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Cubillos Vargas
Política y Sociedad de la Información: Reconfiguración y Fuerza. Estudio de
Política de Inclusión Colombiana
Política y Sociedad de la Información: reconfiguración y
fuerza. Estudio de Política de Inclusión Colombiana
Diana Alexandra Cubillos Vargas
Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil)
[email protected]
BIOGRAFÍA
Comunicadora Social y Periodista con Maestría en Ciencias de la Información en la Universidad Federal de Minas Gerais
(Brasil)
RESUMEN
La necesidad de ampliar el acceso a la información que conduzca a la construcción de conocimiento y aumente las
posibilidades de competencias en los ciudadanos es cada vez más imprescindible, como resultado de la actual era
informacional, que propicia o no el surgimiento de una nueva configuración social, política y económica. Por tanto y frente
a esta base de recursos tecnológicos y de diseminación en que la desigualdad de acceso es cada vez mayor, la inclusión
digital es importante no sólo como proceso de igualdad, mas como temática de estudio por la necesidad de valor crítico en
la construcción de políticas de democratización digital, en donde los indicadores sociales, la planeación y la legitimación
constituyen los ingredientes básicos para una efectiva política de inclusión digital.
La actual influencia de las TIC como herramientas de acceso a la información, que produce conocimiento ha conducido a
las esferas gubernamentales a implementar políticas de información que universalicen el acceso para no disminuir la
desigualdad social, mas para garantizar la posibilidad de desarrollo económico frente a otras naciones, a través de la
innovación. De este modo, es necesario establecer políticas que incluyan democráticamente a los individuos en la sociedad
de la información de una forma centrada, focalizada y planeada, por medio de, una política pública que enmarque acciones
gubernamentales y/o privadas.
Frente a esto, este artículo abordará el tema de política de información y su relación estrecha con la sociedad de la
información como directriz de regulación, gobernanza y construcción que llevan al individuo y a la sociedad a mejores
estamentos de desarrollo de acuerdo con los objetivos e indicadores propuestos. De la misma forma se englobará el tema de
indicadores sociales, su definición y función como punto de referencia para la creación o la evaluación de políticas públicas
de información, para finalmente hacer una breve observación de la Política de Inclusión Digital Colombiana, analizando
teóricamente su estructura, concepción y efectividad.
Palabras claves
Sociedad de la Información, Política de Información, Indicadores Sociales, Política de Inclusión colombiana.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las tecnologías de información y de comunicación (TIC) modificó de forma significativa las relaciones
establecidas entre sujetos, estados y organizaciones, al re-configurar la sociedad a través de la información ocasionando
cambios en los sistemas económicos, políticos, sociales y culturales. Por esto y de acuerdo a esta nueva reconfiguración es
importante abordar la relación estrecha del Estado con la sociedad de la información, sus acciones e intervenciones para
alcanzar una Política Nacional de Inclusión Digital.
EL PAPEL DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La inserción de las TIC en la sociedad por el uso intensivo de la información, su infra-estructura y dominio, fragilizan la
postura de poder y del ejercicio del Estado. Este pasa según Braman (2006), de una figura reguladora de estado burocrático
a Estado informacional, de la industria de conocimiento donde las TIC alteran los materiales, las reglas, las instituciones, las
ideas y los símbolos establecidos anteriormente por la sociedad, mas donde las estructuras antiguas aún permanecen, con
procesos tradicionales de jerarquías y acciones.
Proceedings of the 4th ACORN-REDECOM Conference Brasilia, D.F., May 14-15th, 2010
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La información, hoy es entendida como un “conocimiento acumulado de forma comunicable” (SEBASTIÁN,
RODRIGUEZ, MATEOS, 2000), y como el fundamento básico del desarrollo económico y social. Por esto, condiciona a
los países al desenvolvimiento o a la re-estructuración de políticas públicas de información que manifiesten el compromiso
de los gobiernos con la promoción de actividades científicas, tecnológicas y de sustentabilidad en la era informacional. Así
nos deparamos con un nuevo panorama de construcción de políticas informacionales que controlan y regulan los efectos
sociales y económicos de esta revolución.
