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Procuraduría precisa observaciones a realización de
consultas populares para aprobar o restringir
actividades extractivas de recursos naturales no
renovables
Boletín 843
Fuente:
Fecha Publicación: martes, 1 noviembre 2016 02:05 PM
PGN
La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, formuló
algunas precisiones con ocasión de los procesos de consulta popular que se han utilizado para prohibir o
restringir la realización de actividades extractivas de recursos naturales no renovables en algunas zonas del
país.
En comunicación enviada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, el Grupo
Asesor en Minas, Hidrocarburos y Regalías efectuó algunas observaciones adicionales a lo ya expuesto en la
carta enviada al registrador nacional del Estado Civil, cuya copia fue remitida en su momento a la señalada
cartera.
En ese sentido, el órgano de control señaló que:
- Con ocasión del fuerte descenso de los precios internacionales del petróleo y la alta reducción de la
producción interna por los bloqueos a las empresas explotadoras y productoras de crudo, la economía
nacional han sufrido una baja sensible afectando, entre otros aspectos, el recaudo por concepto de
regalías.
De llevarse a cabo las consultas populares para prohibir las mencionadas actividades extractivas el impacto
en las finanzas públicas sería aún mayor y la reforma tributaria estructural que el gobierno Nacional
adelanta “pasaría a ser una simple reforma más para tapar el grave hueco fiscal”.
- Se advierte además que cada consulta popular que se quieran realizar con el propósito de aprobar o no
alguna de las formas de la industria extractiva en sus territorios, demanda una importante inversión de
recursos públicos, como lo manifestó el propio registrador delegado en lo Electoral, quien señaló que para
poner en marcha el mecanismo de participación ciudadana de la ciudad de Ibagué, se requirieron más de
540 millones de pesos.
A juicio del Ministerio Público, lo anterior incide directamente en los efectos preventivos y correctivos que
se buscan con la actual reforma tributaria estructural.
Finalmente, el Grupo Asesor expresó su preocupación ante la posibilidad de que se generalicen las consultas
populares en el país, pues más del 50% de los municipios cuentan con industrias mineras o petroleras, y “¿si
estas decidieran convocar la consulta para decidir si aprueban o vetan la realización de la industria en sus
territorios, hasta donde se afectaría el presupuesto nacional?”