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Avances y retrocesos en relación a Río 92
La Conferencia de Río + 20 es considerada un hito porque retoma las negociaciones
internacionales acerca del desarrollo sustentable, en la línea de lo que fuera la
Conferencia de Río en 1992.
En estos 20 años se produjeron muchos avances, pero también varios retrocesos en materia
ambiental a nivel global. Por un lado, algunos aspectos positivos fueron la inclusión de los
temas ambientales en los foros y convenciones internacionales y, sobre todo, en el común de
la sociedad. O los avances registrados en la creación de áreas protegidas a nivel global, que
superaron la meta del 10% de la superficie terrestre protegida, planteada para el 2010 y la
resolución del problema de los gases CFC que afectaban la capa de ozono.
Sin embargo, muchos temas quedaron en el tintero o, las soluciones propuestas, no fueron
suficientes para abordarlos adecuadamente. El aumento de la población global (se prevé que
la población humana alcance entre 7.800 y 10.900 millones de personas en 2050, con una
media estimada en 9.300 millones (UN, 2010); el cambio climático (si las emisiones siguen
creciendo, habrá regiones que superarán los 2ºC de aumento de la temperatura media anual
para 2040 según el Informe Planeta Vivo 2012), y la demanda creciente de recursos en el
marco de un modelo de crecimiento ilimitado (anualmente a nivel global consumimos lo que la
tierra necesitaría 1,5 años en reponer), son factores que día a día van erosionando la salud de
nuestro planeta, y sobre los cuales hubo pocos avances en materia internacional.
La urgencia por encontrar soluciones realistas y viables, la crisis económica global, y los pobres
resultados de negociaciones anteriores, como las vinculadas a la Convención de Cambio
Climático, hacen que las expectativas para esta cumbre no sean las mejores.
Descripción general de los temas trascendentes de Río+20
La Convención de Río+20, trata una agenda muy amplia de temas muy relevantes. Esta agenda
es de difícil solución, si bien está orientada a lograr compromisos significativos que impulsen
una mejora sustancial en la situación ambiental global, tanto por la amplitud de los temas,
como por las enormes diferencias de posturas que existen entre los diferentes países que
deberán aprobarla.
Sin embargo, los principales temas de debate, son dos:
1. Economía verde: es un concepto propuesto por el Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), que pretende impulsar un modelo económico que
incorpore las variables ambientales como parte del modelo de desarrollo. Hasta el
momento, las variables económicas son las que priman en la evaluación del desarrollo
global (PBI, p.ej.), por ende, se busca impulsar una mirada más amplia que aborde el
impacto sobre el ambiente como parte integral de la economía global.
2. El marco institucional mundial: está claro que, más allá de los acuerdos y compromisos
alcanzados en Río 92 y las convenciones que lo siguieron (Cambio Climático, Diversidad
Biológica, etc.), los avances en impulsar una política global (con los recursos
económicos asociados para poder implementarla) han tenido dificultades a la hora de
lograr el compromiso político a nivel local y global. Algunas de las propuestas que se
debaten en Río+20 pretenden identificar las instituciones y los mecanismos financieros
para lograr una gobernanza global más sólida y eficaz a la hora de
implementar los acuerdos multilaterales.
Estos dos grandes temas fueron el eje de las discusiones previas a la Cumbre y, sin
dudas, lo son los próximos días porque existe una controversia que divide al mundo, con
miradas diferentes y muchas veces contrapuestas, entre los diferentes bloques de países.
Los países en desarrollo, entre ellos la Argentina y la mayoría de los países de Latinoamérica,
presentan una mirada muy crítica acerca de estos dos puntos. Por un lado, cuestionan el
modelo de Economía Verde, por considerarlo invasivo de su soberanía a la hora de definir la
forma de utilizar los recursos naturales dentro de su territorio, y lo visualizan como una
herramienta más de los países desarrollados para regular y restringir el libre comercio de
bienes y servicios a nivel internacional. Esto, en un marco de desigualdad en las necesidades
por lograr un desarrollo económico y social. Así, consideran que la Economía Verde traerá
nuevas restricciones a la producción y el comercio internacional que, por las necesidades de
crecimiento de los países en desarrollo y la falta de acceso a tecnologías de última generación
a costos limitados, restringirán las oportunidades de crecimiento de sus países.