Kerr Pinheiro (2001) destaca que, con el surgimiento de las TIC una nueva demanda de políticas de información es
solicitada:
Nuevas políticas vienen siendo requeridas para responder a las transformaciones asociadas a la era de la
información y del conocimiento, su organización, sus nuevos requisitos, aceleración del proceso de
globalización y la creciente polarización entre pobres y ricos, así como la sustentabilidad del desarrollo
económico. (KERR PINHEIRO, 2001, p.38).
Las políticas de información según Gómez (1997, p.11) corresponden “a un conjunto de prácticas y acciones encaminadas a
la manutención, reproducción, cambio y reformulación de un régimen de información, en el espacio local o global”. Es
decir, hacen referencia al control y a la organización planeada de la información, que bien estructurada puede contribuir
para la mejoría de los niveles de conocimiento e igualdad de la nación. Burger (1993) afirma que las políticas de
información son el proceso por el cual se establecen parámetros a través de los cuales la información es controlada (criada,
sintetizada, analizada, recuperada y usada) por seres humanos. “Son mecanismos sociales usados para el control de la
información y de los efectos sociales de la aplicación de estos mecanismos” (BURGER,1993, p. 65).
La política de información corresponde a mecanismos sociales que controlan la información y su uso para generar
conocimiento. Por lo tanto, debe ser pensada colectivamente según el contexto, las necesidades, capacidades y carencias
sociales del local, para así actuar de forma diferenciada y planeada en lo global.
Sin embargo una política de información necesita de la Gobernanza como regulador que direcciona el foco y la planeación
de una política. Ya Braman (2006, p.3) nos dice que la política de información incluye además de Gobernanza, Gobierno y
Gobernabilidad. Entendiendo el Gobierno como las instituciones formales de la ley; la Gobernanza como decisiones de
efecto constructivo (estructural) que suceden dentro de los sectores públicos y privados, formalmente o informalmente; y la
Governabilidad como las predisposiciones culturales y prácticas que producen y reproducen las condiciones de Gobernanza
y de gobierno.
Son con estas características que una política de información estructura los actores y las acciones de la sociedad. Como la
unión y la interacción de individuos participantes dentro de un régimen informacional en que el conocimiento se realiza y se
configura, por ser la red un “constructo social” de inserción e poder:
Individuos, grupos, instituciones o firmas, desarrollan estrategias de toda orden (políticas, sociales,
económicas y territoriales) y se organizan en red. La red no constituye el sujeto de acción, mas expresa o
define la escala de las acciones sociales”, y los “nudos” de esa red son, en verdad, puntos de poder.
(DIAS, 2005, p.22).
Por la exigencia natural del colectivo, Bobbio (1995) recuerda que la fuerza del poder sólo se torna efectiva cuando
participa dentro de una sociedad organizada y no individualizada. Es decir, un constructo social (Estado, individuo y
mercado) que configura puntos de poder, capaces de generar acciones sociales, políticas y económicas dentro de un
determinado local, con especificaciones diferentes y particulares, mas que afectan las acciones y los comportamientos
globales.
Por lo tanto, para la construcción de una política es importante criar un espacio de comunicación y de actores participantes
(contexto social) en donde se reconozca las necesidades, las fuerzas, las debilidades y las fortalezcas del Estado.
No obstante, el proceso de construcción de política debe considerar que el nuevo escenario repleto de impactos e incertezas
de la sociedad de la información ha dificultado el estabelecimiento de los objetivos de las políticas de información. Por esto,
es importante reconocer las necesidades y las fuerzas de cada Estado. Para Weingarten 1 (1989 apud KERR PINHEIRO,
2001, p.77) la política de información debe ser flexible, dinámica respondiendo a los cambios que ocurren en mayor
velocidad por el surgimiento de las TIC. Lo más importante según Eisenschitz (1997) es el estabelecimiento de
mecanismos (indicadores) que garanticen el proceso de asimilación de la información en cada individuo de la sociedad,
asegurando, así, el acceso al conocimiento y a la innovación.
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Weingarten (1989) define en inglés la política de información “the set of all public sector laws, regulations, and policies that encourage,
discourage, or regulate the creation, use, storage, communication, and presentation of information”.
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Pero los cambios contemporáneos, principalmente sociales y económicos, han afectado drásticamente la formulación de
políticas de información debido a la necesidad urgente de solucionar los problemas o simplemente de inserirse al ritmo
global. La falta de estabelecimiento de objetivos y de estrategias a largo plazo son generalmente características típicas en el
proceso de formulación de políticas informacionales de países en desenvolvimiento, además de los procesos descontinuados
en que éstos se convierten debido al intercambio de mandatos gubernamentales. Por lo tanto, es importante diferir el
concepto de política del concepto de plano y programa, hoy casi que “naturalmente” tomados por políticas.
