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Gustavo Gándara, Raquel Cosentino: PONENCIA REALIZADA EN EL
MARCO
DEL
CONGRESO
USACH
INTERNACIONAL
DEL
CONOCIMIENTO “Ciencias, tecnologías y culturas: Diálogos entre las
disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe.
“efectuado entre los días 7 y 11 de Enero de 2013 en Santiago de Chile, Chile.
El rol de los Centros de Formación Profesional en relación al sostenimiento
del modelo de desarrollo con inclusión social
1- Introducción
La década de los noventa nos ha obligado a re significar el rol y el valor del trabajo en
una nueva coyuntura mundial, signada por el avance tecnológico e informático, y
fundamentalmente, por el lugar protagónico del mercado en el crecimiento económico
despolitizado.
Desde esta perspectiva se han impulsado teorías sobre el fin del trabajo, en un sentido
general, o sobre el tipo de trabajo asalariado desde otras, pero a todas luces de lo que se
habla es de las transformaciones en y del trabajo, lo que constituye una realidad
innegable.
La relación entre educación y trabajo es la que nos provoca realizar un análisis
coyuntural para comprender el universo en donde se desarrolla, y afirmar la importancia
que esta diada representa en el proyecto nacional, en un mediano y largo plazo. Si bien
hablamos de dos caminos diferenciados, cuyas peculiaridades se acentuaron con el
predominio de la teoría neo liberal, el desafío es lograr una comunicación entre ambas
realidades que señale una cooperación entre la educación y el trabajo para el
sostenimiento del modelo de desarrollo con inclusión social.
Nuestro análisis se orienta a comprender que en la década de los noventa, la formación
profesional estaba orientada a una suerte de compensación de las desigualdades que
producía el sistema, y que intentaban dar una respuesta (limitada) a la segmentación
educativa y el empleo precario; mientras que a partir del 2003, el nuevo panorama
educativo responde al interés de formar ciudadanos comprometidos con la realidad y
buscar mecanismos de inserción social a través de la participación y la cooperación en
torno a un sistema de seguridad social ampliado, erigido sobre el valor del trabajo.
A partir de esto, los CFP no representan solo un puente entre la educación formal y el
mundo productivo, sino que articulan un compromiso ciudadano enmarcado dentro de
la búsqueda de colaborar con la formación de un sujeto social, que efectúa una
interpretación fundamentada de la realidad y decide hacer uso de sus herramientas de
participación para involucrarse en la construcción de la historia.
En líneas generales, presentamos en este trabajo el interés sobre la problemática social
de los jóvenes, a partir del dato de que el 43% de quienes asisten a los centros de
formación profesional de la red de instituciones uocra son jóvenes de menos de 25 años,
con lo cual se pone en evidencia que la oferta de capacitación por oficios y la
articulación que la misma significa para la obtención de un trabajo de forma directa,
capta la atención de un importante segmento del mismo.
En este sentido, desde UOCRA se ha perseguido el objetivo de abordar al sujeto desde
una mirada integral, no solo desde el punto de vista formal/salarial, sino abarcar
aspectos y condiciones que estructuralmente se escapaban del marco de acción sindical.
Centralmente, y en relación al alto porcentaje de jóvenes que acceden a la educación por
oficios que parte del Plan Nacional de Calificaciones, la cuestión social de los jóvenes
(Perez Sosto, 2008) reproduce un interés propio sobre cuestiones que refieren a la
cooperación y responsabilidad institucional para asegurar condiciones dignas de trabajo,
que en definitiva es el indicador esencial de la calidad de vida de las familias. Es por
ello que defendemos y articulamos un dialogo social a partir del Estado, las
organizaciones sindicales y empresariales, en el contexto productivo actual, para
abordar estas problemáticas especificas.
1- La nueva coyuntura y las políticas activas de empleo
Si bien la educación ha significado tradicionalmente el acceso a un trabajo digno,
generalmente sistematizado por el propio estado en su organización de la economía, a
partir de la experiencia neo liberal, contamos con un escenario mucho mas
diversificado, y con un desempleo estructural que implica una atención diferente en
torno a la búsqueda de una realidad mas equitativa, en base a la inserción social de
sectores antes amarrados a una condición de asistencia social.
“En efecto, la forma que adquirió el complejo de políticas [durante el neo liberalismo]
produjo, recurrentemente, intervenciones poco estratégicas que “amarraron” a las
personas en la situación de carencia; a la vez que perfeccionaron los dispositivos de
discriminación entre “pobres merecedores” y “no merecedores” de asistencia.”
