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JULIO LIRA SEGURA, DIRECTOR PERIODISTICO DIARIO GESTION
Egresado AMP 2013
Permiso, por favor
Durante el año pasado, uno de los factores más recurrentes para explicar el atraso de los
proyectos de inversión privada e incluso la pública, fueron los permisos y las
consiguientes trabas burocráticas que enfrentan las iniciativas empresariales. No es la
primera vez que se convierten en el centro del debate; ya en el 2008 el entonces ministro
de Economía del gobierno aprista, Luis Carranza, mostraba su preocupación en una
entrevista con Gestión.
Desde entonces, los avances contra este problema han sido insuficientes, pese al
esfuerzo de algunas entidades como Indecopi. Por ejemplo, en el 2013 el costo
económico de 209 barreras burocráticas identificadas alcanzaba los S/. 473 millones.
Una de las figuras más denunciadas era el desconocimiento del silencio administrativo
positivo.
Y es que si bien en los ministerios se adoptó la política de la ventanilla única para agilizar
los trámites, los resultados todavía no entusiasman, pues los problemas siguen y hasta se
multiplican.
En el 2011 se iniciaron 300 casos contra barreras burocráticas en Indecopi y se
identificaron menos de 200. El año pasado se superaron los 600 procesos y se
identificaron 759 barreras. Es decir, lejos de disminuir los casos, aumentan y con ello
generan costos, tanto para los ciudadanos como para las empresas.
En noviembre del año pasado, Indecopi presentó una propuesta para mejorar la
competitividad del país, que contemplaba fortalecer sus instancias para que tengan
facultad de inaplicación de una barrera burocrática, ya sea por ser ilegal o por carecer de
razonabilidad, en caso de que se encuentre establecida mediante un decreto supremo.
A la medida anterior se añadía la incorporación de herramientas informáticas de
seguimiento y control de las normas y establecer que un acto o disposición ilegal o
carente de racionalidad de cualquier nivel de gobierno constituye una barrera burocrática,
así el administrado haya cumplido tal exigencia.
Estas propuestas merecen una mayor atención en el Gobierno, pues significan un paso
para avanzar en la lucha contra la tramitología. Del mismo modo, se deben plantear
medidas para disminuir las controversias en los procesos de fiscalización que realizan las
diversas entidades públicas y que también se han convertido, en algunos casos, en letra
muerta, pues los procesos se terminan judicializando con sentencias que se dictan luego
de varios años.
El Ministerio de Economía también está en el mismo camino de Indecopi, razón por la
cual ha impulsado varias medidas como parte de la agenda de competitividad. Sin
embargo, la tarea debe involucrar no solo al resto de ministerios, sino principalmente a los
gobiernos regionales y municipalidades.
En ese sentido, esperamos que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (Senace), que empezará a operar activamente desde abril,
también sea un paso adelante en agilizar la aprobación de los estudios de impacto
ambiental detallados.