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Transcript
Miguel Ángel García Díaz*
Felipe Serrano Pérez**
ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN, CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y PENSIONES
PÚBLICAS EN ESPAÑA
El efecto que el envejecimiento de la población puede llegar a tener en el sistema de
pensiones se ha convertido en objeto de controversia que enfrenta a detractores y
defensores del sistema de reparto. En la primera parte de este trabajo se proporcionan
argumentos que justifican la necesidad de separar la elección del sistema de
aseguramiento de los potenciales problemas demográficos a los que podamos
enfrentarnos en un futuro. En la segunda parte, se presenta una proyección de ingresos
y gastos futuros del sistema español de Seguridad Social que arroja resultados menos
pesimistas que los proporcionados por otros trabajos, algunos de los cuales se recogen
en este mismo volumen.
Palabras clave: envejecimiento de la población, crecimiento económico, pensiones, ingresos de la Seguridad Social, gastos de la Seguridad Social, España.
Clasificación JEL: H55, J11, 040.
1.
Envejecimiento de la población
y reforma de las pensiones
El debate actual sobre la reforma de los sistemas públicos de pensiones aparece conectado, casi de manera
automática, con el problema del envejecimiento de la
población. Dicha conexión se presenta en los siguientes
términos. Durante los próximos cuarenta años los siste-
* Director del Gabinete Económico de la Confederación Sindical de
CC OO.
** Catedrático de Economía Aplicada. Universidad del País Vasco.
mas de reparto se van a enfrentar, por un lado, a la jubilación de los niños nacidos durante el baby boom y, por
otro, al aumento en la esperanza media de vida de las
personas. El resultado final será un aumento considerable del gasto en pensiones que deberá ser costeado por
una población activa aminorada por las bajas tasas de
natalidad actuales. El sistema de reparto, por tanto, se
enfrenta al dilema de aumentar las cotizaciones o disminuir las prestaciones. Si se opta por la primera de las
opciones se generarán incentivos negativos en el comportamiento de los agentes que afectarán negativamente al crecimiento económico. Si, por el contrario, se opta
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por la segunda la reducción en la prestación afectaría al
bienestar de la población jubilada, algo que tampoco se
desea. El paso a cuentas individuales capitalizadas se
presenta, entonces, como la solución idónea para evitar
estos dos efectos no deseados.
Las proyecciones futuras de ingresos y gastos del sistema se han convertido de esta manera en el terreno de
reflexión privilegiado para dirimir sobre el futuro de
nuestro sistema de pensiones. Este terreno, sin embargo, es bastante resbaladizo, sobre todo cuando de los
resultados de dichas proyecciones se pretende concluir,
casi de manera automática, que la solución al problema
del envejecimiento pasa por la implantación de sistemas
individuales de ahorro bajo gestión privada.
La realización de proyecciones a largo plazo del gasto
y de los ingresos futuros del sistema de Seguridad Social
no es un asunto fácil. El carácter no estacionario del proceso económico genera problemas de información que
deben ser solventados mediante el recurso a supuestos.
La elección de estos supuestos es de naturaleza discrecional, y en las más de las veces refleja las opiniones
subjetivas de quien los realiza. En todo caso, este tipo de
ejercicios es preciso realizarlos, aunque sepamos de antemano que esté próxima a cero la probabilidad de que
acabe sucediendo lo que hoy estamos estimando.
La necesidad de realizar simulaciones surge de la
propia naturaleza de las medidas correctoras que exige
un sistema de previsión. Dichas medidas no pueden ser
implementadas cuando los acontecimientos ya se han
producido, entre otras razones porque podría ser demasiado tarde para corregir los efectos no deseados, o porque el coste de dicha corrección podría ser demasiado
elevado en términos de bienestar de la población jubilada. La anticipación de resultados permite adelantar reformas y, de esta manera, disponer del tiempo necesario para calibrar la intensidad y la dirección más adecuada de las medidas a implementar. La anticipación,
además, permite gestionar los tiempos de la reforma
para suministrar a los afectados la información necesaria sobre el calado y los momentos en que comenzarán
a percibir los cambios que se intentan provocar.
