el seguimiento de los indicadores
5.
¿Hacia una agenda económica feminista?
5.1. Desafíos desde una perspectiva de género y desarrollo
Los desafíos que enfrentan los países latinoamericanos -como ha sido señalado- se
originan tanto en su desarrollo histórico como en su situación coyuntural y por
supuesto, en el cruce de ambos. Las mejoras recientes en la distribución del ingreso, el
crecimiento económico y las condiciones de empleo son todavía insuficientes. Las
desigualdades de género expresadas en las brechas de participación se han reducido
mostrando un crecimiento de la feminización laboral, pero se mantienen brechas en el
desempleo y las remuneraciones -en algunos casos agravadas por la crisis- y éstas
crecen y se asientan entre las mujeres.
Los años 2000 han sido testigo de significativos cambios políticos en la región a partir
de gobiernos con nuevas orientaciones políticas e ideológicas. Aparecen así en el
discurso y en algunas iniciativas de políticas, nuevas perspectivas respecto a la
significación de la igualdad y la importancia de los derechos ciudadanos, que suponen
compromisos con grupos históricamente excluidos. Estas -además de la relativa
incidencia que ha tenido el paradigma del desarrollo humano, colocando en el centro
de las prioridades la calidad de vida y el enriquecimiento de potencialidades humanas-,
se nutren de marcos ideológicos enraizados en posturas de los pueblos originarios (por
ejemplo, Vivir bien, Buen vivir) o de las izquierdas más o menos tradicionales.
Como resultado de estos cambios se observan algunas transformaciones en ciertas
áreas de las políticas públicas respecto a las que habían sido características de la
década de los 90. En efecto, la protección social47 -a pesar de la fragmentación que
todavía exhiben los sistemas y los fuertes vacíos de cobertura- parece mostrar a partir
de ciertas iniciativas llevadas adelante, una mayor vocación de universalidad -aunque
todavía incipiente y solamente en algunos países de la región-. Son algunos ejemplos
46
Solamente programa de vivienda “Casa Para Todos” en El Salvador les da a las mujeres prioridad como
beneficiarias; pero la aplicación de este no es parte de un política nacional y de largo plazo (PNUD 2011
citado en Espino, 2012.
47
Además de las características a su surgimiento asociado al desarrollo de los mercados internos y el
empleo formal, las reformas de los 90 fueron paulatinamente desmontando algunas estructuras
profundizaron su carácter fragmentario.
39
en este sentido, la asignación universal en Argentina o las reformas de Uruguay en
relación a este beneficio. Por su parte, se evidencia el objetivo de disminuir los sesgos
más regresivos de la seguridad social con nuevas regulaciones para la incorporación
obligatoria de beneficiarios no relacionados con trabajo formal y nuevos subsistemas
para fortalecer los regímenes solidarios (Argentina, Uruguay, Venezuela y Brasil). Se
producen también modificaciones tendientes a ampliar la participación estatal en la
seguridad social como por ejemplo, con la re-estatización del sistema (Argentina), o
disminuir los sesgos de género relacionados con las jubilaciones y pensiones (Uruguay,
Chile).
Los planteos feministas tienen algunos puntos en común con estas perspectivas, como
la crítica al funcionamiento del sistema económico y la injusta distribución de recursos,
e incluso de trabajos y tiempos entre mujeres y hombres entre otras dimensiones de la
desigualdad, como clase, etnia y generación. Y, precisamente la incidencia de las
feministas está en la base de algunas de las propuestas señaladas (Espino y Sanchís
2012). De hecho, algunos gobiernos comienzan a reconocer al menos en el plano del
discurso, el trabajo no remunerado femenino como “trabajo” así como su aporte al
funcionamiento de las economías. Se impulsan encuestas de uso del tiempo en varios
países que permiten acercarse a conocer las desigualdades en los hogares con relación
a los tiempos. También se comienzan a considerar nuevas formas de derechos
económicos que pasan por la valorización del trabajo no remunerado en sus diversas
modalidades (incluido el de cuidados), que se reconocen en las constituciones políticas
(Bolivia, Ecuador, R. Dominicana, Venezuela) o se sancionan leyes para incorporar el
valor económico en las cuentas nacionales (Colombia). En este aspecto, quizá la
iniciativa más importante con relación al trabajo de cuidados así como su calidad y el
derecho a acceder a éstos, se manifiesta en Uruguay, en el proyecto de
implementación de un sistema nacional de cuidados.
Como parte de los esfuerzos por una legislación laboral más protectora, la influencia
de los movimientos de mujeres y la cooperación internacional en su incidencia por la
consideración del trabajo doméstico, desvalorizado incluso cuando se realiza en forma
remunerada, se dan procesos de revisión y cambios de la legislación laboral del
servicio doméstico (Argentina, Brasil, Uruguay). En algunos casos como en Uruguay se
recupera la institucionalidad laboral a través de la reimplantación de los mecanismos
tripartitos de fijación salarial y condiciones del empleo históricos (Uruguay), que
incluso incorporan cláusulas de género (Uruguay, Brasil).
Se perciben retrasos o directamente inexistencia de la transversalización de género en
las políticas públicas y una seria debilidad en los mecanismos oficiales para el avance
de las mujeres, como ha quedado claramente mostrado en la evaluación de las
políticas para enfrentar la crisis.
La situación de las mujeres y las desigualdades de género en la región de América
Latina se relacionan tanto con las tendencias de largo plazo y las características
estructurales de las economías como con la coyuntura planteada por la crisis. Así
mismo son herederas de procesos históricos de subordinación de grupos sociales,
40
países y regiones, y expresan pautas culturales, ideológicas y religiosas que configuran
las percepciones y las actitudes acerca de los papeles masculino y femenino.
