Download TPS, compromiso moral

TPS, compromiso moral
Julio Ligorría Carballido
C
omo pocas veces en los últimos años, la ansiada reforma migratoria en
Estados Unidos parece estar cerca de ser una realidad. El presidente
Obama ha oficializado la intención de buscar una solución al estatus
migratorio de unos 11 millones de inmigrantes ilegales que se convierten, a la
luz de las estadísticas, en una opción factible para resolver algunos problemas
que Estados Unidos vive. Desde el incremento de la recaudación fiscal, hasta la
reducción de gastos en persecución de ilegales forman parte de los beneficios
tácitos de la idea que Obama ha convertido en el proyecto inicial de su
segundo período presidencial.
De 1986 a la fecha no se ha producido una reforma migratoria real. En
esa época, el presidente republicano Ronald Reagan abrió la puerta a la
legalización de unos tres millones de migrantes indocumentados —cerca del
40% de la población ilegal oficialmente estimada— y aunque muchos sectores
señalaron como incompleta la ley porque no controlaba el creciente flujo de
quienes buscan el sueño americano, los efectos fueron positivos para la
integración de una masa social importante. Los migrantes latinoamericanos, se
fueron
convirtiendo
en
una
fuerza
política,
electoral
y
hasta
militar
importante, tanto como para haber sido decisiva en varias elecciones, haber
combatido en las guerras.
La idea de reformar las leyes migratorias no es necesariamente novedosa.
Años atrás, el entonces presidente Bill Clinton había mencionado la posibilidad
de regularizar a los migrantes ilegales, convirtiéndoles en contribuyentes y
ciudadanos, con todas sus obligaciones y derechos.
Es ese ejercicio de sumar cerebros, impuestos, mano de obra calificada e
inversionistas lo que subyace en la propuesta del presidente Obama. Busca a la
vez reducir o controlar focos de conflictividad racial, porque aun y cuando eso
no se diga en voz alta, la consecuencia de una reforma migratoria integral
será esa.
Aunque la esperanza por una pronta reforma migratoria integral no se ve
tan lejana en el tiempo —Obama cree lograrla antes de que termine este
año— Guatemala debe continuar el trámite del TPS para sus indocumentados
ante la Unión Americana. Nada extraño tendría una prolongada discusión de
la Reforma entre senadores y congresistas norteamericanos, y mientras tanto
crecerán las deportaciones de chapines, con el impacto directo en la economía
y el ánimo nacionales. ¿El ánimo? Sí. Cada deportado trae en sus bolsillos una
historia de sacrificio que se torna estéril cuando lo capturan y devuelven al
país. El impacto social que tiene cada retornado no se logra cuantificar
colectivamente y solo quienes han corrido la aventura de viajar ilegalmente
tras una oportunidad en Estados Unidos saben cuánto pesa regresar sin haber
logrado la meta.
Por eso resulta sana la decisión del Gobierno por seguir apoyando la
búsqueda del TPS para los chapines. Mientras se define la reforma, el Servicio
de Migración no suspenderá las redadas; los riesgos no amainarán para los
indocumentados y aumenta el riesgo que, ante la expectativa de un cambio a
mediano plazo, las condiciones para nuestros connacionales —y todos los
ilegales— empeoren. Hablamos de unos 850 mil guatemaltecos para quienes
un TPS sería la oportunidad de esperar la reforma con un ápice de paz.
Hablamos de un esfuerzo que el gobierno guatemalteco debe acelerar, por el
bien de todos. Hablamos, en pocas palabras, de una obligación moral que otros
gobiernos no quisieron cumplir y que ahora podría convertirse en realidad.
Guatemala, 6 de Febrero, 2013