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CONSECUENCIAS DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN LA ECONOMÍA
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No deja de ser paradójico que las reformas se tengan que abordar con un conocimiento imperfecto de
los acontecimientos futuros, pero lo cierto es que no
hay otra manera de hacerlo. Es por ello que sería muy
beneficioso para el futuro del sistema, aunque no deja
de ser una utopía, que las diferentes simulaciones tendiesen a un cierto consenso en torno a los supuestos
que se incorporan en su realización. Esto permitiría
que la reflexión sobre las medidas reformadoras que
pueda precisar el sistema se hiciesen sobre un mismo
conjunto de información. De esta manera, la reflexión
se podría volcar en lo relevante y se evitaría incurrir en
debates estériles sobre el pesimismo o el optimismo
con que percibimos en el presente lo que pueda ocurrir
en el futuro.
Pero, ¿qué es lo relevante cuando se reflexiona sobre
los sistemas de pensiones? El principal objetivo de cualquier sistema de pensiones es proporcionar una pensión suficiente que permita a la población jubilada mantener un estándar de vida socialmente aceptable. Esta
pensión, evidentemente, tiene que proporcionarse con
la máxima seguridad posible, tanto durante los años laborales en que se generan los derechos como durante
los años de disfrute de la renta. Esto es, los individuos
tienen que tener en todo momento la máxima certeza de
que dispondrán de los recursos necesarios para hacer
frente a sus necesidades de consumo una vez abandonada la vida activa. Con los sistemas de pensiones,
ciertamente, se buscan otros objetivos además del señalado, pero es indudable que un sistema que no sea
capaz de proporcionar esa seguridad aludida será juzgado como claramente inapropiado.
La reflexión, por tanto, debe iniciarse en el plano teórico antes que en el terreno de las proyecciones. Las estimaciones de ingresos y gastos informan de los ajustes
que pueden ser necesarios realizar para garantizar el
objetivo apuntado, pero no de las bondades y de las dificultades que presentan los diferentes sistemas de pensiones para proporcionar con la máxima garantía un poder de compra real socialmente aceptable a la población
jubilada. El problema del envejecimiento de la población
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es un buen ejemplo para ilustrar lo que pretendemos señalar.
Cualquier proyección que se realice en la actualidad
concluirá que en las próximas décadas el gasto en pensiones aumentará debido al envejecimiento de la población. Podrán existir discrepancias en la cuantía del incremento, dependiendo de los supuestos que hagamos
sobre las variables que inciden en la cuantía media de la
pensión. Esta información, sin embargo, no aporta
nada, o muy poco, a la reflexión sobre la elección del
mejor sistema. El problema del envejecimiento afecta
por igual al sistema de reparto y al sistema de capitalización, de tal manera que de la información proporcionada
por la simulación difícilmente podemos extraer conclusiones relevantes para nuestro propósito. El establecimiento de criterios de selección para discriminar entre
sistemas resulta ser así un problema a resolver, previo a
la realización de proyecciones sobre la evolución futura
del ingreso y del gasto del sistema público de pensiones. Solamente cuando se han establecido estos criterios, y se dispone de elementos de reflexión suficientes
para elegir el mejor sistema, adquieren relevancia analítica los ejercicios de anticipación de resultados futuros.
Esto es particularmente cierto si la elección se decanta por el método de reparto, pero no lo es tanto si el sistema seleccionado es el de la capitalización. Más concretamente, si se concluye que el mejor sistema es este
segundo, poco interés tiene realizar proyecciones futuras de ingresos y gastos del sistema actual, ya que, podríamos decir, estamos viviendo en el error. Lo relevante, en este caso, sería reflexionar sobre el método para
transitar lo más rápidamente posible del sistema de reparto actual hacia las cuentas individualizadas de ahorro. Carece de sentido justificar este tránsito apelando a
hipotéticas dificultades financieras futuras del sistema
público, ya que el problema se encuentra en otro sitio.