Pese a los cambios comentados, no se registran cambios sustantivos en las estructuras
de la economía en términos sectoriales ni en políticas orientadas hacia la
diversificación productiva. Los desafíos para las superación de dichas desigualdades
desde la perspectiva feminista suponen una mayor intervención estatal –hoy parece
tener mayor viabilidad que en décadas anteriores-, que a través de las políticas
macroeconómicas y microeconómicas permitan administrar el comercio internacional,
regular los flujos de capital y promover incentivos a la innovación y a las mejoras de
productividad, de manera de reducir la heterogeneidad estructural y las desigualdades
sociales.
Por su parte, si bien se reconoce el aporte de las mujeres a la economía y la
reproducción y se rescatan valores democráticos no son demasiado visibles los
cuestionamientos a las asimetrías de poder que suponen las relaciones sociales de
género como parte de los desbalances de poder que impregnan a las sociedades
latinoamericanas. También, supone una mayor intervención a través de normativas y
acciones que apoyen la corresponsabilidad de la reproducción biológica y social entre
hombres y mujeres.
Las perspectivas que se avizoran y sus objetivos, pero sobre todo la puesta en práctica
de estrategias para alcanzarlos, están ligados a la dimensión de la política y la
correlación de fuerzas entre sectores con intereses contrapuestos. Todavía persisten
políticas que responden al modelo neoliberal hegemónico, democracias muy débiles y
políticas públicas que ignoran la esfera de la reproducción y del cuidado y son ciegas a
las construcciones de género (Espino y Sanchís 2012).
5.2. ¿Qué propuestas alternativas hay en relación a los principios básicos y al rumbo
de la economía?
Los ejes del debate feminista en la región se insertan en los diferentes niveles de la
economía y la sociedad (macro, meso y micro), en los que se producen y sostienen las
desigualdades sociales y de género. Las políticas económicas y sociales y la
participación del Estado tienen un papel en cada uno de esos ámbitos y en la manera
en cómo se estable la relación entre ellos. En este sentido, si bien se postula una
función más protagónica del Estado, ello no significa negar la importancia de las
funciones del mercado, sino enfatizar en que la formulación de políticas y su
implementación requiere sensibilidad sobre los efectos distributivos por género, de
manera de evitar los efectos negativos indeseados (Seguino, Berik, Rodgers 2010). En
el nivel macro, existen varios canales de política que afectan las relaciones de género
determinando quien consigue qué trabajo y qué ingresos. Las políticas macro influyen
en el grado de volatilidad económica y en los recursos disponibles para la seguridad
41
social y el gasto en infraestructura, lo que conlleva implicancias de género para la
educación y la salud, tanto como para las relaciones de género en los hogares (micro).
Por tanto, se coincide en la afirmación realizada desde otros enfoques de la economía,
acerca de que las políticas macroeconómicas no pueden ser evaluadas exclusivamente
por sus resultados en los agregados macro –inflación, balance comercial, crecimiento
del PBI-. Sin duda, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para que
la región pueda crecer más y repartir mejor, pero esta debe entenderse de manera
amplia. Esto significa entender la estabilidad como un objetivo que va más allá de
asegurar una inflación baja y estable. Dicho objetivo debe definirse en función de
senderos previstos por las principales variables, para servir de referencia a la toma de
decisiones, cuyos horizontes exceden el corto plazo (Kacef y López-Monti 2011). El
crecimiento, su sostenibilidad y capacidad para integrar los objetivos sociales
incluyendo el grado de bienestar desde una perspectiva feminista, imprescindible para
asegurar la superación de las desigualdades sociales y de género.
Como ha sido desarrollado al principio este documento, los distintos estudios
empíricos de las economistas feministas –como otras investigaciones que han
procurado establecer el papel de las desigualdades de género en el funcionamiento de
las economías48- han mostrado que la promoción de la igualdad de género puede ser
un elemento constitutivo del crecimiento -aunque la relación entre desigualdades y
crecimiento se muestre ambigua-. El crecimiento puede generar condiciones para la
equidad social pero también, como muestra la experiencia de la región, durante
períodos de alto crecimiento económico, la desigualdad social y de género puede no
responder reduciéndose; en cambio, también la experiencia parece indicar que deben
implementarse mecanismos redistributivos con intervención del Estado 49. En este
sentido, sorteada la crisis y recuperada la senda de crecimiento un entorno económico
que viabilice una mayor igualdad de género en los salarios y, en general, el acceso a los
recursos, puede promover la mejora en los niveles de bienestar de manera más
equitativa (Seguino, Berik, Rodgers 2010).
La estrecha relación entre políticas macroeconómicas y el dinamismo del desarrollo ,
hace que éstas tengan un rol crucial para la inclusión social en la región, dado que la
manera en que se estimula y produce el crecimiento afecta la tasa de inversión y su
incidencia en la tendencia futura del desarrollo, la intensidad del valor agregado
generado en las exportaciones y su interrelación con el resto de la producción interna
(PIB), la innovación, el avance de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la
formalidad o precariedad del mercado laboral (CEPAL 2010a).
Por tanto, uno de los ejes fundamentales de la propuesta feminista es poner en
marcha círculos virtuosos de desarrollo, para lo cual es necesario un entorno
macroeconómico en el que la equidad sea compatible con el crecimiento, esto es
reglas de comercio e inversión, regulación de las finanzas, que estén subordinadas a
48
Banco Mundial entre otros.
Vázconez (2011) señala que en la región la distribución también se ha verificado cuando ya tratado de
un crecimiento orientado por demanda.
49
42
los objetivos más amplios de igualdad social y de género, la creación de empleo y la
seguridad económica (Seguino, Berik, Rodgers 2010).
