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Catorce aportaciones
para un debate
argumentado
Una perspectiva de sociedad civil en temas de
impacto en la evolución de España
Este documento pretende contribuir a enriquecer la calidad de las reflexiones y debates previos
a las Elecciones Generales de 2015, aportando un diagnóstico en catorce temas de impacto que
afectarán a la evolución de la España de nuestro momento. El documento será remitido a los
partidos políticos en forma de preguntas, cuyas respuestas permitirán aportar al ciudadano una
información clara y veraz sobre los planteamientos y propuestas de cada partido en estos temas.
Asimismo se pretende que el documento y las respuestas de los partidos políticos sean objeto
de difusión en medios -entrevistas, tertulias, artículos, foros digitales,…- y redes sociales,
apoyándose para ello en fundaciones de reconocido prestigio. Esta iniciativa está planteada
desde la perspectiva de la sociedad civil, con un espíritu neutral desde el punto de vista político.
La propuesta y su contenido ha sido elaborada por ciudadanos con amplia experiencia en cargos
de responsabilidad en Gobiernos, instituciones, universidades y empresas en los últimos
cuarenta años.
Introducción
El objetivo de esta iniciativa es elevar el nivel de las conversaciones durante la campaña
electoral para las elecciones generales de 2015, de la mano de tres acciones:

Solicitar a los principales partidos políticos respuestas a una serie de preguntas
acerca de su visión en catorce temas que, a nuestro juicio, son clave para España.
Las preguntas están planteadas desde la perspectiva de la sociedad civil, con un
espíritu neutral desde el punto de vista político y sin ningún objetivo más allá de
elevar y enriquecer la calidad de las reflexiones y debates previos a las elecciones
generales y eventualmente aportar al ciudadano una información clara y lo más
veraz posible sobre los planteamientos y propuestas de cada partido.

Remitir este mismo documento y las respuestas que pudieran obtenerse de los
partidos políticos a las preguntas realizadas, de modo que puedan ser objeto de
análisis y debate en los medios (artículos, entrevistas, tertulias, etc.) y en las
redes sociales.

Buscar el apoyo de fundaciones de reconocido prestigio para el apoyo a la
difusión de esta iniciativa.
Las preguntas a los partidos políticos refieren al breve diagnóstico compartido por los
participantes de esta propuesta que forma parte del cuerpo de este documento y se
clasifican en cuatro apartados que no pretenden abarcar todas las áreas de interés
ciudadano, ni tan siquiera las que normalmente se recogen en un programa electoral,
sino solamente aquellas que en nuestra opinión tienen un especial impacto en la
evolución del país. Las respuestas que se obtengan de cada partido pueden contribuir a
un mejor entendimiento de las diferentes posiciones y propuestas y a una toma de
decisión de voto basada en una información de calidad.
El documento recoge 14 aportaciones repartidas en esos cuatro apartados:
A) Política económica a corto y a largo
● Política de ajuste a corto plazo
● Política a largo plazo
● Desarrollo del tejido empresarial
● Política de I+D+i
● Reforma fiscal
B) Cohesión social
● Cómo afrontar y gestionar el riesgo de una economía dual
● Pensiones
● Educación y formación
C) Organización del Estado
● Reforma de la Constitución
● Organización del Estado Autonómico
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● Reforma de la ley electoral
● Reforma municipal
D) Política exterior
● Inmigración a corto y a largo
● El papel de España dentro de la Unión Europea
En algunas de las preguntas del cuestionario a los partidos políticos se contemplan dos
horizontes temporales. El largo plazo significa que las acciones (leyes, decretos,
políticas, etc.) tienen que mantenerse durante más de una legislatura para obtener los
efectos positivos buscados (y, por tanto, deberán contar con un amplio apoyo
parlamentario en su aprobación). El concepto de largo plazo no supone que se pueda
aplazar el inicio de la política a emprender. El horizonte de corto plazo contempla
acciones de aplicación inmediata por parte del nuevo Gobierno y que pueden, en
algunos casos, cubrir una primera fase o una etapa transitoria.
En su respuesta, cada partido debería contestar si está de acuerdo con todos o algunos
de esos planteamientos y, en caso de no estarlo, explicar su posición respecto a la
cuestión planteada. Asimismo, se espera que cada partido explique su propuesta política
en el campo tratado por la pregunta.