La transición sería necesaria incluso bajo el supuesto
de que dicho sistema no se enfrentase en un futuro con
problema alguno. Conectar una futura crisis financiera
de los sistemas públicos con un cambio de modelo es
una forma burda de hurtar una reflexión sobre los mode-
los de aseguramiento contra la vejez, que en nada ayuda a lograr el objetivo que todos deseamos; esto es,
proporcionar a las personas jubiladas una renta digna.
Si los criterios de selección apuntan hacia el método
de reparto como el más adecuado para proporcionar
esa renta, entonces las proyecciones de ingresos y gastos futuros del sistema sí adquieren una dimensión analíticamente relevante. Estas proyecciones, como apuntábamos en párrafos anteriores, con todas las salvedades que se les pueda imputar, son una fuente de
información necesaria para ajustar el sistema con tiempo suficiente.
En otros trabajos 1 ya hemos tenido ocasión de apuntar detenidamente las razones que nos incitan a defender el actual método de reparto como mejor fórmula
aseguradora para garantizar el objetivo de una pensión
suficiente. En un mundo dominado por la incertidumbre
los errores de estimación en que se incurre cuando tratamos de anticipar el futuro generan costes de ajuste
para poder mantenernos en la senda que conduce al
objetivo deseado. Pues bien, es la capacidad para minimizar estos costes lo que da una mayor robustez al sistema de reparto frente a la capitalización.
La selección del método de reparto como forma óptima de aseguramiento contra la vejez obliga, por tanto, a
entrar en el terreno de las simulaciones de ingresos y
gastos futuros del sistema. Estas simulaciones, lo apuntábamos en párrafos anteriores, son necesarias para
estimar el alcance de las hipotéticas reformas de tipo
paramétrico que el sistema pueda necesitar. Las reformas a las que nos estamos refiriendo son las siguientes.
En primer lugar, actuaciones tendentes a influir sobre el
ritmo de crecimiento de la pensión media. En este terreno la medida estrella es la ampliación del número de
años computables para el cálculo de la base reguladora.
En segundo lugar, actuaciones tendentes a influir sobre
el ritmo de crecimiento del número de pensionistas. En
este ámbito de actuación las dos medidas sobre las que
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SERRANO et al. (2004) y EGUÍA y SERRANO (2003)
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se reflexiona en este momento son, por un lado, las destinadas a lograr la coincidencia entre la edad legal y la
edad efectiva de jubilación y, por otro, el aumento de la
edad legal de jubilación. En tercer lugar, actuaciones
tendentes a influir sobre los ingresos del sistema, ya sea
conectando claramente la naturaleza de la prestación
con la fuente financiera y/o, si así se decidiese, aumentando en un futuro las cotizaciones sociales para no
descargar exclusivamente en la población jubilada todo
el coste del ajuste.
2.
Demografía, gasto en pensiones
e ingresos futuros del sistema
Las tasas de natalidad, la esperanza de vida y los flujos migratorios son las variables que determinan el movimiento de la población y, por extensión, las proyecciones demográficas. Según las hipótesis que se realicen
sobre el comportamiento futuro de dichas variables estas proyecciones pueden ser más o menos optimistas.
La tónica que domina en estos momentos en la mayoría
de análisis que tratan de estudiar los efectos económicos del envejecimiento de la población es muy pesimista, esto es, se proyecta hacia el futuro un intenso proceso de envejecimiento de la población con graves repercusiones en las tasas de crecimiento económico
futuras.
