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 Proyecto de País
Movimiento Estudiantil
1 Indice de Contenidos:
1. Introducción ................................................................................................. 3
2. Visión de País ............................................................................................. 5
3. Proyecto Social ........................................................................................... 8
a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía .................................................... 8
b) Objetivos .................................................................................................. 8
i) Seguridad Social ................................................................................... 8
ii) Seguridad Ciudadana ........................................................................... 9
c) Estrategias ............................................................................................... 9
i) Política Educativa .................................................................................. 9
ii) Política de Salud ................................................................................. 10
iii) Política en relación a los Servicios Públicos ...................................... 11
iv) Política en relación a los Bienes Básicos ........................................... 12
v) Política en relación a la Administración de la Fuerza ......................... 13
vi) Política de Participación Social y Ciudadana ..................................... 14
4. Proyecto Económico ................................................................................. 15
a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía .................................................. 15
b) Objetivos ................................................................................................ 16
i) Estabilidad Macroeconómica ............................................................... 16
ii) Alto Empleo ........................................................................................ 17
iii) Inclusión Social .................................................................................. 17
iv) Uso responsable de los recursos ....................................................... 18
v) Crecimiento y Desarrollo:.................................................................... 19
c) Estrategias ............................................................................................. 19
i) Estado de derecho .............................................................................. 19
ii) Política petrolera y manejo de la renta ............................................... 19
iii) Política Fiscal ..................................................................................... 21
iv) Política Monetaria .............................................................................. 22
v) Regulación .......................................................................................... 24
5. Proyecto Político Institucional ................................................................... 25
a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía .................................................. 25
d) Objetivos ................................................................................................ 25
i) Sistema democrático de origen y carácter civil ................................... 26
ii) Estabilidad política y gobernabilidad................................................... 26
iii) Descentralización efectiva en términos políticos y presupuestarios .. 26
iv) Institucionalidad en la administración pública .................................... 26
v) Espacios de participación individual y comunitaria ............................. 26
e) Estrategias ............................................................................................. 27
i) Estructura de los poderes .................................................................... 27
ii) Sistema electoral ................................................................................ 28
iii) Fuerzas Armadas ............................................................................... 28
iv) Contraloría Pública ............................................................................ 29
v) Convivencia y educación ciudadana: .................................................. 30
vi) Liderazgo Responsable ..................................................................... 30
6. Conclusión ................................................................................................ 31
2 1. Introducción En los últimos años han ocurrido una serie de cambios que producen un
reacomodo y un nuevo orden mundial. Las grandes ideologías, aplicadas de
forma absoluta, han fracasado en la consecución de sociedades más justas y
prósperas. Algunos hablan del fin del socialismo, otros del fin del capitalismo,
pero lo cierto es que los dogmas políticos, cuya aplicación trajo graves
consecuencias a la humanidad, son cada vez menos aceptados y promovidos.
En el marco de las Metas del Milenio de las Naciones Unidas, las amenazas
climáticas que penden sobre nuestro planeta, y los incontables retos sociales
que distancian al ser humano de la ética como instrumento para asumir su vida
y su relación con los semejantes está claro que algo debe cambiar.
América Latina es una clara muestra de estos retos globales. Los daños
sufridos por la aplicación de programas políticos liberales no centrados en las
necesidades sociales, y aplicados de forma idéntica, independientemente del
contexto social y político, motivaron la concreción de gobiernos populistas de
izquierda, que al priorizar la implantación de su ideología política, han sido
incapaces de promover una generación suficiente y sostenible de riqueza y,
más importante aún, de justicia.
En Venezuela se da inicio a la revolución bolivariana. Una nueva
constitución, la desintegración de los partidos políticos tradicionales, el cambio
de los símbolos patrios, el cambio del sistema horario, el cierre de un canal de
televisión, y los repetidos intentos de insertar cambios constitucionales por
parte del Ejecutivo Nacional, son solo algunos de la larga serie de hechos que
han deteriorado el sistema democrático, bajo el argumento de consolidar la
revolución, sin solventar la deuda mantenida con las grandes masas
desfavorecidas.
En este contexto, los ciudadanos se han vuelto más participativos y
conocedores de la realidad política que les circunda. Los jóvenes y estudiantes
han respondido consecuente y responsablemente a las amenazas sistemáticas
que se ciernen sobre la democracia venezolana. Han comprendido que
estudiar y trabajar no es lo único que pueden y deben hacer por el país, y han
sacrificado notas por tragar gas lacrimógeno. Han sacrificado dinero por
perdigones. Han sacrificado comodidades para defender la democracia.
Sin embargo, los esfuerzos reactivos para defender la democracia no son
suficientes para sacar al país adelante. En este momento, Venezuela debe
responderse a si misma preguntas de vital importancia. ¿Qué sistema socioeconómico queremos? ¿Cómo garantizar y mejorar nuestro sistema
democrático? ¿Cómo hacer que los sectores más desfavorecidos superen su
situación? ¿Qué hacer con la renta petrolera? ¿Cómo generar seguridad
personal, social y ciudadana?. En fin, ¿Cómo vivir mejor en Venezuela?
Responder estas cuestiones amerita pensar en acciones de largo plazo,
que si bien pueden implicar sacrificios presentes, nos llevarán a un destino
mejor como individuos y como país. En particular en Venezuela, estas acciones
no suelen tomarse debido a la premura de las coyunturas políticas, de las
necesidades sociales, debido al populismo de los gobiernos y al
desconocimiento de estas medidas como alternativas válidas y eficientes en la
solución de nuestras mayores carencias.
3 Así pues, la implementación creíble y sostenible de medidas a largo plazo
requiere la existencia de un consenso social alrededor de ellas, de cómo dan
respuesta a nuestros problemas y de por qué son mejores que las alternativas
de corto plazo en la generación de valor público. Solo con este consenso se
garantiza que se haga contraloría y gobierno alrededor de las ideas
compartidas por todos .
Lamentablemente, la falta de credibilidad de las instituciones partidistas
hace imposible que estas puedan fungir como fuente de las ideas de largo
plazo a ser consensuadas por toda la sociedad.
Debido a las acciones ejercidas por lo jóvenes y estudiantes en defensa de
la democracia durante los últimos dos años, este sector es reconocido como un
actor de cambio, capaz de forjar un futuro más prometedor, y de poder generar
un cambio de rumbo para la nación. Capaces de imaginar y fraguar una nueva
revolución de la ideas, de sentir la importancia de la lucha por los Derechos
Humanos, del respeto a la vida, del valor de la democracia, de saber que la
libertad se debe encontrar, sentir y vivir en la calle. Capaces de retomar el
valor del espacio público, de saber que el país es una cuestión de todos y no
de algunos.
Los jóvenes naturalmente no poseen una carga histórica y asumen la
responsabilidad ineludible de reparar los desastres que unos y otros han
generado.
Son el actor político con mayor credibilidad entre los ciudadanos
venezolanos, los cuales están abiertos a escuchar los planteamientos e ideas
de sus hijos y nietos.
En este sentido, los jóvenes y estudiantes están en una posición aventajada
para proponer una alternativa creíble y positiva para el país, con la posibilidad
cierta de generar consenso social alrededor de una Visión de País y de las
grandes líneas de políticas que deben implementarse para alcanzar dicha
visión. El consenso debe alcanzarse con todos los actores políticos, sociales y
económicos de la nación, tal que en el presente, o el futuro cercano, se haga
contraloría y gobierno alrededor de las medidas consensuadas para la
generación de valor público.
Por ello, los jóvenes proponen el siguiente Proyecto de País, que presenta
la Visión de País que sueñan, y esboza las ideas que están dispuestos a
implementar para convertir dicha Visión en realidad.
4 2. Visión de País Venezuela es un país en donde existen los medios y mecanismos para que
sus ciudadanos alcancen, con igualdad de oportunidades, una vida digna, a
través de la seguridad social y ciudadana. La seguridad social permite el
acceso a servicios de calidad en salud, educación, alimentación, vivienda, aseo
y tecnologías de información y comunicación. La seguridad ciudadana
constituye la existencia de normas y leyes que garantizan el orden y la
posibilidad de participación y decisión del venezolano, resguardadas a través
de mecanismos de administración de la fuerza por parte del Estado.
La sociedad venezolana está constituida por ciudadanos libres, que se
desenvuelven dentro de un marco legal que les garantiza a plenitud sus
Derechos Humanos, en sus géneros colectivos, políticos e individuales. El
Estado venezolano consagra como valores fundamentales: la igualdad, de
Derechos y ante la Ley, la Justicia, la tolerancia, la democracia, el pluralismo y
esencialmente la libertad, en todos sus ámbitos, entendiendo que esta sólo
debe limitarse para asegurar la convivencia pacífica y el bien común.
Venezuela es también un país con un crecimiento y desarrollo económico
sostenido, que utiliza de manera social y ambientalmente responsable sus
recursos naturales, como medios para impulsar continuos incrementos de sus
ingresos y de su producto interno bruto.
El desarrollo del país es una responsabilidad de todos los ciudadanos, con
igualdad de compromiso ante los deberes y derechos que consagra el marco
jurídico. El Estado es el generador de mecanismos de profundización de
derechos sociales y democráticos, donde un fuerte sentido de pertenencia
hacia las instituciones hace aunar esfuerzos entre la ciudadanía y las mismas
para lograr objetivos nacionales. Gracias a los elementos anteriores, un sólido
Estado de Derecho, y una política pública que promueve la inversión y la
formación de capital humano, la sociedad venezolana es una de las más
diversificadas, innovadoras, productivas y competitivas de la región.