La lista de preguntas y las introducciones y planteamientos de cada pregunta han sido
elaborados, revisados y refinados por un número considerable de ciudadanos con
amplia experiencia en cargos de responsabilidad en Gobiernos, instituciones,
universidades y empresas en los últimos cuarenta años. Para garantizar un nivel
adecuado de objetividad y perspectiva, ninguna de las contribuciones recogidas
proviene de ciudadanos con cargos en partidos políticos ni de designación política en
las AAPP.
Finalmente el anexo B recoge una posible hoja de ruta de esta iniciativa así como
algunos de los nombres de las fundaciones a las que hay intención de aproximarse
para buscar su apoyo en la difusión de la iniciativa.
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POLÍTICA ECONÓMICA DE AJUSTE A CORTO PLAZO
La economía española ha salido de la recesión y está creciendo a ritmos positivos, que
destacan en el entorno de bajo crecimiento en que se encuentra la UE que es nuestro
socio más cercano.
La reforma del mercado de trabajo ha favorecido la creación de empleo en proporciones
notables aunque no suficiente para absorber el desempleo provocado por la crisis, ni
para dar respuesta a corto plazo al enorme problema del paro juvenil. Se ha producido
una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo y en sus condiciones de contratación,
que no siempre han desembocado en ajustes de plantillas.
Esta evolución, relativamente satisfactoria, ha estado apoyada por circunstancias
favorables que pueden no repetirse. El descenso de los precios del petróleo y el
escenario favorable de tipos de interés originado por las intervenciones del BCE, así
como las circunstancias de los países competidores en el turismo, han favorecido al
sector exterior de manera difícilmente repetible.
No sólo por esas causas la situación tiene aún riesgos importantes. Nuestro
endeudamiento exterior alcanza una cifra similar al del PIB y por tanto una subida de
tipos de interés de un punto equivaldría a un crecimiento similar que sería renta que
sería transferida exterior, detrayéndose de los ciudadanos.
Por otra parte el empleo creado lo es sobre todo en el sector servicios, y la productividad
y por tanto los salarios siguen evolucionando de forma moderada. El PIB crece al mismo
ritmo que el empleo y de ello se deduce que la productividad del conjunto de la
economía no está creciendo de manera apreciable.
Como no es posible ni aconsejable endeudarnos más con el exterior, el crecimiento y la
creación de empleo solo serán posibles si la balanza de pagos está equilibrada o algo
positiva. Una subida de tipos de interés, el encarecimiento del petróleo o un incremento
de la prima de riesgo de España por motivos de inestabilidad política pueden acabar con
nuestra buena coyuntura actual.
La búsqueda de una mayor flexibilidad de nuestra economía y la reducción del alto
endeudamiento público, seguirán siendo objetivos básicos de la política económica.
Hay partidos políticos que piensan que hay otras prioridades recogidas en políticas
económicas alternativas.
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LA POLÍTICA ECONÓMICA A LARGO PLAZO
Una situación satisfactoria de la economía española sólo se alcanzará cuando pueda
haber un crecimiento capaz de absorber las importantes tasas de paro, con salarios que
evolucionen con las mejoras de la productividad, sin que se produzcan al tiempo
restricciones serias de las cuentas exteriores.
Para ello la productividad deberá crecer de forma apreciable, a ritmos superiores a los
actuales. Su consecución supondría una mejora muy sustancial de funcionamiento para
el conjunto del país que debería tener una estructura productiva acorde con el progreso
tecnológico de una economía global.
La estructura empresarial debe ser capaz de poner en pie los mejores modelos de
negocio capaces de incrementar la productividad y los trabajadores deberían obtener la
formación técnica necesaria para cumplir con los requerimientos exigidos por las nuevas
tecnologías.
Parece claro que la formación de la población tiene que ser un esfuerzo común de
empresas y sector público. Al mismo tiempo el clima económico debe favorecer la
atracción de capital y tecnología de dentro y fuera de nuestras fronteras.
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DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL
España necesita generar empleo en el sector privado. Si queremos seguir siendo un país
desarrollado y capaz de ofrecer un nivel razonable de bienestar y prestaciones sociales
a sus ciudadanos, necesitamos que nuestro tejido empresarial genere más empleo
cualificado, para poder ofrecer un futuro a nuestros jóvenes y para aprovechar el gran
valor de nuestros profesionales con experiencia.