La variable demográfica, con ser importante, no es sin
embargo la variable central para el estudio de los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones, sean
estos de reparto o de capitalización, son un mecanismo
para transferir renta desde la población laboral activa
hacia la población pasiva. En un sistema de reparto esta
transferencia de renta es explícita y visible, al efectuarse mediante el pago de cotizaciones sociales obligatorias. En un sistema de capitalización, sin embargo, esta
transferencia es más opaca, ya que se produce de una
manera indirecta. La población pasiva dispone de derechos acumulados sobre activos financieros y/o reales
que permiten captar una parte, proporcional al volumen
de sus activos, de la renta del período generada por la
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población ocupada, ya sea en forma de intereses o por
la venta de los activos acumulados. Las pensiones, por
tanto, en cualquiera de los dos sistemas dependen de la
renta o, lo que es lo mismo, de la tasa de crecimiento
económico (Barr, 2000). Si el crecimiento económico se
debilita la cantidad de renta a distribuir también se debilitará y las pensiones obtenidas bajo cualquier método
también se resentirán. En caso contrario no habrá motivo alguno para la preocupación.
La intensidad, por tanto, de los ajustes futuros que
puede precisar el sistema español de pensiones, o en
general la mayoría de los sistemas de pensiones públicos europeos, depende crucialmente de la tasa de crecimiento económico que se espera obtener. La variable
demográfica influye en esta tasa a través de los efectos
que genera en la oferta de mano de obra; pero también
influye a través de los cambios que puede inducir en los
procesos de innovación (capital humano y/o capital físico), de tal manera que los incrementos en la productividad podrían compensar el efecto negativo en la oferta
de mano de obra. La naturaleza endógena del crecimiento económico, además, permite influir sobre las variables que afectan al progreso técnico (entendido en
sentido amplio), de tal forma que se puede corregir cualquier efecto inducido por el envejecimiento.
Las simulaciones del gasto, y sobre todo de los ingresos futuros del sistema, son, por tanto, tributarias de los
supuestos que se realicen sobre el efecto que el envejecimiento de la población tiene en la tasa de crecimiento
económico.
Así, el Economic Policy Committee (2001), en su informe sobre los retos presupuestarios que plantea el envejecimiento de la población, estima que la población total española disminuirá en los próximos cincuenta años
en algo más de cuatro millones de personas. La pérdida
de población, según este informe, será aún más alarmante en el tramo de edad comprendido entre los 15 y
los 65 años, con una disminución de ocho millones de
personas. La tasa de dependencia, por tanto, amentará
desde el 24,5 por 100 actual hasta el 60,4 por 100. Igual
de pesimista, por lo demás, se mostraba en las estima-
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ciones demográficas que realizaba para el resto de países de la Unión Europea.
La traslación de estos movimientos demográficos a
cambios en el PIB se realiza bajo la hipótesis de cambio
técnico constante. De esta manera la caída proyectada
en la población en edad de trabajar se traduce en una
caída en la oferta de mano de obra que genera una ralentización en las tasas de crecimiento económico. En
definitiva, la tasa de crecimiento económico futura estimada, en la mayoría de los estudios publicados por la
Unión Europea, se sitúa en torno al 1,5 por 100. El envejecimiento de la población, por tanto, arrastraría en
España el gasto en pensiones hasta el 17,3 por 100 del
PIB.
Igual de pesimistas son las proyecciones que se han
efectuado en nuestro país. En otros trabajos publicados
en este mismo número se hace referencia a dichas proyecciones, de tal manera que podemos prescindir de su
exposición para centrarnos en presentar una simulación
de ingresos y gastos futuros del sistema español de seguridad social que arroja resultados menos pesimistas.
Simulación de resultados
El gasto total en pensiones depende de la cuantía
media de la pensión que se proyecte y de la evolución
prevista en el número total de futuros beneficiarios.
Por lo que al número total de futuros pensionistas se
refiere, así como su distribución por clases de prestación, se utiliza la información proporcionada por la Secretaría de Estado de Seguridad Social contenida en el
informe que presentó ante el Comité de Protección Social de la Unión Europea (2002).
