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25-03-2014
Comunicado desde La Habana, publicado el 24 de marzo de 2014
Despejar el camino hacia la paz
Delegación de Paz de las FARC-EP
www.paz
Han hablado las comunidades rurales, y en su reciente cumbre de Bogotá su voz ha sido clara y enfática en
cuanto a sus necesidades en función de la paz para Colombia. Su clamor es por el reordenamiento territorial
que restablezca la soberanía, es por la Reforma Rural Integral que acabe con el latifundio y le entregue la
tierra a los pobres, es por reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos indígenas, de los raizales y
de las comunidades afro a sus territorios, y en especial el reconocimiento a la propiedad colectiva inalienable
de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afro-colombianas. Todo lo
cual debe ir de la mano del reconocimiento a las Zonas de Reserva Campesina, frenando todas las formas
violentas y legales de despojo que hasta hoy han operado con el apoyo del régimen. Han hablado las
comunidades rurales por el restablecimiento cierto de la función social de la propiedad, y contra la
apropiación fraudulenta que latifundistas y empresas capitalistas han hecho de baldíos y actuando en
detrimento de las Unidades Agrícolas Familiares. Han hablado de acabar con la pobreza y la desigualdad, de
abrirle campo a la democracia y al buen vivir, y en medio de este tipo de esperanzas y lineamientos para la
acción, la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, ha hecho énfasis en una reconfiguración
urgente del modelo económico que restablezca la soberanía y el buen vivir para todos los colombianos.
Para poder construir un Acuerdo real de paz, es necesario considerar, el punto de vista de las comunidades
rurales que expresa que debemos generar una “economía propia contra el modelo de despojo”, lo cual es
también un sentir de las inmensas masas urbanas empobrecidas por el modelo neoliberal que tantos y graves
perjuicios le ha causado a la economía nacional.
Hay que abrirle paso a una política económica soberana, planificada, ambientalmente viable, que proteja y
fortalezca la recuperación del campo, su desarrollo integral, contando con sus comunidades hasta ahora
atropelladas por las medidas aperturistas y de libre comercio.
La voz de las comunidades rurales hay que escucharla, y ahora se ha alzado a favor de estos objetivos, y para
decirnos, que deben surgir políticas para restringir y regular el uso y precio de los agroquímicos, que debe
iniciarse un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un
sistema nacional de asistencia técnica que respete el medioambiente y a los saberes tradicionales de los
pueblos y comunidades.
Se ha alzado la voz para decirnos que las deudas les deben ser condonadas y se debe retirar los embargos a
tierras y propiedades del campesinado, adquiridas a través del sistema financiero y de acceso al crédito
agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado. Que se debe proceder acrear y fortalecer las
cooperativas de ahorro para las comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las
organizaciones comunitarias. Que se deben desmontar los Tratados de Libre Comercio, inversiones,
propiedad intelectual y servicios, y se debe detener la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos
internacionales de “cooperación” que vulneren la producción agropecuaria nacional. De tal manera, que con
justicia se exige que todo tratado de este tipo, sea consultado con el pueblo, que es el que resulta afectado con
tan nefastas políticas que solo llenan el bolsillo de unos funcionarios corruptos.
La voz de las comunidades rurales en coro patriótico clama por subsidios para los sectores afectados por la
apertura, clama por el establecimiento de precios de sustentación rentables y por seguros de cosechas, por un
sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios, y por muchas otras medidas
que generen favorabilidad y cualificación para la producción campesina y rural, incluyendo la prohibición de
la importación de los productos agropecuarios estratégicos quer producen nuestros campos, o la derogación de
las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual y que propician su privatización. Debe cesar la
persecución de las autoridades contra aquellos labriegos que guardan, protegen o intercambian semillas
tradicionales. En consecuencia, debe ser una exigencia nacional que no se apliquen las leyes 1032 de 2006 y
la 1518 de 2012 y se derogue la resolución 970 del ICA. En contraste se aboga por la creación de un sistema
nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de
semillas originarias sin restricciones mercantilistas a través de patentes.
En pro de la soberanía económica se insiste en abrirle juego a la academia y a la universidad para expandir la
investigación que nos permita un desarrollo autónomo, articulando el saber científico con la experiencia de las
comunidades, reconociendo y respaldando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de
campesinos, indígenas y afrodescendientes. Y, definitivamente, existe especial interés en defender la
soberanía alimentaria nacional, la cual debe declararse como de utilidad pública, interés social y bien común
de la nación.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Fuente: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-pazfarc-ep/1806-despejar-el-camino-hacia-la-paz.html