(Andrenacci, 2006)
No obstante, a partir del año 2003 se han impulsado políticas públicas a favor de la
inserción social de los jóvenes, entendidos estos como uno de los sectores
fundamentales del proceso productivo. Es por ello que se han puesto en marcha
programas que buscan fortalecer el modelo económico estratégicamente, a través de la
inclusión de grupos altamente productivos al escenario educativo, orientado a lo técnico
productivo, representados en los jóvenes que están terminando la secundaria o están
dentro de alguna carrera terciario o universitaria y que pronto serán los principales
actores sociales de sostenimiento del modelo. En este sentido, se vuelve a recuperar el
valor de la educación técnica en los secundarios a través de la creación del instituto
nacional de educación tecnológica, y fundamentalmente por la promulgación de la ley
de educación técnica profesional nº 26.058 del 2005, y la ley de educación nacional
nº26.206 de 2006.
Asimismo, se han creado universidades públicas con una vinculación directa con lo
productivo a fin de lograr un camino unificado entre la educación media y superior en
donde, agregamos, la formación profesional que antaño solo servía como un paliativo a
las deficiencias educativas del neo liberalismo, hoy día sí representa un elemento más
que significativo de inclusión de jóvenes a este nuevo proyecto nacional.
En este sentido, nos parece útil establecer una caracterización en torno a políticas
públicas de empleo que están directamente asociadas a este planeamiento educativo con
miras al sostenimiento del modelo de desarrollo, y que constituyen la base de la
recomposición de la relación entre educación y trabajo. Adherimos entonces a la
clasificación elaborada por J.C. Neffa sobre políticas de empleo pasivas, que son
“Las que prioritariamente ponen el acento en la oferta de fuerza de trabajo, operan
por lo general en el horizonte de la coyuntura o de ciclos cortos (pero que pueden dar
lugar a efectos duraderos), proporcionan subsidios y políticas sociales a los
desempleados y procuran contener el desempleo mediante el incremento de la
población económicamente activa y la reducción o contención de la oferta de fuerza de
trabajo” (Freyssinet, 2005)
Mientras que, las políticas activas de empleo son
“aquellas que con una perspectiva de mediano y largo plazo, y actuando al mismo
tiempo sobre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo, se proponen lograr un efecto
positivo sobre el nivel de empleo y reducir el desempleo haciendo frente de manera
durable a las causas macro económicas estructurales y además promover la generación
de nuevos empleos” (Freyssinet, 2005)
Con lo cual, podemos afirmar de acuerdo a esta línea conceptual que las políticas
activas de empleo cubren tres variables:

Reducir el desempleo

Mejorar la calidad de oferta de trabajo satisfaciendo las demandas de
empleo de los trabajadores

Cambiar la naturaleza de las demandas (mejorar la calidad y cantidad de
los empleos ofrecidos desde los empleadores)
De este modo, la transformación de las políticas de empleo (de pasivas a activas) esta
asociado a el nuevo esquema productivo, que se impulsó desde el año 2003 como
estrategia de superación de la crisis y, además, como cambio de paradigma para lograr
una mayor autonomía nacional y una búsqueda de crecimiento sostenido, fundamentado
sobre la mejora de la calidad de vida de las personas mediante el trabajo como eje
primordial de inclusión social. Este recuperado horizonte se produce junto con un
Estado social fuerte que equilibre los intereses antagónicos inherentes a la sociedad, y
que hoy día se traducen en una defensa de los colectivos antes olvidados, en una suerte
de contención del avance del capital por sobre lo humano.
Por su parte, con la recuperación de un proyecto estratégico de desarrollo en torno a la
industria nacional y el protagonismo del trabajo (decimos una economía con rostro
humano como expresa b. kliksberg), se presupone que la relación entre educación y
trabajo debe necesariamente abordarse desde una perspectiva integral. Entonces, de lo
que estamos hablando es de la inserción social de los jóvenes al mundo del trabajo pero
decente, mediante una educación polivalente, dinámica que de respuestas a las
demandas coyunturales, en lo cual los centros de formación profesional implican algo
mas que solo un puente entre estas dos realidades, para significar un complemento
educativo que favorece al acceso a un trabajo digno.
2-
Los jóvenes: heterogeneidad ontológica y homogeneidad construida
La situación social de los jóvenes no es algo fácil de conceptualizar, pues como todo
grupo social en el contexto actual, advierte dentro de sí mismo muchas sub categorías a
tener en cuenta, y es por ello que esbozaremos tres subgrupos sociales dentro del
colectivo “jóvenes”, a modo de simplificación, para acceder a un análisis teórico
descriptivo:
 Aquellos jóvenes que parten de una familia empobrecida, que fue arrastrada
hacia una situación social de pobreza extrema, y que no han podido acceder a
una educación formal, o al menos, no han podido finalizar sus estudios por
necesidades económicas. Este sub grupo además, no cuenta con un trabajo
estable ni la posibilidad de conseguirlo bajo las reglas del mercado. Son los
excluidos estructurales, que están insertos en un grupo familiar y un contexto
social también excluido.
