Download III. El desplome

EL DESPLOME COLOMBIANO
-ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ESTADO, ECONOMÍA Y SOCIEDADLibardo Sarmiento Anzola1
Introducción
La historia se repite. La sociedad colombiana padece las consecuencias de la pobreza, la violencia,
la injusticia y el desorden. Para dos tercios de la población el siglo XX fue perdido. Millones de
personas estuvieron destinadas a acortar sus vidas o verse mutiladas por la pobreza, la violencia y la
tiranía de la oligarquía, la tecnocracia y los grupos armados. En los análisis prospectivos se afirma
que pensar en un siglo para que esta parte del mundo ingrese a las zonas de paz, riqueza y
democracia, es demasiado optimismo2.
Una sociedad desmoronándose en el caos es la imagen recurrente en el imaginario colectivo
colombiano. A comienzos del siglo XIX, con una población que bordeaba el millón de habitantes,
“la superpoblación y la miseria abrumadora creaban inquietud en los aparatos políticos del Estado” 3.
En 1886, cuando el número total de personas se aproximaba a los cuatro millones y el 85% habitaba
en zonas rurales, la afirmación fue categórica: “Regeneración administrativa fundamental o
catástrofe”4.
En el siglo XX retorna la idea del colapso. A mediados del siglo existían serias razones para
pensarlo: entre 1946 y 1966 el país fue escenario de la más intensa y prolongada violencia civil en la
historia contemporánea5. En 1964 Colombia sufría los coletazos de la violencia, la inestabilidad
social y política. La población alcanzaba los 17.3 millones, la mitad habitaba en centros urbanos.
Ante la mirada de Lauchlin Currie, uno de los analistas más agudos de aquel momento, “el país se
estaba derrumbando”, por incompetencia del presidente y la desintegración general de la economía,
la sociedad y la moral6.
El estado de guerra civil permanente y la violencia cotidiana y crónica se mantiene desde 1946 hasta
1998. Este largo y cruento conflicto daba como resultado en este período dos millones de
homicidios y más de ocho millones de desplazados de las zonas rurales hacia la frontera agrícola, los
cinturones de miseria urbana o el exilio.
Según Daniel Pécaut “la violencia se ha convertido en un modo de funcionamiento de la sociedad,
dando nacimiento a redes diversas de influencia sobre la población y a regulaciones oficiosas”7.
Economista, filósofo e investigador social. Septiembre de 1998
Kahn, Herman y Briggs, Bruce (1978). “The next 200 Years”. Citado por Heilbroner, Robert (1996). Visiones del
futuro. Paidós, España. P. 25.
3
Tovar, Hermes. (1987)”La lenta ruptura con el pasado colonial”. En: Historia económica de Colombia, José Antonio
Ocampo, editor. Siglo XXI editores, Bogotá, p. 88.
4
Sarmiento, Libardo (1997). Colombia fin de siglo, Crisis de hegemonías. Publicaciones Ensayo y Error. Santafé de
Bogotá. P. 31.
5
Oquist, Paul (1976). Violencia, conflictos y política en Colombia. Banco Popular, Bogotá.
6
Sandilands, Roger (1990). Vida Política Económica de Lauchlin Currie. Legis, Bogotá. P. 214.
7
Pécaut, Daniel (1997). "Presente, pasado y futuro de la violencia", en: Análisis Político, revista del IEPRI, U.
Nacional, N. 30, Santafé de Bogotá, p. 4.
1
2
1
Otros análisis señalan que la parainstitucionalidad, el clientelismo y la burocratización, se renuevan
una y otra vez, como formas privilegiadas para relegitimar el ‘quehacer’ de la política de cambio,
movilizar intereses en contienda y contener la insurgencia social. "No se trata de gobernar, sino de
operar y manipular los conflictos"8.
Este ensayo se guía por la siguiente hipótesis: los colombianos han entrado en una fase imposible de
sortear la crisis actual. Los grados de libertad del sistema se agotaron al limitarse el horizonte o
frontera de posibilidades. En teoría, una frontera divide el conjunto total de elecciones futuras entre
las que una sociedad o persona puede hacer y las que no puede hacer. Se parte de (I) la
consideración conceptual sobre las crisis, para luego (II) presentar los argumentos sobre el
agotamiento de los procesos de modernidad y desarrollo en Colombia y (III) su expresión en el
desplome del Estado, la economía y la sociedad.
I. Consideraciones generales sobre la crisis
Las revoluciones norteamericana (1776) y francesa (1789) dieron inicio a cambios radicales. Estas
desencadenaron cuatro dinámicas características de las sociedades modernas: i) el despliegue de una
sociedad civil móvil y de un sistema económico capitalista, ii) el nacimiento del moderno aparato
estatal, iii) una nueva forma de integración social para los ciudadanos alrededor de la figura del
Estado Nación, iv) democracia y derechos humanos como núcleo universalista del Estado
constitucional9.
Modernidad y desarrollo constituyen las significaciones imaginadas más importantes producto de
estas revoluciones. Tienen en común la visión de una humanidad que progresa hacia el reino de la
felicidad donde desaparecerá la ignorancia, las desigualdades e injusticias y se instaurará la
fraternidad, pudiendo ser satisfechas todas las necesidades humanas y disfrutar de la autonomía
individual en un mundo cada vez más emancipado.
La modernidad es la racionalización de la vida cotidiana. Racionalización entendida como el
proyecto histórico de la razón y no, únicamente, como su función instrumental. Promesa de
construcción de un mundo inteligible, donde la razón institucionaliza el juego de las fuerzas
económicas y políticas sobre la base del libre contrato entre personas jurídicas iguales, con el Estado
como garante de la racionalidad colectiva.
El Desarrollo hace referencia al proceso que toda sociedad debe seguir para alcanzar la modernidad.
En un inicio evolución y desarrollo eran términos intercambiables. Entre 1759 (Wolff) y 1859
(Darwin) el desarrollo pasó de una noción de transformación a una concepción de cambio hacia una
forma cada vez más perfecta. Desde 1768 Justus Moser empleó la palabra desarrollo para aludir al
proceso gradual de cambio social, transfiriendo el concepto de la metáfora biológica a la esfera
social. En el siglo XIX los conceptos hegeliano de historia y el darwnista de evolución se
Medellín, Pedro (1994). La modernización del Estado en América Latina. CIDER, Universidad. De los Andes,
Santafé de Bogotá. p. 46.
9
Para un análisis más detallado de los productos de la Revolución Francesa ver: Habermas, Jürgen, (1998), "La
soberanía popular como procedimiento", en Facticidad y Validez, Editorial Trotta, Madrid, pp. 589 - 617.
8
2
entrelazaron en el desarrollo. El desarrollo se convirtió en la categoría central de Marx: lo mostró
como un proceso histórico que se desenvuelve con el mismo carácter necesario de las leyes
naturales.
