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DIVERSAS ENTIDADES SOCIALES CREEN NECESARIO
MEJORAR ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO
DE LEY DE RENTA SOCIAL BÁSICA EN ARAGÓN
Zaragoza, 16 de mayo de 2016.- Diversas entidades sociales aragonesas creen necesario que se
modifiquen aspectos fundamentales y básicos del Proyecto de Ley de Renta Social Básica que el
Gobierno aragonés ha enviado a las Cortes de Aragón para su debate. El Colegio Profesional de
Trabajadores Sociales de Aragón, la Plataforma de Información, Promoción y Defensa de Derechos Sociales y la
Cáritas Regional de Aragón –que agrupa a las seis Cáritas Diocesanas aragonesas- consideran que la
aprobación de la Ley en los términos del actual Proyecto tendría algunas consecuencias perjudiciales para los
ciudadanos más empobrecidos de la comunidad autónoma, a los que va dirigida la norma.
El Gobierno aragonés inició la elaboración del Anteproyecto de Ley con un proceso consultivo con las
entidades sociales, que valoraron de forma favorable esa iniciativa. Se buscaba configurar un nuevo
modelo de protección social que promoviera el acceso a una prestación económica básica para las
personas y familias en situación de vulnerabilidad, precariedad y exclusión social en Aragón. Sin
embargo, para las citadas entidades sociales la redacción actual del Proyecto de Ley podría dejar fuera
del sistema de protección a posibles beneficiarios de esta medida y podría fomentar la desigualdad entre
ellos, tanto por los términos en los que se desarrolla su articulado como por la indefinición que deja
sujeta a su posterior desarrollo reglamentario.
Las entidades firmantes de este comunicado, conocedoras de las características de la población
aragonesa en situación de exclusión así como del funcionamiento de las actuales prestaciones sociales de
carácter económico del Sistema de Servicios Sociales en Aragón, quieren alertar sobre los elementos
básicos que deberían quedar claramente definidos en el Proyecto de Ley y no ser remitidas
a su posterior desarrollo reglamentario. En este contexto, proponen:
1. La ampliación de los perfiles de personas en situación de pobreza y exclusión social con
acceso a la Renta Social Básica de Aragón de los mayores de 65 años que no pueden ser
perceptores de pensiones no contributivas, de determinados perfiles de personas extranjeras de
origen extracomunitario, de las personas sin recursos que no pueden certificar su domicilio con
el empadronamiento…
2. Que las prestaciones económicas permitan la cobertura digna de las necesidades básicas,
adaptándose a la estructura y composición de cada familia o unidad de convivencia y mejorando
los importes y compatibilidades del actual Ingreso Aragonés de Inserción y el umbral de pobreza
severa en Aragón.
3. La diferenciación clara de la gestión administrativa burocrática y la intervención social
inclusiva y promocional, regulando ésta última como derecho subjetivo, cuyo
acompañamiento sea competencia propia de los profesionales del Trabajo Social, mejorando
algunos aspectos y plazos del procedimiento administrativo que suele ser el que imposibilita el
acceso a los derechos sociales por su deficiente funcionamiento.
4. Que no se derogue la Ayuda de Integración Familiar, puesto que eliminar esta
prestación supone dejar desatendidas situaciones de pobreza infantil severa y aboca a la carencia
de ingresos a muchas familias numerosas.
5. La financiación con recursos económicos suficientes para asegurar las cuantías
económicas de las prestaciones previstas en la Ley en un corto, medio y largo plazo, ya que
sólo así se hará efectivo el derecho subjetivo real. En este sentido, parecen especialmente
preocupantes los informes negativos del propio Departamento de Hacienda y Administración
Pública del Gobierno aragonés.
Las entidades firmantes han trasladado estos y otros aspectos a los responsables del Departamento
de Ciudadanía y Derechos Sociales. En los próximos días plantearán a todos los grupos
parlamentarios de las Cortes de Aragón enmiendas en relación con el articulado propuesto.