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¿Cómo salir del laberinto?: profundizar y no claudicar en la Agenda Alternativa Bolivariana. (Apuntes de la propuesta presentada en el Congreso de Economía del PSUV solicitado por el presidente de la República Nicolás Maduro.) Luis Salas Rodríguez. ∗
“… el enfoque fragmentario y simplificador de la “Agenda Venezuela” (el último plan de ajuste neoliberal aplicado en el país por Rafael Caldera), es además fundamentalista, al ser presentada como la única vía disponible, sin la posibilidad de que pueda haber por alguna recóndita dimensión del pensamiento, otra modesta opción para los venezolanos. Es el “fin de la historia” de Fukuyama tomando por asalto la tierra de Bolívar. Es la negación de la inteligencia misma. “Muera la inteligencia”, pareciera ser el lema central de la “Agenda Venezuela”. Los bolivarianos, los revolucionarios, los patriotas, los nacionalistas, nos negamos a aceptar y mucho más, a seguir, tales postulados. El fin de su vieja historia es para nosotros el comienzo de nuestra nueva historia.” Hugo Chávez. Julio de 1996. Dadas las urgencias planteadas por el tiempo vayamos a lo concreto: Asumido como un hecho el efecto de la guerra económica en la derrota electoral del pasado 6-­‐D, todo lo que vaya a hacerse en política económica de cara a los nuevos escenarios planteados por la mayoría parlamentaria de la derecha en la Asamblea Nacional, debe partir de las siguientes consideraciones. La primera es un diagnóstico correcto de qué fue lo que falló o está fallando en la manera cómo se ha abordado la guerra económica. Y esto no solo partiendo del hecho elemental de que todo lo que uno debe hacer, corregir o reafirmar en política en general y en política económica en particular, debe partir de un diagnóstico correcto, sino que todo pareciera indicar –y el ánimo popular así parece reafirmarlo-­‐ que más que la guerra económica en sí misma, lo que termina afectando a la población y por tanto reflejándose en el resultado electoral es la manera de enfrentarla –y en algunos casos de no enfrentarla-­‐ por parte del Gobierno Nacional y las filas revolucionarias, incluyendo en el renglón “Gobierno Nacional” no solo al Ejecutivo, sino también y sobre todo al BCV y otras instancias del Estado. Por otra parte, hay que estar claros en las estrategias planteadas por la derecha de cara a los próximos meses. Se ha hablado mucho de la posibilidad de la convocatoria por parte de ésta a un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, lo que nos colocaría a las puertas de una nuevas elecciones a mediados de 2016. Sin embargo, no se ha tomado mucho en consideración que, de cara a los verdaderos objetivos de la derecha, esa vía no es necesariamente la más atractiva por una razón muy simple: pues un hipotético nuevo gobierno de derecha tendría la responsabilidad de tomar las medidas de ajuste macroeconómico de corte neoliberal que exige, altamente impopulares y conflictivas como bien sabemos, lo que le traería serios problemas de gobernabilidad. Así las cosas, a mi modo de ver, y tal de hecho ∗
Director del Centro de Estudio de Economía Política de la UBV. como lo planteó recientemente Luis Vicente León en una entrevista con Vladimir Villegas, la táctica de la derecha empezará de entrada por presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que se él quien tome dichas medidas y corra con sus costos sociales y políticos. Lo que para la derecha tendría la ventaja por lo demás de enterrar de una vez y para siempre las banderas sociales y económicas del chavismo. Es decir, el chavismo, que insurgió política, económica, social y culturalmente contra el ajuste neoliberal de los 90, en el caso de terminar haciendo lo mismo por “pragmatismo”, se estaría anulando a sí mismo y confirmándole al país y el mundo que, como decía Margaret Thatcher, “no hay alternativa al capitalismo” y que todo intento de hacer lo contrario termina en un rotundo fracaso o estrepitosamente en el mismo punto de partida. Cómo corregir lo que hay que corregir en los tiempos que tenemos sin caer en las trampas –o en las tentaciones-­‐ planteadas por la derecha y por el discurso económico ortodoxo convencional del cual es prisionero también una parte de la izquierda, es, a mi modo de ver, el principal reto que tenemos. Adicionalmente existen otros factores que actúan como condicionantes de la política, que nos terminan afectando sin que tengamos