Download ¿se va a convertir la ue en el nuevo fmi?

¿SE VA A CONVERTIR LA UE EN EL NUEVO FMI?
escrito por Ricardo Molero Simarro
Después de la crisis de los años setenta el FMI había sido la institución que, de
manera paradigmática, había logrado imponer el paquete neoliberal de medidas de ajuste
estructural. Su objetivo principal no era sino la recuperación de la rentabilidad empresarial,
algo logrado gracias a tres décadas de regresión en la participación de los salarios en la
renta. En la actualidad vemos que, ante la imposibilidad de los estados miembros del Euro
de recurrir a la devaluación para enfrentarse a la crisis actual, es la UE la que toma el relevo
del FMI para imponer ese mismo tipo de medidas, a cambio de respaldos como el dado a la
economía griega. En estas condiciones la factura a pagar por mantener la moneda única
amenaza muy seriamente con volver a caer sobre los asalariados (también en España).
Una nueva crisis del capitalismo. A estas alturas de la historia está claro que no es la
primera, pero no se debe olvidar que tampoco va a ser la última. Y esto importante sobre
todo al reflexionar sobre lo que de manera tramposa suelen denominarse las “salidas” a la
crisis.
La que se le dio a la última que tuvo una magnitud similar a la actual, la de la década de
1970, fue la de la universalización de las políticas de ajuste estructural. Su objetivo
principal era revertir la caída de la rentabilidad empresarial que se había venido
produciendo, tanto en EE.UU., como en Europa, desde mediados de la década anterior. No
en vano, lejos de ser un simple efecto de la subida de los precios del petróleo, la crisis tenía
esa caída como causa más profunda. De hecho, a finales de esa década, economistas como
Jeffrey Sachs (conocido actualmente por su supuesto trabajo en la lucha contra la pobreza)
no se dedicaban a otra cosa que a reflexionar sobre cómo utilizar instrumentos como la
política monetaria para resolver, recortando los salarios reales, el problema del denominado
profit squeeze(1).
Este tipo política monetaria, que, de hecho, fue el puesto en marcha por Ronald Reagan
pocos años después, en realidad no era sino parte de un programa más amplio de ajuste
salarial (2) que incluían medidas como el ajuste fiscal (mediante el recorte del gasto
público), la liberalización comercial (mediante la reducción de las barreras arancelarias y
no arancelarias), la liberalización financiera (mediante la apertura de las economías a la
libre entrada y salida de capitales extranjeros), la privatización de las empresas públicas y,
finalmente, la desregulación del mercado laboral. Estas políticas fueron el contenido básico
de los planes de ajuste estructural, que el FMI y el BM fueron imponiendo en América
Latina y África como condicionalidad básica a cumplir a cambio de los préstamos
concedidos para enfrentar la crisis de la deuda externa. Pasados los años dichas medidas se
universalizaron a lo largo y ancho del mundo, teniendo como resultado final una caída
generalizada de la participación de los salarios en la renta nacional y gracias a ello una
recuperación de la rentabilidad del capital.
Estábamos en ésas cuando, como efecto más inmediato de la liberalización financiera,
estalló en el centro mismo del capitalismo mundial una crisis de tan grandes proporciones
como la que estamos viviendo. La secuencia, aunque con cierta controversia en su
interpretación, es de sobra conocida, por lo que aquí nos abstendremos de volver a relatarla
(3). Sin embargo, en lo que está ocurriendo actualmente comienzan a aparecer una serie de
preocupantes similitudes con lo ocurrido desde los años setenta, que no parecen haber
llamado todavía la atención pública. En efecto, todos los sesudos analistas que llenan las
páginas de los periódicos de negocios habían descubierto paralelismos importantes con el
estallido de la crisis de 1929. De hecho, en respuesta a ellos, es decir, para evitar las
desastrosas consecuencias de las políticas puestas en marcha entonces, se dotaron obscenos
paquetes de rescate a las instituciones bancarias y financieras estadounidenses y europeas.
Esta suerte de “keynesianismo para ricos” como se le ha querido denominar hizo pensar a
algunos que lo que venía a continuación iba a ser algún tipo de “keynesianismo para
pobres”. Supuestamente era ése el que se había instaurado desde finales de los años treinta
y, en mayor medida, una vez acabada la II Guerra Mundial. En cambio, sin luchas políticas
como las que en su momento permitieron alcanzar numerosas conquistas sociales, ahora, en
esta segunda gran fase de medidas de respuesta a la crisis, los hechos están muy lejos de
confirmar esas esperanzas. Por el contrario, lo que está empezando a ponerse en marcha es
una renovación de las políticas regresivas que siguieron a la crisis de los setenta, aunque
parece que esta vez con un nuevo (en realidad, no tan nuevo) actor en escena: la Unión
Europea.