 Jóvenes que corresponden a una clase media empobrecida, que posee mayores
niveles educativos que sus padres pero no pueden acceder a aun trabajo digno en
una economía que vuelca sobre ellos unos requisitos inalcanzables y que
significan un pretexto para la flexibilización laboral y el trabajo informal. Son
jóvenes que acceden a trabajos con bajos salarios, de manera informal o
precaria, sin protección y sin goce de los beneficios de la seguridad social. En
este sub grupo están aquellos que poseen educación terciaria y universitaria pero
que tampoco acceden a un trabajo estable y formal, poniendo en evidencia que
estamos ante un sistema perverso que no otorga posibilidades ni siquiera para
aquellos que supuestamente poseen las condiciones. Es decir, el rango de
jóvenes con niveles universitarios lógicamente tienen mejores posibilidades de
inclusión, pero en líneas generales, no están exentos de las negatividades del
sistema y de las condiciones a las que se sometió el mundo del trabajo.
 Un sub grupo de alto poder adquisitivo, que adquiere empleos por tal condición
o por relaciones sociales, pero sobre el cual recae todo el andamiaje
flexibilizador, con lo cual, muchas veces sin darse cuenta, están insertos en un
sistema que les permite ser parte de él pero bajo condiciones infrahumanas por
el valor del capital.
De este modo, y a sabiendas de la segmentación que esta categorización significa, se
puede inferir que en la (pos) modernidad la educación por si sola no significa movilidad
social ascendente, así como tampoco refleja el acceso a un trabajo decente o a una
estabilidad socio- económica. Consecuentemente, la estabilidad y seguridad de las
personas se establece en la conjunción entre la educación y el trabajo concebidos como
derechos y características que deben tender a la igualdad de oportunidades.
Actualmente entonces, percibimos un cambio en la matriz ideológica en cuanto a la
concepción que se tiene de los jóvenes; si antes se los encerró en una lógica negativa
establecida sobre la individualidad y la “libertad” que el mercado brindaban, hoy día
contamos con una perspectiva positiva que los proyecta como un segmento social
altamente productivo cuya inclusión es primordial dentro del modelo con seguridad
social.
Concretamente, pasamos de concebir un grupo social segmentado, dividido, con una
difícil interpretación de sus demandas, fundamentalmente por desatenciones en un
Estado “mínimo”, hacia el pasaje a un colectivo organizado, militante, que defiende sus
derechos, y que supera sus diferencias a favor de una identidad de clase1.
Se denomina juventud al período del ciclo de vida, en que las personas transitan de la
niñez a la condición adulta y durante el cual se producen importantes cambios
biológicos, psicológicos, sociales y culturales inherentes al proceso de formación de la
propia identidad, de emancipación y de creciente interacción con la sociedad,
característico de este período. (Rodríguez, E; 2003).
Este colectivo, posee particularidades e identidad propia, mas allá de sus diferencias
internas, concentradas en torno a un nuevo rol que cumplen en el escenario social
contemporáneo. Los jóvenes de hoy tienen participación directa en la realidad, trabajan,
estudian, una o ambas, compran, venden, deciden, hablan, se quejan, defienden, y
podemos afirmar que, con la recuperación del valor de la política como herramienta de
cambio, han sabido concentrarse y organizarse de modos impensados diez años atrás.
En líneas generales, vemos que la nueva cuestión social de los jóvenes esta mutando de
una realidad adversa a otra con posibilidad de cambios mediante la participación
organizada. Desde este punto de vista, podemos decir que estamos ante un proceso
1
Como expresa Laclau (2004)“Afirmando el carácter relacional de toda identidad social” en base a los
antagonismos (no contradicciones) y que además, tienen un carácter de necesidad
institucional nuevo, donde la separación entre Estado y Sociedad Civil se esta
superando, a favor de una mayor relación en torno a una democracia popular con
sentido.
Recapitulando, en relación al primer sub grupo que describimos en el punto anterior,
vemos que la incorporación temprana de los mismos al mercado de trabajo, como
consecuencia de la necesidad de ingresos en la familia y en un contexto donde el único
que puede acceder a el es el joven que posterga sus derechos e hipoteca su futuro, esta
asociada obligatoriamente a la deserción escolar, implicando a largo plazo que ese
joven no acceda a un trabajo digno en un futuro, y tampoco en su presente. De este
modo, se puede ver el sentido perverso de esta condición, al cual agregamos, la
negación sistemática de sus derechos como ciudadano.
En esta condición salvaje, vemos que además de la desigualdad y la pobreza que atentan
contra los jóvenes, se encuentran diversas formas de violencia que se constituyen como
lo cotidiano, y que encierran un círculo vicioso que favorece a su estigmatización. Se
pueden encontrar entonces altos índices de desocupación y sub ocupación en este sector
de la sociedad que sostiene muy a pesar suyo la flexibilización laboral, eternizando una
condición de pobreza estructural que se pasa de generación en generación.