En el siglo XX, Truman en su discurso de posesión como presidente de Estados Unidos, el 20 de
enero de 1949, abrió para el mundo la era del desarrollo capitalista: transfirió el papel de primer
motor de las fuerzas productivas y el proletariado a los tecnócratas y al capitalismo. La idea de
desarrollo se redujo a promover el crecimiento económico y la reducción del crecimiento
demográfico. A partir de entonces, el desarrollo consiste simplemente en el crecimiento del ingreso
por persona10. La ideología y los instrumentos del desarrollo se convirtieron en el medio más eficaz
para determinar el ordenamiento político, económico y social en los países del Sur.
La modernización y el desarrollo se convirtieron en procesos universales, homogeneizantes y
asimilacionistas. Estado, mercado, tecnología, crédito e intervenciones armadas fueron los
instrumentos de su expansión. Sin embargo, su transferencia a las áreas «subdesarrolladas» estaría
plagada de contradicciones y era portadora por igual de progreso y destrucción.
Al finalizar la primera década del desarrollo de Naciones Unidas (1960-1970) se constató que el
crecimiento rápido de la economía estaba siempre acompañado de desigualdades y pobreza. Robert
S. McNamara, entonces presidente del Banco Mundial, insistió en que la segunda década “debía
contener algo más que medidas burdas de crecimiento económico”11. En los años noventa Boutros
Boutros Ghali, Secretario General de las Naciones Unidas, vuelve a constatar que pese a los
positivos adelantos registrados en muchos países, no se puede negar que actualmente hay en todo el
mundo más pobreza, más desempleo, más injusticias y más inseguridad.
Las paradojas, complejidades y valoraciones de sentido contrario hacen parte de las dinámicas del
desarrollo. La crisis, en sus fundamentos, es consustancial a las sociedades modernas. El capitalismo
no está solamente asediado por crisis sino también depende de las crisis. El capital se acumula a
través de las crisis. Estas funcionan como un mecanismo económico disciplinado. La crisis es la
coyuntura a la cual el capital se agarra para reestructurarse y racionalizarse, para restaurar su
capacidad de explotar el trabajo, expoliar la naturaleza y gestionar la sociedad en su conjunto. A su
vez, el capitalismo destruye sus propios mercados, es decir, cuanto mayor es la producción de
plusvalía basada en la explotación del trabajo, más difícil resulta realizar los beneficios; de manera
análoga, cuanto mayor es la producción de plusvalía basada en la apropiación destructiva de la
naturaleza, definida en términos generales, tanto más suben los costos y se reduce la flexibilidad del
capital12.
Una crisis surge cuando la estructura de un sistema de sociedad admite menos posibilidades de
resolver problemas que las requeridas para su conservación. Las crisis son perturbaciones que atacan
la integración sistémica13. En las sociedades del capitalismo tardío la crisis se torna compleja. Ésta
Esteva, Gustavo (1996). "Desarrollo". Diccionario del Desarrollo, Wolfgang Sachs, (editor), Pratec, Perú, p.52-78.
McNamara, Robert S. (1970). La verdadera dimensión de la tarea. IDR.
12
O'connor, James, (1991). "Las condiciones de producción. Por un marxismo ecológico, una introducción teórica", en:
Ecología Política, FUHEM ICARIA, España, N°1, p-127.
13
Habermas, Jürgen, (1975). Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Buenos Aires. P. 16.
10
11
3
toma cuatro formas: económica, de legitimación, de racionalidad y de motivación. Las crisis más
agudas, según Habermas, ya no son las provocadas por el sistema económico que pueden ser
‘controladas’, aunque no anuladas, sino las originadas en el sistema político y sociocultural. El
sistema político articula a los otros dos, recibiendo de ellos inputs (recaudación fiscal/lealtad de
masas) y ejerciendo unos outputs en forma de decisiones administrativas (rendimientos de
autogobierno/rendimientos sociales). Según la crisis afecte a los mecanismos de entrada o de salida,
la crisis será, respectivamente, de legitimidad o de racionalidad14.
El sistema sociocultural genera una crisis de motivación asociada a una ‘esfera pública
despolitizada’. El capitalismo se consolida sobre el conformismo generalizado. Lo que caracteriza a
las sociedades contemporáneas, según Castoriadis, es esta ruina, esta descomposición, este deterioro
sin precedentes de las significaciones imaginarias sociales. El desarrollo de las mercancías a
consumir sustituye el desarrollo de los seres humanos15. Calidad de vida significa ahora nivel de
consumo de mercancías.
Debido a la mayor complejidad de las sociedades modernas, policéntricas y centrífugas, las
soluciones a las crisis son más esquivas y lejanas. Las sociedades modernas no sólo se integran
socialmente, es decir, por medio de valores, normas y procesos de entendimiento, sino también
sistémicamente, esto es, a través de mercados y de poder empleado administrativamente. El dinero y
el poder administrativo son mecanismos de integración de la sociedad, formadores de sistemas, que
coordinan las acciones de forma no necesariamente intencional, es decir, no necesariamente a través
de la conciencia de los participantes en la interacción y, por tanto, no mediante gasto de energías
comunicativas, sino objetivamente, por así decir, a espaldas de esos participantes. Por vía de
institucionalización jurídica y procedimientos democráticos ambos medios, economía y
administración, quedan anclados en los órdenes y esferas del mundo de la vida, integrados a través
de la acción comunicativa. En situaciones en las cuales los subsistemas sociales se autonomizan sin
ninguna legitimidad, y se agudizan las debilidades de la sociedad civil y del espacio de la opinión
pública, el sistema político y la integración social caen en una crisis que se expresa en: i) déficit de
legitimación, ii) déficit de racionalidad, iii) déficit de regulación o control sistémico16.
La crisis puede conducir al desplome de una sociedad. En el informe sobre el desarrollo mundial
1997, analistas del Banco Mundial17 describen cómo durante los últimos años en varios países se
han paralizado las funciones e instituciones gubernamentales. Las estructuras que en situación
normal podrían atenuar los efectos de la crisis y servir de instrumento para la recuperación, con
frecuencia han quedado destruídas, lo que hace inviables las soluciones más genéricas para ampliar
la capacidad del Estado. Las principales patologías, amplias y superpuestas, de este desplome estatal
son:
 Estados que han perdido (o no han llegado a establecer) su legitimidad ante la mayoría de la
población teóricamente sometida a su autoridad y que, por lo tanto, son incapaces de ejercer tal
autoridad.
Requejo, F. (1991). Teoría Crítica y Estado Social. Anthropos Editorial del Hombre, España. P. 134.
Castoriadis, Cornelius. (1998). “El ascenso de la insignificancia”. En: Revista Ensayo y Error. No. 4. P. 50.
16
Habermas, Jürgen. (1998). Facticidad y Validez. Editorial Trotta, España. P. 468.
17
Banco Mundial. (1997). Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997. Capítulo 10: “El camino hacia el cambio”. P.