Venezuela políticamente se organiza como un Estado Social, Democrático,
de Justicia y de Derecho. Social ya que el Estado garantiza ciertas
prestaciones necesarias y promueve la Justicia Social. Democrático ya que se
rige por el principio de la participación ciudadana a través del voto y otros
mecanismos que buscan tanto designar representantes como también tomar
decisiones de manera directa, existiendo así un sistema tanto representativo
como participativo. El principio de respeto de las minorías es tomado en
cuenta, como también lo es el pluralismo político y la tolerancia, los cuales son
principios fundamentales. El poder se ejerce de manera alterna, con posibilidad
de una sola reelección y de revocatoria de mandato, se promueve la
participación política a través de la contraloría social y de los partidos políticos.
Finalmente es de Derecho ya que el Estado se encuentra sometido al imperio
de la ley y a controles judiciales independientes.
Venezuela es un país federal, con un gobierno presidencial y en donde
opera a plenitud el principio de división de poderes. Es federal ya que se trata
de acercar en la mayor medida posible el poder y la toma de decisiones a los
ciudadanos, por ende, las alcaldías y gobernaciones tienen una gran cantidad
de competencias. Se fomenta la autonomía de las regiones, pero siempre
teniendo en cuenta que somos una nación y que los esfuerzos regionales
5 deben ser coordinados para trabajar por el interés nacional. De esta manera se
busca que los diversos organismos que ejercen el poder trabajen de manera
conjunta, fomentando la cooperación y la sinergia. Cabe destacar que la
seguridad de la nación y la política exterior y petrolera son competencias
exclusivas del poder nacional.
El gobierno es presidencial ya que el jefe de Estado y de gobierno es el
presidente de la república y es electo por voto universal, directo y secreto. A su
vez, el principio de división de poderes establece que los 3 poderes, el
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial son autónomos entre sí, y cada uno está
en la obligación de ejercer funciones de control sobre los otros, limitando así la
arbitrariedad, el abuso y la concentración de poder.
El l poder Judicial, es nacional, autónomo e independiente, y está
integrado por jueces electos por concurso de oposición, profesionales y con
cargos permanentes.
Los funcionarios del poder público son altamente capacitados y
profesionales, y están para servir de forma oportuna y eficiente a todos los
venezolanos. En las instituciones del Estado se trabaja a través de incentivos al
mérito. Los funcionarios del servicio exterior forman parte del Ejecutivo
Nacional y ejecutan una política exterior de Estado. Los integrantes de la
Fuerza Armada Nacional, siempre consecuentes con su carácter institucional y
profesional, se rigen por la carrera militar y no llevan a cabo militancia ni
activismo político de ninguna índole, manteniendo el derecho al voto.
El ciudadano venezolano aprovecha las oportunidades que ofrece el
Estado para lograr la inclusión, dando paso a iniciativas individuales y
colectivas en ámbitos de autorrealización económica, espiritual y cultural. El
venezolano está compenetrado con su entorno, conllevando así a la utilización
de sus máximas habilidades, y dejando a un lado el vínculo paternalista
ciudadano-Estado. Así pues, se potencia la cultura de producción tanto en el
individuo como en la nación.
El Estado venezolano está regido bajo el principio de tolerancia ciudadana
entendida ésta como un deber moral, es decir, el respeto y principio de mutuo
reconocimiento al otro para la convivencia pacífica. El pluralismo de ideas y
opiniones, así como de preferencias y proyectos políticos, es muestra del
respeto a la diversidad que existe en Venezuela. El Estado es institucional y de
razón crítica, independientemente de cualquier ideología o religión.
El sector energético, principalmente el petrolero y el gasífero, es uno de los
más importantes de la economía nacional. La industria petrolera es dirigida con
criterios gerenciales y tiene como norte la búsqueda de la máxima rentabilidad
del negocio. Gracias a un amplio acuerdo social, los ingresos provenientes de
la industria petrolera son manejados de manera racional, y los excedentes
rentísticos se invierten en activos financieros en el exterior. Así pues, se evitan
distorsiones en la economía nacional y se posibilita el crecimiento
independiente del resto de los sectores productivos. El gasto público nacional
no depende significativamente de la renta petrolera.
En el contexto de una política económica que promueve y privilegia la
participación del sector privado en todos los ámbitos de la producción de
bienes y servicios, tanto el gobierno nacional como los gobiernos estadales y
municipales, orientan sus políticas de gasto e inversión a la ampliación y
mejoramiento de la infraestructura necesaria para la expansión de las
6 capacidades productivas, y en proyectos y programas sociales coherentes,
viables y sostenibles que contribuyen a la inclusión social y al bienestar de la
ciudadanía.
El Estado fomenta las condiciones que promuevan la generación de
empleo formal y productivo por parte de la iniciativa privada, es decir pequeña,
mediana y gran industria. De igual forma, garantiza las condiciones adecuadas
de seguridad laboral y social del empleo. Estas características garantizan
inclusión social y el crecimiento económico.
De igual forma, la población en condición vulnerable cuenta con políticas
efectivas para el acceso a la capacitación y mejora de su calidad de vida, por lo
tanto la seguridad social como la seguridad ciudadana constituyen un derecho
accesible a todos y funcionan como un eficiente generador de soluciones, al
garantizar el bienestar personal y colectivo.
Todas las personas podrán alcanzar una educación formal y de calidad. El
Estado garantiza la educación ya que constituye un derecho y un deber. La
formación integral es una prioridad para la nación debido a que potencia los
valores y el reconocimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos.
Además, la educación fomenta los mecanismos de la superación, impulsando
la innovación y el progreso. En el país tanto , carreras universitarias como
técnicas poseen el mismo valor para la construcción de la sociedad, por lo que
se presta igual atención a la capacitación de los ciudadanos en ambas áreas,
garantizando la libre elección del oficio. El Estado ofrece ayuda técnica para la
consecución de las metas de su población.
7 3. Proyecto Social a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía El bienestar del ciudadano abarca distintos ámbitos de su existencia. Los
requisitos materiales para una vida digna, en ausencia de plenitud espiritual no
son suficientes para que un individuo viva feliz.
A la par con la existencia de una enorme cantidad de factores que
determinan la felicidad del venezolano, está el hecho de que esta relación de
factores varía de persona a persona. La cesta de consumo, o la distribución de
trabajo y ocio que satisfacen a una persona pueden ser insatisfactorias para
otra.
Así pues, nadie puede definir la felicidad y el bienestar de un individuo
mejor que el mismo individuo. El Estado no debe elegir por el ciudadano, pero
debe garantizarle la existencia de la más amplia cantidad de opciones y
oportunidades posibles, tal que pueda desenvolverse productivamente en la
sociedad y alcanzar sus aspiraciones materiales y espirituales por si mismo.
En este sentido, las políticas sociales deben estar dirigidas a garantizarle al
individuo:
• Sus Derechos Humanos.
• El respeto de su persona, su espacio y su libertad por parte de los
demás ciudadanos.
• La posibilidad de plenitud material, espiritual y de ascenso social.
• Su participación definitoria en la dirección de las políticas públicas que le
incumben, como beneficiario de las mismas.
Tomando todo esto en cuenta, las estrategias de política en el plano social
del presente proyecto país están destinadas a garantizarle al ciudadano la
posibilidad de labrarse su propio destino, con un Estado que genera políticas
públicas que aumenten sus oportunidades, respondan a sus necesidades,
garanticen el respeto entre ciudadanos y propicien el trabajo conjunto de estos
en la construcción de una sociedad con normas e instituciones comunes a
todos.
b) Objetivos Alcanzar el bienestar de la ciudadanía, en los términos expuestos, requiere
garantizar la provisión segura de ciertos elementos básicos para la vida
humana actual, así como lograr un contexto en el que los individuos sean
capaces de ejercer su libertad en respeto a los demás, y en el que las acciones
del Estado respondan a las necesidades de la ciudadanía.
En este sentido, las estrategias de políticas sociales están dirigidas a la
consecución de los siguientes objetivos:
i) Seguridad Social 8 La Seguridad Social consiste en la garantía mancomunada de acceso a
bienes y servicios de calidad en salud, educación, alimentación, vivienda, aseo,
comunicaciones e información.
Funciona bajo el principio de justicia social, y explicita la misión del Estado
de garantizar la provisión accesible de servicios y bienes básicos que
posibiliten una vida material y espiritualmente satisfactoria para todos los
ciudadanos, así como la existencia de oportunidades básicas que propicien el
ascenso social de los sectores desfavorecidos.
Así pues, la consecución efectiva de los objetivos de Seguridad Social
amerita la conjunción de esfuerzos públicos y privados en la producción
suficiente y sostenible de bienes y servicios como educación, salud, sanidad,
transporte, comunicación, alimentación, vivienda e información.
ii) Seguridad Ciudadana La seguridad ciudadana constituye la existencia de normas y leyes que
garantizan el orden nacional, así como la posibilidad de participación y decisión
ciudadana, resguardadas a través de mecanismos de administración de la
fuerza por parte del Estado.
Este objetivo conjuga la misión de un Estado de Derecho, en el que la
garantía de orden hace que los pactos sociales, manifestados en las leyes, se
cumplan y se hagan cumplir, con un carácter democrático y participativo en la
generación de las leyes, y en la delineación, realización y evaluación de la
gestión del Ejecutivo.