No hay que olvidar, ni dejar de alarmarnos, en como se ha reproducido ideológicamente
esta condición de empobrecimiento general como una consecuencia residual, en donde
los jóvenes victimas se muestran desde algunos sectores de la sociedad como culpables
de su propia condición, y se instaló en el imaginario social la naturalización de esta
exclusión, del mismo modo que se los desconoce como sujetos de derechos.
En torno al segundo sub grupo, se observa que son ciudadanos con un nivel de
educación formal mediano/ alto, pero que deben insertarse en un mercado de trabajo
segmentado, que articula momentos de desempleo con momentos de trabajo precario, de
modo que achica al máximo los márgenes de decisión en un contexto flexibilizado y
legitimado por la privatización de la economía. Entonces, su incorporación al mercado
de trabajo se produjo de manera inestable, y soportando como venimos afirmando las
consecuencias de la flexibilización laboral determinándolos como un sector social
vulnerable, cuyos efectos son tan dispares como complejos.
Fundamentalmente, creemos que la precariedad laboral constituye la variable
significativa en torno a la vulnerabilidad y exclusión social. Por lo tanto, siguiendo a
Castel decimos que la desocupación no es la determinante, sino las condiciones
paupérrimas del trabajo moderno, que son la condición de ella y de muchos otros
efectos negativos en las sociedades actuales.
En cuanto al ultimo sub grupo, estamos ante una serie de particularidades y algunas
similitudes
respecto de los primeros dos subgrupos. Las diferencias parten
esencialmente de que quienes integran este sector están incluidos estructuralmente en el
sistema, y suelen ser el sujeto social tenido en cuenta en el modelo neo liberal, de modo
que la privatización de la vida y el cambio de ciudadanos a consumidores no representa
una perdida de derechos, sino que los convierte en sujetos privilegiados en un escenario
de empobrecimiento generalizado. Es así que, la privatización de la educación a la cual
tuvieron acceso y la individualización del mercado de trabajo (desprotegido,
desafiliado) en el cual están insertos, les otorga un lugar privilegiado asociado al favor
del capital. De este modo, son quienes mas intentan separarse del colectivo juventud, y
no poseen identidad ni pertenencia como consecuencia del abrazo a la exacerbada
individualidad.
Mientras que en relación a las continuidades, observamos que recaen también sobre
ellos las leyes impersonales y flexibles del mercado, creando un ambiente de trabajo
extenuante, inseguro y que requiere de una validación diaria del propio rol del agente.
En este sentido, en la Corrosión del Carácter, Sennett2 refleja de forma precisa los
cambios dentro de las empresas y del rol de los trabajadores en ellas, mostrando que la
inseguridad invade a todos por igual.
Si bien estos individuos están en condiciones diferentes y privilegiadas respecto de las
otras, podemos afirmar que no escapan a los efectos negativos del modelo
improductivo.
Por lo tanto, intentamos que se considere al colectivo social como una unidad, más allá
de sus diferencias. Lo cual no implica que se atiendan todas las demandas en forma
general, sin detenerse en las particularidades, sino concebirlos como un todo, y atender
sus problemáticas de forma precisa a modo de favorecer a una mayor homogeneidad.
2
Ver Richard Sennet (1995) “La corrosión del carácter”, Buenos Aires, Anagrama.
Como explica Laclau (2011) la homogeneidad social nunca esta “dada”, sino que es una
construcción social a la cual agregamos, cargada de sentido.
El objetivo de esto es que para dar una respuesta correcta desde el sistema político a las
demandas de un sector social determinado, necesariamente deben organizarse en base a
la construcción de una homogeneidad, o de una cadena equivalencial de demandas
como expresa Laclau (2005) que es el punto de partida obligado3. Desde este sentido, la
profundización de la democracia se produce desde la institucionalización y la
politización de la vida, mediante la cual esta relación institución/ ciudadano constituye
en esencia el modo de conformar un Estado cuyo fin es el bienestar general.
Claramente, de lo que se habla es de participación ciudadana organizada, de la relación
entre lo político referido a los movimientos en la sociedad civil, y las instituciones en un
juego dinámico.
3-
La formación ciudadana y sindical
Desde la perspectiva sindical, la cuestión social de los jóvenes representa uno de las
problemáticas más acuciantes e importantes en la coyuntura actual. Decimos que
estamos siendo testigos de un momento histórico de profundos cambios no solo en la
matriz económica con sus beneficios sociales, sino principalmente desde el rol de la
política: un Estado fuerte, amplia participación y el reconocimiento de que la sociedad
es el fundamento y el interlocutor valido del Estado, nos permite (re) pensar tanto temas
relacionados al trabajo como a la educación, en relación a los jóvenes.
De este modo, luego de las características expuestas en los apartados anteriores,
decimos que en cuanto al trabajo, el mismo debe conceptualizarse socialmente asociado
al termino Decente, el cual implica no solo empleo, sino protección social, la adhesión a
las normas internacionales de trabajo y un dialogo social efectivo. En el contexto actual,
contamos con estas premisas defendidas desde el MTySS, pero aun resta instalar el
concepto en la sociedad civil, de modo que se reconozca el valor no solo del salario,
sino de todo el conjunto de beneficios que deben percibirse con un empleo digno.
