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Transcript
EDITORIAL
3
elEconomista
Consumo
APROBADOS Y SUSPENSOS
Compartir frente a poseer,
pero bajo un marco legal
E
ntre los nuevos modelos de consumo a los que
se enfrenta la sociedad actual, sin duda la
economía colaborativa (P2P) es una de las que
tiene más recorrido y que da lugar a mayores
confusiones en cuanto a la legalidad de sus
prácticas respecto a la economía de toda la vida. Lo cierto es
que está corriendo como la pólvora y las leyes no van al
mismo ritmo. Hay una lucha abierta entre
los defensores y detractores de la
economía colaborativa, pero es un hecho
que no sólo ha venido para quedarse,
sino que es una bola que se va haciendo
cada vez más grande y no es posible
ignorarla ni intentar matarla. Por lo tanto,
urge crear un marco regulatorio que
satisfaga a todas las partes afectadas
para garantizar una competencia en
igualdad.
En el reciente informe presentado por
la OCU Consumo colaborativo: del valor
para los usuarios a una sociedad con
valores, en el que evalúa diversos aspectos tanto legales
como sociales de 70 de estas plataformas -21 de ellas
operan en España-, este tema es tratado en profundidad y es
interesante resaltar algunas de las recomendaciones que
apuntan. Las plataformas colaborativas deben informar a
todos sus usuarios, tanto a los que actúan como
consumidores como los que asumen el papel de
prosumidores, acerca de la legislación que se les aplica,
según el país y el sector en el que operen. Esta información
debe estar visible y redactada con claridad y hay que hacer lo
posible por simplificar al máximo su cumplimiento. También
apuntan que sería beneficioso para el conjunto de la
economía colaborativa que las plataformas
fueran más transparentes y rindieran
cuentas de su impacto económico, social y
medioambiental. La transparencia y la
información detallada es la única forma de
resolver la actual falta de evidencias sobre
el impacto del consumo colaborativo.
Pero el informe también tiene peticiones
para los legisladores y las
Administraciones Públicas; entre otras, que
definan los parámetros que distinguen a
una actividad profesional de una actividad
privada, reconocer al proconsumidor como
un nuevo tipo de actor económico y definir
reglas simples que delimiten las obligaciones tributarias y
administrativas para los ciudadanos que ofrecen un servicio
no profesional de forma ocasional. En resumen, un buen
cumplimiento de las obligaciones fiscales es esencial para
contrarrestar la competencia desleal.
Hay una lucha abierta
entre los defensores y
detractores de la
economía colaborativa.
Urge crear un marco
regulatorio que
garantice la igualdad
en la competencia
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La política comercial de Endesa espanta
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Según los expertos de la plataforma médica
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