nosotros realmente capacidad de darles respuestas. El más importante de todos es la restricción externa, esto es, la profunda crisis económica global expresada en una contracción del consumo y por tanto del comercio mundiales, que explica, más allá de la guerra económica, comercial y financiera, la caída del precio de nuestro principal producto de exportación y única fuente real de divisas: el petróleo. Pero dicha restricción también supone y manifiesta como un cierre o al menos estrechamiento de los mercados para cualquier otro producto de exportación con el cual queramos superarla y apalancar nuestra economía para hacerla crecer. Así las cosas, a lo que vamos, es que el gobierno revolucionario en los cortos plazos planteado por el nuevo escenario post 6-­‐D, debe reinventarse y recuperarse no solo enfrentando la arremetida de la derecha en los anaqueles y bolsillos de los venezolanos y venezolanas sino también en el parlamento, al tiempo que debe lidiar con variables de orden externo que no controla o sobre las cuales tiene incidencia limitada, siendo el reto principal cómo hacerlo sin que eso se conduzca a una nueva derrota política, pero tampoco en una claudicación de sus principios fundacionales lo que sería tal vez peor. Pero así como lo anterior es cierto no lo es menos que se parte con importantes ventajas y fortalezas de orden táctico y estratégico: la primera es que los resultados electorales del 6-­‐D demuestran que lo que pudiera interpretarse como un voto castigo contra el gobierno se decanta más por el lado de la abstención que por el de un apoyo a la derecha, lo que en término concretos significaría que política y culturalmente y a pesar de los pesares se sigue siendo mayoría, pero además, que dentro de esa mayoría, tenemos a su vez una mayoría muy organizada y convencida ideológicamente capaz de hacer frente a todos los avatares de la guerra económica. Las movilizaciones ya activaciones de las que hemos sido testigos y protagonistas estos días así lo certifican. Lo segundo es que ahora podemos dar la batalla ideológica sobre los modelos en vivo y directo. Es decir, siempre se le ha criticado al chavismo que hablaba del pasado, de la Cuarta, etc. Y por lo demás, entre las ofertas del oposicionismo, está principalmente la de mejorar, progresar, etc., lo cual significa no solo no hacer colas sino que la gente tenga empleos estables, salarios dignos, precios accesibles, pueda ejercer sus derechos socio económicos, etc. Lo cierto sin embargo es que todo esto es incompatible con cuestiones como la eliminación de las garantías al trabajador y la trabajadora existentes en la ley del trabajo que quieren eliminar, con la eliminación de los precios justos y pare usted de contar. De tal suerte, como acaba de pasar con el tema de la inamovilidad y la LOTTT, tendremos el debate de los modelos económicos y de sociedad en tiempo real, siendo que la gente tendrá que elegir entre los que le garantizan sus empleos, sus salarios dignos y sus derechos, y quienes plantean que deben suprimirse. Ya no tenemos una disputa con el pasado sino con el presente y el futuro. En tercer lugar, y es esto es tal vez lo más importante a efecto de lo que aquí nos concierne, el proceso de inclusión masiva de la población al ejercicio efectivo de sus derechos socio-­‐económicos avanzado por el chavismo en la última década y ferozmente defendido por el presidente Nicolás Maduro, lo que en lo concreto se traduce en tener acceso a la educación, la salud y la seguridad social, y por esa vía, a la tenencia de empleos y, por tanto, de adqusición y/o mejora del poder adquisitivo, de ser una práctica o meta de justicia social terminó transformando estructuralmente las economía venezolana en al menos uno de sus aspectos: el de la superación parcial de la restricción interna causada por la existencia de un mercado “pequeño”, condición la cual no derivaba, como siempre se nos hizo creer de un hecho demográfico si no de economía política: la exclusión social, la existencia de altas tasa de empleo precario y de desigual distribución del ingreso. O dicho en términos más simples: nuestro país, con todo y todo, cuenta en la actualidad con un mercado interno dinámico e incluyente que es una forteleza no siempre tomada en cuenta y muchas veces de hecho mal interpretada y despreciada desde nuestra filas a la hora del análisis. El problema actual radica en que la superación parcial de dicha restricción