De acuerdo con esta fuente, el número de pensiones
ascendería en el año 2040 a un total de 12.554.251; es
decir 4.772.443 pensiones más que las abonadas en el
año 2002. La serie muestra un primer período de suave
crecimiento hasta el año 2010, con un aumento en el
número total de pensiones de 693.758 al final de la década. A partir de esta fecha el ritmo de crecimiento se
acelera de manera considerable. Entre el año 2010 y el
año 2030 la tasa anual de crecimiento de esta variable
es del 1,4 por 100, con una previsión de entradas al sistema de casi 1,3 millones y más de 1,4 millones en cada
una de las dos décadas incluidas en este período. En
los diez años posteriores a 2030 el ritmo de crecimiento
se desacelera (1,19 por 100 anual) aunque, aun así, el
número de pensiones aumenta casi en 1,4 millones adicionales hasta alcanzar la cifra mencionada de 12,5 millones de pensiones en 2040.
Hemos supuesto un crecimiento de la cuantía media
de la pensión del 2,08 por 100 anual en términos reales.
Esta hipótesis es coherente con un escenario de aumento anual del PIB del 2,5 por 100, una distribución de
la renta entre remuneración de asalariados y excedente
empresarial similar a la actual (50 por 100) y con la evolución de la población potencialmente activa marcada
por la vigente proyección del INE hasta 2040 (0,3
por 100 anual).
La hipótesis sobre la evolución de la pensión media
incorpora algunas diferencias respecto a lo acontecido
en el pasado que son convenientes comentar. Se ha supuesto que el salario medio y la pensión media futura
crecen a una tasa idéntica, cuando no ha sido este el resultado observado en las últimas décadas. En el período comprendido entre 1983 y 2002 la pensión media del
sistema creció a una tasa anual real del 2 por 100, mientras que el salario medio lo hacía al 0,6 por 100. Esta
desequilibrada evolución incidiría, a legislación constante, en una desaceleración del ritmo de crecimiento del
gasto en pensiones, por lo menos durante un período de
tiempo. No nos ha parecido lógico, sin embargo, proyectar hacia el futuro una asimetría de estas características, sobre todo por lo que a las pensiones de jubilación
se refiere. Dicha asimetría es resultado de determinadas especificidades históricas que no es probable que
se vuelvan a repetir.
Identificar el crecimiento de la pensión media con los
incrementos de productividad, por otra parte, supone un
sesgo positivo en el aumento esperado del gasto. Las
pensiones en vigor se actualizan en función del IPC real
calculado entre noviembre y noviembre de cada año, de
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tal forma que la hipótesis de la simulación está presuponiendo que la tasa de crecimiento de la pensión media
la marcan exclusivamente las nuevas entradas. Si se
dispusiese de información más detallada para descomponer las futuras pensiones entre nuevas entradas al
sistema y pensiones en vigor, y se actualizase cada una
según el parámetro que corresponde, la pensión media
presentaría una tasa de crecimiento inferior a la estimada, debido al mayor peso relativo del stock de pensiones existente en cada período.
Podríamos decir, entonces, que la tasa de crecimiento que se imputa a la pensión media del sistema es relativamente alta, si tenemos en cuenta lo que está
aconteciendo en este momento. Sin embargo, la opción elegida entendemos que es más sensata que la
opción alternativa de suponer escenarios de menor
crecimiento.
Por otra parte, se ha supuesto una distribución entre
aumento de los salarios y crecimiento del empleo que
permite alcanzar una tasa de actividad compatible con
las proyecciones de población de las que se dispone en
estos momentos. Esta tasa, aunque es elevada, puede
ser observada en este momento en otras economías
más desarrolladas.