179-191. Washington, D.F., E.U.A.
14
15
4
 Estados destruídos por dirigentes y funcionarios corruptos, negligentes o incompetentes, o las
tres cosas a la vez.
 Estados fragmentados por una guerra civil, y donde ninguna de las partes en pugna es capaz de
restablecer la autoridad central.
Paralelo al desplome resurge una nueva Edad Media. Toma forma bajo los siguientes fenómenos
sociales:





Supremacía del derecho privado sobre el derecho público.
Anomia generalizada.
Lumpenización de las conductas.
Areas de exclusión.
Despedazamiento de los sistemas y su transformación en pequeños subsistemas independientes y
autárquicos.
El cuadro completo es una tendencia global hacia la desorganización y la degeneración social. Para
Norberto Bobbio, el proceso de degeneración del Estado hace parte del resurgimiento de una nueva
Edad Media. La vida de un Estado moderno, donde la sociedad civil está constituida por grupos
organizados cada vez más fuertes, monopolizadores del poder económico y político, es atravesado
por conflictos corporativistas de grupos que continuamente se renuevan, frente a los cuales el Estado
como conjunto de órganos de decisión desempeña la función de mediador y de garante más que de
detentador del poder soberano18. El Estado es incapaz de gobernar, "puesto que debe mantener un
equilibrio inestable entre lobbies de toda clase que fragmentan la sociedad contemporánea"19.
En el seno de estas dinámicas toma fuerza una anomia generalizada de las actitudes individuales y
grupales mediante la agresión social, violando la ley y el orden público, tanto que la violencia
política se confunde con el crimen. La lumpenización de las conductas alcanza a todos los
segmentos de la estructura social a través de prácticas delictivas, corrupción, asesinatos,
negociaciones con organizaciones criminales. Se consolidan áreas de exclusión, esto es, regiones del
comportamiento y de la geografía nacional que el Estado es incapaz de controlar. En general, los
grandes sistemas se degradan, presentan agotamiento, vaciamiento de las funciones del poder y
ruptura del consenso social20.
II. La modernidad y el desarrollo en Colombia
En Europa la modernidad se consolidó como parte de la experiencia cotidiana, al mismo tiempo
corno práctica social y como su ideología legitimadora. En América Latina, sobre todo desde el
siglo XIX, la modernidad aprendió a vivir sólo como conciencia intelectual. Hasta bien entrado el
siglo XX, la modernidad se fue convirtiendo en una ideología cuyas prácticas sociales fueron
Bobbio, Norberto, (1996). Estado, Gobierno y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, México, p. 31-32.
Castoriadis, Cornelius, Op. cit., p. 52.
20
Francisco, weffort, (1995). "La América equivocada", en: Reyna, JL, América Latina a fines de siglo. Fondo de
Cultura Económica, México, pp. 414-418.
18
19
5
reprimidas por el poder vigente o admitidas solamente como formas legitimadoras de otras prácticas
de sentido abiertamente contrario.
Para Octavio Paz la modernidad en Latinoamérica se define por sus carencias respecto a la historia
de occidente. Aquí no hubo una reforma religiosa con Lutero a la cabeza, una Revolución Francesa,
una sociedad civil como la descrita por Tocqueville para el caso de los Estado Unidos, una ideología
liberal -universalista que permitiese al ciudadano - individuo desarrollarse, una ética calvinista para
inspirar el ahorro, la inversión y el trabajo21.
En su reemplazo, en Colombia el legado de la cultura europea sufrió la más dramática y grotesca
metamorfosis en manos de los conquistadores. El sincretismo español se completó con los restos
que quedaron de la sociedad aborigen derrotada y los esclavos de origen africano. Sobre los
escombros de estas culturas, lenta y precariamente se fue levantando la armazón social dominante:
relaciones autoritarias, centralistas y jerárquicas españolas; expoliación y explotación colonial
europea (con su desprecio por lo salvaje y diferente); formalismo jurídico francés; residuos del
pensamiento liberal inglés (ajeno a las ideas de los derechos del hombre y el derecho natural 22);
heteronomía judeo católica (maniquea y oscurantista); utilitarismo y pragmatismo norteamericano
(con su mediocridad moral derivada de la conexión del placer con la utilidad, cuyo único modo de
existencia lo determinan el mercado y el consumo de mercancías).
Al estrecharse el vínculo de la economía nacional con el comercio mundial, creado a partir de los
auges exportadores de la segunda mitad del siglo XIX, algunos colombianos por fin pudieron estar
al tanto de las principales corrientes económicas, políticas y culturales de Occidente. Pero solo hasta
la primera mitad del siglo XX se sentaron las bases de la modernización y el desarrollo capitalista.
El crecimiento de la industria y las exportaciones apoyaron las políticas del sector público para
integrar parcialmente los mercados regionales a través de carreteras y líneas ferroviarias. A la par
crecía un importante movimiento social compuesto por obreros, campesinos, indígenas y artesanos.
La organización de la banca y las finanzas públicas corrió por cuenta de las misiones de Kemmerer
que en l920 fueron enviadas a Latinoamérica con el objetivo de establecer bancos centrales,
presupuestos, sistemas contables y controlar la vinculación de estos países al patrón oro.
Hasta los años cincuenta Colombia aún hacía parte de los llamados países subdesarrollados. Es en
este contexto marcado por el subdesarrollo el que, hasta mediados del presente siglo, mantiene
vigente la continuidad de una cultura tradicional23. En efecto, al finalizar la década de los años
cuarenta la población total ascendía a 11 millones, el 70% rural, el 38% analfabeta y sólo uno de
cada tres colombianos accedía a la educación primaria. El ingreso promedio era de U.S.D. 176 en
1947. La tasa anual de crecimiento de la población era cercana a 3.5% y el tamaño de los hogares de
6.1 personas. Las tasas de mortalidad infantil se aproximaban al 90 por mil y la esperanza de vida al
nacer escasamente superaba los 50 años. Los sectores agrícola y minero representaran 43% del
Ver Paz, Octavio, (1979). El ogro filantrópico; Brunner, José Joaquín, (1995) Tradicionalismo y modernidad en la
cultura latinoamericana.
22
Jaramillo, Jaime, (1961). "Formas y vicisitudes del liberalismo colombiano en el siglo XIX", en Revista ECO, Tomo
II, N° 6, Bogotá.
23
Brunner, José Joaquín, (1995). "Tradicionalismo y modernidad en la cultura latinoamericana". En: América Latina a
fines de siglo. Op. cit., p. 283.
21
6
producto interno bruto y 63% de la fuerza laboral estaba ocupada en una agricultura de baja
tecnología. El café constituía la principal fuente de divisas, seguido por el petróleo y la explotación
de oro; tanto las exportaciones como las importaciones equivalían al 11 % del PIB.