Por otro lado, y en relación al fortalecimiento de las instituciones y los organismos
internacionales, cuestionan su utilidad, afirmando que aumentaría la burocracia y los costos
internacionales sin un beneficio concreto que ayude a resolver la problemática ambiental. Al
mismo tiempo, existe un temor de que estos organismos con mayor poder de influencia,
puedan cercenar la soberanía de los países para elegir el destino de sus propios recursos.
La posición de la Argentina
La Argentina, alineándose con la posición de muchos países de la región y otros países en
desarrollo, cuestiona especialmente el concepto de Economía Verde. Por un lado, basándose
en que no existe aún una definición consensuada de su alcance a nivel internacional, y de allí la
incertidumbre acerca de las implicancias de su adopción. Así, propone que este nuevo
concepto, sólo debería adoptarse como un instrumento o herramienta del desarrollo
sostenible, siempre y cuando no reemplace ni sustituya el concepto fundacional de “Desarrollo
Sustentable” acordado en Río 92.
En este sentido, apunta a resguardar la soberanía de cada país de disponer sobre sus recursos
naturales, y resalta la importancia de adaptar esta herramienta a las necesidades de cada país,
de manera que se constituya claramente en un instrumento para lograr un desarrollo
equilibrado en términos ambientales, pero también económicos y sociales, que contribuyan a
la erradicación de la pobreza y mejoren las condiciones de los países en desarrollo.
Al mismo tiempo, sostiene el concepto de “responsabilidades compartidas aunque
diferenciadas”, instando a que los países con mayor “responsabilidad histórica” en la
degradación de los recursos del planeta, deben ser los principales responsables por resolver la
problemática ambiental global, y que los países en desarrollo, de menor huella ecológica
histórica, deberían acompañar estos esfuerzos en la medida en que los países desarrollados
muestren un compromiso político y financiero.
Por último, señala que resulta imperioso que los países desarrollados se comprometan con el
desarrollo sostenible (y con lo acordado en las diferentes Cumbres sobre Desarrollo
Sustentable) mediante la efectiva transferencia de recursos financieros y tecnológicos. En
cumplimiento con compromisos acordados en las Cumbres previas, un 0,7% del PBI nacional
para 2015, debería ser invertido en asistencia oficial para el desarrollo.
La visión de la Fundación Vida Silvestre Argentina
Desde Vida Silvestre destacamos la importancia de que en la Conferencia de Río+20
se logre establecer una agenda ambiciosa de trabajo, consensuada entre los
diferentes bloques de países, y que refleje compromisos concretos para lograr un cambio
significativo en la forma en que se gestionan los recursos naturales a nivel global. Para ello,
consideramos necesario un cambio importante en el paradigma del desarrollo: no es posible
un crecimiento ilimitado en un mundo con recursos acotados. Y en esta línea, consideramos
que Río+20, para poder ser considerada un paso adelante, debería lograr acuerdos
significativos en torno a las siguientes prioridades:
1. Objetivos para el Desarrollo Sustentable: La Convención debería lograr una serie de
lineamientos para desarrollar, a 2015, una serie de metas concretas, realizables y,
sobre todo, adecuadamente financiadas, para revertir la situación actual del planeta.
Al mismo tiempo, debería identificar y dejar claramente planteadas las áreas temáticas
clave sobre las cuales se enfocará, las que a nuestro criterio, deberían incluir los temas
de seguridad alimentaria y energética.
2. Valoración del capital natural: La discusión en profundidad sobre la necesidad de
valorizar el capital natural y el estado de los recursos a nivel nacional, a la par de los
indicadores de desarrollo social y económico. Esto permitiría medir con mayor claridad
cuál es el costo ambiental y social del desarrollo económico y el crecimiento, bajo
diferentes modelos posibles. Dentro de esta línea, la reducción de la deforestación, la
inversión de recursos económicos para las áreas protegidas, y la restauración de las
tierras degradadas, son aspectos prioritarios sobre los cuales son necesarias políticas
específicas.
3. Eliminación de subsidios que afectan al ambiente: El compromiso de los países de
eliminar, para 2020, los subsidios gubernamentales a actividades que dañan el
ambiente (combustibles fósiles, deforestación, prácticas pesqueras no sustentables,
etc.), y su transformación en incentivos para la promoción de buenas prácticas en el
sector de la producción.
