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LA CRISIS DEL SISTEMA DE JUSTICIA RECLAMA LA
ATENCION URGENTE DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS), criticó que en el día del Poder
Judicial el sistema se encuentra inmerso en una aguda crisis institucional
sin precedentes, que está relacionada con la incapacidad de algunas
instituciones democráticas de cumplir adecuadamente los mandatos que
les asigna la Constitución.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus señaló que con una mirada
rápida por las distintas esferas de la economía, la salud, la educación, los
servicios básicos, la seguridad ciudadana, e incluso la formación de las
leyes, muestra las debilidades institucionales que brotan en muchos
actos de la Administración Pública o los poderes del Estado.
“La ciudadanía manifiesta abiertamente su insatisfacción por la
inseguridad, el desorden y la corrupción, elementos que están
íntimamente vinculados con los trabajos del sistema de justicia”, dijo
mediante un comunicado enviado a los medios.
Manifestó que en el año 2015 quedaron claras las consecuencias
negativas de que el país no profundizara las reformas institucionales que
fueron consensuadas y emprendidas en los últimos años, al posponerse
cambios urgentes que se requieren en las áreas vitales de la economía, la
política y la sociedad.
Tulio Castaños destacó que en el caso del sistema de justicia es
doblemente grave la situación porque cuando la percepción ciudadana es
de desconfianza en las instituciones que la conforman, la calidad de la
democracia, las expectativas de desarrollo y progreso sufren
gravemente.
“Nos preocupa que siga creciendo en el país la creencia de que nuestro
principal problema es la impunidad, porque si no se corrige a tiempo
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este factor puede convertirse en un peligroso lastre para el desarrollo
nacional”.
Al tiempo, señaló como un ejemplo de esto la crisis aguda del sistema de
justicia penal que en 2015 volvió a fallar al no poder procesar y juzgar
los casos emblemáticos en materia de corrupción pública, así como
investigar y perseguir las fuentes de la corrupción en el Estado.
Especificó los casos relacionados con la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE), tanto en el suicidio del
arquitecto como en la remodelación del Hospital Darío Contreras, han
indignado la sociedad dominicana, sin que tengamos a la vista una
respuesta contundente en el sistema de justicia.
En 2015, además dijo que la sociedad dominicana observó, sorprendida
y decepcionada, como casos emblemáticos ligados con la transparencia
en el sector público no pudieron llegar a juicios de fondo, con las
garantías propias del debido proceso de ley.
“Múltiples sectores sociales, tanto desde los medios de comunicación, la
comunidad jurídica e instituciones eclesiales, mostraron su oposición a
que el Ministerio Público no continuara ejerciendo otros recursos
disponibles en esos procesos”, advirtió.
Aseguró que las deficiencias institucionales para transparentar el Estado
dominicano se reflejan asimismo en el incumplimiento de la ley 311-14
de Declaración Jurada de Patrimonio, luego de que la Cámara de
Cuentas presentara al Ministerio Público una lista de más de 1,250
funcionarios públicos que no habían realizado su declaración en el plazo
estipulado en la ley.
“La gravedad de la crisis en el sistema de justicia tomó ribetes
desproporcionados tras la acusación del Presidente de la Suprema Corte
de Justicia a un miembro destacado del Consejo del Poder Judicial y a
otros magistrados, por supuestos actos de corrupción en el ejercicio de
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sus funciones jurisdiccionales, a algunos de los cuales el Ministerio
Público les abrió un proceso judicial”, resaltó la Fundación.
Pidió que para el sistema de justicia, 2016 debe ser un año donde se
planteen alternativas de solución al incumplimiento por parte de los
poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ley de autonomía presupuestaria
del Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que constituye un
obstáculo decisivo en el camino de dotar al sistema de justicia de las
capacidades para desarrollar eficientemente sus tareas constitucionales.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS
06 de enero 2016
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