Hasta l950 la historia cultural y social del país transcurrió en cuatro regiones semiautónomas, más o
menos independientes24. A excepción de las calles urbanas, sólo había 35 kilómetros de carreteras
pavimentadas en todo el país, construidos por la United Fruit Company para conectar Sevilla con
Santa Martha. Situación agravada por el abandono de carreteras y ferrocarriles en un país de
topografía difícil y concentración mayoritaria de la población en el área Andina. El reducido tamaño
efectivo del mercado limitaba, a la vez, la explotación de economías de escala, la especialización de
la fuerza de trabajo y la productividad. La inflación llegaba a una tasa anual del 30%, favoreciendo
el patrón de inversión hacia proyectos a corto plazo y especulativos, tendiendo a empeorar la ya de
por sí alta concentración del ingreso y a reducir la competitividad de los productos colombianos en
el extranjero. La pobreza era generalizada en medio de una gran riqueza de recursos naturales. En
aquel entonces la mayoría de la gente compartía la convicción fatalista: la pobreza es inevitable25.
Al culminar la primera mitad del siglo XX Colombia atravesaba una situación de gran tensión
política y de violencia pública. La violencia de mediados de siglo dejó como saldo 300.000 muertos
y provocó más de dos millones de desplazados internos. Por esta época hace presencia en el país la
maquinaria internacional para el desarrollo. En las décadas siguientes esta cooperación tendría
importante influencia en la formación de la tecnocracia colombiana y en el diseño de las políticas de
desarrollo y modernización, estableciendo, a la vez, las principales significaciones imaginadas
sociales tanto en la mentalidad popular como en la letrada por el resto del siglo. Aunque diversos
gobiernos extranjeros, entidades multilaterales y organismos no gubernamentales han hecho
presencia en el país, sin duda la hegemonía la han tenido, durante la segunda mitad del siglo, el
gobierno de los Estados Unidos de América, el Banco Mundial, El Banco Interamericano de
Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y, en menor intensidad, otros programas de las
Naciones Unidas.
En 1948 el gobierno de Colombia, representado por su presidente Mariano Ospina Pérez, solicitó un
crédito al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento26 por US$78 millones. El Banco
condicionó el crédito a la realización de un estudio global de las condiciones económicas y sociales
para establecer prioridades dentro de un programa de desarrollo. La Misión del Banco Mundial se
inició en julio de 1949 con el fin de "formular un programa de desarrollo para elevar el nivel de vida
de la gran masa del pueblo colombiano"27.
De acuerdo con el diagnóstico realizado por Lauchlin Currie, director de la Misión, los principales
problemas del país se resumían en: i) el atraso social y la pobreza generalizada que surgía de la
extremadamente baja productividad de la gran masa de la población, ii) el bajo nivel de la
24
Raymond, Williams, (1991). Novela y poder en Colombia. Tercer Mundo Editores, Colombia, p. 15.
Sandilands, Roger, (1990). Vida y Política Económica de Lauchbn Currie, Legis, Bogotá, pp. 161- l7l.
26
El BIRF fue creado en 1946 y desde 1948 dirigió sus actividades hacia países subdesarrollados.
27
Con la excepción de investigación de proyectos específicos, antes no se tenían experiencias de esta clase. Colombia,
Brasil y Haití fueron pioneros en este tipo de cooperación.
25
7
administración pública, la inestabilidad política y la falta de respeto por la Ley, iii) la inflación
monetaria y la especulación, iv) la precariedad en el transporte y la infraestructura.
La Misión del BIRF recomendó promover la modernización del sector agropecuario y estimular la
migración del campo a la ciudad, apoyando la absorción de mano de obra por parte de los sectores
de la industria, la construcción, los servicios y el comercio; gravar el uso inadecuado de la tierra y
ampliar los canales de comercialización y mercadeo; reducir las restricciones al comercio exterior y
al capital extranjero; fortalecer la planeación económica y social, coordinando y racionalizando las
políticas fiscal, monetaria y cambiaria; fortalecer la formación de capital privado; proporcionar una
red vial y un sistema ferroviario nacional interconectado; mejorar los puertos, las vías fluviales y el
transpone aéreo. Las ciudades debían ser provistas de energía eléctrica, líneas telefónicas, agua,
alcantarillado y transporte. En lo social se debería mejorar la educación, la salud y crear
infraestructura comunitaria. La estabilidad política, la reforma administrativa y el respeto por la Ley
serían considerados por la Misión como la condición básica para el éxito de estas estrategias.
El informe de la Misión fue publicado en 1950. Por primera vez los colombianos podían
comprender la interrelación entre fenómenos que hasta entonces parecían estar aislados y no guardar
relación entre sí28. El equipo del BIRF creó las primeras bases de dalos y la primera versión de un
sistema de contabilidad nacional. Estas primeras bases estadísticas fueron complementadas con los
resultados de investigaciones sobre la geografía del país. Si bien existían algunos antecedentes
(Expedición Botánica-1783, la Comisión Corográfica-1850, y el Instituto Geográfico Militar-1935),
hasta los años cincuenta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se encargaría de levantar la
cartografía del país, los planos urbanos y el catastro nacional, base para la fijación del impuesto
predial. A partir de los años cincuenta, la planeación, las estadísticas, la cartografía y los estudios
geográficos, posibilitaron la construcción de imágenes del país, diagnósticos empíricos y visiones de
futuro29.
La modernización y el desarrollo corrieron por cuenta de las tres últimas generaciones. Durante los
últimos cincuenta años éstas experimentaron la ruptura de los vínculos entre las generaciones, es
decir, entre pasado y presente. El país se hizo mayoritariamente urbano, mejoró el nivel educativo y
la capacidad de consumo. Las relaciones sociales de buena parte de los colombianos ganaron en
modernidad, libertad y autonomía al incorporarse los conceptos de ciudadanía, derechos,
democracia, reconocimientos de las diferencias culturales e igualdad entre hombres y mujeres.
En 1998 el número de personas se acerca a los 41 millones, el 73% es urbana. El ingreso per cápita
aumentó a USD 2.200. La escolaridad de la población es de 6.6 años en promedio y el analfabetismo
de 8.0%. El 82.6% de los niños y jóvenes del país entre 5 y 17 años asisten a la escuela. La
28
Sandilands, R, Op, cit. p. 180.
Uno de los fenómenos fundamentales de la Edad Moderna es la conquista del mundo como imagen. Desde una
posición de sujeto observador, el hombre moderno se representa mentalmente el mundo que habita, del cual él mismo
es su medida. El humanismo impregna así, en la época moderna, la producción de la representación que todos nos
hacemos del mundo. En complemento, el empirismo y la importancia del futuro en la construcción de la sociedad son
elementos que implican un rompimiento con las sociedades tradicionales, dominadas por el pasado, la cultura oral y el
pensamiento mítico. Así, Colombia adquiría las bases de la modernidad con cuatro siglos de atraso, en referencia a
Francis Bacon (1561-1626) quién sistematizó las bases del método inductivo y experimental.