Para crear más empleo cualificado, nuestras empresas deben ser más innovadoras, más
competitivas y estar más internacionalizadas. Para ello, el tamaño de la empresa es
crítico. El tamaño de las empresas es el factor que más que más influye en la
productividad de un país, y en España tenemos un gran déficit de empresas grandes:
contamos solamente con 1700 empresas de más de 250 empleados (igual que Austria,
un país con apenas 9 millones de habitantes, similar al de Polonia y muy inferior al de
Francia, con más de 6.000 empresas, o Alemania, con casi 5.000 empresas de más de
250 empleados).
Si el perfil de nuestra estructura empresarial por tamaño de las empresas fuera similar
al de Alemania, nuestra productividad sería un 16% mayor, con el potencial que eso
supone de generación de empleo sostenible y de calidad.
Nuestro tejido empresarial es la base de nuestra economía. Desarrollarlo para que las
empresas crezcan, creando empleo sostenible mediante la innovación, la
competitividad y la internacionalización, debería ser un elemento clave en cualquier
programa de gobierno.
Una nueva política de reindustrialización en España parece necesaria para poder
absorber grandes bolsas de parados que quizá en el sector servicios tengan más difícil
su reinserción. Además el aumento de la industria en el peso relativo del PIB garantiza
mayor estabilidad en el empleo a largo plazo.
Necesitamos eliminar barreras y obstáculos al crecimiento de empresas socialmente
responsables y exigentes con sus niveles éticos, con modelos de gestión del siglo XXI
basados en desarrollar el talento y la cualificación de sus empleados y en retribuirles
adecuadamente. Necesitamos asimismo desarrollar, con una perspectiva amplia, un
ecosistema favorable al desarrollo de un tejido empresarial capaz de competir con éxito
en un mundo globalizado.
Nota: En España, solo tenemos 100 empresas que facturen más de 1000 millones de
euros, y no llegan a 500 empresas las que facturan más de 250 millones. El 50% de
nuestras exportaciones de bienes lo realizan 230 empresas y con poco más de 2500
empresas alcanzamos el 80%.
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POLÍTICA DE I+D+ i
No hay un solo partido ni organización social que no dé una importancia extraordinaria
a la investigación, al desarrollo y a la innovación reclamando más fondos para la
investigación de un modo genérico.
El aumento de presupuestos públicos puede que no sea la solución única para obtener
los resultados que se esperan de una mejora económico a través del I+D+i.
De hecho en España los resultados de las subvenciones y créditos reembolsables dejan
mucho que desear. Es verdad que las publicaciones científicas han aumentado bastante,
pero su efecto sobre la economía ha sido escaso. En realidad las mejoras sobre la
economía se logran en muchas ocasiones con la introducción de mejoras técnicas que
no tienen por qué ser novedosas mundialmente. Es razonable deducir mejoras de la
productividad a partir de niveles tecnológicos más elevados. Las patentes deben
alcanzar el peso que nuestra economía tiene a nivel mundial.
Parece urgente que las universidades y los centros de investigación resuelvan los
problemas técnicos que tengan las empresas y por tanto una parte importante de los
fondos se dediquen a esa finalidad antes que a investigaciones propuestas por los
mismos investigadores cuya utilidad tiene que demostrarse “a posteriori”.
Un país desarrollado como el nuestro no puede permitirse prescindir de la investigación
básica. Para aprovechar al máximo lo limitado de nuestros recursos, habría que apostar
por unos pocos centros de excelencia a nivel global en aquellas áreas de investigación
en las que España tenga o pueda tener empresas o centros punteros que tengan la
capacidad de hacer uso del resultado de las investigaciones y alcanzar una posición de
liderazgo global.
Ejemplos positivos de modelos de liderazgo internacional se dan en sectores como la
industria agroalimentaria, sanidad, textil y moda (materiales avanzados), automóvil
(componentes y sistemas), aeroespacial, infraestructuras (construcción y gestión), etc.
Está demostrado que los beneficios de la colaboración empresa – universidad se
consiguen cuando esta relación es de largo plazo (permitiendo a la universidad conocer
los obstáculos, retos y roadmaps a largo plazo de la empresa y de su sector de actividad).
Se deberían incentivar estas relaciones a largo plazo (ayudas fiscales a las empresas que
tengan acuerdos plurianuales; dotaciones presupuestarias a centros de investigación y
laboratorios de universidades con una buena cartera de acuerdos con empresas, etc.)
