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TRIBUNA
Por Carles Campuzano*
S
ostener la recuperación
económica y la creación
de empleo en base a la
mejora de la competitividad por la vía de los salarios es un camino hacia la pobreza. Ha tenido sentido que durante los peores momentos
de la crisis se optase por la devaluación salarial para mejorar la competitividad exterior de los bienes y servicios producidos en España. Las alternativas a la devaluación salarial
eran escasas para un Gobierno que
no podía devaluar su moneda, que
había agotado su capacidad fiscal de
estimular la economía y que debía
continuar financiado su endeudamiento en unos mercados internacionales
que desconfiaban de la capacidad de
recuperación de España. Fue doloroso
e injusto para muchos trabajadores en
la medida en que el peso del ajuste
de la crisis se ha concentrado en el
empleo y en los salarios; ciertamente,
las clases medias y las clases populares
de la sociedad han sido las grandes
perjudicadas de la crisis. Y ello explica
los fenómenos más rupturistas del
complejo escenario político en el que
estamos instalados. Si somos honestos,
esta política seguramente fue útil en
su momento para permitir evitar los
riesgos económicos y sociales de hace
unos pocos años. Pero esa estrategia
no puede ni debe fundamentar el tan
pregonado cambio de modelo productivo que todos proclamamos, ni
permite una recuperación justa de la
crisis. La respuesta no puede continuar
siendo crear empleos mal pagados.
Sabemos que una economía que crea
empleo mal remunerado ahonda en
las desigualdades, con todo su efecto
destructor de la cohesión social y la
confianza política; no genera los ingresos fiscales que permiten financiar
el Estado del Bienestar en general, y
el sistema de pensiones en concreto;
incrementa el gasto asistencial necesario para garantizar una vida digna
a los trabajadores y pensionistas pobres; promueve la emigración de los
trabajadores jóvenes cualificados y no
estimula la inversión privada para aumentar la productividad y mejorar la
competitividad de las empresas por la
vía de la calidad de los bienes y servicios producidos.
Un cambio del modelo de recuperación económica exige un amplio
abanico de medidas. Entre ellas, un
aumento progresivo y moderado, pero sostenido en el tiempo, del Salario
Mínimo Interprofesional hasta, como
mínimo, alcanzar la recomendación
de la Carta Social Europea que lo sitúa en el 60% del salario medio, como mecanismo de estímulo al empleo de calidad, a la mejora de la
productividad y a la reducción de
las desigualdades.
En el caso español, en los últimos
años las decisiones del Gobierno se
han alejado de estos parámetros. El
Salario Mínimo a lo largo de los últimos cinco años ha aumentado un
2,15% (con un incremento del 0,5%
respecto al pasado año 2015), dejando
el Salario Mínimo diario en 21,84€,
en términos mensuales en 655,20€,
(y en términos anuales en 9.172,80€
en 14 pagas), representando alrededor
del 40% del salario medio. En el caso
de Catalunya, en un modelo centralizado de fijación del Salario Mínimo,
éste representa aún una cuantía menor
en relación al salario medio, en la medida en que los sueldos son más altos
en Catalunya, reduciendo su capacidad efectiva de compra. Por eso, en
Estados Unidos el movimiento de las
ciudades y los Estados fijando salarios
mínimos superiores al fijado a nivel
federal es tan poderoso y extendido.
EUROPA PRESS
Salario justo y
competitividad empresarial
El peso del
ajuste de la
crisis se ha
concentrado
en el empleo y
en los salarios;
las clases
medias y las
clases
populares de
la sociedad
han sido las
grandes
perjudicadas
de la crisis
Y, evidentemente, si comparamos
nuestro Salario Mínimo con los Estados de nuestro entorno, la comparación no se resiste. Efectivamente, el
SMI español para 2016 es uno de los
más bajos de la UE. Así, el de Francia
(1.467€/mes) es un 92% más alto; el
de Alemania (1.473€/mes) un 93%
más alto; el de Bélgica (1.502€/mes);
el de Holanda (1.508€/mes) un 97%
más alto; Reino Unido (1.529€/mes)
un 100% más alto, y el de Irlanda
(1.546€/mes) un 102% más alto.
Pero es que además, estamos describiendo Estados que tienen un PIB
per cápita alrededor de un 50% superior al español pero en cambio tienen
un Salario Mínimo un 100% superior.
Los críticos con aumentar el Salario
Mínimo acostumbran a afirmar que
esto perjudicaría a los trabajadores
menos formados, con opciones a empleos mal pagados y que van a tener
menos posibilidades de encontrar trabajo; nos proponen un complemento
salarial para los trabajadores pobres,
como alternativa a la subida del SMI.
Es decir, que con los impuestos de
todos subvencionaremos a las empresas que no pueden pagar sueldos
justos. No me parece una buena alternativa.
Invirtamos, de una vez, a fondo y
en serio, en formación y reciclaje profesional para los desempleados menos
formados, rebajemos selectivamente
y temporalmente los costes de Seguridad Social para la contratación de
estos desempleados, pero seamos capaces de garantizar que el empleo
efectivamente permite a las personas
vivir dignamente y contribuir con sus
impuestos a la financiación de un modelo de protección social. Diría que
no es mucho. ●
* Portavoz adjunto de Democràcia i Llibertat en el
Congreso de los Diputados
nº 1149. 4–10 de abril de 2016
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