29
8
seguridad social cubre el 50% de la población y la esperanza de vida de los colombianos aumentó a
70 años. Mejoró la vivienda y la dotación de electrodomésticos. Aumentó de manera considerable la
participación femenina en todos los espacios públicos y laborales.
En estos años el desarrollo del país ha estado acompañado de cambios de gran importancia en la
estructura demográfica y en la actividad económica. De una situación de alta mortalidad y
fecundidad, se pasó a otra de índices bajos (27 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos y 2.5
hijos por mujer). En la estructura económica, los sectores secundario y terciario ganaron en
participación (representan cerca del 80% del PIB), se modernizaron las relaciones laborales y
aumentó la acumulación de capital. Las regiones se integraron, producto de la ampliación de la red
de carreteras (l10.000 kms, de las cuales 15.000 son troncales pavimentadas y el resto vías
secundarias y veredales), la modernización de los medios de comunicación, el transpone aéreo y
terrestre y la conformación de un mercado nacional apoyado por una alta inversión extranjera.
Pese a los logros alcanzados por Colombia en los últimos 50 años, este estilo de desarrollo y
modernización contiene su lado oscuro. La otra cara de las cifras afables es una historia tenebrosa.
Una larvada, sangrienta y prolongada crisis se incubó en este tiempo. Su manifestación se hizo
evidente desde los años setenta. Primero colapsó el Estado, en los ochenta la sociedad degeneró y la
guerra civil no dio espera, en los años noventa, después de afirmar los gremios que mientras al país
le iba mal los negocios marchaban bien, la economía entró en debacle. La triple crisis política, social
y económica condujo al desplome de la sociedad colombiana. Este desplome tiene origen
estructural.
III. El desplome
El proceso impulsado en Colombia por la oligarquía, la naciente tecnocracia y la maquinaria
internacional del desarrollo se llevó a cabo dentro de la constricción de una matriz de clases, con
sus contradicciones y antagonismos subyacentes. Un poder económico y político excluyente, rentista
y opresor, difícilmente podría generar legitimidad, regulación y control sistémico necesarios para
sostener las dinámicas de la modernidad y el desarrollo.
Después del terrorismo de Estado desatado por la oligarquía reaccionaria contra las reformas
sociales de los años treinta, esta férrea matriz de clases se mantuvo mediante la violencia y el
clientelismo. El acuerdo entre las elites política y económica, conocida inicialmente como Frente
Nacional, repartió entre los miembros de las familias poderosas o sus representantes el ejercicio del
poder y los beneficios que de este se derivan. Oficiosamente parte del pueblo solo conoció la
democracia durante los períodos de elecciones a cambio de un orden liberal que les ofrece algunos
derechos civiles, subsidios y servicios sociales de dudosa calidad. A mediados de la década de los
setenta este modelo entró en crisis: la pobreza que afectaba a dos tercios de la población, la
insatisfacción de las necesidades básicas que dio origen a un masivo movimiento cívico y las
confrontaciones ocasionadas por el conflicto de clases pusieron en evidencia la ilegitimidad del
régimen político y la precariedad del Estado, acosado por el déficit fiscal, el centralismo y la
irracionalidad.
Durante las décadas del desarrollo y la modernización el grueso de la población rural es arrojada en
montón a unas urbes improvisadas e inhóspitas. Los cinturones de miseria dominan el paisaje
9
urbano. Entre tanto, las familias ricas construían islas de seguridad fuertemente custodiadas o
manejaban el país desde el exterior. Otro grueso de la Población se aventuraba en la colonización de
la mitad del territorio que permanecía aún intacto, reproduciendo el ciclo de pobreza, destrucción de
recursos naturales, praderización, latifundio y violencia. En los años ochenta, al desplome
institucional se une una espiral de violencia política y social que en medio de la guerra sucia inicia
una perversa dinámica de desorganización y degeneración social siendo la constante los crímenes de
lesa humanidad. La vorágine es fortalecida con la consolidación de los grupos insurgentes, el
paramilitarismo animado por el Estado y los sectores de extrema derecha, los narcotraficantes que
degeneran aún más en el terrorismo, la delincuencia organizada y una sociedad civil armada,
alienada e intolerante.
El obsoleto y débil aparato productivo nacional se puso en evidencia ante las primeras y tímidas
medidas de internacionalización y apertura de la economía a finales de los años ochenta. Ya en el
Plan de Desarrollo l990-1994 se afirma que las políticas de desarrollo impulsadas en los años
cincuenta y sesenta hacen crisis desde los años setenta, cuando la estrategia de intervención
selectiva, sin consideraciones de costos, comenzó a manifestar crecientes limitaciones. En general,
se fue descubriendo que la resignación forzada de recursos hacia un reducido grupo de actividades
no era eficiente, socialmente equitativa, ecológicamente sostenible, ni macro económicamente
consistente30. El atraso de la estructura económica era puesto de manifiesto en la medida que
avanzaba la década de los noventa: caída en el ahorro público y privado, nulo crecimiento de la
productividad, baja competitividad en los mercados internacionales, desindustrialización, reducción
del área agrícola cultivada, desempleo, degradación de las condiciones de vida y vulnerabilidad
macro económica extrema.
La percepción del desplome de la sociedad colombiana era generalizada a principios de los años
noventa. El acuerdo nacional para convocar a una Asamblea Constituyente ratifica esta situación. Se
intentaba abrir espacios políticos a nuevos actores sociales, remplazar la democracia delegativa por
la participativa, construir un estado social de derecho, fortalecer las autonomías locales y colocar
como fin de la institucionalidad la dignidad, esto es, los derechos humanos. La nueva Constitución
aprobada en 1991 no fue suficiente. El colapso se vuelve visible durante las tres últimas
administraciones –Gaviria (1990-1994), Samper (1994-1998) y Pastrana (1998-2002).
El derrumbe del Estado Nación
El Estado Nación, en los términos prescritos por la Europa posterior al siglo XVII, se consideró
como uno de los instrumentos básicos para la modernización y el desarrollo. La Revolución
Francesa unió la historia del estado con la del nacionalismo. La construcción de la nación en
términos de homogeneización cultural e ideológica de la población es una de las metas del estado
moderno. El estado fungió como el instrumento principal del cambio, la modernización, el
desarrollo y la igualdad social, en particular como el iniciador y el protector de las instituciones
modernas asociadas con el capitalismo.
30
Presidencia de la República, DNP, (1991). La Revolución Pacífica, Plan de Desarrollo Económico y Social 19901994. P. 31-59.
10
En Colombia, las élites criollas intentaron, sin éxito, construir estado y nación. Los colombianos han
sido gobernados por un Estado corporativo oligárquico cuyas élites hacen pactos de reparto de
poder, disponen arbitrariamente de los bienes públicos y excluyen a la mayoría de los sectores
populares. Al Estado colombiano lo caracteriza su reticencia para rendir cuentas a la ciudadanía, la
nula democracia participativa y la baja eficacia para realizar lo que se espera de él.