Una parte muy importante de nuestro déficit en las dotaciones de I+D con respecto a la
UE y a los países más avanzados está en el sector privado. Nos falta un gran compromiso
del sector privado para invertir de manera constante y sostenida en I+D+i. Esta
contribución se puede obtener mejorando el tratamiento fiscal a los inversores privados
en capital riesgo, sobre todo en sectores innovadores y en capital semilla y desarrollo,
donde existe un importante desfase entre el buen nivel de nuestra investigación básica
y su traducción en patentes.
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En gran parte, esto se debe a la estructura de nuestro tejido empresarial (falta de
empresas grandes, déficit del sector industrial, etc.). Hay que incentivar el I+D+i en la
mediana y gran empresa española, que es la que tiene el tamaño crítico para conseguir
mejoras significativas en nuestro modelo productivo y establecer un marco de
tratamiento fiscal adecuado para aproximar la inversión privada a los procesos
innovadores.
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REFORMA FISCAL
Los sistemas fiscales tienen dos funciones en las políticas económicas modernas, por
una parte son una herramienta para disminuir desigualdades de renta y por otra un
instrumento de incentivar o desincentivar sectores o actividades.
Según sea de importante uno u otro objetivo, el sistema fiscal repercute de forma
diferente en la economía. Una regla de ortodoxia es que los impuestos no actúen
retardando el crecimiento o deformando la estructura de la producción de forma no
deseada y desde esa premisa corregir en lo posible las diferencias de renta.
En las economías desarrolladas se considera que la principal medida de corrección de la
desigualdad es sostener el llamado estado de bienestar. Una fiscalidad ortodoxa sería
aquella en que sin modificar la estructura ni frenar el crecimiento se financia el estado
de bienestar hasta el límite de sus capacidades.
Los impuestos básicos en las economías de nuestro entorno son el IRPF, el Impuesto de
Sociedades y el IVA, además existen una serie de impuestos y tasas que no son
insignificantes.
En la actualidad tenemos de facto 17 sistemas fiscales y 17 catálogos sanitarios que
discriminan la carga fiscal y las prestaciones públicas a los ciudadanos en razón a su
residencia. De forma particular los impuestos sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y
Donaciones se gestionan con criterios que provocan situaciones de “competencia fiscal”
entre territorios, con efectos en la localización de actividades
El impuesto de sociedades y los similares producen un gran efecto en el crecimiento ya
que disminuyen el ahorro de las empresas y su capacidad de inversión y el desarrollo
consiguiente.
El IVA grava el consumo y la demanda interna privada y en ese sentido también frena el
crecimiento, pero no grava el ahorro y ese es un dato positivo.
El IRPF grava tanto el consumo como el ahorro pero en cambio tiene un efecto igualador
en la medida que tradicionalmente es progresivo.
Si se grava en exceso a las familias en favor de un estado de bienestar más amplio se
puede entorpecer el crecimiento y a través de una recesión o un crecimiento inferior
agravar la situación de las familias a quienes la falta de renta por el estancamiento
económico no les compense la mejora del estado de bienestar.
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EL RIESGO DE LA ECONOMÍA DUAL
La que podríamos denominar como tercera revolución industrial, que es la que está
comenzando, estaría protagonizada por un gran número de tecnologías en un proceso
convergente: los nuevos materiales, el software, los nuevos procesos productivos (por
ejemplo, la producción por impresoras 3D), la robótica, la Inteligencia Artificial, la
nanotecnología, la biotecnología y sobre todo Internet, que está transformando casi
todos los sectores de la economía. Esta revolución industrial significa un cambio
importante en la vida de las personas y en su posición en el mundo del trabajo.
Esta 3ª Revolución Industrial, parecería indicar que estamos en los inicios de un cambio
tecnológico en la industria y en los servicios, determinante para alcanzar un crecimiento
de la productividad.
Todos estos cambios implican una aceleración tecnológica, que puede cambiar bastante
las formas de producción y parte de la estructura de nuestras sociedades, lo que supone
una incidencia en los conocimientos profesionales de las personas, y que muchas de
ellas pueden quedar marginadas en esta gran transformación.
La política educativa, económica y social tiene que conducir o acompañar a la sociedad
frente a estos grandes cambios tecnológicos.
Internet y las otras grandes transformaciones tecnológicas y la posibilidad de
deslocalizar y concentrar conocimiento en “centros de competencia” provocan la
destrucción de no solo empleos poco cualificados, sino también de cualificación media.