Para Anderson (1996), programas, planos y objetivos gubernamentales son tomados por políticas de intereses de
emergencia, dificultando así el camino de los objetivos, de las directrices y de la legitimidad, debido a su corta duración. La
acción gubernamental se relaciona al concepto de política pública, mas no como una acción legitimadora de largo plazo de
construcción o cambio político, económico y social en que los actores participan, crean y se relacionan. Como destaca
Alburquerque (2005) la política nortea el curso de la acción, pauta las actividades que serán realizadas e indica las
estrategias relevantes y prioritarias, estableciendo objetivos e indicadores que permitan llegar a las metas propuestas.
Schwarzelmüller, et al., (2004) define el concepto de programa como una línea de acción con participación del poder
legislativo y ejecutivo y de forma continuada, que no exige consultas públicas. Ya el plano hace referencia a un programa
de actividades de corto plazo orientado a la construcción de culturas organizacionales, públicas y privadas, coordinadas por
metas de acción objetiva e incluso en proyectos.
Así es importante como afirma Kerr Pinheiro (2001) que cada país haga su “inventario de necesidades”, metas y objetivos,
liste también las capacidades de los individuos, aspiraciones y participaciones, y las acciones y las responsabilidades de los
actores económicos y sociales “dentro de la esfera de intervención del Estado”, para así crear políticas públicas de largo
plazo, estructuradas y específicas que tengan como foco la acción y la evaluación. Políticas públicas que posibiliten la
construcción de indicadores que no sólo evalúen, mas reestructuren, mejoren o articulen la misma política y las acciones de
ella.
INDICADORES SOCIALES: REQUISITO FUNDAMENTAL PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA
La actual influencia de las TIC como herramientas de acceso a la información que produce conocimiento, ha conducido a
las esferas gubernamentales a implementar políticas de información que universalicen el acceso, para no sólo disminuir la
desigualdad social, mas para garantizar la posibilidad de desarrollo económico frente a otras naciones, a través de la
innovación.
Las políticas de información deben acompañar los cambios y las características específicas de cada local para así establecer
el tipo de sociedad de información, en que el país desea inserirse, y en que campo desea actuar. Para esto, se debe partir
como declara Bourguinat, de inventariar la realidad actual de los ciudadanos, sus competencias y habilidades. “Inventariar:
quiénes somos y lo que podemos ser en el contexto mundializado también denominado como sociedad de la información”
(BOURGUINAT, 1998 apud KERR PINHEIRO, 2001) 2 . Un inventario de capacidades y necesidades que determinen sus
objetivos y sus estrategias en relación a la sociedad de la información que desea ser, que establezca etapas y metas
específicas de acuerdo con las características del local, generar oportunidades y competencias propias.
El inventario sólo será posible con el establecimiento de indicadores como herramientas de apoyo para la formulación y la
reestructuración de políticas de información. Los indicadores deben representar la realidad del local y establecer en
temporalidad y espacio las metas, pues los indicadores colaboran tanto en la construcción de políticas como en la medición
de esas. Es decir, “sirven para detallar se los objetivos de una propuesta están siendo adecuadamente conducidos
(evaluación de procesos) o fueron alcanzados (evaluación de resultados)” (MIYANO, 2005, p. 106).
Mas para detallar los parámetros y las metas de los proyectos o evaluar la efectividad es importante utilizar los indicadores
específicos. Por lo tanto, diferentes tipos de indicadores (Indicadores de ciencia y tecnología, estadísticos y sociales) existen
para que los objetivos y las metas puedan ser alcanzados según las áreas de actuación en que se encuentran. En los procesos
de interese de la sociedad los indicadores sociales son los más adecuados, como en los programas de democratización
digital, no obstante algunos sólo midan cuantitativamente los resultados, dejando de lado el contexto cualitativo que abarque
el comportamiento, los valores y el resultado de los programas sociales y de sus individuos.