Una importante área de la investigación feminista en el ámbito regional e internacional
en las últimas dos décadas se ha focalizado en el impacto de las políticas fiscales. Se ha
mostrado así que las políticas contractivas y el reducido rol del estado son negativos
para el bienestar de las mujeres, con sus consecuentes impactos en el potencial de
largo plazo del crecimiento y la mejora de la calidad de vida. Los estudios de género
han hecho hincapié en el concepto de equidad fiscal tanto con referencia a la equidad
vertical (eliminar las desigualdades entre los diferentes estratos de ingreso), como a la
equidad horizontal (eliminar las desigualdades que se dan dentro del mismo estrato de
ingreso, en los diferentes grupos de población que lo componen (Pérez Fragoso 2011).
Una lección que deja la crisis, es la importancia de las políticas contracíclicas en la
medida que han sido evidente los beneficios que de ellas derivan. Los países de la
región enfrentan a veces restricciones institucionales —y en la capacidad de
implementación por parte del sector público— que acotan los márgenes para el uso
flexible de la política fiscal con objetivos de estabilización macroeconómica. Por su
parte, las dificultades también radican en la dificultad para identificar la tendencia de
largo plazo en muchas economías así como en las diferencias en las preferencias de
distintos agentes económicos ante situaciones específicas. Pero la posibilidad de un
manejo de políticas contracíclico es vital para los grupos de menores recursos entre
ellos las mujeres, desde el punto de vista distributivo. Ello requiere acciones de política
en las fases expansivas dirigidas a acumular capacidad para afrontar la fase
descendente del ciclo (Kacef y López-Monti 2011).
Los ingresos fiscales en la región están condicionados no solamente por una baja
recaudación, sino por una recaudación de carácter regresivo50. Estas características de
los sistemas tributarios hacen que éstos sean importantes factores en el
mantenimiento de una distribución desigual de la renta y, por lo tanto, de la pobreza y
la indigencia, dado que la política tributaria ha relegado el objetivo de lograr mejoras
en la equidad distributiva a favor de otros propósitos (Kacef y López-Monti, 2011).
Ello pone de relieve la necesidad de un nuevo pacto fiscal, necesario para adaptar el
gasto público y la recaudación de ingresos a las necesidades existentes, de manera de
lograr un proceso de distribución que entre sus pilares -como se fundamentó- debe
considerar la des-mercantilización del bienestar51. En este sentido, el pacto fiscal (y
social) que se plantea desde una perspectiva feminista incluye el compromiso de
erradicar las brechas de desigualdad económica, política y social entre mujeres y
hombres en todos los niveles de ingreso (Pérez Fragoso 2011). Si bien como se
comentara, en el plano político institucional se ha dado el reconocimiento del aporte
del trabajo no remunerado al funcionamiento de las economías, todavía se está muy
50
También con relación a la política fiscal se ha comenzado a producir algunas modificaciones como en
el caso de Uruguay con la Reforma tributaria de 2007.
51
Debe considerarse adicionalmente que prácticamente no existe inversión en infraestructura de apoyo
a las tareas domésticas y de cuidados de carácter público ni de responsabilidad con las empresas.
43
lejos de avanzar en sistemas de cuidados que combinen adecuadamente la
participación del Estado, el sector privado y las familias.
El mercado por sí mismo no produce igualdad ni bienes públicos, ni se ocupa de la
situación a largo plazo y el Estado puede tener un rol de mayor protagonismo, en
adecuadas combinaciones público-privadas para la asignación de recursos y la
provisión de servicios (CEPAL 2010ª).
La disminución de las desigualdades y el combate a la pobreza están relacionados con
los objetivos redistributivos de las políticas y las estrategias para lograrlas. Entre los
objetivos redistributivos que atañen directamente el bienestar de las mujeres –por su
posibilidad de obtener ingresos y otras oportunidades de satisfacción personal,
participación y agencia-, está la forma en que se resuelven los cuidados. Ello requiere
la intervención del Estado tanto para combatir las crecientes brechas entre las mujeres
como entre hogares y personas. La capacidad de cuidar y el derecho a ser cuidado en
la medida que depende de las mujeres en primer lugar, y por lo tanto, de las familias
están fuertemente estratificados por ingresos. Ello explica la desigualdad entre las
mujeres de mayores recursos y aquellas que se ubican en los quintiles inferiores de
ingreso como se desarrollara anteriormente. Las desigualdades en el cuidado no
solamente muestran las relaciones de género, sino el círculo entre la vulnerabilidad y
pobreza de ingresos y la carga de trabajo, pobreza de tiempo, que resultan en un
fuerte componente de la inequidades dentro de las sociedades latinoamericanas en el
presente y la debilidad en la acumulación de capacidades hacia el futuro.
En particular, en lo que hace a los efectos de género de las políticas comerciales y el
desempeño del comercio internacional, los estudios elaborados por las economistas
feministas han enfatizado en sus efectos sobre la igualdad de género con relación a
distintos factores, como los cambios en los patrones y las condiciones de trabajo,
incluyendo el trabajo remunerado y no remunerado; en las brechas de género
salariales y en las ganancias; en los patrones de propiedad y el control sobre los
activos; el cambio técnico y el uso de la tecnología por hombres y mujeres; el cambio
en los patrones de consumo y las relaciones de poder al interior de los hogares; los
cambios en la provisión pública de los servicios. Así mismo, como ha sido mencionado
también se ha investigado sobre la relación entre las desigualdades y las políticas
comerciales encontrando que en varios casos estas son funcionales a estrategias
cortoplacistas, carentes de mecanismos que impulsen ventajas competitivas
sostenibles. En la región se han recogido diversas evidencias sobre los impactos de
estas políticas en las desigualdades de género, encontrando entre otros, que los
sectores tradicionalmente feminizados tienden a revertir esa característica cuando se
incorpora tecnología o las dificultades adicionales que enfrentan las mujeres
empresarias para lograr su inserción internacional (Salvador 2011). Las políticas
comerciales cuya importancia es de máxima significación en los modelos de
crecimiento y por tanto, en el desarrollo, requieren ser discutidas y formuladas en
forma integrada considerando sus impactos sociales y de género si se consideran entre
sus objetivos la equidad.