Se produce una brecha entre los “trabajadores del conocimiento” (un porcentaje
relativamente bajo, pero bien pagado, de la población) y “trabajadores de proximidad”
(hostelería, agricultura, comercio “presencial”, etc.), más fácilmente reemplazable y del
que hay un exceso de oferta… y, por lo tanto, mal pagado, debido en parte a la
globalización.
En los países desarrollados (Europa, EEUU, etc.), los sueldos medios bajan y se reduce el
poder adquisitivo de una parte de la población (incluso de la que tiene trabajo), y que
puede ser la base de una economía dual y una creciente desigualdad.
La desigualdad asociada al cambio tecnológico y a la globalización, estarán con nosotros
durante los próximos años y probablemente en las siguientes décadas.
El diagnóstico es sencillo: los esfuerzos personales, la buena actuación económica del
propio país y la emigración son las tres maneras en que las personas pueden mejorar su
posición en la renta global. Ahora bien, el papel que desempeña el esfuerzo personal es
pequeño a nivel general, pero importante a nivel individual, y la educación es decisiva
en ese escalón; el crecimiento del país es fundamental a nivel agregado; pero quizás la
más importante a nivel individual es la emigración, porque una persona no puede influir
en el índice de crecimiento de su país, por lo que la única alternativa profesional que
queda es la emigración.
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La emigración de profesionales va ser un tema crucial en el futuro.
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PENSIONES Y POLÍTICA DEMOGRÁFICA
La estructura de pensiones actuales en el mundo se diseñó en los años sesenta como un
sistema de pensiones generalizado, y aunque han tenido correcciones importantes
siguen teniendo un peso muy fuerte sus primitivos supuestos.
Las condiciones de partida eran de una esperanza de vida entre los 64-67 años y las
pensiones comenzaron a cobrarse mayoritariamente a los 65 años, por otra parte la
entrada en el mercado de trabajo en aquellos años era a los 16-17 años o antes, porque
poca gente estudiaba en la Universidad. Por tanto la vida laboral era muy larga y el
tiempo de pensionista medio eran entre dos y tres años.
La situación actual es una sociedad con pensiones generalizada, lo cual es un gran logro.
Pero con problemas en su sostenibilidad ya que por un lado, tenemos una esperanza de
vida de 83 años, reflejo de una sociedad bastante envejecida comparada con tiempos
anteriores, y la edad de jubilación es de 65 y en el próximo futuro a 67 años, aunque la
media de jubilación es menor , lo cual produce un desfase promedio de 20 años en el
actual modelo de financiación de las pensiones por la seguridad social; y por otro lado,
la entrada en el mercado de trabajo se ha retrasado 4-5 años, principalmente por la
prolongación del tiempo de formación, lo que incide en el menor tiempo de cotización.
El envejecimiento de la población ha sido muy fuerte y rápido, así los mayores de 65
años son 18,6 % de la población (8,5 millones sobre una población total de 46,5
millones), proporción alta en la UE, y cuya tendencia es de aumentar al 20% en 2020.
Este desequilibrio ha venido ocasionado en gran parte por la evolución demográfica de
los últimos 40 años: el descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de
vida, lo que ha producido una estructura de población muy desequilibrada. La
inmigración extranjera ha sido puntualmente importante sobre todo en relación al ciclo
expansivo de la construcción, pero actualmente su incidencia es muy pequeña.
El resultado es que actualmente hay por cada pensionista o persona de más de 65 años
2 trabajadores que cotizan a la Seguridad Social, cuando hace cuarenta años eran 4-5
trabajadores activos. Esta evolución del modelo de financiación por “reparto “, que
trata de conseguir el equilibrio de ingresos (cotizaciones) y gastos anuales del sistema
del conjunto de pensiones, reforzado por un fondo de reserva que tiene a reducirse,
tiene un oscuro futuro, sino se toman medidas correctoras serias.
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Un buen nivel de educación es básico para construir una sociedad con oportunidades
para el conjunto de ciudadanos y que reduzca las desigualdades. Su generalización y
adaptación de sus contenidos a los cambios tecnológicos, contribuyen al crecimiento
económico sostenible en el mundo global.
La situación en una sociedad postindustrial se complica al estar caracterizada por un
progreso técnico continuo, lo que por el momento, significa que las personas necesitan
estar en formación continua, tanto los enseñados como los enseñantes.