De acuerdo con los resultados de la investigación sobre La presencia territorial y la capacidad
financiera institucional y de gestión del Estado, se concluye: "existe más territorio que Estado y
tanto el desarrollo económico como el Estado acusan una gran concentración espacial. En las
regiones donde es baja la presencia directa del Estado, se reciben atenciones intermitentes y
esporádicas con recursos humanos y financieros desde los centros urbanos que las polarizan, se
crean condiciones para la expresión de conflictos y su regulación por formas no institucionales y se
excluye a un grupo significativo de colombianos de los deberes y derechos del contrato social, de los
réditos y problemas de la gestión estatal y, en últimas, de los beneficios del desarrollo”31.
El territorio colombiano se encuentra fragmentado en diversos estados o grupos de poder. La guerra
civil involucra directamente a 330. 000 hombres en armas -90% del Estado, 7% insurgencia y 3%
paramilitares- con un costo cercano al 10% del PIB32 y el fraccionamiento del territorio. Este se ha
refeudalizado y es controlado por diferentes grupos armados, etnias, asociaciones privadas y bandas
delincuenciales. Los grupos insurgentes controlan 50% del territorio, paramilitares 15% 33, los
indígenas y las comunidades afrocolombianas son cuasiestado en sus regiones34; en las áreas
urbanas entre milicias, bandas, delincuencia y condominios cerrados se reparten el espacio público.
Hasta l995 los narcotraficantes habían comprado fincas rurales en 45% de los municipios,
concentrando la definición de pautas de inversión rural, la seguridad alimentaria y ejércitos
privados35. Una estrategia de la guerra actual es el control de territorios, en el futuro es previsible
que se agreguen los conflictos étnicos y regionales. Así, el Ejercito de Liberación Nacional propone
un sistema confederado para la nueva organización político administrativa del país. Las FARC
defienden su derecho al control de las regiones que dominan. Los paramilitares se oponen a la
"balcanización" de Colombia.
De acuerdo con los estudios de Alejandro Reyes, "del paso de la guerra por un territorio quedan
consecuencias duraderas. La sociedad local queda diezmada en sus cuadros dirigentes y populares,
la organización civil queda subsumida y polarizada en las organizaciones armadas, y la política y el
31
Yesid Sandoval y Constanza Tellez, (1998). En: Municipios y Regiones de Colombia, una mirada desde la
sociedad civil. Fundación Social, Santafé de Bogotá, p.162.
32
Asumiendo un gasto del gobierno de 4% del Pib y un 6% del sector privado. Los costos globales de la violencia y sus
efectos negativos sobre el crecimiento se evalúan en 24,7% del PIB, sumando los gastos de salud, pérdidas materiales,
deterioro de las condiciones de trabajo y transferencias de fondos criminales (Salama Pierre, 1998, "De la deuda
externa a la deuda social", París, policopiado, p. 2).
33
Ver informe del Washington Post en su edición del 11 de agosto de 1998.
34
Así lo confirmó uno de los senadores indígenas, Jesús Piñacué al afirmar el mes de julio de 1998 ante las cámaras de
televisión que los indígenas constituyen otro estado en Colombia.
35
Ver el estudio de Alejandro Reyes, (1998), "Regionalización de los conflictos agrarios y la violencia política". En:
Municipios y Regiones de Colombia. Fundación Social, Santafé de Bogotá. p. 279.
11
poder del Estado colapsan para dar paso a otro encuadre del poder bajo la tutela de nuevas
coaliciones, en las que dominan los actores armados36.
Es significativo que ninguno de los actores sociales defiende un proyecto de Estado Nación. Los
intereses dominantes son regionales, corporativos o sectoriales. Ni siquiera en el congreso existen
intereses nacionales, compiten por el botín presupuestal o una legislación que los favorezca. En el
ordenamiento jurídico existen regímenes de excepción que favorecen a la iglesia, al ejército, a
sindicatos, al congreso, a empresarios y a comunidades especiales, en consecuencia existen pocas
leyes de carácter global.
En una sociedad preocupada más por la repartición del botín o por la evasión de los impuestos que
por la generación continua y sostenible de riqueza, la quiebra del Estado es cuestión de tiempo.
Actualmente el déficit presupuestal del gobierno alcanza el 6% del PIB. Más aún, 14 de los 33
departamentos están quebrados, y lo mismo ocurre con 1000 de los 1080 municipios, a pesar del
gran aumento de sus ingresos con el situado fiscal y las transferencias37.
Un Estado quebrado y doliente de legitimidad y racionalidad es incapaz de garantizar la vida, honra
y bienes de los colombianos. La justicia es inexistente, por tanto la inseguridad que afrontan los
ciudadanos y la impunidad son crecientes. Menos del 3% de todos los delitos cometidos en la nación
son procesados exitosamente. A pesar de esta impunidad 43.000 colombianos se encuentran en las
cárceles producto de una ingenua solución penal al conflicto social.
Con la crisis global aumenta la desconfianza en la capacidad del Estado para hacer cumplir sus leyes
y los contratos formales entre particulares y entre éstos y agentes públicos. Al no existir confianza,
ni justicia, los costos de transacción son elevados para cualquier negocio o transacción. El 75% de
los colombianos desconfía de sus conciudadanos y el 85% considera que prima el egoísmo en las
relaciones sociales, a la vez es el país con el nivel más alto de desconfianza e insolidaridad dentro de
América Latina38.
La naturaleza del Estado también hace aguas. La oligarquía del país no pudo construir el estado
liberal39, menos el estado social de derecho40. La defensa o el intento de construir uno y otro es parte
del conflicto social colombiano. El primer modelo de Estado aparece con frecuencia en el imaginado
de la oligarquía proclive al neoliberalismo y la tecnocracia autárquica, ambas críticas de la
democracia y de los conceptos de justicia e igualdad social. El segundo aparece en el imaginario de
los comprometidos con la democracia radical, los reconocimientos culturales y los derechos
ciudadanos.
36
Reyes, Alejandro, (1998), Op. cit., pp. 276-277.
Puyana, Armando, (1998). "El manejo de los impuestos". El Tiempo, 17 de agosto, p. 2.
38
Ayala, D, (1998). "La gente de Bogotá en el espejo". El Espectador, 6 de septiembre, p. 3-D.
39
El estado liberal de derecho, acuñado por el constitucionalismo alemán del siglo XIX, se establece en el divorcio entre
Estado y sociedad, se refiere a: i) un estado racional que garantiza las libertades ciudadanas, ii) el estado como
jerarquía absoluta que constituye un fin en sí mismo y prevalece frente a los derechos individuales, iii) estado
autolimitado jurídicamente, neutral, sin mayor intervención en las relaciones sociales y los procesos económicos.