Las razones de su (re)aparición son también de sobra conocidas: las limitaciones impuestas
a las distintas economías nacionales que la forman por la pertenencia (o vinculación) de
sus respectivas monedas a la moneda única, el Euro. Ante la consiguiente pérdida de
soberanía monetaria de los países, éstos ya no pueden utilizar la política cambiaria (es
decir, las devaluaciones) como medida para lograr una mejora nominal de su
competitividad externa. En esa situación, los desequilibrios en las balanzas por cuenta
corriente, que en la época de crecimiento habían sido financiados con entradas de capitales
extranjeros, comienzan a ser difícilmente sostenibles. Los gobiernos tratan de mantener la
actividad económica mediante grandes canalizaciones de gasto público, tratando a su vez
de que las tasas de desempleo no acaben de desbocarse. Esto, sin embargo, dispara el
déficit y los denominados “mercados financieros” comienzan a cuestionar la deuda del
estado del que se trate, aplicando diferenciales cada vez mayores en los tipos de interés
exigidos. Lo cual da la excusa perfecta al empresariado, nacional e internacional, para
exigir una parada en las medidas “excepcionales” que se estaban tomando hasta este
momento y volver a introducir el paquete del ajuste estructural (es decir, salarial) anterior a
la crisis.
Siguiendo esta secuencia, ya hemos tenido el privilegio de asistir a la vuelta a las andadas
del FMI, esta vez en Letonia. Frente a la imposibilidad de devaluación externa del país
báltico por tener su moneda pegada al Euro, al Fondo no se le ha ocurrido otra cosa mejor
que imponer un programa de “devaluación interna a través de la disminución de salarios y
precios”. Este programa no tiene, en realidad, otro contenido que el hacer cargar el peso del
intento de restitución, vía precios, de la competitividad de la economía letona sobre los
asalariados. Los efectos de las políticas, monetarias y fiscales, contractivas no han sido
otros que la caída de los precios y la reducción del déficit externo, a costa de una
contracción del 21,8% del PIB, un incremento del paro desde el 5,4% al 22,3% y una
disminución del 9,9% de los salarios nominales, todo en menos de dos años (4). Es decir,
consecuencias similares a las sufridas sobre las economías latinoamericanas y africanas que
se veían forzadas a buscar superávit comerciales para atender las obligaciones de una deuda
engordada por la subida de los tipos de interés internacionales.
El otro caso que se encuentra de gran actualidad (aunque no es el único, no olvidemos lo
ocurrido en Irlanda y pensemos en lo que está pasando las últimas semanas en España) es el
de Grecia. En realidad, tampoco la UE está haciendo otra cosa que renovar su confianza en
unas políticas que ya había desplegado, como mínimo desde el Tratado de Maastrich, en
forma de “criterios de convergencia” para entrar en el Euro y posteriormente de los límites
contenidos en el tanta veces incumplido “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”. Sin
embargo, hay un elemento que parece marcar una diferencia, si no sustancial, al menos, sí,
muy simbólica: la legitimidad ampliada para exigir la imposición de políticas de ajuste sin
esperar a la connivencia del Estado miembro que las va a sufrir. Una capacidad que, al
igual que lo era en el caso del FMI, es la contrapartida básica impuesta a cambio de la
concesión de apoyo financiero a la economía que se encuentra en dificultades.
El problema, una vez más, es conocido: Grecia presenta un déficit público que llega al
12,7% en 2009 y los mercados financieros empiezan a exigir crecientes diferenciales de
interés para financiar esa deuda. Ante el riesgo de que ese desequilibrio fiscal afecte a la
estabilidad del Euro, la UE sale al supuesto rescate de Grecia tratando de respaldar las
próximas emisiones de bonos del país helénico, que pueden llegar a los 5.000 millones de
Euros. Los medios y los mercados se congratulan del cambio de papel de la UE, pero desde
el primer momento queda claro que el precio a pagar va a ser muy alto (5). Éste incluye no
sólo la reducción del gasto de la administración pública, sino también toda una serie de
“reformas estructurales”, entre ellas, la de los sistemas de salud y de pensiones. El objetivo:
reducir el nivel del déficit hasta el 2,8% en 2012. Para verificar su cumplimiento la
Comisión Europea se arroga el derecho de examinar cada trimestre la gestión de las
autoridades griegas, llamando a la aplicación de uno de los artículos incluidos en el
ilegítimo Tratado de la Constitución Europea.