interna, se hizo sin que los aparatos productivos locales se adecuaran a a esta nueva realidad, o lo hicieran solo parcialmente y hasta cierto punto, convirtiéndose en no pocos casos en una traba que genera cuellos de botella y un efecto inercial. Por lo demás, está visto que los sectores económicos dominantes en el país e inclusive algunos emergentes, son reacios cuando no francamente opuestos, a los planes e iniciativas que han hecho posible la superación de la restrcción interna, lo que no deja de ser paradójico cuando se toma en cuenta que han sido espacialmente beneficiados de la misma, y por la misma razón, especialmente perjudicados cuando se ponen en práctica las políticas restrictivas y regresivas que fanáticamente defienden. La cuarta ventaja es de orden político externo: contamos con importantes instrumentos regionales y mundiales construidos y legados por el presidente Chávez: y uno de ellos es el SUCRE, mecanismo de comercialización con mucho potencial pero por diversas razones olvidado, siendo que hoy como nunca parecemos necesitarlo y podemos aprovecharlo en el marco de la alianzas con paíse amigos como lo son Ecuador, Bolívia y Nicaragua. En este sentido, lo bueno que tienen coyunturas como estas es que obligan a definirse. Y en este caso el chavismo para reinventarse debe a mi modo de ver reafirmarse y reafirmar el pacto que tiene con la clase trabajadora y las mayorías populares, así como potenciar aquello que lo ha caracterizado tan claramente: la capacidad de proyectarse más allá de si mismo y de nuestras fronteras como fuerza política y bloque de poder transformador anticapitalista. En el entendido que son muchos los aspectos para tocar y muy poco el tiempo para hacerlo, me voy a concentrar sobre todo si bien no exclusivamente en el tema cambiario. No está demás aclarar que ninguna medida aislada puede tener efectividad real en el duro esfuerzo de torcer las tendencias que hoy marcan la economía. Así las cosas, hay que partir del principio de que las medidas a tomar de aquí en adelante no pueden implicar contraer la demanda agregada aplicando ajustes directos o velados, que al final deterioran la capacidad adquisitiva del pueblo. El poder adquisitivo del pueblo hay que preservarlo a toda costa, porque lo que está en juego en el fondo son los mecanismos de distribución y acumulación de la riqueza creada por el cuerpo social, las formas de apropiación de la misma y de hecho la propia capacidad para iniciar un proceso de reactivación económica. En virtud de ello, en materia cambiaria, lo primero que hay que hacer es convencerse que el tipo de cambio y la política cambiaria son herramientas de la política económica, no políticas en sí mismas. Y que a su vez, la política económica es una herramienta de la política en términos amplios, es decir, del proyecto de país que la mayoría democrática ha decidido. En este sentido, la valoración de la política cambiaria en particular y de la económica en general debe hacerse a la luz de los efectos que tienen sobre la economía real y la vida de las personas, y solo una vez considerado eso, revisarlo en base a sus coyunturales resultados contables en el presupuesto estatal, las dificultades administrativas o tensiones macroeconómicas que pueda generar. Esto es importante recordarlo porque la derecha, en el marco de la guerra económica desplegada contra el país, ha sido muy hábil a la hora de posicionar la polémica cambiaria de modo fetichista, en el doble sentido del término. Es decir, tanto en el sentido de otorgarle poderes mágicos y casi sobrenaturales (como si, en sí misma, la política cambiaria tuviera la facultad de arreglar los diversos problemas de la economía venezolana), como de subsumir toda la política económica, toda la política y prácticamente toda la vida nacional a lo que pase o no con ésta. Así las cosa, si la decisión política nuestra, es crecer y seguir creciendo económica y socialmente generando empleos dignos, protegiendo los ingresos de las mayorías y democratizando el consumo y ampliando los derechos socioeconómico, el mercado cambiario debe regularse lo mismo que los precios de los bienes y servicios de consumo masivo y además no puede haber un tipo de cambio único. Y esto aún más en el contexto de un país que, como el nuestro, heredó una economía con profundas desigualdades estructurales, con un aparato “productivo” privado tecnológicamente atrasado, donde la mayor parte es foráneo