40
Producto de la crisis del estado liberal después de la postguerra se impuso el Estado Social de Derecho, también de
origen alemán pero con su equivalente en la concepción anglosajona del Estado Bienestar, conformado por tres
componentes: i) el objetivo social, ii) la concepción democrática del poder, iii) la sujeción a la disciplina del derecho.
37
12
La nación, con su pretensión monista y homogeneizante, también se derrumba. El pluralismo está
vigente a pesar de la política organizada en nombre del progreso que condujo a la destrucción de
centenares de estilos de vida y de sistemas de sostenimiento de la existencia que tradicionalmente
sustentaron la diversidad cultural en diferentes partes del país. El reconocimiento de la diversidad
étnica y cultural de la Nación colombiana quedó expresa en numerosos textos de la Constitución de
1991. La práctica del pluralismo se opone a toda concepción monista del Estado y a cualquier
exigencia de homogeneizar los pensamientos, pareceres, actitudes e intereses que rivalizan y
contrastan en la escena social. A diferencia de lo que ocurría en las viejas sociedades de integración
total, en las sociedades pluralistas se impone el respeto por la diferencia y por la divergencia.
Las principales patologías del desplome estatal quedan al desnudo en el caso colombiano: i) el
Estado nunca llegó a establecer su legitimidad ante la mayoría de la población, ii) el poco Estado
existente es destruído por dirigentes y funcionarios corruptos, negligentes e incompetentes, iii) la
ficción de Estado Nación se fragmenta día a día por la guerra civil. La doble crisis de racionalidad y
legitimidad apresuran el derrumbe de las instituciones.
El colapso de la economía
El análisis de la economía colombiana se lleva a cabo respecto a los siguientes tópicos: legitimidad
de la propiedad, estructura productiva, distribución, satisfacción de necesidades, equilibrios,
internacionalización y sostenibilidad social y ambiental.
En Colombia los derechos de propiedad son portadores de una legitimidad cuestionable41. Según
Thoumi, la historia de la acumulación y distribución de propiedad en Colombia, es decir, la historia
de la generación de derechos de propiedad y de la acumulación de capital, muestra que estos
derechos han estado asociados al privilegio, la audacia, la buena suerte, la destreza para manipular la
ley y otros factores relacionados con el abuso de poder y la explotación de amplios sectores de la
población, por lo cual, la distribución del ingreso y de la riqueza resultantes no es legítima entre
dichos sectores. La falta de legitimidad de la propiedad tiene sus raíces desde los procesos de
distribución de tierra y la expropiación de derechos al trabajo libre durante la Colonia. Durante el
siglo XX los procesos de asignación de propiedades baldías y de los recursos naturales continuaron,
las colonizaciones espontáneas, las migraciones forzadas por la violencia, el narcotráfico, el
clientelismo político y otros procesos especulativos, reforzando la ilegitimidad de la propiedad.
Mientras esta situación continúe, se promoverá una sociedad donde se dediquen muchos recursos a
redistribuir y proteger la riqueza y el ingreso, a costa de los esfuerzos para aumentarlos.
El modelo económico se caracteriza por La concentración de la riqueza y el ingreso. En Colombia 5
grupos financieros controlan 92% de los activos del sector; 50 grupos económicos dominan más del
60% en la industria, los servicios, el comercio, el transporte y la agricultura; 1.3% de los
41
Las investigaciones de Francisco Thoumi son iluminadoras en este aspecto. Ver: (1995), "Derechos de propiedad en
Colombia". Documentos Ocasionales, 38, Centro de Estudios Internacionales, Universidad de los Andes, Bogotá;
(1996). "Legitimidad, lavado de activos y divisas, drogas ilegales y corrupción en Colombia". Revista Ensayo y
Error, N° 1, Santafé de Bogotá.
13
propietarios posee 48% de la tierra; cuatro grupos económicos son propietarios del 80% de los
medios de comunicación42; 20% de los hogares ricos concentra el 55% de los ingresos.
Durante los años noventa, en el marco de los procesos de apertura y privatizaciones, la mayor parte
de los beneficios del crecimiento económico se concentraron en el 3% más rico 43. Respecto a la
distribución, los análisis de ingresos totales, laborales, no laborales y per cápita del hogar muestra en
los diferentes casos un permanente deterioro, especialmente desde finales de los ochenta. La
concentración del ingreso no laboral es mucho mayor debido a que está directamente vinculada con
la tenencia de activos44.
La otra cara de la concentración de la riqueza es la pobreza. En el último cuarto del siglo la
población bajo condiciones de pobreza por ingresos pasó de 60% en 1972 a 57% en 1997. En cifras
absolutas el número de personas que no cuenta con los ingresos suficientes para adquirir una canasta
de consumo mínimo aumento de 13.3 millones en 1972 a 22.9 millones en 1997.
Colombia sigue la pauta de industrialización y modernización de América Latina. Hasta los años
setenta el proceso fue virtuoso, en adelante domina el retroceso. Como afirma Jorge Castañeda: "es
innegable que en términos absolutos se produjo un progreso real, pero, hoy en día, tanto el rezago
frente al mundo industrializado, como las disparidades internas son mayores que antes; y la
esperanza de hallar soluciones eficaces y a corto plazo se antoja tan remota como siempre”45.
Desde mediados de los años ochenta la economía colombiana involuciona a una estructura
extractiva, rentista y especulativa. Para los años noventa, los sectores reales continuaron perdiendo
participación. En 1998 el sector agropecuario cae al más bajo nivel histórico de participación:
18.2%; el manufacturero retornó al nivel que registraba a principios de los años cincuenta: 18.0%;
entre tanto, la minería crece hasta alcanzar el 5.3% del producto nacional; la construcción disminuyó
al 3.4%; el comercio y el sector financiero alcanzaron un máximo histórico: 28.3%; y los servicios,
transportes y comunicaciones contribuyen con el 26.8% restante46.
Actualmente los sectores económicos que más crecen en Colombia son la explotación de minas y
canteras (22,1% en 1998) y comunicaciones (17.0% en 1998). En contraste, en los noventa, 650.000
hectáreas fueron abandonadas, la construcción ha caído 27% en cada uno de los dos últimos años, la
industria apenas se recupera de la pérdida de 1996. La burbuja especulativa explota en 1998 con
tasas de interés reales anuales por encima del 80%, un crecimiento en las deudas morosas del 45% y
una caída en las utilidades del 99%. En calificación de riesgo, 22% de las firmas colombianas se
encuentran en situación critica y solo el 9% en situación mínima.
Permitiendo a estos grupos económicos contar con una gran capacidad de establecer lo que es la realidad y construir
las conciencias y subjetividades de manera restrictiva, apolítica y totalitaria.
43
Sarmiento, Eduardo, (1998), El Espectador, 2 de agosto.
44
D. N. P. (1998). Indicadores de Coyuntura Económica, Volumen 3, N° 1. P. 107.
45
Castañeda, Jorge, (1994). La utopía desarmada. Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá. p. ll.
