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Ecocidio en Semarnat
Martes 20 de octubre 2015
So pretexto del Presupuesto Base Cero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) ha iniciado un proceso de desmantelamiento de diversas instituciones, programas,
políticas públicas y formación de personal profesional altamente calificado, que a lo largo de décadas
se vinieron edificando para proteger los recursos naturales, el medio ambiente y sentar las bases de
un desarrollo sustentable.
En las últimas semanas se han venido presentando recortes presupuestales a programas
fundamentales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC),
acompañados de decenas de despidos de los profesionales responsables de su implementación.
No es un asunto menor, desde la aprobación de la primera Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Medio Ambiente en 1988, y con un fuerte impulso social y del movimiento ambientalista,
se había venido construyendo un entramado institucional, que hoy se pretende tirar por la borda,
animado por los negocios con que las llamadas reformas estructurales pretenden someter a remate
los recursos naturales del país.
Como lo señalé en su momento, con la reforma energética se creó la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos que invade las facultades y
competencias tanto de la Semarnat como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
toda vez que la ley que la crea le autoriza supervisar y vigilar el cumplimiento de las empresas que
explotan los hidrocarburos, así como la aplicación de certificaciones, auditorías y de todos los
ordenamientos legales y reglamentarios en la materia, incluso a autorizar programas de manejo
forestal en las áreas concesionadas a particulares. Hoy esta agencia se convierte en el eje del
negocio energético en demérito de la biodiversidad.
Para el actual gobierno, el desmantelamiento de Semarnat es fundamental para cerrar el negocio.
Así lo demuestran sus acciones. Por ejemplo, tras la llegada de Alejandro del Mazo a la Conanp,
cerca de 300 directores de reservas, guardaparques y administrativos han sido desplazados por
personal sin experiencia ni conocimientos del tema, y sólo el mérito de la lealtad a su jefe los
respalda. Además, hasta ahora han sido despedidos la mitad del personal de la Conafor y la cuarta
parte del INECC.
Con estas medidas se pone en riesgo a las 177 áreas naturales protegidas, que alcanzan
actualmente 26 millones de hectáreas, equivalentes al 13 por ciento de la superficie del territorio
nacional, donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad del país, considerada la quinta en
importancia a nivel global. A las que se suman 400 mil hectáreas de reservas ecológicas voluntarias,
resultado del esfuerzo del personal que hoy es despedido.
No es de sorprender esta situación. El potencial para los negocios energéticos en estas áreas
naturales es invaluable, y el gobierno no se tocará el corazón para modificar la naturaleza jurídica
de las mismas. Así lo hemos visto con la declaratoria que elimina el carácter de parque nacional que
había detentado el Nevado de Toluca desde 1936 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, para
permitir diversos usos y desarrollos inmobiliarios, al igual que lo sucedido con el Área Natural
Protegida ingeniero Jorge Cruickshank en Chimalhuacán, también en el Estado de México, donde
tras modificar su figura jurídica como área natural protegida, se desincorporó del patrimonio estatal
para donarlo al gobierno federal para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.
Esta es la respuesta gubernamental a uno de los escasos temas que logramos frenar dentro de la
reforma energética: el que la Agencia Nacional no tuviera competencias sobre las áreas naturales
protegidas, por lo que para los tecnócratas neoliberales es un asunto determinante dentro de su
estrategia, apoderarse y desmantelar las instituciones relacionadas con la preservación de los
recursos naturales del país, al margen de los conflictos que ya se están presentando ante el despojo
de los recursos de que son objeto comunidades indígenas y campesinas.
Quizá todo se reduce, y qué mejor ejemplo de la visión que impera en la actual burocracia ambiental,
a la expresión que en algún momento hiciera un alto funcionario de Semarnat, para quien el personal
de la Conanp “son jipis y soñadores”.
Es urgente que la comunidad ambientalista nacional e internacional encare esta situación para
revertirla. Se trata de un asunto de seguridad ambiental y de seguridad nacional. Más aún en la
antesala de la reunión de Conferencia de las Partes (Cop 21) donde se suscribirán los compromisos
multilaterales en materia de cambio climático y la revisión de la agenda del milenio.