44
Uno de los planteos más relevantes para la igualdad social y de género descansa en las
características que asuman las políticas sociales. Como se ha señalado, se observan
algunas reversiones en la materia respecto a las reformas de los 90, pero todavía se
está lejos de un paradigma dirigido a incorporar más sectores, a alinearlas con
propuestas de modelos más incluyentes y como parte de los derechos ciudadanos. Los
tímidos esfuerzos orientados a políticas de carácter universal, aun incipientes,
dependen de las capacidades fiscales de los países que enfrentan serias restricciones y
en gran medida de pactos sociales y políticos que aunque difíciles, podrían impulsarse
con los nuevos vientos.
Las políticas sociales implementadas en la región normalmente alejadas de una
perspectiva feminista, no han mostrado ser suficientes como instrumento de
redistribución. Por su parte, el énfasis en las políticas focalizadas en la pobreza y en las
transferencias monetarias condicionadas han tenido a la “la familia” como sujeto y a
las mujeres como operadoras, aunque han alcanzado a una alta proporción de hogares
de menores ingresos con jefatura femenina y seguramente favorecido a muchas
mujeres ha recibido también diversos cuestionamientos. Entre otros, Rodríguez (2011)
señala que este tipo de programas se basa en la presunción de la responsabilidad
individual en la situación de pobreza de las personas, en su capacidad para invertir
adecuadamente en recursos básicos como la educación y la salud. Sin embargo, la
menor capacidad de las mujeres de generar ingresos propios no deriva principalmente
de sus características, ni sus actitudes respecto a la construcción de capacidades, sino
que está explicada fuertemente por los mecanismos que excluyen relativamente más a
las mujeres de los canales de acceso a recursos económicos (el mercado laboral, los
sistemas de protección social y las normas que regulan la propiedad de los activos).
Este tipo de política probablemente tanto en la emergencia como posteriormente, siga
siendo efectivo para combatir algunos aspectos de la pobreza y la indigencia. No
obstante, el objetivo de ampliar las oportunidades de vida que estos programas
deberían incorporar, tienen que acompañar que estará acompañados por
herramientas (fortalecimiento de las capacidades laborales y opciones para la
organización del cuidado) que permitan actuar sobre las restricciones estructurales
que enfrentan las personas y en particular, las mujeres. Las condicionalidades por su
parte, requieren ser revisadas de manera de ser funcionales a la mayor
corresponsabilidad entre madres y padres en el cuidado.
En el plano institucional, los cambios en materia de regulación son una de las bases
para revertir los sesgos de género y etarios en el mercado laboral, incorporando su
complejidad y diversidad de manera de ampliar la población amparada por normas
laborales fundamentales. Los mercados laborales fallan en reconocer el aporte de la
economía reproductiva y aunque tampoco para éstos escapa el hecho de que alguien
“tiene que pagar por los niños”, las instituciones laborales están construidas sobre la
base de que la carga de la economía reproductiva estará o deberá estarlo a cargo de
las mujeres (Elson 1999). Las normas formales relacionadas con permisos y licencias
son prueba de ello, siempre que las licencias para los padres son muy breves -cuando
existen- y las responsabilidades domésticas penalizan a las mujeres en el mercado
laboral, en la medida que se convierten en un factor clave para su débil posición en las
remuneraciones y las ocupaciones. En este campo regulatorio, las modificaciones
45
tendientes a combinar las diferentes modalidades del empleo para hombres y mujeres
pueden contribuir a diversas formas de distribución que permitan establecer mejores
arreglos para la relación entre vida cotidiana, familia y empleo para hombres y
mujeres. Si se considera que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo es
importante para ellas y para el bienestar global -el aporte que éstas realizan al
volumen total de ingresos de sus hogares en muchos casos es lo que les permite salir
de la pobreza (CEPAL 2010b)- resulta incomprensible no crear condiciones para el
empleo de hombres y mujeres compatible con la vida familiar.
Estas propuestas o líneas de debate podrían encontrar en la crisis, sus impactos y las
formas implementadas para superarla, una oportunidad para profundizar un proceso
de construcción de otro proyecto económico. En éste la economía feminista puede
realizar un significativo aporte en la medida que coloca en el centro de este proceso
otra dimensión: la sustentabilidad de la vida humana y la reproducción social valorada
tanto como la dimensión económica. Esta resignificación de lo económico hace posible
establecer una agenda compartida con movimientos sociales y propuestas políticas
que han cobrado mayor presencia en la última década. Por ejemplo, planteos como los
del «buen vivir», que reubican el cuidado como categoría económica, así como con
voluntades políticas que se expresan en objetivos de desarrollo humano.
5.3. Propuestas feministas y gobernanza económica global
Enfrentar las desigualdades de género, si bien requiere acciones específicas orientadas
a situaciones particulares y estas se dan en los ámbitos nacionales, descansa también
en el entorno macro global. Más allá de los posibles cambios experimentados en la
región y las responsabilidades que competen a gobiernos, grupos sociales y
corporaciones, las propuestas de cambios estructurales son todavía insuficientes y
requieren acciones de alcance global.