Para Januzzi (2002) los programas o proyectos sociales deben establecer indicadores sociales ya que son un instrumento de
representación y monitoreo de los hechos sociales que pueden auxiliar al efectivo empoderamiento de la sociedad y al
controle y direccionamiento de las actividades del poder público. “Los indicadores sociales son insumos básicos e
indispensables en todas las fases del proceso de formulación y implementación de las políticas públicas” (JANUZZI, 2002,
p.32). También los indicadores sociales corresponden a una medida de significado social, “que informa algo sobre un
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BOURGUINAT, Henri. L’ Economie morale; le marché contre les acquis. Paris: Arléa, 1998.
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aspecto de la realidad social o sobre cambios que están procesando”. (JANUZZI, 2002, p.15), auxiliando en la construcción
de la sociedad aprendiz, en que la desigualdad digital e social puede ser disminuida substancialmente, controlada e
modificada.
Por lo tanto, la formulación de indicadores sociales es fundamental para el establecimiento de políticas públicas más
eficaces, pues dirige acciones presentes y futuras; y ayuda a re-estructurar, medir, evaluar y controlar procesos, direcciones
y decisiones. Según Januzzi (2002, p.26) “la validad de un indicador corresponde al grado de proximidad entre el concepto
e la medida”. Es decir, la capacidad de entender y reflexionar sobre los problemas sociales en que la política se encuentra
inserida para así articularla, construirla y mejorarla. Pero deben ser formulados desde su inicio, ya que ellos pueden
enriquecer a interpretación de la realidad social y orientar de forma más competente la análisis, formulación y
implementación de políticas sociales (JANUZZI, 2002, p.131).
Para abordar la inclusión digital y con ella inserirse informacionalmente, es necesario el apoyo de políticas públicas, su
contextualización y utilidad como proceso de construcción, evaluación y legitimación, en que los indicadores sociales son
parte substancial. De este modo es necesario establecer más que indicadores estadísticos o cuantitativos que indiquen
acceso, género y cobertura.
El camino es medir y analizar el fenómeno social, sus problemas, repercusiones y transformaciones, combinando datos
“cuantitativos y cualitativos, tangibles e intangibles, directos e indirectos” (VALARELLI, 1999 3 apud MINAYO, 2005, p.
107). Para esto, los indicadores sociales deben ser usados de forma responsable y transparente a fin de que puedan venir a
establecer parámetros específicos sobre la naturaleza, las prioridades y el contenido de las políticas públicas.
POLÍTICA DE INCLUSIÓN DIGITAL COLOMBIANA (BREVE VISIÓN)
Las primeras iniciativas de políticas de inserción en la sociedad de la información surgen en 1997 cuando el gobierno
colombiano crea el Consejo Nacional de Informática, compuesto por representantes gobierno y del sector privado, afín de
crear los contornos para una Política Nacional de Informática (CONPES, 2000). En 1998 con el Plan Nacional de
Desarrollo, fueron definidos cinco objetivos gubernamentales en materia de las TIC visando incrementar la productividad y
la competitividad. De igual forma, se establecieron los lineamentos para una política nacional en que el papel del gobierno,
del sector privado y de la comunidad se tornan fundamentales para su efectuación.
Uno de los objetivos centrales de la política es “propiciar el desarrollo de la infra-estructura colombiana de la información”
reconociendo el papel fundamental del gobierno como regulador del desenvolvimiento social e económico. Frente a este
objetivo, es que se crea en el año 2000 la Agenda de Conectividad dentro del Consejo Nacional de Política Económica
Social (CONPES). Un conjunto de estrategias, a través de programas y proyectos, con el propósito de conseguir que
Colombia aproveche el uso de las TIC para su desarrollo económico, social y político, siendo coordenada por el Ministerio
de Comunicaciones.
Mediante el Decreto 0127 de enero de 2001 4 el Ministerio de Comunicaciones se torna, además de coordinador de la
política de inclusión digital de Colombia, el articulador, pues jerárquicamente pasa a ser directamente ligado a la
Presidencia de la República. A través del Programa Presidencial de las TIC, la Presidencia pasa a ser la encargada de
asesorar, diseñar y formular políticas, planos y programas que garanticen el acceso y la implantación de tecnologías, en que
por medio de su uso se apoye el crecimiento y el aumento de la competitividad.