Con estos supuestos, la cuantía media de la pensión
proporcionada por el sistema pasaría de los 553 € pagados en el último ejercicio (2003) hasta los 1.184 €
mensuales en 2040, ambos medidos en moneda constante de 2003. La cuantía media de la pensión por jubilación aumentaría desde los 628 € actuales hasta los
1.345 € en 2040, ambos medidos en moneda constante
de 2003. Esta cantidad sería la media del conjunto de
los regímenes y, de no estar acompañada de cambios
significativos en el método de cotización, ocultaría elevadas diferencias entre el Régimen General de asalariados y el resto de los regímenes, hasta el punto que las
pensiones con entradas en ese año correspondientes al
primer grupo tendrían como media la cuantía máxima fijada en este momento (2.029 € mensuales). Esta cantidad reduciría ligeramente la actual relación con el salario medio que tienen en este momento las entradas de
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pensiones de jubilación del Régimen General (del 80,5
por 100 al 78,9 por 100)
Pues bien, de alcanzarse una situación con estas características, en el año 2040, como puede verse en el
Gráfico 1, el gasto total ascendería a 208.049 millones
de euros constantes de 2003. Esta cantidad es aproximadamente cuatro veces superior a la actual y equivaldría al 11,25 por 100 del PIB de ese año; es decir tres
puntos adicionales del PIB respecto al porcentaje del
año 2003. Para valorar el esfuerzo en su justa medida
se debe tener en cuenta que el grupo de personas mayor de 65 años podría ser en ese ejercicio la tercera parte de la población española.
Es evidente que cualquier modificación, ya sea en el
número de pensionistas o en la pensión media, alteraría
estos resultados, que se han construido manteniendo
constante la relación actual entre la pensión media y el
salario medio en cada momento (46,1 por 100 para la
pensión media proporcionada por el sistema y 52 por 100
para la pensión media de jubilación para el conjunto de
regímenes). Si, por ejemplo, se considerase que la pensión media es baja y que, por tanto, es preciso elevarla
mediante acciones discrecionales, es evidente que el
gasto aumentaría sobre el obtenido en la simulación.
También es cierto que si proyectásemos hacia el futuro el comportamiento que se está observando en las
nuevas afiliaciones, con bases medias de cotización
sustancialmente más bajas que las existentes 2, la pensión media crecería menos de lo estimado. Esto significaría que, para la misma tasa de crecimiento económico
estimada, se estaría produciendo una alteración en la
distribución funcional de la renta. La proporción entonces entre PIB y gasto en pensiones sería menor a la estimada y las pensiones, en términos absolutos, podrían
no ser suficientes para atender las necesidades de la
población jubilada.
2
La base media de cotización de los trabajadores asalariados del
Régimen General ha mantenido una tasa anual negativa del 0,1 por 100
en el período 1997-2003.
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GRÁFICO 1
PROYECCIÓN DEL GASTO
EN PENSIONES CONTRIBUTIVAS
(En % de PIB)
12
10
8
6
4
2
38
35
29
32
20
20
20
23
26
20
20
20
20
17
11
14
20
20
20
08
20
05
20
20
20
02
0
La proyección de los ingresos futuros del sistema, por
su parte, se ha realizado a partir de los siguientes supuestos:
Por lo que al número de efectivos, o potenciales cotizantes se refiere, se ha supuesto que crecen durante
todo el período a una media del 0,3 por 100. Esto significa que el número de afiliados a la Seguridad Social se
situaría en el año 2040 en 18.520.000; es decir 2,3 millones más que los existentes en la actualidad. La tasa
de actividad, por tanto, aumentaría en once puntos, pasando del 67 por 100 al 78,7 por 100 y la tasa de ocupación aumentaría en algo más de catorce puntos (pasaría
del 59,3 por 100 actual al 74,7 por 100). Se alcanzaría
así una situación de pleno empleo con una tasa de paro
situada en el 4 por 100.