En este sentido, se busca una sociedad signada por un orden democrático,
que sea estable y propicia para la acumulación y la inversión, pues las
relaciones humanas básicas se encuentran predefinidas y todos los individuos
conocen los límites del ejercicio de su libertad y las consecuencias de quebrar
dichos límites, teniendo la certeza de que sus derechos individuales serán
respetados.
Paralelamente, se propicia una sociedad en la cual se ejerce la democracia
de manera proactiva en todos los contextos de la acción pública, tal que los
límites a la acción individual y a la del Estado sean producto del consenso
social, y no del deseo del gobernante de turno.
c) Estrategias i) Política Educativa La generación de seguridad social amerita la existencia de un sistema
educativo inclusivo y de calidad. Desde el punto de vista de la productividad, un
individuo solo puede aumentarla (y con la productividad, el valor económico de
su trabajo) a partir de continuos aumentos en su acervo de conocimiento y de
capital humano. Por otro lado, es deseable que exista una sociedad preparada
y consciente, que valore prudentemente la democracia y su libertad.
El Estado venezolano promueve políticas públicas y programas que
garanticen el acceso al sistema educativo bajo el principio de excelencia. Para
esto se conjugan esfuerzos y recursos públicos y privados, tal que se maximice
9 la calidad y cantidad de beneficiarios del sistema y se reduzca la carga
presupuestaria del ejecutivo.
Se provee una educación integral que instruye a los y las estudiantes en
Derechos Humanos, valores, cultura ciudadana, , respeto y tolerancia. De esta
forma se potencia la convivencia y el pleno ejercicio presente y futuro de la
democracia en el país.
En el sistema educativo venezolano tiene igual relevancia la formación
académica como la capacitación técnica, maximizando así el número de
opciones de formación laboral y la posibilidad de inserción productiva de los
estudiantes que finalicen su educación diversificada.
El sistema educativo nacional, en todos sus niveles, da particular
importancia al emprendimiento y la innovación. En este sentido, se destinan
recursos públicos y privados a promover y motivar el emprendimiento y la
inventiva, logrando mayor autonomía y productividad en el desarrollo de las
ideas individuales.
Los recursos públicos destinados a la educación se distribuyen en mayor
proporción a los niveles iniciales del sistema (preescolar, básica, y en menor
grado, diversificada). El Estado promueve mecanismos de financiamiento a los
niveles superiores del sistema diferentes a la transferencia de recursos
centrales a las casas de estudio. Así también, propicia una relación productiva
entre universidades, sector privado y gobierno, y da facilidades económicas a
los estudiantes destacados.
En este sentido, el origen socioeconómico del niño no será definitorio en
relación a su oportunidad de acceder a las plazas disponibles en planteles de
educación superior, promoviendo las posibilidades de ascenso social de los
sectores menos favorecidos.
De esta forma se logra que la educación sea uno de los pilares
fundamentales para la consecución de la seguridad social en Venezuela, ya
que se contará con un sistema inclusivo que brinde oportunidades a todas las
personas, en pro de la realización de sus aspiraciones individuales.
ii) Política de Salud La salud es un elemento clave del desarrollo de las sociedades. Una
sociedad no es justa ni productiva si en esta sus ciudadanos no son sanos.
Para lograr la salud de los individuos debe garantizarse el tratamiento
apropiado y oportuno de las complicaciones particulares que se presentasen en
el país, así como minimizar la aparición de estas.
Por otro lado, la salud accesible es un mecanismo de inclusión social. La
prestación de servicios de salud generalizada y accesible a todos los
ciudadanos, independientemente de la naturaleza de su condición y de su
origen socioeconómico, permitirá que estos puedan mantenerse insertados
productivamente en la sociedad.
Así pues, no es concebible el objetivo de seguridad social en ausencia de
un sistema de salud eficiente, al ser este un medio para el desarrollo de los
individuos y de la sociedad como un todo.
Funcionamiento del sistema:
10 El Estado garantiza la prestación de servicios de salud en cantidad y
calidad apropiada, tal que el sistema pueda cubrir cabalmente todas las
afecciones que presente la ciudadanía, dando oportunidades de acceso
adecuadas, y de forma generalizada.
El sistema de prestación de servicios de salud es mixto, en el sentido de
centros de atención médica públicos y privados comparten la responsabilidad
de mantener sana a la sociedad venezolana. Este formato se justifica en la
generación de incentivos a la eficiencia en el sistema público, y a la rentabilidad
responsable en el sistema privado. Sistemas absolutos, en uno u otro sentido,
tienden a prestar un servicio o deficiente, o demasiado costoso.
Ambos ramos se manejan bajo principios de eficiencia, profesionalidad y
ética, y están debidamente regulados en esos términos. En este sentido, se
fomenta la atención integral al paciente, tomando en cuenta las especificidades
referentes a la complicación física o mental, a la urgencia del tratamiento y a la
edad del paciente.
Promoción del Estado:
La medicina preventiva individual es altamente promovida por el Estado a
través de programas de educación y formación al respecto. Las buenas
prácticas de los ciudadanos en este sentido no solo minimizan la posibilidad de
contracción de enfermedades, sino que mantiene disponible la capacidad física
y presupuestaria del sistema para atender oportunamente a las enfermedades
no prevenibles.
Paralelamente al desarrollo de la medicina preventiva, el Estado
garantizará la existencia de servicios públicos y obras de infraestructura que
hagan salubre al entorno nacional, mejorando las condiciones de vida de los
ciudadanos y minimizando las complicaciones físicas de estos.
Así también, a través de la gestión de centros de investigación,
universidades y el sector privado, el Estado promueve el desarrollo de nuevas
técnicas para la prevención y atención de enfermedades y la investigación
científico-médica en general, con particular énfasis en las complicaciones
propias de la condición tropical venezolana, y las específicas a cada región del
país.
iii) Política en relación a los Servicios Públicos Los servicios públicos, entendidos estos como los servicios de luz, agua,
aseo, tecnologías de comunicación e información, vías y formas de transporte,
entre otros, son de vital importancia para alcanzar los objetivos de Seguridad
Social, pues son básicos para la vida humana. Así pues, para mejorar la
calidad de vida de las personas en este sentido, es obligación del Estado
garantizar que los ciudadanos tengan acceso a dichos servicios.
La participación privada en la provisión de estos servicios tiene que estar
en constante monitoreo y regulación por parte del Estado, ya que la tarifa a
cobrar no puede ser prohibitiva, en el sentido de que no permita el acceso a las
personas más desfavorecidas. De igual forma, estas tarifas deben producir una
riqueza suficiente para que las empresas prestatarias sean sostenibles en el
tiempo.
11 Así también, al delegarse la prestación de un servicio público sobre uno
privado, este debe comprometerse a llevar el servicio a todos los ciudadanos,
así no sea rentable proveérselo a los que estén más alejados.
Los ciudadanos, y los mecanismos para su participación social son de vital
importancia en la detección de los problemas y generación de obras públicas,
pues ellos son los que mejor conocen las necesidades de la comunidad. Estos
sirven a su vez de contralores de los proyectos realizados tanto por el Estado
como por la empresa privada.
La promoción del reciclaje es importante para el máximo aprovechamiento
de los recursos, ya que la basura es reciclable. Por lo tanto es necesaria la
formación de la conciencia de reutilización de materiales como vidrio, plástico,
papel y aluminio en toda la sociedad. El reciclaje puede ser utilizado por las
comunidades como una forma de ingreso, al separar o procesar los desechos
producidos y reutilizarlos. Así pues, se promueve un sistema de clasificación y
reutilización de los residuos que involucra directa y sistemáticamente a los
hogares, las comunidades, las empresas y el Estado.
Es importante mantener niveles adecuados de reinversión de la
infraestructura de servicios públicos, para evitar apagones, cortes del
suministro de agua, filtraciones de aguas servidas, accidentes de tránsito,
contaminación ambiental, etc.
iv)
Política en relación a los Bienes Básicos El oportuno acceso a la alimentación y la vivienda constituye una
necesidad vital de los seres humanos. Las posibilidades de mejorar
continuamente nuestras condiciones de existencia, de trabajar para cumplir
nuestros objetivos y de satisfacer nuestros deseos con éxito dependen
estructuralmente de una apropiada provisión calórica y de la tenencia de techo
propio donde construir al hogar y la familia.
Así pues, la existencia de ambos es fundamental en la consecución del
objetivo de Seguridad Social para los ciudadanos.
Alimentación:
La alimentación implica cada una de las sustancias comestibles que nutren
a un ser humano y que permiten su normal desarrollo físico y mental. El
derecho a la alimentación implica el acceso en todo momento a los alimentos
que se necesitan para gozar de una vida activa y sana.
En este sentido, se elaboran políticas públicas basadas en el análisis de las
necesidades alimentarias, la disponibilidad de los alimentos y los niveles de
reservas, tal que se promueva la producción de los rubros para los cuales la
nación tiene ventajas competitivas asociadas a la naturaleza o a la estructura
de la industria agrícola nacional.
Así también, en pro de la seguridad alimentaria, el Estado garantiza la
existencia de una industria nacional en aquellos rubros de la cesta básica cuya
producción interna sea susceptible al comercio internacional. La definición de
estos rubros debe ser clara, transparente e independiente de presiones por
parte del sector agrícola.
12 Sin embargo, la importación y exportación de productos agrícolas se
produce sin mayores restricciones arancelarias o para-arancelarias, tal que los
venezolanos podamos acceder a los rubros alimenticios al menor precio
posible.
