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19 CENTELLA_29 CARRILLO.qxd 10/07/14 13:15 Página 19
TRIBUNA
Por José Luis Centella*
Por qué decimos ‘no’ a su pacto de Estado
A
menudo escuchamos
llamamientos a la necesidad de alcanzar un
pacto de Estado que dé
estabilidad a la vida política y económica de nuestro país. En defensa
de este posible gran acuerdo se utiliza como referente el acuerdo constitucional del 78 y, de forma muy
concreta, el papel que en este periodo jugó el PCE.
Pues bien, es hora de aclarar algunas cosas a quienes con tan buenas
intenciones tratan de situarnos en el
ámbito de lo políticamente correcto.
Quienes así proceden parten de un
relato de la Transición acomodado a
sus propios intereses, que son los mismos de quienes nos han llevado a la
peor crisis de nuestra historia. Son los
que hoy aprovechan las circunstancias para provocar despidos masivos,
bajadas salariales y pérdidas de derechos sociales y laborales.
Pero la realidad es que la Constitución de 1978, más allá de otras
consideraciones, significó una gran
trampa, un gran engaño. Cuando se
publicó el folleto que informaba de
su contenido y que se repartió a toda la ciudadanía, todas las páginas
tenían el mismo color y todos los artículos la misma letra. Nadie explicó que había artículos ‘de primera’
(los que se tenían que cumplir sin
más, como los relacionados con la
Jefatura del Estado y la economía de
libre mercado), mientras había otros
‘de segunda categoría’, cuyo cumplimiento no era obligatorio. Precisamente, estos artículos eran los que
afectaban a la vida de la mayoría social trabajadora: el derecho al trabajo, a la vivienda, a una Sanidad
Pública, el que decía que toda la riqueza tenía que estar al servicio del
bien común… Artículos a los
que el texto constitucional daba un sentido meramente retórico, sin ninguna obligación
en su cumplimiento.
Nos encontramos con una
Constitución que en parte era
papel mojado desde su primera publicación. Por eso,
cuando hablan de Transición modélica, nos preguntamos, ¿para quién? Es
evidente que no fue modélica para quienes creyeron de forma ingenua
que la Constitución les
garantizaba su derecho
al trabajo y a la vivienda, y ahora se ven en el paro y
desahuciados de su casa por el mismo banco al que el Estado ha entregado millones de euros sacados de
unos impuestos con los que, precisamente, tenía que asegurarle esos
derechos.
Pero, además, quienes nos decían
que para modificar la Constitución
y poder incluir el derecho a decidir
o una Ley Electoral justa hacía falta
un gran acuerdo y un procedimiento laborioso, se pusieron de acuerdo en unas horas en 2011 para cambiarla nada más y nada menos que
para poner toda la economía nacional al servicio del pago de la deuda a la banca, dejando claro al servicio de quien está la tan traída y llevada Carta Magna de 1978.
Frente a un nuevo pacto de Estado que mantenga el mismo reparto de poder de los últimos 35
años, proponemos un proceso
constituyente que diseñe un nuevo marco económico, social e institucional. Queremos que las condiciones las ponga de una forma
La
Constitución
de 1978
significó una
gran trampa,
un gran
engaño.
Cuando se
publicó el
folleto que se
repartió a
toda la
ciudadanía,
nadie explicó
que había
artículos ‘de
primera’, de
obligado
cumplimiento,
y otros ‘de
segunda’
participada la mayoría social trabajadora,
la misma que sufre la
crisis y la que puede
con su esfuerzo sacar a
la sociedad del desastre
que las clases dominantes han generado.
El objetivo es elaborar
una nueva Constitución en
la que estén realmente reconocidos y sean exigibles
por ley el derecho al trabajo,
a la vivienda, a la sanidad y
a la educación. Que dé prioridad al gasto social, que regule el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, que no nos obligue a pagar una deuda en gran parte ilegítima, donde el derecho al voto
esté acompañado del derecho a controlar y revocar a los gobernantes
elegidos. Una democracia que permita la participación directa de la
ciudadanía en los temas que le afectan, sobre todo en la economía, para que sea democráticamente planificada, y en la que la Jefatura de Estado sea la que mayoría decida en
referéndum.
Este es el reto que tenemos por delante. Depende de la capacidad de
unidad que tenga la izquierda social
y política para conseguir que la gran
mayoría de la ciudadanía entienda
que en los próximos meses nos jugamos la posibilidad de construir un
proyecto en el que los derechos sociales, laborales y políticos sean una
realidad. Para poder conseguir una
sociedad más justa y avanzada, formada por mujeres y hombres realmente libres.l
*Portavoz del Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA. La Izquierda Plural.
nº 1072. 14–20 de julio de 2014
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