Las bases de cotización crecerían al mismo ritmo que
el salario medio, esto es, a una tasa real del 2,1 por 100
durante todo el período. El tipo de cotización se mantendría constante en la tasa actual. Los ingresos por cuotas
que percibiría el sistema crecerían, entonces, a una
tasa del 2,5 por 100 real anual acumulativo durante el
período estudiado 3, manteniendo una recaudación
3
La tasa anual real de crecimiento en la recaudación por cuotas en el
período 1977-2002 ha sido del 3,08 por 100, a pesar de haberse
constante equivalente al 10 por 100 del PIB, la misma
que se alcanzó en el año 2003.
Pues bien, con esta proyección de ingresos el sistema de Seguridad Social podría hacer frente al pago de
las pensiones, descontando los complementos a mínimos, y generar un pequeño superávit hasta el año 2032.
A partir de este momento el sistema comenzaría a generar déficit (nunca superiores a 0,4 por 100 del PIB),
por lo que precisaría de ingresos adicionales mediante
elevaciones de las cotizaciones u otro tipo de ingresos 4. El escenario descrito, no obstante, obliga a elevar
el tipo de cotización desde el 28,3 por 100 en el que está
situado actualmente hasta el 29,1 por 100 del año 2040.
Los resultados obtenidos necesitan algunas matizaciones. La tasa de ocupación que se obtiene es alta
(74,7 por 100), sobre todo si la comparamos con la actual. Los informes de la Unión Europea suelen situar
las estimaciones de esta tasa en torno al 70 por 100.
Este indicador, en todo caso, es un indicador relativo.
El número de efectivos que podrían cotizar al sistema
en un futuro podrían ser los mismos, en términos absolutos, con una tasa de ocupación más baja si la población en edad de trabajar creciese en un futuro por
encima de las estimaciones que se barajan en estos
momentos. Esta posibilidad no es tan extraña a tenor
de los nuevos datos sobre demografía que se están
conociendo.
En cualquier caso persiste la posibilidad, si se adoptan las políticas necesarias, de aumentar la actual previsión de la tasa de natalidad, o de inmigración, hasta
conseguir incrementar en 2040 la población en edad de
trabajar en 1,8 millones de personas hasta alcanzar los
aprobado varias rebajas en el tipo de cotización durante el período por
valor de seis puntos (del 34,3 por 100 al 28,3 por 100). Un porcentaje
superior al ritmo de crecimiento del PIB (2,78 por 100 anual).
4
Se han descontado los complementos a mínimos por coherencia con
los acuerdos alcanzados en línea con las recomendaciones del Pacto de
Toledo. Si en la simulación se incorporase esta partida de gasto, es
decir, si suponemos que dichos complementos se seguirán abonando
con cargo a los ingresos por cotizaciones, el sistema entraría en déficit
en el año 2025 y, evidentemente, la cuantía final de dicho déficit sería
superior a la estimada.
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26,6 millones. Un cambio de estas características, previsible ya en parte a partir de los datos del censo de
2001 5, construye un escenario donde cabe una simulación con una mayor tasa de crecimiento en el número de
ocupados (0,51 por 100 anual) y un menor aumento en
la cuantía media de los salarios y de las pensiones (1,97
por 100 anual real).
3.
Conclusiones
Los resultados presentados son tributarios de las
hipótesis realizadas y, especialmente, de la hipótesis
sobre el crecimiento futuro del PIB. La tasa del 2,5
por 100 que hemos utilizado está lejos de la que habitualmente se contempla en la mayoría de los estudios
sobre los efectos del envejecimiento de la población
en los sistemas de pensiones. Sin embargo, ésta es
una tasa que resulta razonable esperar si nos fijamos
en la información que proporcionan las series históricas de PIB en nuestro país durante los últimos cuarenta años (próximas al 3 por 100). La Comisión Europea, por otra parte, estima que la tasa de crecimiento
potencial de la economía española es de un 3,3
por 100. En la cumbre de Lisboa, además, el objetivo
de crecimiento quedó fijado en el 2,5 por 100 para el
conjunto de la Unión.