Vivienda:
Como vivienda asumimos todo aquel lugar cerrado y cubierto construido
para ser habitado por personas. Toda persona tiene derecho a una vivienda
adecuada, segura, cómoda, higiénica y que cuente con los servicios básicos
esenciales.
La vivienda digna fortalece la convivencia y permite humanizar las
relaciones familiares, vecinales y comunitarias.
Para aumentar el número de familias con acceso a una vivienda digna, el
Estado se encarga de promover condiciones de financiamiento asequibles en
términos de plazo, tasa de interés y monto del crédito en relación al valor de la
propiedad, para aumentar las posibilidades de compra de una vivienda propia
para todos los venezolanos.
La prestación de estos créditos es competencia tanto de la banca pública
como de la banca privada, y cuenta con mecanismos creíbles de control y
seguimiento eficaces para el pago de los créditos respectivos.
En este sentido, es la capacidad de pago de los demandantes (en el tiempo
y con condiciones asequibles), y no la transferencia directa de recursos
públicos la que dinamiza al mercado inmobiliario nacional.
Así también, el Estado promueve programas de construcción social para
venezolanos con escasos recursos. Estos programas están destinados a
solventar la ausencia o precariedad de viviendas de las familias o personas
más desfavorecidas, pero no se concibe como una solución de largo plazo para
estas.
Por último, el Estado garantiza el reconocimiento legal de la vivienda como
activo de la familia.
v) Política en relación a la Administración de la Fuerza El Estado Venezolano mantiene el monopolio de las armas y de la
administración de la fuerza, y es responsable y garante de la seguridad interna
de los ciudadanos y de la soberanía de la nación.
El ejercicio de la fuerza por parte del Estado debe estar justificado en el
cumplimiento de las leyes, en el mantenimiento del Estado de Derecho y en la
generación de orden, las cuales son precondiciones necesarias para el
desarrollo sostenido de una sociedad. En este sentido, el Estado solo puede
aplicar la fuerza en el contexto de la generación de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, debe existir confianza en los entes del Estado por parte de la
ciudadanía a la hora de delegar el poder de administrar la fuerza a nivel
nacional. Para esto existen mecanismos de comunicación y contraloría entre
13 los ciudadanos y las fuerzas de orden público, lo cual propicia su actuación
eficiente, transparente, notoria, y en respeto a los derechos humanos y civiles.
Así también, el Estado busca promover métodos alternativos a la
resolución de conflictos entre ciudadanos, que se apliquen eficientemente por
miembros de la misma comunidad. En este sentido, se busca disminuir la
violencia entre conciudadanos y desarrollar el diálogo.
vi) Política de Participación Social y Ciudadana La integración del ciudadano en temas de índole público es fundamental
para lograr la Seguridad Ciudadana, pues solo así se puede ejercer la
contraloría social necesaria para que las políticas públicas se adapten a las
necesidades de la sociedad, y para que el ejercicio de la fuerza por parte del
Estado se traduzca en un orden democrático.
Los venezolanos, en pleno conocimiento de sus derechos, sus deberes,
sus leyes, sus instituciones y sus organismos de administración pública,
entienden a plenitud el rol que juegan en la democracia venezolana.
Comprenden que su papel a la hora de confrontar los problemas públicos
consiste en su participación proactiva para la solución de los mismos, y no
solamente en elegir electoralmente a quien los solucione.
La sociedad venezolana está integrada por grupos civiles organizados que
defienden intereses comunes y que velan por la transparencia de la gestión de
los funcionarios públicos del país.
Estos grupos son independientes del Estado, son libres de conseguir
financiamiento para sus actividades y tienen acceso a la información pública
necesaria para realizar su trabajo.
En Venezuela los ciudadanos, como beneficiarios de las políticas públicas,
participan en la formulación, ejecución y evaluación de estas. En este sentido
se garantiza la coherencia entre las necesidades existentes y la política
planteada, la sostenibilidad de las políticas, y la transparencia alrededor de sus
resultados.
Esto se logra con una estructura de representación a través de la cual las
comunidades pueden realizar denuncias, reclamos, propuestas y acciones para
su comunidad y para el país.
Dicha estructura, que es parte formal del sistema descentralizado, rescata
la construcción del país “de abajo hacia arriba” y el papel fundamental del
ciudadano en el logro de los objetivos comunes a su entorno.
Así también, es obligación del Estado proveer de forma transparente la
información del uso dado a los recursos públicos, y permitir a organizaciones
civiles y empresas privadas monitorear de forma independiente y libre a la
gestión pública y los procesos sociales acaecidos en el país.
La conjunción de todos estos elementos promueve la construcción de
capital social, a través del desarrollo institucional, el conocimiento y el
cumplimiento del marco legal y de la democratización de espacios de toma de
decisión y expresión.
14 4. Proyecto Económico a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía El bienestar de la ciudadanía, como fin último de la gestión económica del
estado, es un concepto abstracto que incorpora variables y elementos de
índole bastante heterogénea.
Al respecto se podría decir que el bienestar de la ciudadanía:
• Mejora cuando aumentan las libertades de los individuos en
general.
• Mejora cuando se resuelven los problemas sociales y vitales de los
grupos poblacionales más desfavorecidos.
• Mejora cuando se crean las condiciones para que la sociedad
resuelva por si misma los elementos antes señalados.
En este sentido, las estrategias de política económica que aquí se plantean
van destinadas a la consecución fines claros, medibles y acordes con lo antes
descrito.
Estos fines son:
• Disminución de la pobreza: Se busca eliminar la pobreza extrema y
la indigencia, definida como la incapacidad de acceder a los
requisitos alimenticios básicos para la vida. Así también se espera
disminuir la pobreza en general al garantizar el acceso a servicios
de calidad con los cuales los individuos puedan salir de dicha
situación por si mismos.
• Aumento del Índice de Desarrollo Humano: A través del
mejoramiento de las condiciones de alfabetismo, salud y
salubridad, y acceso a la riqueza, se espera que el IDH como
indicador de la situación general de los ciudadanos mejore en todos
los estados del país. Así también, se plantean como necesarios los
mejoramientos sucesivos de índices cualitativos alternativos para la
medición de las condiciones educativas y de salud.
• Disminución de la desigualdad (Índice de Gini): Con la generación
de inclusión social a los servicios, de empleo productivo y de
estabilidad macroeconómica, sería esperable una mayor inserción
productiva de los sectores desfavorecidos en la actividad
económica, lo cual les acercaría a la vida digna de la que gozan los
estratos más favorecidos. En este sentido se producirían aumentos
del capital social, disminución de las tensiones sociales, aumento
de la estabilidad política, disminución de la inseguridad personal y
por ende, aumentos de los incentivos a la inversión y a la
generación de riqueza.
• Aumentos del PIB per cápita: Con la ampliación de la riqueza se
busca que todos los ciudadanos logren aumentar su consumo de
bienes y servicios, así como su capacidad de ahorrar e invertir.
• Conservación de espacios: Se busca garantizar la dotación de
espacios y recursos naturales aptos para el disfrute y consumo de
las generaciones actuales y futuras.
15 b) Objetivos Para alcanzar el fin último, en los términos previamente expuestos, el
Estado debe generar estrategias y políticas que se enfoquen en la consecución
de un conjunto de objetivos. Éstos deben posibilitar un desenvolvimiento y
crecimiento productivo de los individuos en la sociedad, a la vez de satisfacer,
de manera sostenible, su demanda de bienes y servicios.
Así pues, se listan y explican dichos objetivos a continuación.
i) Estabilidad Macroeconómica La estabilidad macroeconómica se entiende como:
• Baja volatilidad en el crecimiento económico: no existen grandes
auges ni recesiones profundas.
• Baja inflación: menor al 5% anual.
• Inflación predecible: oscila dentro de un rango reducido, lo cual
facilita la toma de decisiones.
Estos factores son importantes para los ciudadanos por tres razones:
Porque incentiva el crecimiento y el desarrollo:
Cuando la economía crece de manera estimable y esperable, los
inversionistas tienen mayores incentivos para llevar a cabo iniciativas
emprendedoras que generen crecimiento económico y empleo formal. Esto es
así pues con la estabilidad se disminuye la incertidumbre alrededor de la
generación de ganancias de dichas iniciativas, las cuales dependerán
exclusivamente de la capacidad individual de gerencia en un mercado
particular, y no de la “situación del país”.
Porque genera inclusión social:
En un contexto de alta inflación y crecimiento errático, son los estratos más
desfavorecidos de la sociedad los que no pueden acceder a activos financieros
que les permitan protegerse, ya sea por desconocimiento o por insuficiencia de
capital.
Así también, suelen ser las canastas de consumo de estos estratos los que
sufren mayor inflación, lo cual implica que son estos los que pierden una
proporción mayor de su poder adquisitivo con la inflación.
La inflación es un proceso claramente regresivo, que nos perjudica a todos,
pero especialmente a los que mas carecen de bienes y de oportunidades.
Garantizar una inflación baja y esperable evitaría que los estratos desprovistos
de recursos vean agravar su situación, previniendo el aumento de la
desigualdad y la pobreza.
Porque la estabilidad macroeconómica es buena en si misma:
La estabilidad es importante para los ciudadanos, ya que la gran mayoría
de las personas son aversas al riesgo, es decir, les desagrada la existencia de
16 grandes fluctuaciones en sus ingresos, y falta de certeza con respecto a que
enfrentar en el futuro.