Las restricciones que enfrentan los países de la región tienen raíces históricas,
estructurales y de relaciones de poder, y responden a la manera en que han ido
constituyendo sus formas de gobierno, sus democracias y formas de ciudadanía. Pero
también, las propuestas de transformación que enfrentan las economías en la relación
corto –largo plazo, podrían verse condicionadas en principio, por las situaciones que
atraviesa la coyuntura global. El descenso de la demanda de importaciones por parte
de las economías desarrolladas estrecha el espacio para que la región y el resto de las
economías emergentes puedan colocar sus productos en estos mercados, exacerbando
la competencia. En vistas de los impactos de la crisis se vuelve más relevante
considerar el redireccionamiento de las políticas comerciales, revisar el rol del estado y
de los mercados nacionales -al menos en las economías de mayor tamaño relativo-. Las
políticas para enfrentar la crisis mostraron la pertinencia de mantener la actividad
económica, sobre la base de diversas iniciativas que sustentaron el mercado interno
(OIT 2010)52. En una región donde en las últimas décadas, se ha hecho hincapié en el
52
La demanda interna hacia 2009, cobró mayor importancia relativa en Argentina, República
Dominicana, Guatemala, Honduras, Paraguay y Uruguay. En el caso de Brasil, muestra que un cambio
46
desarrollo impulsado por las exportaciones, esta situación es una novedad y
representa un desafío (Marinakis 2011). Por su parte, se requiere revisar el rol de la
integración económica regional que hasta ahora pese al discurso no ha registrado
logros sustantivos, en la medida que no se reflejan en el diseño de una política exterior
-prácticas y estrategias de integración regional y de inserción internacional- legitimada
internamente, y formuladas como clave transversal de visiones estratégicas de
desarrollo y competitividad.
Entre los riesgos y dificultades que se presentan en la coyuntura -dadas las medidas
que se impulsan desde el norte- está la falta de espacio suficiente en los países de la
región como para resistir por mucho tiempo excesos de liquidez. Ello implica hacer
referencia a problemas de coordinación y de acción colectiva que involucran a todos
los actores globales (Albrieu y Fanelli 2010).
Además de los problemas coyunturales que puedan haber contribuido a desatar la
crisis, ha sido ampliamente señalado que ha quedado en evidencia la fragilidad
sistémica y los desequilibrios que se viven a nivel global. En parte, la crisis es el
resultado de la desregulación de los mercados financieros y del comercio
internacional, la falta de equilibrio entre la función del mercado y la del Estado. Esta
crisis económica y financiera por la que todavía se atraviesa en el ámbito internacional
no puede entenderse como un accidente, sino como un resultado de las características
del funcionamiento del sistema económico.
La crisis alimentaria y energética que la antecedieron reflejan problemas que van más
allá de la aplicación de políticas monetarias y de la regulación del sector financiero. Se
pone en cuestión la validez de los supuestos básicos sobre los efectos de las políticas
macroeconómicas inspiradas en el paradigma del libre mercado y la reducción del
papel del Estado. Las fallas de mercado son especialmente importantes en los
mercados financieros y han mostrado tener consecuencias desproporcionadas al pasar
a la actividad económica “real”. Los niveles de riesgo excesivos y la alta relación entre
capital propio y crédito invertido ponen de relieve la necesidad de poner en marcha
una supervisión y regulación financiera mucho más comprehensivas, para tratar de
eliminar los vacíos que existían antes de la crisis, que implique lo que respecta a los
distintos instrumentos financieros como a los distintos participantes del mercado
(Comisión Stiglitz, 2009).
Por su parte, las desigualdades sociales y de género no son un rasgo contingente del
sistema económico y su funcionamiento, como tampoco lo son la forma en que se
procesan las decisiones de política económica ni las asimetrías de intereses y de poder
que estas reflejan.
Las propuestas de cambios profundos que remuevan las asimetrías de poder entre
grupos sociales, hombres y mujeres, deben apoyarse en el entorno global en base al
sustancial tuvo lugar después de la crisis, con el país pasando de una situación en la que el dinamismo
deriva de la demanda externa, en la medida en que, en 2009, hubo un predominio de la demanda
interna (Marinakis 2011)
47
reconocimiento amplio de las fallas del sistema de acumulación a nivel de la región y
global. El cambio en las relaciones de poder en cada una de las sociedades tiene un
necesario correlato con estos mismos cambios en el ámbito global, con la posibilidad
de una mejor redistribución de los recursos globales en el contexto de un espacio
político más incluyente y democrático para las mujeres, para las poblaciones del sur, el
conjunto de la ciudadanía y las organizaciones sociales del sistema global.
En ese cambio es necesario incorporar la idea que el mercado, lo cual ha sido
demostrado, no es capaz de conocer y validar la diversidad de necesidades e intereses
de la comunidad global y superar las brechas que se abren en diferentes esferas de la
vida.
En términos de propuestas conjuntas o que involucren norte- sur, las feministas se han
pronunciado no solamente respecto a crisis económica, sino también las crisis del
sistema ecológico y social. Ello supone desde el punto de vista conceptual cuestionar el
capitalismo corporativo, junto con sus desigualdades y las estructuras de poder. El
bienestar" y "sostenibilidad" de las personas en el centro de la política económica,
junto con la igualdad de género es parte de la apuesta estrategia feminista que
requiere una construcción conjunta (norte sur y su-sur) y capaz de determinar
estrategias orientadas por objetivos compartidos, sin dejar de considerar la existencia
de posibles divergencias de intereses.
Ello puede formar parte de un verdadero debate democrático que incluya a las
personas en tanto tales, y no solamente en tanto productores o consumidores y las
necesidades de los diferentes países y grupos sociales. El involucramiento de las
mujeres y otros grupos sociales afectados por la crisis en las soluciones a los
desequilibrios globales, podrían ser esenciales para obtener una respuesta en armonía
con los estándares y compromisos internacionales con la igualdad de género, los
derechos de las mujeres, los derechos humanos y el empoderamiento (Espino, 2009).
48
Referencias bibliográficas
Abramo, Laís (2006): “Trabajo Decente y Equidad de Género en América Latina”.
Santiago, Oficina Internacional del Trabajo
Albrieu, Ramiro y Fanelli, José María (2010) La crisis global y sus implicaciones para
América Latina. DT 40/2010 - 21/12/2010
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_C
ONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america+latina/dt40-2010 acceso enero de
2012
Atal, Juan Pablo, Hugo Ñopo y Natalia Winder (2009): Century, Old Disparities: Gender
and Ethnic Wage Gaps in Latin America. Banco Interamericano de Desarrollo.