y las empresas “nacionales” dependen de insumos importados y donde, si fuera poco, sobre el 90% de las divisas que ingresan son producidas por el Estado, o sea, son públicas. En muy buena medida, la polémica actual por el tipo de cambio es un montaje ideológico con el propósito de empujar una mega-­‐devaluación que terminé por derrotar al bolívar frente al dólar castigando a quienes no tienen dólares y a la mayoría asalariada, mientras se premia a los especuladores y estafadores. Una devaluación de este tipo supondría una claudicación de la política económica y la entrega del país a los designios de las agencias financieras globales con sus ramificaciones internas. Bajo el argumento simplista y falso de crear incentivos al sector productivo haciéndolo competitivo, o de responder a la disminución del ingreso nacional producto de la caía de los precios petroleros, lo que se busca es premiar al capital especulativo “legal” e ilegal, así como frustrar cualquier posibilidad de democratización de la economía ni qué decir de transición al socialismo. En primer lugar, debemos estar claros que una devaluación de la moneda no garantiza un aumento de la productividad, ni de los locales ni de los foráneos. Prueba: todas las veces que se ha devaluado en Venezuela antes y durante el chavismo sin que dicho efecto se produzca. Y en el contexto actual menos garantías de que se produzca existen. Múltiples razones lo explican. La primera y más importante, es que tal apuesta podría tener sentido si contáramos con un sector productivo privado justamente productivo y competitivo desde el punto de vista tecnológico. Y la segunda, que no existe en la actualidad -­‐y todo indica que durante mucho tiempo-­‐ un contexto mundial de demanda creciente que justifique apostar por el mercado externo. El encarecimiento del tipo de cambio bien por la vía de su liberación, unificación o ambas cosas a la vez, inevitablemente se terminará trasladando a los precios internos empobreciendo drásticamente a la mayoría trabajadora al tiempo que, como decía, se convertirá en un premio a todos los que han especulado y especulan contra la economía nacional. El argumento según el cual tal efecto sobre los precios no se produciría porque en la práctica los comerciantes ya marcan los precios de los bienes y servicios tomando como referencia el precio ilegal (o sea que dicha devaluación ya se produjo y lo que habría que hacer es sincerar las cosas), o bien es profundamente cínico o bien profundamente ingenuo. Es un sofisma tecnocrático que lo único que procura es hacer recaer sobre los hombros de otros, los costos sociales que causaría la subordinación definitiva de los intereses nacionales por los especulativos. Por lo demás, no hay que ser un economista muy eficiente para saber que una devaluación puede, ciertamente, mejorar el resultado de la balanza comercial a través de la reducción de las importaciones, pero ese efecto sería efímero y una mera ilusión monetaria ya que el aumento de los costos de los insumos y bienes que obligatoriamente hay que importar (medicinas, por ejemplo) actuaría en la dirección contraria. Todo eso sin contar que la contracción del consumo generada implicaría una caída de la recaudación y por tanto un aumento de déficit fiscal. De la política cambiaria del chavismo pueden hacerse las mismas observaciones que aplican para su política de precios. Así como el control de precios no es causa de la inflación y el desabastecimiento sino consecuencias de estos, el control de cambio surgió como respuestas del presidente Chávez ante la especulación de los sectores económicos nacionales y transnacionales y la fuga de capitales, razón por la cual se ha mantenido en esta coyuntura pese a todos los intentos de acabar con él. Y diga lo que se diga, fue y ha sido una política exitosa cuando se considera lo avanzado en materia económica en estos años. Si en la actualidad no funciona como se espera, tiene problemas de aplicación, diseño, complemento, enfrenta un contexto adverso o es fuertemente atacado, hay que mejorarlo, fortalecerlo, actualizarlo, etc., pero no quitarlo, pues así no se soluciona el problema. Las razones administrativas y coyunturales no pueden subsumir las políticas estructurales. Si la política cambiaria y monetaria no la controla el Estado en beneficio de la mayoría como ha sido en estos últimos 12 años, será controlada por los especuladores en perjuicio de todos y todas, como