Además, por lo general son los sectores más desfavorecidos los que más
se perjudican por la inestabilidad, ya que sus empleos son menos estables,
tienen menos ahorros y menos capacidad de endeudamiento para enfrentarse
a los escenarios menos favorables.
La inflación, además, más allá del impacto que pudiera tener sobre el la
desigualdad y los ingresos reales, es percibida por la sociedad como un
fenómeno injusto. Esta percepción acarrea costos económicos y políticos.
Así pues, la estabilidad macroeconómica garantizará el crecimiento y el
desarrollo sustentable de la economía venezolana, lo que reducirá la pobreza y
la desigualdad, mejorará la distribución del ingreso, y evitará la pérdida
mancomunada de poder adquisitivo, causándole bienestar a la ciudadanía.
ii) Alto Empleo El alto empleo consiste no solo en la existencia de una baja tasa de
desempleo, es decir, que quienes activamente buscan empleo lo consiguen, si
no también consiste en la existencia de altos niveles de participación de la
población en el mercado laboral (Que quienes activamente buscan empleo sea
la gran mayoría de la población en edad laboral).
Este hecho implica, a su vez, que las condiciones que ofrece el mercado
laboral son lo suficientemente buenas como para motivar a la personas a
trabajar o buscar trabajo, y para asegurar que no existan grandes diferencias
en la participación por motivo de género o etnia.
El alto empleo también incluye una baja incidencia de desempleo
estructural, es decir, que existen pocas personas en la economía que por su
preparación, habilidades o ubicación geográfica no sean capaces de conseguir
trabajo por largos periodos de tiempo.
El empleo en Venezuela debe ofrecerse bajo condiciones dignas, y las
características del mercado aseguran que las demandas de trabajo se den
primordialmente en el sector privado y en términos formales.
La existencia de alto empleo en Venezuela es importante por dos grandes
motivos. En primer lugar, tiene gran relevancia sobre el comportamiento de los
demás objetivos. Altos niveles de empleo se asocian con el crecimiento
económico al estarse utilizando todos los recursos disponibles en la sociedad.
El empleo tiene también una influencia determinante sobre la inclusión social,
ya que el empleo permite a la población acceder a un nivel de ingreso sólido y
sentirse involucrado con el resto de la sociedad. Por otra parte, el empleo tiene
un impacto más allá de lo que puede ayudar a hacer cumplir otros objetivos. El
empleo, en condiciones dignas, hace sentir útil a una persona de una forma
que los subsidios y la percepción de rentas no pueden lograr hacer. El empleo
no debe ser percibido solo como una fuente de ingresos, si no como una
condición que permite expresar parte importante de lo que es ser humano.
iii) Inclusión Social 17 La inclusión social a la que hacemos referencia es a la existencia de
oportunidades universales que le permitan a todo ciudadano tener la capacidad
de desenvolverse productivamente dentro de la sociedad.
Dentro de los elementos que tomaremos en cuenta como parte de la
inclusión social están la capacidad para generar ingresos, de ser parte integral
de la sociedad y de gozar de los mismos derechos económicos y políticos que
el resto de la sociedad sin importar género, etnia, religión, sexualidad,
pensamiento político y/o estrato socioeconómico.
La inclusión social tiene como finalidad el generar una sociedad más
igualitaria, y está basada en el respeto al individuo y a su libertad. La igualdad
dentro de la sociedad se refiere a que todos los individuos puedan entrar dentro
del sistema y disfrutar de las oportunidades que les permitan valerse por sí
mismos. Los resultados que logre cada ciudadano serán respetados por la
sociedad.
La inclusión social será lograda a través de la mejora de los sistemas de
salud, educación, de seguridad personal y de seguridad social en Venezuela.
La estabilidad macroeconómica, los mejores niveles de crecimiento y la
inflación reducida permitirán que los ciudadanos tengan mejores oportunidades
para conseguir un trabajo en el mercado formal, donde gozan de mayores
beneficios, y que los ingresos generados a través de éstos no se vean diluidos
por el aumento de los precios. Los ciudadanos que presenten dificultades
particulares para entrar dentro del mercado laboral serán atendidos de una
manera focalizada, sin finalidades políticas de por medio.
iv) Uso responsable de los recursos Las regulaciones laborales y ambientales, respetadas a través de un
Estado de Derecho claro y justo al respecto, generan un entorno en el cual los
recursos naturales y la población económicamente activa son utilizados como
factores productivos de una manera responsable, tal que se conjuguen la
importancia de su uso en la producción nacional y en la generación de riqueza,
con los siguientes elementos:
•
•
•
Bienestar de los espacios naturales y otros recursos: Para el
consumo y esparcimiento individual de los ciudadanos.
Sostenibilidad en el uso de los espacios naturales y otros
recursos naturales: Garantizar la utilización y abogar por un
consumo responsable por parte de las generaciones futuras de
estos recursos.
Calidad de vida: Para que la fuerza laboral funcione en
condiciones que propicien un desempeño productivo, sano,
estable y que permitan el desarrollo y cultivo del individuo y la
familia.
Esto garantiza la sostenibilidad del crecimiento de la economía en el largo
plazo, así como la existencia elementos propios del desarrollo, valorados por la
sociedad y diferentes al mero aumento de la riqueza, como la calidad del
ambiente, limpieza y salubridad de los espacios, opciones de esparcimiento,
contexto laboral comprensivo, entre otros.
18 v) Crecimiento y Desarrollo: El crecimiento económico consiste en el aumento del producto de una
nación, lo que se traduce la extensión de sus ingresos, y por ende, los de sus
ciudadanos. Mayores ingresos para la ciudadanía constituyen su posibilidad de
proveerse mayor bienestar. Este crecimiento debe ser:
•
•
•
Sostenido: Que se mantenga en el tiempo.
Estable: Que se mantenga en un rango de tasas relativamente
pequeño.
Incluyente: Tanto geográfica como socialmente, promoviendo una
participación cada vez mayor de los sectores históricamente
desfavorecidos.
El aumento de los ingresos, debe ir acompañado de mejoras en las
condiciones de vida de la población, es decir, en sus niveles de salud,
educación, seguridad, vivienda, entre otras. Alcanzar estas condiciones es lo
que se denomina desarrollo, y es claramente deseable para una nación.
c) Estrategias i) Estado de Derecho La certeza de respeto a los derechos de los individuos es vital para el
mantenimiento de una economía en crecimiento. Los individuos y grupos se
verán motivados al emprendimiento cuando sus derechos de propiedad
aseguren que sus esfuerzos (o inversiones) se traducirán en beneficios para
ellos y para la sociedad.
El Estado de Derecho permite además establecer límites claros a las
acciones de los individuos de acuerdo a lo considerado óptimo para la nación
(en términos de uso de los recursos humanos, materiales o ambientales).
Adicionalmente, asegura el cumplimiento efectivo de esas normas, lo que se
traduce en que los ciudadanos empleen responsablemente los recursos
nacionales.
Por otro lado, el respeto a los derechos contribuye también al logro del
objetivo de inclusión social, ya que permite que los individuos cuenten con
activos, es decir, con bienes que les permitan generar alguna forma de
sustento, colaborando con la superación de la pobreza.
Un sólido Estado de Derecho es además base para el surgimiento de redes
de confianza o capital social, pues garantiza el cumplimiento de los contratos y
el respeto a los derechos de las personas.
ii) Política petrolera y manejo de la renta La industria petrolera es independiente a los ciclos políticos en Venezuela y
se basa en criterios de rentabilidad.
La finalidad de la industria petrolera en Venezuela es maximizar los
beneficios económicos que puede ofrecerle a la nación, manteniendo los
19 niveles de inversión que permitan mantener las tasas de extracción y refinación
del petróleo óptimos. Venezuela es un proveedor seguro de petróleo, y el resto
de los países saben que respetará sus contratos y mantendrá la provisión
cuando otros países fallen.
El criterio de manejo gerencial de la industria petrolera producirá
crecimiento estable al generar una fuente de ingresos productiva a la nación.
Sin embargo, las variaciones del mercado petrolero inyectan inestabilidad a
la economía nacional si los ingresos de la industria no se administran bajo
criterios particulares a dicha inestabilidad.
Los mecanismos de ahorro buscan resolver este problema, y se basan en
cuatro criterios.
En primer lugar, un país estable es mucho más propicio para la inversión y
el crecimiento interno de la producción, por lo que el flujo que ingresa a la
nación y que se inyecta a la economía debe ser tan estable como sea posible,
a pesar de las variaciones en el precio del petróleo.
En segundo lugar, el criterio de riqueza intergeneracional plantea que los
venezolanos por nacer tienen derecho a parte de la renta petrolera, por lo que
debe guardarse su parte de riqueza. Esta parte de su riqueza no puede ser
utilizada por el gobierno para gasto, sino que debe ser invertida en
instrumentos financieros en el extranjero generando intereses y preservando el
principal.
En tercer lugar, el uso indiscriminado de los dólares generados por la
industria petrolera produce una apreciación del Bolívar. Esto lleva a un
encarecimiento relativo de los productos transables hechos en el país al
compararlos con los hechos en el extranjero, lo cual significa una pérdida de
competitividad efectiva por parte de la nación.
Por último, pero no menos importante, el manejo discrecional de la renta
por parte del gobierno genera los incentivos perversos del rentismo. El
ejecutivo, al tener independencia presupuestaria del sector privado, administra
y reparte la renta como le plazca. Esto incentiva a los privados a innovar en la
manera de comportarse para ser mayores receptores de la renta, en vez
incentivar la innovación tecnológica y productiva. Los mecanismos de ahorro
bien definidos e implementados limitan este fenómeno, al restarle
discrecionalidad de gasto al ejecutivo.