El programa Nacional de Inclusión Digital está compuesta por seis líneas de trabajo fundamentales: Acceso a la infraestructura de la información; uso de las TIC en los procesos educativos y de capacitación; empresas online; fomento a la
inversión de la industria de las TIC; generación de contenido y gobierno electrónico. Dentro de cada línea son establecidos
los proyectos para el alcance de los objetivos planeados. Entre eses proyectos se destacan la implementación de la telefonía
rural comunitaria, los telecentros y la promoción de la conectividad en las instituciones públicas, alcanzado un
cumplimiento de metas de más de 67,8 por ciento. Todo esto debido al interés gubernamental de modificar los objetivos
estipulados desde 1990 hasta nuestro días, teniendo en cuenta los cambios y las necesidades de la nación, integrando en
cierta medida (aún baja) la academia y su conocimientos sobre indicadores sociales.
Y es de esta unión y con el objetivo de complementar la política inicial, el gobierno colombiano elabora una propuesta sobre
la visión del país a largo plazo, a través del Plano Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC) en el cual se espera que al final de
este período, todos los colombianos hagan uso eficiente y productivo de las TIC para mejorar la comunicación, la inclusión
3
VALARELLI, Leandro Lamas. Indicadores de resultados de projetos sociais. In: Apoio à Gestão”. Rio de Janeiro; site
da RITS; 1999.
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Disponível em: http://www.directiva02.gov.co/Documentos/Decreto0127de2001.doc
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y aumentar la competitividad. Para el alcance de este objetivo el gobierno delimita una serie de políticas, acciones y
proyectos en ocho estamentos principales que involucren la privado, estatal, académico y comunitario.
Dentro delo Plano también se hace referencia a la necesidad de establecer alianzas y mecanismos de colaboración entre el
Estado, el sector privado, la comunidad científica y la sociedad civil. Un escenario interesante del Plano Nacional, pues
según la literatura estudiada (BOBBIO, 1995) nos afirma que, la política se constituye como un “constructo social”, en
donde la interacción de todos los actores sociales, políticos y económicos se tornan más imprescindibles.
Por eso concluimos que en Colombia desde finales de la década de 1990 trabaja en iniciativas para incrementar la infraestructura tecnológica, mejorar la conectividad, tornar más transparente la administración pública, mejorar a economía e a
educación. No obstante, aún falta trabajar más en la inserción de la nación de la sociedad de la información teniendo en las
TICs a través del uso y la funcionalidad, una herramienta de solución mágica para el a veces algunos países no
desarrollados utilizan.
CONSIDERACIONES FINALES
La sociedad de la información necesita reflexionar desenvolvimiento social, económico y tecnológico caracterizado por la
participación de diversos actores capaces de generar, difundir y usar la información para la producción de conocimiento y
de desarrollo de la nación, donde el Estado es el regulador de las acciones, y sea legitimado por la sociedad civil. Una nueva
era caracterizada por una sociedad en proceso de cambio estructural, condicionada por el valor informacional (CASTELLS,
1999).
Francis Fukuyama (2004, p. 9) afirma que los “Estados débiles o fracasados constituyen la fuente de mucho de los
problemas más graves del mundo” por la mudanza de sus atribuciones imperantes a la economía y sociedad, mientras el
Estado mínimo no tiene obligación de promover el bien-estar social e o desenvolvimiento productivo. La actuación del
Estado como actor dentro de la sociedad de información debe ejercer el papel de regulador, controlar la fuerza del mercado
que es incapaz de auto regularse.
En este proceso es exigida la participación de diversos agentes políticos, sociales y económicos, a fin de criar condiciones
que favorezcan una serie de objetivos estructurados e de responsabilidades articuladas dentro de cada política
informacional. Del Estado dependerá la capacidad de se procesar información y de asegurar un proceso decisorio
compartido, un "estado en red" como comentó Castells (1999) e Silveira (2000) en que junto al sector productivo y a los
ciudadanos, participe, construya, controle e articule a sociedad dentro de un régimen informacional en que o conocimiento
se realiza y se configura, por ser a red un “constructo social”.
El Estado dentro de la sociedad de la información sea en América Latina o en cualquier país del mundo se constituye en
parte fundamental para el desarrollo de una política por ser o dínamo do desenvolvimiento social, económico y político, y
por la obligación de actuar en un proceso de “acción y relación con momentos de separación y ligación” (Kerr Pinheiro,
2001). Sociedad y TIC establecidas en un mismo ambiente de red, de acción y de relación posibilitan la comunicación, la
gestión y la participación de los actores que aún que híbrido sean regulados en un mismo plano por Estado.
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