ya nos han demostrado. Además de fortalecer los mecanismos de centralización, control, asignación y seguimiento de las divisas, lo que significa tener un verdadero régimen de administración de divisas y no un mero control cambiario, debería avanzarse hacia la creación definitiva del fondo único fondo de divisas, centralizarlas totalmente. Y una vez establecido, mantener un sistema dual manteniendo el 6,30 acompañado con otra modalidad más alta, aplicada a turistas y a bienes suntuarios. Este esquema puede ser complementado con un plan de impuestos a los bienes transables no esenciales importados, que inhiba las importaciones suntuarias o las pechen con más énfasis. Al mismo tiempo se pueden implementar instrumentos bancarios que propendan a estimular el ahorro en bolívares con tasas de intereses especiales, sin necesidad de encarecer el crédito, este plan de ahorro debería incluir el cofinanciamiento para una nueva etapa o modalidad de la Misión Vivienda, se trata de premiar el ahorro en bolívares, en un esfuerzo por revalorizar nuestra moneda. Esto último para reducir la dolarización del excedente y dar alternativa al ciudadano común y corriente, a la mayoría trabajadora, para bajar la incertidumbre y desincentivar la especulación. De igual manera se deben avanzar en un plan de desdolarización de la economía, lo cual pasa por diversificar las reservas y otros convenios binacionales en otras monedas, estando el caso del Yuan por ejemplo que ya es oficialmente divisa pero sobre todo rescatando el SUCRE, mecanismo de comercialización con mucho potencial pero por diversas razones olvidado, siendo que hoy como nunca parecemos necesitarlo y podemos aprovecharlo en el marco de la alianzas con paíse amigos como lo son Ecuador, Bolívia y Nicaragua. A este último respecto proponemos reactivarlo y atender por esa vía varias de las importaciones que nos resultan vitales para superar la actual coyuntura tanto en el orden del abastecimiento como el de la producción. La matriz de los préstamos tipo swap como los operados entre Argentina y China ya está contenido en el SUCRE. Y esto es practicable entre bancos centrales de nuestros países y el Ejecutivo sin pasar por la restricción de la falta de dólares. Por otra parte, y en el espíritu de ir hacia un manejo más óptimo, justo y transparente de las divisas, deberíamos entrar en un proceso de renegociar la deuda externa, en especial de los próximos vencimientos, al tiempo de hacer una revisión del uso de las divisas por parte de los importadores y transnacionales mediante mecanismos de fuga como precios de transferencia, sobre facturación, etc. Existen múltiples evidencias y estudios que nos permiten avanzar en dicha dirección. De resto, pero no menos importante, pienso se debería avanzar en las siguientes políticas, que solo alcanzo a enunciar dado los tiempos y dejando sus aspectos específicos para el debate: 1. Reformar la actual ley del trabajo e introducir una idexación de los salarios a la tasas de ganancias, de manera de brindar un mecanismo de protección del los trabajadores ante la distribución regresiva del ingreso en el marco de la guerra económica y la hiperespeculación. Sobre esto José Gregorio Piña y yo tenemos avanzada una propuesta que la podemos poner a la orden del Ejecutivo Nacional. 2. Ampliar la política de Precios Justos iniciando un proceso de certificación de los mismos y de incorporación de rubros sensibles que actualmente quedaron la fijación de sus precios en manos de los privados (mediante el PMVP), pero cuya incidencia en la especulación es notoria. Este es el caso por ejemplo de los repuestos para vehículos y autopartes que impactan en toda la cadena de comercialización. Debe a este respecto abordarse toda la cadena de cada uno de los bienes sujetos a protección, en el entendido que si bien hay que garantizar la rentabilidad de quienes los producen o comercian, el sentido original de esta política es garantizar el acceso de las personas a dichos bienes. 3. Lo ideal sería a este respecto llamar a un congelamiento de precios. El problema con el congelamiento es la incapacidad del Estado para hacerlo cumplir. Pero además de que pienso que parte de dicha “incapacidad” es deliberada, lo cierto del caso es que resulta urgente hacer un corte de la carrera hiperespeculativa para poder reconstituir un sistema referencial de precios reales sobre el cual manejarse. A este respecto, una de las principales victorias de la guerra económica es desbaratar el sistema referencial de precios, de modo que al nadie saber cuánto cuesta exactamente nada todos somos más proclives a ser especulados y especular. 