De este modo, ante el chantaje de los mercados financieros, la UE se convierte en su nueva
policía, con el pretexto de las limitaciones impuestas por su moneda única. El carácter
salarial de este nuevo ajuste para salir de la crisis queda patente en primer lugar en la
afectación del salario indirecto (salud) y diferido (pensiones). Sin embargo, no sólo éstos se
van a ver reducidos, también lo va a hacer el propio salario directo, tanto el de de los
funcionarios públicos (los primeros en sufrir los recortes) como el del conjunto de los
trabajadores griegos (cuya 14ª paga también se ha visto cuestionada). Para justificarse ante
esta socialización de las pérdidas Papandreu, el primer ministro griego, se atreve a hablar
de la necesidad de “reducir los privilegios acumulados” (El País, 26 de febrero de 2010).
Sin embargo, se olvida de quiénes fueron los principales beneficiarios de la privatización de
los beneficios del anterior crecimiento económico. Tomando únicamente el caso de Grecia,
según las estadísticas de la base de datos AMECO de la Comisión Europea, la participación
de los salarios en la renta había pasado de representar el 61,3% en 1990, al 53,8% a finales
de
2009.
La evolución es similar en el resto de economías europeas (y del resto del mundo). A pesar
de ello, con la excusa de la crisis, se encuentra en marcha una nueva ofensiva contra el
salario, esta vez impulsada por la UE. Obviamente, a la hora de buscar mejoras de
competitividad internas para salir de la crisis nadie, ni la UE, ni los prestigiosos analistas y,
en muchos casos, ni los sindicatos mayoritarios se acuerdan de que existe otro gran
componente que forma los precios, el margen empresarial, que es igualmente cuestionable.
Hacerlo implicaría considerar el conflicto distributivo como algo esencial del
funcionamiento del capitalismo, también y, sobre todo, a la hora de enfrentar una de sus
crisis. Con el enemigo tan dentro como hemos visto que se encuentra, en la economía
española no nos queda otra que tomárnoslo muy en serio porque, no en vano, estamos
siendo los siguientes en sufrir los ataques de los mercados financieros internacionales. Su
efecto: toda la miríada de análisis y propuestas pidiendo el abaratamiento del despido, la
ampliación de la edad de jubilación y reducciones salariales. Sólo las luchas sociales y
sindicales podrán evitar que la secuencia sea similar a la seguida por Grecia (y por tantos
otros).
-----------------------(1)En un texto de 1979 Sachs afirmaba: “I do want to explore the role of conventional
monetary policy in dealing with the supply-side problem posed by high real wages and a
profit squeeze. (…). In the models of Gordon, Phelps, and Bruno and mine, the value of
monetary policy depends on its ability to affect real wages by altering the price level”.
(Sachs, Branson y Gordon, 1979: “Wages, Profits and Macroeconomic Adjustment. A
comparative Study”, en Brookings Papers on Economic Activity, Vol.1979 (2), pp. 269 a
332).
(2) Sachs, acababa su artículo hacienda referencia a ese marco más amplio de políticas en
los siguientes términos: “Finally, priority should be given to careful, institutional study of
the various incomes policies applied throughout the developed economies since 1975.
Important success has occurred in the last two or three years in reducing real wage
settlements to levels consistent with the slower growth of productivity and the adverse
terms-of-trade movements. Part of that success must be attributed to the painful ordeal of
high unemployment and slow growth, but another part is from the successful application of
<<social contracts>>, payroll tax cuts, wage and price controls, and other policy
instruments. It is especially important today to understand how these policy choices have
fared. With the substantial hike in oil prices in 1979, these policies will again be invoked as
a part of macroeconomic management in the coming years”. No en vano, él mismo se
encargaría de aplicarlas directamente a través de paquetes de medidas, como las contenidas
en el Decreto Supremo 21.060 aprobado en 1985 en Bolivia, en cuya elaboración participó
directamente.
(3) Sobre la interpretación que aquí defendemos puede consultarse el siguiente artículo
publicado en esta misma revista: AA.VV. “Ajuste, salario y crisis en la economía mundial”.
En él, además, se repasan los resultados de las políticas de ajuste estructural en términos de
distribución de la renta entre salarios y beneficios durante las tres últimas décadas:
http://economiacritica.net/web/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemi
d=39
(4) Para conocer en profundidad lo ocurrido en Letonia recomendamos el informe
elaborado por Mark Weisbrot y Rebecca Ray, del CEPR de Washington, “Latvia´s
Recession: The Cost of Adjustment with an <<Internal Devaluation>>”, en cuyas
estadísticas nos hemos basado y que se puede encontrar aquí:
http://www.cepr.net/documents/publications/latvia-recession-2010-02.pdf
(5) Es muy significativa, en este sentido, la declaración de intenciones de “una alta fuente
comunitaria” afirmando que “las condiciones de la UE no serán menos duras que las que
habría exigido el FMI” (El País: “Bruselas apoyará el plan de austeridad griego pero lo
evaluará cada trimestre”, 2 de febrero de 2010).
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Extractado de: Economía crítica y crítica de la Economía