Una política de ahorro clara y bien difundida, que defina costos relevantes
de incumplimiento por parte del gobierno, permite desalentar políticas
económicas procíclicas que aumenten el gasto en una proporción demasiado
grande cuando la economía está creciendo o que contraigan el gasto cuando la
economía está desacelerándose, cuando la generación de estabilidad se
propicia haciendo justamente lo contrario.
Cuando los precios del petróleo se encuentren por encima de los
presupuestados por la nación a través del mecanismo de ahorro, los recursos
excedentarios pasarán a invertirse en activos financieros externos. En caso
contrario, se hará uso de los ahorros para mantener la economía estable.
Siempre en un flujo constante y tolerable para la economía venezolana que
evite sobrecalentamientos o depresiones severas.
El nuevo manejo de la industria petrolera y los mecanismos de ahorro
permitirán estabilidad macroeconómica en Venezuela. Esto fomenta la
inversión y permite independizar al resto de las industrias de la renta petrolera.
20 Por lo que, permitirá el surgimiento de industrias en las que Venezuela goce de
ventajas competitivas. Esto se traduce en niveles de crecimiento sostenible que
a su vez influyen sobre el desarrollo venezolano.
iii) Política Fiscal En el marco de la política fiscal del país, se plantea una gestión pública
ordenada y estratégica, tal que permita sostener las finanzas públicas en el
largo plazo y generar la estabilidad macroeconómica necesaria para incentivar
la inversión y la actividad privada, mientras se garantiza la inclusión de los
sectores más desfavorecidos a través de las políticas de inversión social.
Norma fiscal para garantizar sostenibilidad, estabilidad y anticiclicidad:
En este sentido, se plantea la necesidad de normas sobre la ejecución
fiscal del gobierno en sus diferentes niveles, de manera que se garantice un
carácter anticíclico (expansivo en recesiones y contractivo en bonanzas),
estable y sostenible de la misma. Esta norma debe ser claramente establecida,
públicamente difundida y comprendida, y debe estipular algún tipo de costo o
castigo político por el incumplimiento de la misma, así como las contingencias
específicas en las que se permite un resultado fiscal diferente.
La existencia de una norma fiscal con un costo de salida relevante para el
Ejecutivo, además de generar la estabilidad macroeconómica y la
sostenibilidad financiera que propician la acción privada, creará credibilidad
alrededor de su sostenimiento, lo que constituye un mensaje claro para los
agentes económicos nacionales e internacionales con respecto a lo propicio del
entorno nacional como lugar para invertir.
Promoción de Inversiones:
Así también, se concibe necesaria una política impositiva estable y
moderada sobre los hombros del sector privado, tal que incentive la inversión
privada y el consumo, desincentive la elusión fiscal, y a través de una
superintendencia tributaria institucionalmente fuerte y creíble en la recaudación
fiscal nacional, castigue la evasión.
Estos esfuerzos por la generación de un entorno favorable a la inversión
deben presentarse en paralelo con un esfuerzo estatal destinado a la
promoción del país como destino de los capitales tanto nacionales como
extranjeros.
Inversión pública:
Con respecto a las políticas de inversión pública se plantea una gestión
fiscal enfocada en garantizar la provisión (y no necesariamente en proveer
directamente) de:
•
Sistemas de educación y salud suficientes.
•
Un sistema de seguridad social sostenible e incluyente.
•
Obras de infraestructura pública en servicios y comunicaciones
que complementen y propicien la inversión privada.
•
Un sistema de justicia eficiente.
21 •
Sistemas de defensa y seguridad interna que generen la
seguridad personal de los ciudadanos.
Con respecto a estos elementos, el gobierno garantizará un consumo o
acceso digno para todos los ciudadanos, tal que se generen los aumentos de
productividad inherentes a una sociedad cada vez más educada y sana, que se
desenvuelve en un espacio cada vez más justo, seguro y apto para la inversión
privada y la generación de empleo productivo que permita la inclusión y el
ascenso social de los sectores más desfavorecidos.
Ayudas sociales:
Así también, en el contexto de las políticas de gasto fiscal se prevé la
existencia de planes de inclusión y ayuda social a poblaciones con
necesidades focalizadas asociadas a la pobreza (poblaciones en riesgo social,
en riesgo vital y en situación de transición productiva) y a condiciones de vida
particulares que dificulten el acceso a los servicios públicos previamente
expuestos. En el diseño de estos planes debe estar estipulado:
•
•
•
•
Cual es la población objetivo.
Mecanismos institucionales para la implementación.
Administración eficiente de las atribuciones y responsabilidades
entre los responsables institucionales.
Mecanismos de evaluación objetivos y sostenidos.
Se espera que estos programas ataquen las causas específicas de la
necesidad focalizada siempre que sea posible, y que se hagan más intensos en
momentos de recesión económica, tal que ayude a paliar el aumento de la
pobreza asociado a dichas recesiones, y que sirva como elemento anticíclico
de la gestión fiscal.
iv) Política Monetaria El ámbito de la política monetaria será manejado por un banco central
independiente,
cuyos
principales
objetivos
serán
la
estabilidad
macroeconómica, especialmente de los precios, y del poder adquisitivo de la
moneda. Así también, se encargará del funcionamiento de los pagos internos y
externos.
La independencia en la ejecución de la política monetaria garantizará
principalmente que las decisiones tomadas estén alejadas de los incentivos
inflacionarios del gobierno. Esta independencia debe mantenerse estable y
nunca amenazada.
Sin embargo, la existencia de objetivos claramente definidos y enfocados
primordialmente hacia la estabilidad de precios y la independencia del banco
central con respecto a la gestión monetaria no garantizan que los objetivos de
baja inflación se cumplan. Es necesario establecer mecanismos que garanticen
que el banco central se aboque exclusivamente a la estabilidad
macroeconómica, no solamente para garantizar una gestión monetaria
prudente, sino para que esta tenga credibilidad entre los ciudadanos,
22 eliminando así la expectativa inflacionaria del sector productivo nacional, y
evitando una espiral inflacionaria difícil de revertir.
Estos mecanismos deben ser claros en términos del rango aceptable de
variación de precios, deben definir un costo específico del no cumplimiento de
los objetivos, y debe establecer las coyunturas específicas en las que es
aceptable una evolución de los precios diferente a la esperada.
Así también, se entiende que solo a través de políticas fiscales y
monetarias coherentes entre sí, se podrán maximizar los esfuerzos para
aminorar la inflación y la volatilidad de la economía. En este sentido, Banco
Central y Ejecutivo Nacional deben concertar en la generación de un entorno
macroeconómico estable que evite la sistemática disminución del poder
adquisitivo de los ciudadanos.
El Banco Central deberá velar por el normal funcionamiento del sistema de
pagos interno, generando confianza en el sistema financiero nacional, en
especial en el mercado de créditos.
Deberá también velar por el normal funcionamiento de los pagos externos,
en términos de la administración de las divisas nacionales, tal que se garantice
la solvencia financiera externa. De esta forma permitirá al país obtener tanto los
bienes y servicios como el capital que requiere del resto del mundo para
garantizar su consumo y su crecimiento.
En conclusión, la correcta ejecución de la política monetaria tendrá como
fin último la generación de bienestar en la sociedad, lograda a través de la
estabilidad de precios, la conservación del poder adquisitivo de los individuos y
el sostenimiento del valor de la moneda.
23 v) Regulación La necesidad de que el Estado regule el comportamiento de los individuos
en algunas áreas de la economía se observa claramente al darnos cuenta que
existe una multiplicidad de situaciones en las que el libre funcionamiento de los
mercados por sí solo no asegurará los mejores resultados. Estas regulaciones
deben, en lo posible, minimizar las distorsiones en la toma de decisiones
económicas al utilizar mecanismos de mercado para lograr los resultados
deseados. Además se debe buscar corregir externalidades negativas, es decir,
acciones de ciertos agentes que tienen efectos perjudiciales sobre terceros, y
otras fallas de mercado.
En cuanto a la regulación ambiental, esta debe tener como fin último crear
los incentivos para alcanzar un nivel de contaminación que la sociedad
considere como aceptable, teniendo en consideración las condiciones sociales
y económicas del país. Esto se podría lograr a través de la creación de
estándares ambientales, y de mecanismos que pongan un costo a la
contaminación, de forma que se tengan incentivos a reducir su nivel. La
regulación ambiental está íntimamente relacionada con el uso responsable de
los recursos, ya que busca lograr una utilización de los recursos naturales que
sea eficiente y sostenible en el tiempo.
La regulación laboral busca, por su parte, que exista estabilidad en el
empleo y que éste provea un nivel de ingresos suficientes para una vida digna,
tomando en consideración que la decisión de emplear debe obedecer a
criterios de eficiencia de las empresas. Esto significa que debe estar
principalmente orientada a la búsqueda de unas condiciones de trabajo dignas
en cuanto a salubridad, seguridad y remuneración. En la elaboración de estas
regulaciones se reconoce que la regulación excesiva eleva los costos laborales
de tal forma que las empresas tendrán pocos incentivos a contratar nuevos
empleados, y mayores incentivos a sustituir al trabajador venezolano por otros
factores de producción, impactando así negativamente en el empleo.