Banco Mundial (2004): Hacia la integración de géneros en el desarrollo económico.
Banco Mundial-Alfaomega.
BCE (2010) Informe trimestral de Mercado Laboral. Banco Central de Ecuador. Marzo
2010
Braunstein, Elissa (2007): The Efficiency of Gender Equity in Economic Growth:
Neoclassical and Feminist Approaches. GEM-IWG Working Paper 07-4. March 2007
CEPAL (2011) Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile.
CEPAL (2010a): La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. Mayo de
2010. Santiago de Chile.
CEPAL (2010b) Panorama social de América Latina 2010. Santiago
CEPAL (2010c), El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad. Santiago de Chile:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
CEPAL (2008ª) Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile.
CEPAL (2008b): Transformación productiva con equidad 20 años después. Santiago de
Chile.
CEPAL (1995): América Latina y el Caribe: Dinámica de la población y desarrollo.
Cuadernos de la CEPAL No 74, Santiago de Chile.
49
CEPAL/OIT (2011): Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. Boletín Nº5. Junio
de 2011. CEPAL / OIT
CEPAL/OIT (2010): Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. Boletín Nº4.
Diciembre de 2010. Número 4
Cerrutti, Marcela y Georgina Binstock, (2009): Familias latinoamericanas en
transformación: desafíos y demandas para la acción pública. CEPAL - Serie Políticas
sociales No 147. Santiago de Chile
Comisión Stiglitz (2009) Recomendaciones de la Comisión de Expertos del Presidente
de la Asamblea General sobre las Reformas del Sistema Monetario y Financiero
Internacional. Naciones Unidas. 29 de abril de 2009
Darity, William Jr., 1995. The formal structure of a gender-segregated low-income
economy, World Development, Elsevier, vol. 23(11), pages 1963-1968, November
Elson, Diane (1999): “Labor Markets as Gendered Institutions: Equality, Efficiency and
Empowerment Issues”. World Development, 27/3
----------------- (1995) Male Bias in Economic Development. Manchester: University of
Manchester Press.
Espino, Alma (2010) Economía feminista: enfoques y propuestas. DT 05/10. Instituto de
Economía. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. UDELAR
Espino, A. (2009) Conferencia sobre financiamiento para el desarrollo ante la crisis
global. Ponencia presentada en el seminario internacional: Análisis de la crisis
económica financiera desde la perspectiva de género. Atendiendo a su impacto sobre
la pobreza y el trabajo de las mujeres. UNIFEM- CEPAL-INSTRAW-SER -Instituto
nacional de las mujeres. México
Espino, Alma, Valeria Esquivel y Corina Rodríguez Enríquez (2011) (En prensa) Crisis,
regímenes económicos e impactos de género en América Latina en: V. Esquivel (coord.)
La economía feminista desde América Latina: una hoja de ruta sobre los debates
actuales en la región. GEMLAC – ONU MUJERES.
Espino y Sanchis (2012) Los desafíos del desarrollo: alternativas en construcción en
América Latina. Documento preparado para AWID (en prensa)
50
Esquivel (2007), Género y diferenciales de salarios en la Argentina, en Novick y
Palomino (coordinadores), “Estructura productiva y empleo. Un enfoque transversal”,
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Buenos Aires
Erturk, K. y Cagatay, N., (1995) ‘Macroeconomic Consequences of Cyclical y Secular
Changes in Feminization: An Experiment at Gendered Macromodeling , World
Development 23
__________ y Darity, W., (2000) Secular Changes in the Gender Composition of
Employment y Growth Dynamics in the North y the South, World Development 28
Ffrench-Davis, 2010. Macroeconomía para el empleo decente en América Latina y el
Caribe (Santiago, ILO Country Office).
Goldin, Claudia (2006): The Quiet Revolution That Transformed Women’s Employment,
Education, and Family. American Economic Review, 2006, v96 (2, May), 1-21
Kabber 2006
Guzmán, Virginia (2003) Gobernabilidad democrática y género, una articulación
posible. Unidad Mujer y Desarrollo Serie Mujer y Desarrollo 48 Santiago de Chile,
octubre de 2003
Marinakis, Andrés (2011:) Explaining Latin America’s robust recovery from the crisis in
The global crisis Causes, responses and challenges. Geneva, International Labour
Office, 2011
Behrendt, C; Bonnet, F; Cichon M and Hagemejer, K. (2011): Social security: Three
lessons from the global crisis in The global crisis Causes, responses and challenges.
Geneva, International Labour Office, 2011
INEGI (2007, 2010): Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). México.
INDEC (2008, 2009, 2001) Encuesta Permanente de Hogares. Mercado de trabajo,
principales indicadores. Buenos Aires
ILO (2010) World Social Security Report 2010/2011: Providing coverage in times of
crisis and beyond (Geneva).
ILO (2010e): Are domestic markets the answer to the global financial crisis?: Comments
based on the experience of Latin America, ILO Notes on the Crisis Series (Santiago).
Kabeer, Naila (2006) Lugar preponderante del género en la erradicación de la pobreza y
las metas de desarrollo del milenio. IDRC
Kacef, Osvaldo y López-Monti, Rafael (2010): América Latina, del auge a la crisis:
desafíos de política macroeconómica en Revista CEPAL Nº 100. Abril 2010
51
Nelson, Julie (2004): ¿Estudio de la elección o estudio del abastecimiento? El género y
la definición de la economía en Ed. Marianne Ferber y Julie Nelson Más allá del hombre
económico. Ediciones Catetra Universitat de Valencia
OIT (2011) Panorama laboral 2011. América Latina y el Caribe Oficina Regional de la
OIT para América Latina y el Caribe. Lima
OIT (2010) ¿El mercado interno como respuesta a la crisis financiera global?