Esta tasa de crecimiento económico, manteniendo
constantes las tasas de sustitución que muestra el sistema en la actualidad, garantiza una evolución futura del
sistema menos pesimista que la que se desprende de
otros trabajos. Los futuros pensionistas, de cumplirse
nuestras hipótesis, verían reflejados en sus pensiones
los aumentos de renta producidos durante sus años de
vida activa. Manteniéndose, además, el grado de cobertura actual.
5
El anticipo de los datos del padrón del año 2003 establece una
población superior a 42 millones de personas, esto es, un 5 por 100
más de población que la utilizada para la realización de la simulación
que presentamos.
182
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En todo caso, la evolución futura de las tasas de
crecimiento económico es influenciable mediante la
política económica. En el extremo, podríamos decir
que la mejor reforma del sistema de pensiones es
aquel conjunto de medidas que tienen por objetivo
mantener en el tiempo una elevada y sostenida tasa
de crecimiento de la renta.
Pero más allá del optimismo o pesimismo con el que
proyectemos en el presente acontecimientos futuros, lo
relevante, en nuestra opinión, es que el sistema de reparto dispone de mecanismos de ajuste que permiten
una corrección más eficiente, en términos de bienestar
de la población, de las desviaciones entre lo que se estima y lo que acaba aconteciendo que el método de la capitalización. Éste debería ser, en nuestra opinión, el núcleo central del debate, al menos en un primer momento. La intensidad y la orientación de las reformas de tipo
paramétrico son cuestiones de naturaleza técnica que,
aún siendo importantes, tienen menos trascendencia en
el debate que enfrenta a detractores y partidarios del
sistema de reparto.
Esto no significa, ciertamente, que no sea conveniente
reflexionar sobre tales reformas. Pero esta reflexión, y
este es un aspecto importante, no puede realizarse en
abstracto, esto es, sin conocer debidamente los efectos
que pueden llegar a tener determinadas medidas reformadoras. Un aumento en el número de años computables para el cálculo de la base reguladora, por ejemplo,
precisa de un análisis serio y minucioso de las carreras
laborales que pueden presentar en los próximos años las
personas potencialmente afectadas. Si de este análisis
se desprendiese que los costes en términos de bienestar
de estos futuros jubilados fuesen inferiores al beneficio
total que se induce en el sistema, la decisión podría
adoptarse. Ahora bien, si la caída en la cuantía media de
las pensiones (posible, aunque no necesariamente tiene
que ser simétrica para todos los potenciales afectados)
que se genera con una medida de este tipo apenas sirve
para contener el ritmo de expansión del gasto total del
sistema probablemente lo más indicado fuese incidir en
otra dirección.
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, CRECIMIENTO ECONÓMICO ...
La existencia de diferentes opciones discrecionales
para intervenir sobre el sistema, en el supuesto de que
la tasa de crecimiento económica futura no fuese suficiente, es lo que hace más deseable al sistema actual
frente a la capitalización. Un sistema de aseguramiento
basado en el ahorro individual siempre se ajusta en la
dirección fijada por los mercados financieros. La elección entre sistemas, por tanto, es, en última instancia,
una elección entre el determinismo que impone el mercado y la discrecionalidad que proporciona el sistema
público.
Referencias bibliográficas
[1] BARR, N. (2000): «Reforming Pensions: Myths, Truths,
and Policy Choices», IMF Working Paper WP/00/139, Washington, DC.
[2] ECOFIN (2001): Budgetary Challenges Posed by
Ageing Population, Economic Policy Committee, European
Union.
[3] EGUÍA, B. y SERRANO, F. (2003): «Funded System
and Uncertainty», Journal of Post Keynesian Economics, invierno, 26 (2), 191-204.
[4] SERRANO, F.; GARCÍA, M. A. y BRAVO, C. (2004): El
Sistema Español de Pensiones, Ed. Ariel, Barcelona.
CONSECUENCIAS DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN LA ECONOMÍA
Mayo-Junio 2004. N.º 815
ICE
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