El rol que juega la regulación económica también es fundamental, y se
descompone en dos partes: la regulación del sistema financiero y la de la
competencia. El sistema financiero provee servicios que son fundamentales
para el correcto funcionamiento de la economía, como lo son el sistema de
pagos y la intermediación financiera. Por lo tanto, su regulación es de vital
importancia para la estabilidad macroeconómica, dados los incentivos que
existen en este sector para tomar riesgos. La regulación del sistema financiero
debe ser llevada a cabo por un organismo o superintendencia independiente,
transparente, y con el objetivo claro de perseguir la estabilidad del sistema.
En cuanto a la competencia, existe una clara necesidad de regulaciones
que impidan el abuso de posiciones de dominio y otros comportamientos que
vulneran la competencia y perjudican a los consumidores. La regulación a favor
de la competencia debe estar basada en principios claros y ser conducida de
forma transparente. Con estas regulaciones se busca perseguir tanto la
inclusión social, al ofrecer a todos los ciudadanos el acceso de bienes a precios
competitivos y la oportunidad de competir en los mercados, como promover el
crecimiento económico, al ser la competencia más eficiente en la utilización de
los recursos que otras formas de mercado.
24 5. Proyecto Político Institucional a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía El hombre se desarrolla en sociedad, por lo que todo aquello referente a la
convivencia entre los ciudadanos constituye una parte estructural del bienestar
de los mismos.
El Estado tiene un papel importante en la gestión de los espacios públicos
de convivencia y de toma de decisiones, para que se genere el mayor bienestar
posible a los ciudadanos. La característica de no propiedad individual de estos
espacios justifica la intervención pública para normar su uso, garantizar el
acceso equitativo y justo a los mismos, y mantenerlos funcionando
eficientemente y al servicio de la sociedad.
Sin embargo, para que la gestión del Estado de dichos espacios sea
sostenible y pueda responder eficientemente a las necesidades de bienestar de
los ciudadanos, los parámetros de dicha gestión deben ser definidos,
conocidos y apoyados democráticamente por la sociedad civil.
De esta manera los espacios de convivencia funcionarán de acuerdo a un
conjunto de normas claras, conocidas, respetadas y aprobadas por los
ciudadanos. Estas normas se dan en respeto a los derechos humanos y civiles
de las minorías.
Así pues, el marco institucional, la estructura normativa, y la administración
de los espacios públicos que ejerce el estado debe responder a las siguientes
premisas:
• Estar definido, implementado, evaluado y reformado a través de la
participación democrática de la ciudadanía.
• Ser eficiente en la respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
• Ser claramente entendido y respetado por los ciudadanos.
• Respetar y proteger los derechos humanos y civiles de los individuos.
Tomando todo esto en cuenta, las estrategias en el plano político
institucional que se presentan a continuación buscan mejorar el bienestar de
los ciudadanos, al incentivar o significar un funcionamiento institucional,
normativo y administrativo eficiente en la solución de los problemas públicos, y
al promover y mejorar la participación comunitaria e individual en la solución de
los mismos.
En estos términos, se concibe al sistema político venezolano como un ente
generador de bienestar a la ciudadanía, mediante el funcionamiento correcto y
debido del Estado de Derecho, de las instituciones, de la responsabilidad
política y ciudadana; definido en la Constitución y en garantía de los Derechos
Humanos.
d) Objetivos Una administración pública eficiente, que responda de forma democrática a
las necesidades de los ciudadanos, se manifiesta a través de la consecución
de los siguientes elementos político-institucionales:
25 i) Sistema democrático de origen y carácter civil Asegura que el ejercicio de los poderes responda a los ciudadanos. En este
sentido, se plantea un sistema democrático, participativo y representativo, que
garantice el gobierno de la mayoría, el respeto a los derechos de las minorías y
el principio de alternancia en el poder.
ii) Estabilidad política y gobernabilidad La administración pública debe distribuir los recursos públicos de tal forma que
se genere desarrollo y bienestar social y económico. En este sentido, se
maximiza la probabilidad de paz social y estabilidad política. Se busca que
todos los sectores sociales se desenvuelvan en un contexto de libertad
individual, derecho a la propiedad privada, convivencia y tolerancia, desarrollo
sustentable, igualdad de oportunidades y seguridad jurídica, ciudadana y
social. En la medida en que esto se cumpla, dichos sectores tienen incentivos
para desarrollarse en el contexto de las normas existentes, y buscar su cambio
de forma evolutiva, pacífica y a través del consenso. Así también, el poder del
gobierno se debe encontrar limitado de forma clara, y sujeto al escrutinio
democrático de la sociedad.
iii) Descentralización efectiva en términos políticos y presupuestarios Permite distribuir el poder de manera eficiente y equilibrada, acercarlo al
ciudadano y facilitar el desarrollo de las regiones y municipios.
iv) Institucionalidad en la administración pública La sociedad debe ser sostenedora del aparato del Estado, por lo tanto, es a
sus ciudadanos a quien el Estado se debe. En este sentido, se busca
garantizar que este ente trate a todos los ciudadanos de forma justa, legal e
imparcial, en cualquier acción que ejerza, tal que sirva como mediador y árbitro
creíble entre ciudadanos y organizaciones con intereses diferentes o
contrapuestos. La administración pública debe darse en términos de una
función de servicio y atención eficiente y efectiva al ciudadano, a través de
procedimientos institucionalizados, formales y estables en el tiempo.
v) Espacios de participación individual y comunitaria Para posibilitar el ejercicio proactivo de la democracia, se requiere que los
ciudadanos tengan posibilidades reales de incorporar sus problemas comunes
dentro de la agenda de políticas públicas, de incorporarse al diseño de las
soluciones y de ser parte de la evaluación de las mismas. En este sentido, se
concibe la institucionalización de espacios de participación ciudadana para la
solución de los problemas comunitarios.
El Estado, funcionando en estos términos, podrá administrar legítimamente
los espacios e instituciones públicas, normar su uso, garantizar el acceso
26 equitativo y justo a los mismos, y mantenerlos funcionando eficientemente y al
servicio de la sociedad, siempre en el contexto de la participación democrática,
la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos y civiles de todos.
e) Estrategias Para que los espacios de participación y convivencia públicos funcionen de
forma eficiente, justa y democrática, deben existir una serie de elementos que
garanticen el cumplimiento de los objetivos previamente expuestos. En este
sentido, se plantean las siguientes estrategias en relación al funcionamiento de
dichos espacios.
i) Estructura de los poderes La estructura de poderes e instituciones se fundamenta en la búsqueda de
distribución del poder, tal que exista la pluralidad en la toma de decisiones, y
que se acerque ésta al ciudadano y las comunidades.
En este sentido, existe plena autonomía y división de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial en términos legales y funcionales. Cada uno ejerce control
sobre los demás poderes, operando como un sistema de balanza de pesos y
contrapesos. La administración de los espacios públicos por parte del Poder
Ejecutivo queda sujeta a demandas arbitradas por el Poder Judicial, el cual a
su vez puede decretar la falta de validez constitucional de las leyes aprobadas
por el Poder Legislativo. La aplicación de las leyes debe contar con la firma del
Presidente de la República, y este, junto con el apoyo suficiente de la
Asamblea Nacional, nombra a los jueces y magistrados que forman parte del
Tribunal Supremo de Justicia.
El objetivo de este sistema consiste en que los poderes controlen
mutuamente sus acciones, garantizándose así que estas se ciñan de forma
democrática al bienestar común, al desarrollo de la nación y al respeto a la
Constitución y las garantías individuales establecidas en ella.
Así también, el acercamiento de la toma de decisiones al ciudadano y la
comunidad demanda la existencia de un sistema descentralizado del ejercicio
de los poderes. Con este fin, el Estado cuenta con una estructura federal, de un
alto nivel de descentralización funcional de todos los poderes públicos. Los
niveles Nacional, Estadal y Municipal tienen atribuciones y límites claramente
establecidos.
Si bien el gobierno nacional es corresponsable de los compromisos
atribuidos a las gobernaciones y las alcaldías, estas tienen autonomía política y
presupuestaria, tal que se disminuya la posibilidad de injerencia unilateral del
Ejecutivo Nacional sobre las políticas descentralizadas, e incentivar una
administración descentralizada competente y eficiente. Los pesos y
contrapesos entre poderes y las atribuciones funcionales del Poder Legislativo
y el Poder Judicial también funcionan de forma descentralizada.
Sin embargo, el Ejecutivo Nacional se reserva las competencias exclusivas
sobre la Seguridad y Defensa Nacional, la Política Petrolera y la Política
Exterior. Esta última se plantea como una política exterior institucional y de
Estado, donde prevalece el interés nacional dirigido al desarrollo sustentable, el
27 respeto a los tratados signados y el apego al principio democrático de no
injerencia.
Otro mecanismo para promover la autonomía y distribución del poder
consiste en la descentralización funcional, en términos del traspaso de
competencias del poder público nacional a instituciones y organizaciones
públicas autónomas, que funcionen a través de procedimientos
institucionalizados, formales y estables en el tiempo y entre gobiernos.
Esta estructura busca que las decisiones implementadas cuenten con los
consensos suficientes entre poderes para garantizar que dichas decisiones
respondan única y exclusivamente a las necesidades y preferencias de la
sociedad, y que la decisión de estas se acerque los ciudadanos en la medida
de lo posible.
ii) Sistema electoral Los representantes a cargos de elección popular se escogen a través de
elecciones libres y limpias. El voto es universal, directo y secreto. El árbitro
electoral es absolutamente autónomo, independiente, justo y no responde a
presión o coacción alguna por parte de los actores políticos. Su gestión está
monitoreada y controlada por ciudadanos, partidos políticos, organizaciones y
veedores internacionales, tal que no quede duda alguna de su imparcialidad en
los procesos electorales.