3
En este sentido, podemos ver como se articula tanto los movimientos de la sociedad civil en torno a lo
político como condición necesaria de la democracia popular, y de las instituciones, de la política, en
respuesta a ella. Es un movimiento dual del proceso político.
En este sentido, y a sabiendas que partimos de un escenario difícil en torno al empleo, y
afirmamos, donde el proceso flexibilizador se ha instalado como practica legitima en la
sociedad civil, sostenemos que hay que favorecer al cambio cultural en torno al Trabajo.
Gracias a que hoy día se ha recuperado un proceso productivo centrado en la industria
nacional con el trabajo con valor agregado como epicentro, el debate en torno al Trabajo
Decente como articulador es indispensable.
A diferencia de lo que aconteció en la década de los noventa, donde las relaciones
internacionales se produjeron en torno a la sumisión a los organismos multilaterales de
crédito, actualmente se ha cambiado por una asociación con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) a favor de esta recuperación del mismo universalmente,
pero donde América Latina y concretamente Argentina ha sabido comprender la
importancia de tal asociación en un momento de cambio de la estructura productiva.
Es por ello que nuestro país ha ratificado resoluciones de OIT a fin de otorgar un marco
legal internacional al proceso que es protagonizado por el Trabajo, de los cuales
destacaremos las Res. 87 y 98 de libertad sindical y negociación colectiva; las Res. 29 y
105 de eliminación del trabajo forzoso; las Res. 100 y 111 que tiene como derecho
fundamental la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; las
Res. 138 y 182 de abolición efectiva del trabajo infantil y el Convenio nº 102 como
norma mínima de seguridad social. En cuanto a la legislación nacional, se derogaron las
leyes de flexibilización laboral y se favoreció a una mesa tripartita de debate entre el
Estado, las organizaciones empresariales y los sindicatos con el fin de abordar las
problemáticas relativas al empleo desde un abordaje multidisciplinario y con
representantes de opuestos intereses. Es en este sentido que ampliar la sindicalización y
la participación del trabajador desde las organizaciones es fundamental en el nuevo
marco regulatorio.
Asimismo, Argentina ha modulado un programa de defensa del Trabajo Decente, que
resulta fundamental, ya que como expresa Castel, la lucha por el Trabajo Decente debe
ser la piedra angular de toda lucha contra la exclusión. A lo cual agregamos la expresión
desde OIT que indica que el Trabajo Decente debería constituir la esencia de las
estrategias para lograr progreso económico y social, asimismo, es esencial para reducir
la pobreza y como medio para alcanzar un desarrollo equitativo, global y sostenible.
En Argentina, las acciones más importantes en cuanto a Trabajo Decente se han
desarrollado en el marco del Programa Nacional de Regulación del Trabajo, el
Programa Integral de Promoción del Empleo Más y Mejor Trabajo, la Red de Oficinas
de Empleo, y el Seguro de Capacitación y Empleo.
Además, nuestro país ha integrado el Trabajo Decente como objetivo nacional mediante
la Ley de Ordenamiento Laboral Nº 25.877, del año 2004.
Por lo tanto, advertimos una relación primordial e innegable entre el Trabajo y la
seguridad social en un sentido cualitativo, que determinará un desarrollo, como afirma
OIT, productivo y social: ambas asociadas en un mismo rango de importancia.
4-
La relación educación y trabajo
El escenario educativo representa por sí mismo un universo complejo y con
intermitencias y cambios radicales a lo largo de la historia, por lo tanto, comenzaremos
diciendo que las necesidades sociales en materia educativa han mutado sustancialmente
de las demandas sucedidas a mediados del siglo XX. De este modo, advertimos un
panorama diverso producto de la (pos) modernidad4 que altera radicalmente el concepto
de educación clásico.
En líneas generales, podemos ver que la educación actual responde a un esquema más
integral y permanente, que intenta formar un individuo que no solo posee conocimientos
específicos y formación profesional, sino que adquiere las herramientas necesarias para
interpretar la realidad y actuar sobre ella, en el contexto de las denominadas “sociedades
del conocimiento”.
Es así que, como explica D. Filmus (1995) en los tiempos modernos lo que importa son
los ciudadanos y la re vinculación entre el mundo del trabajo y el mundo educativo, a
partir de la comprensión de los cambios que se experimentan en la actualidad, donde los
procesos productivos están cargados de movimientos dinámicos en torno a las nuevas
tecnologías y la informática, que deben estar comprehendidas desde esta diada.