Esto pone en cuestión las enseñanzas tradicionales basadas en la estabilidad de los
conocimientos con poca innovación científica y tecnológica, frente un mundo en cambio
continuo, lo que significa una cierta revolución o un gran cambio en la enseñanza. Tanto
en la educación secundaria, profesional como en la universitaria.
La situación en España se ha caracterizado por un continuo cambio de leyes de
educación en los que los partidos políticos no han logrado un consenso en las leyes
educativas para darles una continuidad, una eficiencia y una aceptación generalizada,
lo que significa ser asumidas por los ciudadanos.
Ello ha conducido a que el sistema educativo español aparezca en posiciones muy bajas
de los rankings internacionales y que el mercado laboral sufra un exceso de oferta de
titulaciones no demandadas y un déficit de capacidades profesionales requeridas por el
cambio de modelo de crecimiento.
El concepto de consenso significa ponerse de acuerdo sobre unas leyes educativas, pero
el problema es sobre qué bases se logra el consenso, porque pueden ser bases muy
diferentes, véase por ejemplo un tema fundamental como son los valores de una
sociedad.
La elección entre estos valores podría ser:
Reconocer el valor del esfuerzo, trabajo, flexibilidad, solidaridad, valores que tienden a
la excelencia.
Bajo nivel, igualitario, menos esfuerzo y trabajo, y título generalizado, valores más
igualitarios
La primera opción llevaría en caso de las Universidades a la búsqueda de la excelencia,
quizás menos Universidades de proximidad, o por lo menos reducción de Facultades
en ellas, y muchas más becas para las Universidades de excelencia.
La segunda, muchas Universidades de proximidad, facilidad de conseguir títulos, pero
de bajo nivel, lo que lleva a que la excelencia se busque en cursos especializados de
postgrado, algunos en el país y la mayoría en el extranjero.
Este reto plantea nuevas formas de enseñanza y una gran variedad de nuevas demandas
de conocimientos, a lo cual la respuesta en el bachillerato sería potenciar las asignaturas
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básicas, que conforman las bases del razonamiento y que son el soporte del
conocimiento más profundo, sentando las bases de una ampliación futuro.
Se hace urgente restaurar el aprecio social al Maestro, mejorar su formación, y poner al
día los programas también de primera enseñanza para integrar en ellos las nuevas
tecnologías y sobre todo los Valores que mantienen unida a la sociedad. Al fin y al cabo
los cimientos de una sociedad se construyen en los primeros años de vida, la formación
y los valores que se reciben en los primeros años en la familia y en la escuela primaria
son los cimientos de la sociedad y de su progreso.
La sociedad tiene que plantearse una educación continua en un mundo con un progreso
técnico acelerado, que necesita ser incorporado continuamente por las personas y es
por ello que la educación secundaria y universitaria debe sentar las bases de ese
conocimiento que permitan crecer a las personas.
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REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
Varios partidos tienen entre sus objetivos un cambio en la Constitución que la ponga al
día y /o que solucione problemas que se pueden resolver mediante modificaciones en
su articulado. Las posibilidades de reforma se contemplan en las mismas normas
constitucionales. En el artículo 167 se permite modificar los aspectos menos esenciales
con el voto de tres quintos de las cámaras que debe seguirse de un referéndum si así
lo pide un 10% de los diputados.
Sobre todos los artículos la reforma exige que se apruebe por los dos tercios de las
cámaras, se convoquen nuevas elecciones, que se vuelvan a votar en el nuevo
Parlamento se vuelva a aprobar por dos tercios y se convoque un referéndum que
también apruebe los cambios. Este procedimiento se contempla en el Artículo 168.
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REORGANIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
Parece una opinión generalizada que la situación actual de las autonomías no es
satisfactoria, aunque las razones que la apoyan no son las mismas y a menudo son
contradictorias. Algunos piensan que su autonomía es excesiva, otros que no es
suficiente y una mayoría limitan la cuestión a la revisión del modelo de financiación.
Por otra parte, los diferentes Estatutos de Autonomía han recogido la cesión de
competencias en ocasiones sobre la base de acuerdos políticos con perspectiva de corto
plazo sin tener en cuenta criterios de eficacia.
Algún partido concreta su opinión respecto a la necesidad que hay de transformar el
Estado de las Autonomías en un Estado Federal.