Reflexiones desde la experiencia de América Latina. Notas de la OIT sobre la crisis.
Diciembre de 2010.
OIT (2009): Panorama laboral 2009. América Latina y el Caribe, Lima: OIT / Oficina
Regional para América Latina y el Caribe.
Pérez Fragoso, Lucía (2011) Análisis de género de las políticas fiscales. Agenda
Latinoamericana en V. Esquivel (coord.) La economía feminista desde América Latina:
una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región. GEMLAC – ONU MUJERES.
PNUD (2010) Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el
Caribe. 2010. Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la
desigualdad. San José, C.R.: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
2010.
Rodríguez Enríquez, Corina (2011) Políticas de atención a la pobreza y las desigualdades en
América Latina: una revisión crítica desde la economía feminista en V. Esquivel (coord.) La
economía feminista desde América Latina: una hoja de ruta sobre los debates actuales
en la región. GEMLAC – ONU MUJERES.
Rossi Máximo y Gonzalez, Cecilia (2007): Feminización y diferencias salariales en
Uruguay en el periodo 1986-1997, Documento de Trabajo Nº 4/07, Departamento de
Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar, Montevideo, 2007.
Salvador, Soledad (2011) Género y Comercio en América Latina en V. Esquivel (coord.)
La economía feminista desde América Latina: una hoja de ruta sobre los debates
actuales en la región. GEMLAC – ONU MUJERES.
Sánchez Ancochea, Diego (2009) El modelo económico en América Latina desde los
años noventa hasta la Gran Crisis ¿Un modelo razonable o un fracaso liberal? Revista
Cidob d’afers internacionals 85-86. Los retos de América Latina en un mundo en
cambio crecimiento y cohesión social
Seguino, Stephanie( 2008) Micro-Macro Linkages Between Gender, Development, and
Growth: Implications for the Caribbean Region. Working Paper 133. Political Economy
Research Institute, University of Massachusetts at Amherst.
http://ideas.repec.org/e/pse117.html
52
-------------------------(2000a): Accounting for Asian economic growth. Adding gender to
the equation en Feminist Economics, Vol. 6, Nº 3.
-------------------------(2000b): Gender inequality and economic growth. A cross-country
Analysis en World Development, Vol. 28, Nº 7.
------------------------- (1997): Export-led growth and the persistence of gender inequality
in the newly industrialized countries en Rives, J. y Yousefi, M. (eds.) Economic
dimensions of gender inequality: a global perspective (Westport: Greenwood Press).
Seguino, Stephanie Berik, Günseli Rodgers, Yana Van Der Meulen (2010): An
Investment that Pays off Promoting Gender Equality as a Means to Finance
Development. Gender Studies. Friedrich Evert Stint. May 2010
Staveren, Irene (2010): Gender trends in developing countries during financial crises.
Working Paper No. 511 December 2010 Institute of Social Studies. The Hague
The Netherlands.
Torres, Raymond (2011): «Responding to the Global Crisis: Achievements and Pending
Issues», trabajo presentado en la conferencia «Key Lessons from the Crisis and Way
Forward», OIT, Ginebra, 16 a 17 de febrero de 2011
Valenzuela, M. Elena (2005): Desigualdad de género y pobreza en América Latina en
OIT, Mujeres, Pobreza y Mercado de Trabajo, OIT, Chile
Vásconez, A. (2011): Mujeres, Hombres y las economías latinoamericanas: un análisis
de dimensiones y políticas en V. Esquivel (coord.) La economía feminista desde
América Latina: una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región. GEMLAC –
ONU MUJERES.
----------------------- (2010), Crecimiento y desigualdad multidimensional: el lugar del
género en la discusión de una relación conflictiva en América Latina, Serie Tesis,
FLACSO, Quito
Walters, B. (1995): Engendering Macroeconomics: A Reconsideration of Growth Theory.
University of Manchester, U.K.
53
Anexo estadístico
Cuadro 1. Tasa anual de crecimiento del PIB
Países
2007
2008
2009
8.7
6.8
0.9
Argentina
Costa Rica
7.9
2.8
-1.1
Ecuador
3.8
1.3
- 3.1
El Salvador
4.3
2.4
-3.5
Guatemala
6.3
3.3
0.5
Honduras
6.3
4
-1.9
Nicaragua
3.1
2.8
-1.5
México
3.4
1.2
- 6.3
Panamá
12.1
10.1
3.2
8.5
5.3
3.5
República Dominicana
Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y el
Caribe, 2010, CEPAL
Cuadro 2. Mujeres con dedicación exclusiva a las labores del
hogar, áreas urbanas. (Porcentajes sobre la población
femenina de 15 años y más)
2008
Argentina
Bolivia (Estado Plurinacional
de)
24,0
Chile
20.1
Colombia
31.4
Costa Rica
26.8
Ecuador
27.7
El Salvador
28.7
Guatemala
32.8
Honduras
33,0
México
37,0
Nicaragua
31.2
Panamá
26.4
Paraguay
12.7
República Dominicana
23.1
Uruguay
Venezuela (República
Bolivariana de)
15.5
22.4
30.7
Fuente: Fuente: elaboración propia en base a CEPALSTAT
54
Cuadro 3.Tasa de participación económica de la población de 15 y más años de edad, según sexo y
condición de pobreza, áreas urbanas y rurales (Porcentaje). 2008
Países / Condición
de pobreza
Argentina
Bolivia (Estado
Plurinacional de)
Brasil
Chile
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
(República
Bolivariana de)
Fuente: CEPALSTAT
Zona Urbana
Hombre Mujer
Pobres
Zona Rural
Hombre Mujer
No pobres
Zona Urbana
Zona Rural
Hombre Mujer Hombre Mujer
67.6
74.5
40.3
49.2
...