4
La posmodernidad posee características socio psicológicas importantes, entre ellas destacamos: una
época de desencanto, donde se renuncia a utopías y la idea de progreso; se apuesta por el progreso
individual; se cuestiona el conocimiento; se pasa de un modelo de acumulación productivo a otro de
consumo; medios de comunicación masivos; vacuidad; información abrumadora; desacreditación de la
política; desmitificación de lideres; ausencia de planes a futuros y desconocimiento del pasado;
inestabilidad generalizada; volatilidad; desaparece a valorización del esfuerzo y la auto superación;
diversidad religiosa; despreocupación ante la injusticia.
Tomando al ser humano como protagonista del proyecto de desarrollo, la capacidad de
las personas es lo que importa para el sostenimiento del modelo, y en este sentido es que
la educación debe atender a esta necesidad.
Desde esta perspectiva, podemos intentar ubicarnos en un intermedio útil entre la visión
que sostiene que la educación desde su racionalidad esta imposibilitada de seguir el
ritmo dinámico del mundo del trabajo; y aquella postura que intenta formar individuos
de forma practica, sin desarrollo de pensamiento critico, desde una vertiente utilitaria.
Esta posición se puede sumar desde las escuelas técnicas, los centros de formación
profesional y las nuevas universidades públicas, con la renovación educativa libre y
gratuita que significan.
De este modo, creemos que hay que articular dos movimientos: formar ciudadanos
profesionales desde los Centros, donde se realice una suerte de formación integral que
module lo profesional con los valores ciudadanos; y en un mismo proceso, las
universidades del conurbano que se perfilan profesionalmente desde esta visión integral
de la educación, vincularse no solo con ámbitos de apertura del trabajo, sino también
coordinar un trabajo cooperado con sectores del sindicalismo para profundizar la
inclusión social y la movilidad ascendente perdida antaño.
Por lo tanto, podemos afirmar el interés de formar una alianza entre la formación
ciudadana que incluye conocimiento de derechos y de valores democráticos; y la
formación sindical que implica la organización y la defensa de los mismos.
De esta manera,
la formación sindical y ciudadana constituyen los dos pilares
fundamentales para este objetivo.
La formación ciudadana, responde al interés de entender que el tiempo, nuestra historia,
se produce de manera continua entre pasado, presente y futuro que a suerte de línea
temporal se retroalimentan mutuamente. Desde esta perspectiva, el conocimiento del
pasado, y la interpretación de la realidad y su posibilidad de cambio a través de la
política como herramientas significan la construcción de un futuro fundado en el interés
de la comunidad y no ya impuesto “desde arriba”. Es decir que la conformación de una
democracia popular es obviamente el marco de este tipo de concepción no solo del
conocimiento, sino de la responsabilidad social.
Asimismo, dentro de este marco conceptual, incluimos lógicamente la profundización
de conocimientos en torno a los derechos civiles y laborales, que junto con la educación
formal conformaran un ciudadano con conocimiento teórico abstracto que le permite
sortear la vorágine del mundo de hoy, pero también mediante el conocimiento de sus
derechos, sostener la lucha por una vida digna en la cual el trabajo es un eje primordial.
En cuanto a la formación sindical, creemos que hay que recuperar el valor de los
sindicatos como organismo de defensa de los derechos, pero que también ha sufrido
transformaciones internas. Entre ellas, decimos fundamentalmente que no se debe
defender solo al ser humano desde su rol como trabajador, sino concebir una mirada
mas amplia que lo tome como un sujeto social: como trabajador/ ciudadano. Sabemos
que la política de desafiliación que se puso en marcha con el terrorismo de Estado y que
se ha profundizado en la década de los noventa, ha determinado consecuencias
negativas al movimiento sindical tanto externa como internamente. Para señalar
diremos, principalmente la desaparición y tortura de líderes de los trabajadores en la
dictadura que, junto a otras y en el marco de una exacerbada individualidad, lograron el
retroceso de las instituciones; los cambios en la matriz productiva y el repliegue de los
asalariados en el PBI nacional; las transformaciones propias del trabajo en la era de la
economía de mercado; la retorica y publicidad negativa tanto de los representantes
sindicales, como de las organizaciones estrictamente, en relación al objetivo del
desprestigio y desvinculación social de las organizaciones, para poder impulsar la
legislación laboral flexibilizadora que con una presencia sindical fuerte como la historia
lo muestra hubiera sido imposible; etc.
A través de los Cursos que se impulsan en los Centros de Formación Profesional de la
red de instituciones de la Fundación UOCRA, se pudieron realizar investigaciones en
torno al perfil de los asistentes y se puso en evidencia que el 43% de los que asisten a
los cursos tiene menos de 25 años; un 24% es de 26 a 35 años; un 13% de 36 a 45 años
y un 12% de 46 años y mas (el “% NS/NC) ; el 59% se encuentra desocupado (y dentro
de este segmento el 50 % son menores de 25 años); y un 37 % esta ocupado.5
Consecuentemente, en el próximo cuadro se puede ver como incide directamente sobre
el empleo los niveles educativos alcanzados por una persona.
