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El Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente impugnación de la
Sección 15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
JUSTIFICACION
En lo que respecta a los ingresos públicos, las medidas promovidas por el Ministerio
son insuficientes y se produce una inaceptable amnistía fiscal.
Los ingresos públicos acusan las consecuencias del escenario recesivo previsto en los
Presupuestos pero las actuaciones discrecionales supondrán, según el Gobierno, unos
12.300 millones de euros. Un primer grupo de medidas significa la aplicación durante
2012 y 2013 de un gravamen complementario, temporal y progresivo en la cuota del
IRPF y un gravamen complementario para las rentas del ahorro. Se estima un
incremento de los ingresos por estas actuaciones de 4.100 millones de euros.
También se introducen medidas que afectan al Impuesto sobre Sociedades
aumentando la tributación al limitar la deducción del fondo de comercio, modificar el
cálculo del pago fraccionado de grandes empresas, limitar la deducción de los gastos
financieros, establecer un gravamen especial para rentas procedentes del extranjero y
limitar la libertad de amortización. Se estima que estas medidas aumentarán la
recaudación en 5.350 millones de euros.
Otros cambios normativos que producirán ingresos adicionales remiten al Impuesto
Especial sobre Labores del Tabaco y a la Tasa sobre el Ejercicio de la Potestad
Jurisdiccional.
Adicionalmente se aprueba lo que el Gobierno denomina “programa extraordinario
para incentivar que los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes regularicen su situación tributaria”, que se
estima supondrá unos ingresos de unos 2.500 millones de euros. Es decir, una
amnistía fiscal por la que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el fisco
pagando un 10% y evitando intereses, recargos y sanciones.
Esta amnistía supone un agravio comparativo para los contribuyentes que sí cumplen
con sus obligaciones fiscales y choca frontalmente con una política contundente de
lucha contra el fraude fiscal porque será tan ineficaz para aflorar economía sumergida
como ya lo fueron anteriores amnistías. En realidad, esta medida supone a efectos
prácticos el reconocimiento implícito del Gobierno sobre la incapacidad de la Agencia
Tributaria para luchar con garantías contra el fraude. Entre 1980 y 2008 la bolsa de
fraude se ha multiplicado por cuatro hasta alcanzar un volumen que puede estimarse
en unos 245.000 millones de euros anuales, lo cual representa una recaudación
potencial de impuestos de unos 89.000 millones de euros.
Las medidas en el Impuesto sobre Sociedades son positivas pero insuficientes porque
no terminan con la falta de equidad en el tributo, ya que las empresas de mayor
dimensión continuarán disponiendo de múltiples vías de escape para tributar de forma
efectiva muy por debajo del 20%. En este tributo podría elevarse el tipo impositivo
hasta el 35% para bases imponibles que superen el millón de euros logrando una
recaudación adicional que podría rondar los 14.000 millones de euros. Sería una
medida coherente con la subida de los tipos marginales en el IRPF.
El IRPF necesita una reforma estructural, no medidas temporales y extraordinarias
aunque sean positivas al mejorar la progresividad. Porque es preciso recuperar el
carácter sintético del tributo integrando todos los rendimientos del contribuyente en
una única base para corregir el sesgo favorable hacia las rentas del capital. En esa
reforma puede asegurarse la progresividad de las tarifas ajustando la amplitud de los
tramos y con tipos más elevados para los contribuyentes de mayor capacidad
económica.
El Gobierno no ha abordado uno de los retos fundamentales de este país, como es la
necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal en profundidad para corregir de manera
estable los desequilibrios e inequidades de nuestro sistema tributario. En este sentido,
ha renunciado a aplicar de manera decidida medidas de fiscalidad ambiental que
contribuirían a aumentar los ingresos en nuestro país y a impulsar el cambio de
modelo productivo para desarrollar una economía sostenible, que internalice los costes
de las actividades que generan daños que repercuten negativamente en el medio
ambiente y también en los bienes públicos y en la salud de nuestros ciudadanos.
España se sitúa en la cola de la UE en el desarrollo de la fiscalidad ambiental a la vez
que nos alejamos de las políticas y objetivos medio ambientales que fija Europa. Es
injusto e ineficiente desde el punto de vista económico que estos Presupuestos no
incluyan nuevas figuras impositivas sobre la energía nuclear, los residuos radioactivos
o las emisiones difusas de CO2.
Por otro lado, los empleados públicos ven congeladas sus retribuciones un año más y
tras la reducción media del 5% en 2010, acumulan ya una pérdida del poder
adquisitivo de más del 30% desde enero de 1991. Además se produce una reducción
de las plantillas de personal por la no reposición de efectivos en términos generales,
limitando la Oferta de Empleo Público al 10% de la tasa de reposición de efectivos
exclusivamente en los ámbitos de educación, centros hospitalarios, fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado y los cuerpos de lucha contra el fraude fiscal, eliminando el
resto de vacantes que se produzcan, lo que supondrá la destrucción de más de 17.000
empleos públicos, muchos de ellos en servicios esenciales. La disminución y
envejecimiento de las plantillas, junto con los recortes indiscriminados en los gastos de
funcionamiento e inversiones de los servicios públicos, va a agudizar su actual
deterioro. La prestación de los servicios públicos con la calidad necesaria para el
sostenimiento de un estado social resulta imposible en este marco presupuestario. La
vía adoptada por el Gobierno de externalizar funciones y servicios propios de las
Administraciones Públicas, supone, además de un incremento innecesario del gasto,
una transferencia encubierta de recursos públicos al sector privado.