Un modelo confederal aparece también en la propuesta de algún partido político.
Las principales opciones para abordar esta cuestión serían:
A) No modificar nada.
B) Modificar la Constitución para que se puedan revisar las competencias exclusivas
del Estado y las cedidas a las Comunidades Autónomas.
C) Modificar las leyes necesarias, incluida la Constitución, para establecer un Estado
Federal.
D) Limitarse a desarrollar un nuevo modelo de financiación de las Comunidades
Autónomas.
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REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL
En la transición se acordó el sistema electoral actual por dos razones que eran claras en
aquel momento. Por una parte se temía un sistema mayoritario que pudiese conceder
un gran número de escaños con una diferencia de votos reducida como sucedió en la II
República. Por otra parte los partidos políticos eran recientes y las listas cerradas eran
un instrumento de poder para ellos que se juzgó entonces necesario.
En el Art. 68 de la Constitución se prevé que el sistema electoral español debe ser en
todo caso fundamentalmente proporcional con correcciones que favoreciesen un
bipartidismo imperfecto.
En la actualidad la situación es muy diferente y en la opinión pública se argumenta en
pro de una reforma de la ley electoral vigente. Se demanda menos poder por parte de
la organización de los partidos, el conocimiento de los elegidos y la garantía de la
gobernabilidad.
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La burbuja de la construcción había dado a mucho ayuntamientos posibilidades
económicas que se transformaron en gastos y servicios que, en principio, estaban fuera
de su competencia y que ahora están fuera de sus posibilidades de financiación.
Intentar financiar el gasto incurrido con subidas del IBI sería de un peso insoportable
para los ciudadanos. Por otra parte el número de municipios parece exagerado y la
existencia de Diputaciones y de Autonomías al mismo tiempo puede parecer que es un
doble nivel de administración poco eficiente y que ampara el clientelismo político.
El refuerzo de un Tribunal de Cuentas profesionalizado es complemento imprescindible
para la efectiva transparencia de la Administración Local.
La prestación de los servicios municipales a los ciudadanos mediante herramientas
telemáticas es un objetivo imprescindible para mejorar la relación con ellos.
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POLÍTICA DE INMIGRACIÓN
En los últimos años, ya décadas, está llegando a Europa un enorme flujo de inmigrantes
tanto económicos como asilados políticos atraídos por su nivel de vida y su estado de
bienestar.
Los últimos tiempos vienen adicionalmente marcados por un importante éxodo de
población huyendo de conflictos bélicos en sus países de origen.
Claramente estos flujos presionan las capacidades de acogida y absorción de muchos
de los países europeos, entre ellos España.
La solución a corto plazo parece ser intentar acotar el número de los admitidos que
será, en todo caso muy pequeño con respecto a las peticiones y evitar los desastres
humanitarios que se producen al intentar la entrada clandestina.
La organización de infraestructuras y procedimientos de acogida aparecen como una
necesidad urgente frente a iniciativas “voluntaristas” que, en ocasiones, responden
también a planteamientos en búsqueda de réditos políticos coyunturales.
Parece que en el largo plazo sería conveniente montar sistemas de financiación, de
crédito y quizá subvenciones y desarrollo conjunto de iniciativas locales de
emprendimiento para que los inmigrantes desarrollen empresas y actividades
económicas en origen u otras soluciones similares.
La cesión de soberanía derivada de la pertenencia a la UE y el cumplimiento de los
tratados comunitarios llevaría a la necesaria armonización de criterios y políticas por
parte de los países miembros de la UE.
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POLÍTICA EXTERIOR CON LA UNIÓN EUROPEA
El sentimiento de satisfacción por la pertenencia a la Unión Europea, ha decaído en los
últimos años.
Por otra parte la sensación de ser menos interesante pertenecer a la UE es común a los
ciudadanos de bastantes países de la Unión actual, precisamente de los más grandes y
veteranos. España ha comprometido una buena parte de sus políticas a las del conjunto
de la UE incluido la adopción de la moneda única.
Caben dos opciones en estos momentos:
A) Impulsar desde dentro una unión mayor hasta transformar la UE en una “cuasifederación” implicándose mucho más en las decisiones de las instituciones
europeas y proponiendo iniciativas.
B) Mantener una posición en la que se mantengan las decisiones nacionales a
partir de ahora para tener el mayor margen posible en las manos del gobierno
de España.
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