93.9
...
77.9
76.6
78.2
51.6
58.4
...
90.2
...
71.4
77
63.4
61
77.5
86.5
76.2
79
77.4
71.6
81.5
83.1
68.6
47.3
32.4
32.3
42.1
46.3
38.9
37
45.1
30.5
50
60
42.8
88.1
58.1
64.4
81.6
92.6
89.7
84.2
90.7
87.2
88.4
91.4
70.5
56.9
15.4
21.5
43.2
32
28.1
29.2
26.7
33.4
46.3
75.9
32.9
79.7
74.1
78.4
81
83.6
76.7
79.7
79.8
79.9
83.2
80.1
84
59.4
47.2
52.5
58.9
59.1
54.7
52.1
55.5
54.3
62.6
61.7
58.9
86
72
83.6
87.8
91.9
85.9
84.5
90.6
85.8
89.5
88.3
85.3
60.2
29.2
38.8
52.6
51.1
45
45.6
44.7
40.8
57.8
72.3
48.1
79
73.5
52.4
34.1
80.7
...
26.5
...
73.5
81.7
55
55.7
82.4
...
49.2
...
Cuadro 4. Proporción de la población ocupada femenina en
sectores de los servicios. 2009
Comercio
Otros servicios53
Argentina
21.7
55.1
Brasil
18.8
53.7
Chile
28,0
46.3
Colombia
32.3
35.4
Costa Rica
26.7
44.3
Ecuador
40,0
34.3
El Salvador
40,0
34.3
Panamá
30.7
45.3
Paraguay
34.5
42.2
Perú
43.9
29.3
República Dominicana
28.4
51.7
Uruguay
23,0
51.4
55
Fuente: elaboración propia en base CEPALSTAT
Cuadro 5. Proporción de hombres y mujeres en el sector informal
sobre el total (%) 2009
Trab. independientes no
Empleo
calificados
Doméstico
(Porcentaje del total de la población
ocupada urbana)
Hombres
Mujeres
Mujeres
Argentina
17.4
12.4
16.1
Brasil
21.1
18.4
18.1
Chile
16.9
16.6
12,0
Colombia
40.6
41.3
9.2
Costa Rica
13.6
16.9
10,0
Ecuador
27.8
39.9
9.2
El Salvador
24.8
42.2
8.9
Panamá
20.2
18.8
12,0
Paraguay
23.4
33.3
17.8
Perú
29.7
47,0
6.4
República Dominicana
41.8
23.5
13.9
Uruguay
20.3
16.8
18.6
Fuente: : CEPALSTAT
Cuadro 6. Proporción de hombres y mujeres en el sector
informal sobre el total en el sector de servicios y comercio
(%) 2009
Hombres
Mujeres
País
Argentina
9.6
9.6
Brasil
10.2
11.4
Chile
10.6
13.8
Colombia
27.6
33.4
Costa Rica
8.7
13.4
Ecuador
18.8
32.8
El Salvador
14.4
34,0
Panamá
13.6
15.6
Paraguay
15.4
22.9
Perú
20.9
36.9
República Dominicana
24.4
20.9
Uruguay
10.6
12,0
Fuente: CEPALSTAT
56
Cuadro 7. Índice de feminidad de la indigencia y de la pobreza, según zonas geográficas
Pobreza
Indigencia
Países
Años
Nacional
Urbana
Rural Nacional
Urbana
Argentina
1999
112,3
118,0
2009
132,1
132,9
Bolivia (Estado Plurinacional de)
1999
105,2
Brasil
2007
2001
2009
106,9
104,2
110,3
2000
2009
2002
2009
Rural
...
...
106,8 104,0
107,7
113,8
105,6
109,8 105,2
106,3
104,8
114,3
107,4
105,5
103,7
114,2
108,6 106,6
108,1 106,8
124,2 109,1
109,1
128,3
106,3
111,9
108,5
128,5
108,3
114,5
115,6
125,8
107,2
115,1
114,7
128,6
111,2
126,5
116,3
131,7
117,0
136,3
114,7
117,4
112,5
127,7
2002
2009
2002
2009
2001
2009
2002
2007
1999
2007
2002
2008
2001
2005
2002
2009
2001
2009
2001
2009
2002
2009
2002
2009
122,5
134,1
121,4
137,8
...
112,5
104,0
103,4
100,4
101,7
100,4
100,0
101,9
103,8
101,9
103,5
111,0
116,9
103,8
105,1
105,1
106,8
121,0
130,1
...
132,6
130,3
152,7
...
115,4
104,2
100,8
97,0
101,4
104,8
98,4
111,4
108,2
104,6
102,5
112,0
129,5
95,9
108,1
107,2
108,2
129,4
141,2
...
129,6
136,9
159,0
116,0
118,1
110,7
106,9
122,2
105,7
112,3
109,4
114,1
112,4
110,4
111,7
130,0
149,2
108,9
117,1
113,2
112,1
134,0
144,5
107,8
128,7
130,7
150,1
119,9
126,1
131,9
108,8
111,0
111,4
107,3
110,7
102,8
103,0
105,5
110,8
109,3
106,3
102,0
115,9
131,9
106,5
109,9
105,9
109,2
117,9
123,7
103,9
118,7
1999
2008
110,1
119,4
...
...
...
...
116,0
132,4
...
...
...
...
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
111,1
106,4
104,8
102,8
101,9
100,6
101,2
106,7
107,1
103,1
101,0
109,7
119,1
102,8
106,4
104,8
105,4
117,3
124,8
114,7
103,4
98,9
91,7
100,6
104,2
97,6
109,4
104,8
105,2
104,7
113,6
131,2
98,7
108,5
107,4
113,2
133,2
141,3
136,3
Venezuela (República Bolivariana
de)
Fuente: CEPALSTAT
57