En el contexto de la competencia por el voto, los candidatos deben cumplir
con normas justas y claramente establecidas en relación a la dinámica de la
campaña y al financiamiento de la misma. El árbitro electoral es el encargado
de monitorear la campaña y hacer cumplir dichas normas.
Paralelamente, existen medidas alternativas de control ciudadano sobre los
poderes públicos a través de mecanismos electorales. Se plantea la posibilidad
de referéndum revocatorio a la mitad del periodo para todos los funcionarios
que hayan sido electos por voto popular, así como la doble vuelta en las
elecciones de los integrantes del poder Ejecutivo.
En este sentido, se logra la confianza necesaria para obtener altos niveles
de participación y legitimidad del sistema democrático, se disminuye el
ventajismo y el derroche en el contexto de la campaña, y se provee la
transparencia necesaria para garantizar que la voz de la ciudadanía se vea
justamente representada en los resultados de la contienda, generando
credibilidad, estabilidad política y gobernabilidad.
iii) Fuerzas Armadas Las Fuerzas Armadas Nacionales se encargan de mantener la soberanía
del territorio nacional, de garantizar la seguridad interna en situaciones
coyunturales, y de hacer cumplir las decisiones democráticamente dispuestas
de la sociedad civil. Sus acciones se enmarcan en lo establecido en la
Constitución y la normativa legal.
El profesionalismo que se requiere para el manejo de las armas justifica la
existencia de normas estrictas en relación a la participación política de los
militares. En este sentido, si bien se les permite votar, se les prohíbe tener
militancia política y optar a cargos de elección popular.
28 Las Fuerzas Armadas funcionan de forma institucional. Para formar parte
de ellas debe cumplirse con una carrera militar, y en base a los méritos
logrados en esta se generan los ascensos de rango.
Si bien la subordinación, disciplina y obediencia son vitales en la estructura
vertical de las Fuerzas Armadas, ningún militar debe actuar fuera del marco
establecido en la constitución y las leyes, aun cuando la orden venga de un
superior. En este sentido, cualquier violación a la constitución y las leyes por
parte de un militar genera sanciones sobre ese militar y sobre los superiores
que ordenaron la acción.
Las Fuerzas Armadas, al funcionar de la forma expuesta, contribuyen con
la generación de orden, paz y estabilidad del sistema democrático, generando
gobernabilidad y bienestar.
iv) Contraloría Pública Para garantizar que la administración de los recursos y espacios públicos
por parte del gobierno ocurra de forma institucional, justa e imparcial, deben
implementarse mecanismos de contraloría que le obligen a hacerlo.
En este sentido, la Contraloría de la República, la Fiscalía General de la
República y la Defensoría del Ciudadano funcionan como instancias del Estado
autónomas e independientes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con potestad
legal y efectiva de juzgar y hacer responsable al Ejecutivo o a la República por
cualquier abuso, extralimitación o acto ilegal que este último ejerza en
detrimento de un ciudadano o de la ciudadanía en general.
La transparencia en relación a la gestión del gobierno en todos sus niveles
permite a la opinión pública enterarse del destino de sus recursos y de la
calidad de la administración pública por parte del Ejecutivo.
En este sentido, El Ejecutivo debe ofrecer un balance oficial público de las
acciones y decisiones que ha tomado, así como justificar públicamente la razón
de dichas acciones. Así también, organizaciones privadas o no
gubernamentales tienen la capacidad y el derecho de monitorear la gestión del
Estado y las condiciones de la sociedad sin temor a represalia alguna.
Entendiendo a la democracia como la capacidad ciudadana de actuar y
participar efectivamente en la solución de los problemas públicos, esta solo
puede darse si los ciudadanos se encuentran informados oportunamente en
relación a dichos problemas. Así pues, los medios de comunicación Social,
públicos o privados, funcionando de forma autónoma e independiente, y forman
parte estructural de la democracia venezolana al garantizar que los ciudadanos
se informen de los hechos de forma veraz y oportuna, estén en contacto con
análisis plurales de la situación nacional y puedan actuar de forma prudente en
relación a lo que ocurre a su alrededor. Estos se limitan a informar y analizar la
realidad, sin interferir como un actor político en ella.
Todos estos elementos, funcionando de forma conjunta, garantizan que el
Estado sea administrado de forma institucional, y que cualquier desviación del
Gobierno sea prudente y oportunamente penalizada e informada a la
ciudadanía. De esta forma se promueve la eficiencia, la justicia y la
meritocracia en la administración pública.
29 v) Convivencia y educación ciudadana: La convivencia ciudadana como estilo de vida se consigue a través de la
construcción de ciudadanos que conozcan sus normas e instituciones, estén
conscientes de sus deberes y derechos, y que sean capaces de resolver los
problemas de su entornos con su esfuerzo y el apoyo de su comunidad. En
este sentido, se promueve el conocimiento, valoración y respeto por la cosa
pública, y sentido de pertenencia por el patrimonio colectivo, y facilita la
formación mancomunada en la solución de problemas comunitarios a través del
emprendimiento y la acción pública.
vi) Liderazgo Responsable Los partidos políticos son reconocidos y aprobados de forma institucional.
En este sentido, las diferentes tendencias políticas se ven representadas
legítimamente a través de este tipo de organizaciones, promoviendo el
pluralismo de ideas y opiniones, y la posibilidad de que estas sean tomadas en
cuenta en los espacios públicos de toma de decisiones.
El Estado, junto con los recursos y esfuerzos privados, promoverá la
preparación formal de estudiantes y funcionarios destacados en el área de la
administración pública, en todos su renglones. En este sentido, se promueve la
competitividad administrativa presente y futura, y se incentiva a los jóvenes a
participar en la política y el desarrollo del país.
Se reconocen a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones
civiles como órganos de consulta, monitoreo y contraloría de las condiciones
sociales y la administración pública, brindándole a esta apoyo y transparencia.
El Estado, los partidos, las ONG´s y las asociaciones civiles se encargan
de brindar el apoyo y asesoramiento adecuado a los líderes comunitarios para
la elaboración, control y evaluación de los proyectos sociales que se remitan a
su comunidad.
En la búsqueda de eficiencia en la administración de los recursos públicos,
se promueve la meritocracia como principio y método que garantiza la
competencia de las personas que se encuentren en un cargo administrativo
público. En este sentido, todo ascenso, promoción o aumento de salario en la
administración pública debe justificarse en un aumento de la eficiencia,
competencia o productividad del funcionario público. Cualquier elemento fuera
de este contexto se considera irregular y debe ser investigado a profundidad.
30 6. Conclusión Las ideas plasmadas en este Proyecto de País han sido trabajadas por un
equipo multidisciplinario de jóvenes, estudiantes y egresados de distintas
universidades para dar respuesta a las necesidades y carencias que sufrimos
actualmente como sociedad desde las perspectivas de diferentes áreas de
conocimiento.
A lo largo del mismo se expresan valores, objetivos y estrategias sobre las
cuales consideramos que se debe construir consenso. Desde el funcionario
público hasta el ciudadano común, el consenso permite canalizar los esfuerzos
y talentos de todos en el alcance de un fin común, garantiza que las exigencias
de los ciudadanos se circunscriban a ideas claras y apoyadas por todos, y
promueve que la gestión pública se de en los términos acordados por
diferentes sectores
En ese sentido, al proponer este proyecto de país, lo que se busca es
construir consenso a partir de él. Estamos seguros de que para ver la
materialización completa de este proyecto se deben dar los pasos políticos y
estratégicos adecuados para lograrlo. Este es un esfuerzo a largo plazo, que
requiere compromiso, constancia, trabajo en equipo y la suma de voluntades
de todos los venezolanos.
Por lo tanto, después de haber definido que el fin último del sistema político
venezolano es el bienestar de los ciudadanos en todas sus dimensiones,
podemos concluir que para que la Visión de País se convierta en realidad, es
necesario el conocimiento por parte todos los venezolanos de este proyecto y
construir consenso a partir de él.
En consecuencia, debemos convertir este Proyecto de País, escrito bajo la
mirada semblante de jóvenes, en un sentimiento nacional donde cada uno de
los ciudadanos se sienta identificado con el país que queremos, asumiendo la
visión conjunta del tipo de sociedad que deseamos alcanzar y buscar los
puntos de acuerdo en cuanto al como alcanzarlos.
Los jóvenes expresamos aquí una visión de Venezuela deslastrada de la
diatriba y el discurso polarizado que nos separa actualmente como sociedad.
Este proyecto de país propuesto por los estudiantes no juzga ideología,
religión, sexo, composición social, raza etc., está hecho para los venezolanos
sin discriminación alguna. Sin embargo, la materialización de este proyecto
depende de cada uno de nosotros como parte de una sociedad, de nuestro
compromiso con Venezuela y de nuestra voluntad política de tener como meta
común e individual al desarrollo pleno de Venezuela y de sus ciudadanos.
En ese sentido, buscamos la participación de las ONG, partidos políticos,
líderes y demás organizaciones para hacer parte de este sueño a todos los
venezolanos a lo largo y ancho del territorio, y así, poder construir un país
consciente de su responsabilidad enmarcado en un futuro ético y con un rostro
más humano.
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