4. Conservación de los mares: Alcanzar un acuerdo concreto sobre el manejo y la
conservación de las aguas internacionales, más allá de la jurisdicción de los diferentes
países.
5. Alimento, Energía y Agua para todos: La convención de Río+20 debería poder lograr
acciones y planes de trabajo concretos para asegurar, a 2030, la erradicación de la
pobreza y el acceso igualitario a estos tres recursos básicos con las garantías de un
aprovechamiento sustentable.
Específicamente, en relación a la posición de la Argentina en la Cumbre, consideramos los
siguientes aspectos:
1. Destacamos la necesidad de un debate amplio, multisectorial, y con el
involucramiento de diversos sectores del Estado para la construcción de una visión
consensuada sobre el Desarrollo Sustentable. Consideramos que la ocurrencia de esta
convención y la preparación del documento nacional hubiera sido una
oportunidad única para promover este debate en forma abierta y
transparente, donde no sólo se compilen visiones o acciones de diferentes
áreas de Gobierno (tal se refleja en el documento presentado por Argentina),
sino que estas acciones se integren en una visión unificada. Resulta fundamental que
este debate incorpore una visión federal (con mayor participación de las provincias) y
multisectorial (con la integración de la sociedad civil y el sector privado). Este tipo de
procesos participativos, podrían enriquecer la visión gubernamental con aportes de los
demás sectores de la sociedad, generando las bases para una implementación de
políticas ambientales y de desarrollo compartidas y con un mayor nivel de consenso.
2. Compartimos y adherimos a la visión del Gobierno Argentino en torno a las
responsabilidades compartidas pero diferenciadas entre los diferentes países. Al
respecto, consideramos que, si bien la responsabilidad central por algunos de los
problemas ambientales globales es de los países desarrollados, resulta conveniente
que nuestro país realice un análisis profundo de las implicancias de los diferentes
modelos de desarrollo que la Argentina puede adoptar en el futuro inmediato. En este
sentido, más allá de la visión política adoptada por nuestro país en la negociación
internacional, las tecnologías ya disponibles permiten proponer alternativas al modelo
tradicional de desarrollo, que tengan una base más sostenible, sin afectar el
crecimiento económico y favoreciendo la equidad social. Un ejemplo concreto se
encuentra en el recientemente publicado informe sobre escenarios energéticos a
2030, donde las diferencias en costos de continuar invirtiendo en una matriz
claramente dependiente de combustibles fósiles y la opción de diversificarla con
energías renovables son insignificantes o, incluso, positivas, al tiempo que podría
lograrse, por ejemplo, una reducción de las emisiones de GEI de un 70% con respecto a
los niveles de 2010. En este contexto y, en forma independiente de lo que se negocie
en Río+20, consideramos que la Argentina debería revisar profundamente sus
opciones de desarrollo para los próximos años, y definir claramente el camino a seguir.
Entendemos que un desarrollo más equilibrado y sostenible es viable y conveniente en
el largo y mediano plazo, teniendo en cuenta que nuestro país posee un territorio rico
y diverso en recursos, y una población no tan elevada.
3. En relación al concepto de Economía Verde, señalamos que es fundamental que la
sociedad mundial comience a migrar hacia un nuevo paradigma del desarrollo, no sólo
medido en base al crecimiento económico, sino considerando otras variables
ambientales y sociales. En este contexto, la Argentina al igual que muchos países en
desarrollo de nuestra región, se encuentra en una situación privilegiada, al tener aún
recursos naturales suficientes para sostener su crecimiento (se encuentra 9º en el
ranking mundial de países más ricos en recursos naturales), y una población no tan
elevada como para generar un presión excesiva sobre éstos. Al mismo tiempo está
definiendo las bases de su modelo de desarrollo futuro, y nos encontramos en un
posible punto de inflexión: u optamos por el modelo de los países desarrollados que ya
mostró sus falencias o buscamos nuevas formas de crecimiento que contemplen otros
valores ambientales y sociales. En este contexto, sería deseable que, más allá de la
oposición al concepto de Economía Verde, los países de Latinoamérica
desarrollen una visión consensuada sobre este nuevo paradigma del
desarrollo, que pueda ser sostenida e impulsada en forma conjunta en estos
foros internacionales.
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