5
Datos según INSOC del 2008
Tasa de Empleo según nivel Educativo
45%
86,40%
secundario incompleto
70,60%
secundario completo
universitario completo
Elaboración propia en base a datos Indec
De los que asisten a otra institución educativa, y en esto hacemos hincapié, casi el 50%
está en la secundaria, lo cual refleja la vinculación directa entre terminalidad educativa
formal y la formación profesional, como una capacitación estratégica para el acceso a
un trabajo (decente). De este modo, los CFP constituyen instituciones educativas que
favorecen directamente a la inclusión social de jóvenes que hasta hace un tiempo se
mantenían al margen del sistema y que han sido victimas de rupturas en el proceso
educativo tradicional6. Porque la relación entre la condición laboral y la situación
educativa constituyen los elementos usuales para identificar a los jóvenes en
vulnerabilidad, por lo tanto, abordar los dos escenarios y desde una realidad concreta
como lo son aquellos que han sido excluidos responde a un cambio de las políticas
públicas referidas al tema ya no desde una focalización y una lógica de asistencia y
contención social, sino partiendo de la necesidad de incluir a los ciudadanos en un
sistema de seguridad social ampliado y
como hemos afirmado con anterioridad,
concebir a los jóvenes como un sector social fundamental en este esquema.
Entonces, este nuevo contexto en relación a la conformación de un Estado fuerte con
responsabilidad social, invita a que desde las organizaciones y las instituciones se
produzcan un compromiso mayor con la comunidad en torno a valores democráticos
6
También hay que tener en cuenta que la formación profesional afecta de manera positiva y directa a
las pequeñas y medianas empresas, pues llegan a cumplir las características de calificación de todo el
personal en el marco de las nuevas técnicas de producción y organización empresarial.
que deben impartirse desde la educación formal e informal, asociado a los perfiles
productivos a fin de sostener un régimen popular asociado a un modelo estratégico de
desarrollo, establecido sobre la industrialización con sentido federal.
Puntualmente, se puede distinguir dos procesos de cambios significativos en torno a la
planificación social a futuro: en una primera instancia, la creación del Sistema
Previsional Argentino (SIPA) en el año 2008, constituye la posibilidad de destinar
recursos hacia una construcción colectiva que se diferencia tangencialmente del
individualismo y la focalización social de los noventa, mediante un sistema de
responsabilidad compartida que contempla grupos vulnerables prioritariamente, pero en
miras a una inclusión productiva. Seguidamente, se impulsa la Asignación Universal
por Hijo para Protección Social (AUHPS) en el año 2009, que plantea una real
transferencia de recursos y una capitalización de concretamente los niños y
adolescentes, pero no desde una lógica mercantil, sino traducida en el ejercicio y el
reconocimiento de derechos. Asimismo, representa un factor económico que reduce los
índices de indigencia de forma directa, y un acceso al sistema formal de educación que
articulará en un futuro una realidad menos volátil para la comunidad toda.
EPH-Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza, total de aglomerados urbanos
1º
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SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
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SEM
11
De todos modos, esta serie de políticas no constituyen el objetivo, sino una herramienta
que debe articularse con otras para revertir condiciones negativas que se profundizan en
el colectivo en cuestión, en una continuidad desde las políticas de niñez y adolescencia,
hasta las de juventud7. Es así que, según datos de INDEC en el año 2011, el 15% de
estos jóvenes no posee ingresos suficientes para cubrir la Canasta Básica Total, es decir
que son pobres, mientras que un 5 % no alcanza a cubrir la Canasta Básica Alimentaria,
o sea, son indigentes. Lo cual se traduce en un camino difícil en el pasaje de la
adolescencia a la adultez, con amplias consecuencias en términos de inclusión y
percepción de los beneficios del sistema de seguridad social por un lado, y en relación a
la planificación personal, por otro.
Fundamentalmente, se puede advertir una continuidad de la segmentación social interna
del colectivo, al que intentan atender las nuevas políticas ya expuestas, pero cuyos
resultados no son inmediatos, más allá de la mejora de los indicadores sociales en
pobreza e indigencia. No obstante, la reducción de la desocupación e informalidad
laboral (que no está aun abolida) tiene relación directa también con esta serie de
políticas activas de reactivación del mercado interno y la inclusión de amplios sectores
sociales al sistema productivo, tanto desde la economía tradicional como la renovada
economía social.
No obstante, se continúa articulando además políticas y demandas en torno a los
miembros menos calificados dentro de los jóvenes, que son los que tienen dificultades
para percibir las mejoras del mundo laboral y apreciar los beneficios de la activación de
las negociaciones colectivas. Los CFP representan uno de los ámbitos de recepción de
estos colectivos para sortear esa realidad a partir de la obtención de herramientas y
conocimientos específicos que le permitan insertarse o contar con un ingreso muchas de
las veces sostenido, y cambiar los condicionamientos negativos heredados del neo
liberalismo.