4. Iniciar una campaña de incorporación de la población a la defensa de la política de Precios Justos en términos amplios. Es decir, no puede segurse planteando como un problema del Estado y los chavistas contra los especuladores sino de la población toda. Para ello se han propuesto en otras instancias múltiples mecanismos, que van desde la contraloría como el acceso a la información para eliminar las asimetrías que padecen los consumidores, hasta constituir comités y colectivos de ciudadanos y ciudadanas que activen en la exigencia de que le sean respetados sus derechos hasta de formar mecanismos alternativos de consumo, como las compras colectivas y de acuerdo con productores saltándose a los intermediarios. Experiencias exitosas de esta naturaleza ya se están generando, lo que hay es que apoyarlas y visibilizarlas. 5. Dotar a la SUNDEE de una verdadera herramienta para la determinación, fiscalización y el seguimiento de costos y precios, tanto nacionales como internacionales. Lo que ha quedado demostrado en esta coyuntura es que el mismo no existe o en todo caso es extremadamente frágil, muy dependiente de la información que entregan los agentes económicos objetos de control, lo cual dice mucho de su fiabilidad desde todo punto de vista. 6. Iniciar, como planteamos líneas atrás, una campaña de ahorro familiar y personal que defienda a la gente de la especulación, contando para ello con los instrumentos que brinda tener una banca pública robusta. 7. Avanzar en la propuesta planteada por el presidente Chávez y reafirmada por el presidente Maduro de consolidar la red pública de distribución. 8. Fortalecer la red pública de comercialización, pero además sumar a la misma a sectores privados y de economía popular y alternativas (EPS, cooperativas, etc.) que la refuercen y hagan contrapeso al sector privado especulador. A este respecto, hay que aprovechar que la propia guerra económica causa redistribuciones desiguales de los ingresos entre los propios comerciantes y productores a los cuales hay que convencerlos -­‐hasta donde sea posible-­‐ que sus intereses están más del lado de la población asalariada que forma la demanda de sus bienes, que de los monopolios y roscas que los especulan también a ellos. Para eso existen políticas de incentivos que de alguna manera deben acompañar a las de desincentivo y control. 9. Tener un plan coherente de industrialización que tenga como principios no solo “producir mas” sino democratizar y diversificar la producción bajo otras formas de producción distintas a las privadas, y a la par, cuyo objetivo inmediato sea abastecer el mercado interno, sin desmedro de crear condiciones para cubrir el mercado externo o de enfocarse en políticas de exportación planificadas y especificadas sobre todo con países aliados. 10. No se puede seguir hablando de déficit fiscal mantendiendo los actuales niveles de elusión y evasión fiscal. En este sentido, incluso sin entrar a hacer revoluciones tributarias profundas, solo con avanzar sobre esos tópicos podemos tener como Estado un mejor balance contable que por lo demás no tiene los problemas de explosividad social y económica que inevitablemente viene aparejado con el precio de la gasolina 11. Tener una verdadera política comunicacional en materia económica que no solo sea muy dinámica y pedagógica de los temas abordados sino que sirva para recuperar las expectativas positivas de la población. No solo podemos limitarnos a defender lo que ya hicimos sino que tenemos que dejar claro que, de hecho, el único proyecto que representa una mejora en las condiciones de vida de la población es el chavismo. Esta política comunicacional no puede ser autorreferencial, dirigida a los ya convencidos sino a los que aún no lo están o tienen dudas. Tampoco estigmatizadora del otro (la gente sin conciencia, etc.) y tener capacidad de convocar hacia delante, hacia el futuro, que es de hecho lo que siempre hizo el chavismo. 12. Y por último, pero no menos importante, ser coherentes en los mensajes y en las medidas que se toman a partir de los mensajes. En buena medida son los problemas de contradicción, falta de coordinación e inconsecuencia en lo que hacemos lo que nos termina afectando más que las acciones de nuestros enemigos.