En este sentido, de acuerdo a las investigaciones realizadas desde el INSOC, se puede
ver que la población desocupada según edad que asiste a los Centros es
mayoritariamente los jóvenes, que alcanza el 45% en menores de 25 años, cuyo impacto
es directamente proporcional con la terminalidad educativa, donde los que no
terminaron el secundario llega al 26%, a lo que le sumamos los que terminaron la
primaria asciende a un total de 49%.
7
Para INDEC, la franja etaria que delimita el periodo juvenil es de 18 a 29 años.
Edad de la población desocupada de los CFP UOCRA, 2008
22%
hasta 25
45%
de 26 a 35
de 36 a 45
13%
46 y más
ns/nc
12%
8%
Fuente: Insoc
Población desocupada de acuerdo a nivel educativo de los CFP UOCRA, 2008
1%
primario incompleto
1%
10%
10%
primario completo
6%
secundario incompleto
23%
secundario completo
17%
univ. Y/o terciario
incompleto
26%
univ. y/o terciario
completo
Fuente: Insoc
De todos modos, resta que esos sujetos sean absorbidos por la economía formal, pues la
mayoría de ellos se orienta al trabajo autónomo, o a conformar cooperativas de trabajo,
lo cual reproduce un cambio en la lógica de producción que no persigue solo el lucro,
sino que tiene como máxima el bienestar social, pero que deben reproducirse en un
incremento de los asalariados en el PBI nacional y fortalecer el sistema se seguridad
social.
5-
Conclusiones tentativas
La cuestión social de los jóvenes ha adquirido mayores dimensiones en un contexto que
los concibe como sujetos de derechos y como un grupo altamente productivo, ya sea
desde el punto de vista estratégico como demográfico. Desde esta perspectiva, ya no se
los naturaliza en una condición de exclusión o mediante una visión legitimada de
vulnerabilidad, donde la flexibilidad surgía como un componente positivo, sino que en
la actualidad se trata de recomponer la relación difícil entre educación y trabajo para el
sostenimiento del modelo de desarrollo.
En este sentido, vemos que lo que se puso en marcha desde el año 2003 fueron cambios
sustanciales en torno a las directrices del país desde un abordaje integral entre lo
económico, lo social y lo político, que constituyen un proyecto estratégico de desarrollo
(De Piero, Gradin, Ruiz del Ferrier, 2011)
Asimismo, en políticas destinadas a este sector social concreto, se establecen los
cimientos de lo que será la condición futura de las personas, en donde la lógica del
mundo del trabajo y el derecho de educación representan valores indispensables con
amplias consecuencias, que en este momento se consideran de carácter público y gracias
a ello se transforman en derechos positivos.
Es por ello que se deben avanzar en políticas activas en torno al trabajo decente, y a la
ampliación de una educación de calidad que constituya el punto homogeneizador de
inserción social. La concepción de los CFP como algo más que un puente entre la
educación formal segmentada y la exclusión, o como un mero paliativo de las
deficiencias del propio sistema educativo mercantilizado de los noventa, advierte que su
importancia dentro del esquema productivo industrial supone una serie de beneficios
directos:
 Por un lado, articula las instancias educativas formales, así como establece
terminalidad de primaria y secundaria para la reinserción social, en una suerte de
homogeneizador de diferencialidades sociales producto de la segmentación
educativa y la precarización laboral de los noventa.
 Permite que se desarrollen proyectos productivos de visión emprendedora, y en
muchos de los casos, que se impulsen trabajos cooperados que constituyen una
nueva economía con rostro social.
 Desarrolla una concientización de derechos referidos a la ciudadanía y
concretamente en relación al mundo laboral, para que la inserción de los mismos
se produzca en términos legales y justos.
 Favorece a la capacitación de los proyectos de la economía social buscando
operativizar mecanismos y apuntalar un desarrollo sostenido de las mismas, a
partir del conocimiento específico y la asistencia técnica.
Para concluir, decimos que un abordaje integral de los problemas específicos del
colectivo juvenil, se produce desde un Estado con responsabilidad y compromiso social,
pero que además requiere de la cooperación de otros actores sociales en conjunto, como
lo son las empresas y los sindicatos, de modo tal que se pueda lograr un seguimiento de
las políticas impulsadas, así como analizar sus efectos y alcances en concreto, y
fomentar la inserción al mundo del trabajo decente bajo reglas justas, que desarrollen la
economía local y permitan la inclusión de los jóvenes en conjunto al sistema. En este
sentido, el fortalecimiento de los centros de formación vinculados a los actores sociales
legítimos, representan en sí mismos un valor agregado en este proceso de transición,
insertando laboralmente a colectivos antes olvidados. Nuevamente se afirma, la
importancia del seguimiento de las políticas para no solo medir sus impactos, sino poder
modificar o profundizar lo que sea necesario a partir de particularidades y contingencias
que se puedan suceder.