46
Según proyecciones del D.N.P. Indicadores de Coyuntura. Op. cit. p.22.
42
14
El crecimiento del PIB viene manifestando una tendencia hacia la recesión: en 1994 creció en 5.8%,
5.7% en1995, 2.0% en 1996, 3.1% en 1997 y 2.8% en 199847. Durante el período 1991-1998 el
producto nacional creció a las tres cuartas partes de la tendencia histórica y en la actualidad lo está
haciendo a la mitad. Este comportamiento de la economía repercute negativamente en el bienestar
de los trabajadores. El desempleo abierto pasó del 7.8 % en 1993 al 15.8% en 1998 en las siete
principales ciudades. La cifra alcanza los 2.5 millones de personas sin trabajo, contando al resto del
país.
Las exportaciones reflejan los problemas de la estructura productiva. A la vez que el país pierde
participación en los dos principales mercados extranjeros (Estados Unidos y la Comunidad Andina),
únicamente aumenta su presencia en productos primarios como hidrocarburos, carbón, oro, níquel
café, banano y flores. Estos representan cerca del 80% de la canasta exportadora. En los mercados
internacionales los precios de estos bienes registran una tendencia estructural hacia la caída: en los
últimos años, el petróleo pasó de U.S.D. 21 a menos de U.S.D. 12 por barril (la actual recesión
mundial tiende a bajar aún más los precios); y, desde principios de siglo, la tendencia decreciente de
los precios internacionales de la mayor parte de los productos agropecuarios, en valores constantes,
se ubica entre un 0.35% y un 0.82% anual48.
Para 1998 las exportaciones representan el 14.0% del PIB y las importaciones 16.3%. Dentro de las
importaciones los bienes de consumo han ganado participación con un crecimiento en 1997 de
28.4%, mientras que las de bienes intermedios y de capital lo hicieron a tasas menores, de 5.9% y
8.4%. La apertura comercial y cambiaria y la concepción monetarista del Banco de la República
condujeron a un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos que asciende a 6.3% del PIB con
efectos perversos en el desplazamiento de la industria y la agricultura y la elevación del desempleo.
Con una pérdida de U.S.D. 2.000 millones por mes, el país se ve amenazado de agotar sus fondos de
divisas. La inestabilidad cambiaria que esta situación genera conduce a devaluaciones intempestivas
para frenar el desplome de las reservas y propicia un clima especulativo en los negocios.
Colombia tiene problemas para entrar exitosamente en una economía global debido al atraso
tecnológico (estimado en más de 20 años), la falta de preparación en el sector empresarial, la baja
productividad de los sectores agrario e industrial, la literal desaparición del ahorro público y privado
y los desequilibrios macroeconómicos. Según Carlos Ronderos, exministro de comercio exterior del
gobierno Samper, el país presenta problemas de competitividad y productividad y adolece de una
política industrial. Para mejorar el panorama exportador no sólo se requiere solucionar estos
problemas estructurales sino que implica además resolver los temas de violación de derechos
humanos, drogas ilícitas y elevar la eficiencia, acabar con la corrupción, mejorar la justicia, la
educación y la infraestructura, lo cual se debe ir acompañado de una estabilidad macroeconómica49.
Además de la recesión económica y el déficit en cuenta corriente, el país afronta serios
desequilibrios macroeconómicos. En los noventa la inflación ha oscilado entre 18% y 27%,
afectando, a la manera de un impuesto regresivo, los perceptores de bajos ingresos y de rentas fijas.
Según proyecciones de FEDESARROLLO.
Jaramillo, Felipe, (1994). Apertura, Crisis y Recuperación. Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá, p.6.
49
Diario La República. 14 de julio de 1998, p. 2ª.
47
48
15
El déficit fiscal como proporción del PIB es creciente: -2.4% en l995 y cerca de -6.O% en 1998. El
déficit del gobierno central sobrepasó los $7 billones agravando la crisis financiera, la capacidad de
ahorro del país, la inflación y la sobrevaluación de la tasa de cambio. Respecto al total del
presupuesto ($44 billones) sólo se recibe en rentas tributarias el 40,9%, el resto se financia con
endeudamiento lo que tiene como consecuencia un mayor pago de intereses que actualmente
equivalen a los presupuestos de educación y salud, como también la desaparición de la capacidad de
inversión del Estado.
El déficit del gobierno se explica por los aumentos en el pago de deuda externa e interna, por las
tendencias de gasto dictaminadas por la Constitución del 91 en lo referente a transferencias
territoriales, por la evasión que alcanza un 30% de los recaudos esperados y por los altos gastos de
funcionamiento, principalmente los derivados de la nómina de militares, educadores y burocracia
central. Inicialmente el gobierno Samper sorteó la crisis fiscal aumentando el Impuesto al Valor
Agregado al 16% (uno de los más altos en el mundo) que recaen en las poblaciones más pobres,
privatizando los bienes públicos a una tercera parte del costo de oportunidad y con mayor
endeudamiento. La deuda externa del Gobierno Central aumentó de U.S.D. 6.5OO millones a
U.S.D. 8.400, entre 1992 y 1997.
La crisis de las finanzas públicas es grave y su solución tiene ahora más limitaciones que durante las
pasadas administraciones. El endeudamiento externo está limitado por la crisis de los mercados
financieros internacionales. El recorte en los pagos a militares y educadores es imposible por los
derechos adquiridos por ley y por la capacidad de presión que tienen estos sectores. Los evasores
son grupos de poder con capacidad de frenar las iniciativas del ejecutivo. Reducir las transferencias
implica una reforma constitucional. En consecuencia, el costo social del ajuste económico, como
siempre, lo deberían soportar los sectores más vulnerables de la población. El Fondo Monetario
Internacional exige al gobierno un pronto ajuste económico centrado en ajustes al sistema financiero
con el fin de evitar colapsos, eliminar exenciones tributarias y subsidios, reducir la inflación y
establecer un estricto control a la evasión.
De acuerdo con el informe presentado por la Comisión de Racionalización del Gasto y de las
Finanzas Públicas, “el futuro social, político y económico del país está íntimamente ligado a lo que
se haga o se deje de hacer en el frente fiscal”. En una palabra, Colombia registra un desplome en sus
finanzas públicas. Sin embargo, "la precaria economía pública no ha sufrido el colapso definitivo
gracias a los excedentes temporales producidos por la seguridad social, los de Ecopetrol y Telecom,
en especial; a la venta de activos; y a la mayor presión tributada ejercida durante los últimos seis
años. Empero, los medios obtenidos de las dos primeras fuentes no sólo son insuficientes y, hasta
cierto punto, temporales, sino inconveniente su utilización para cubrir gasto corriente de
funcionamiento”50.
Los inversionistas extranjeros, las firmas calificadoras de riesgo y los bancos de inversión
"consideran que si el país sigue en el rumbo actual, se va a presentar un deterioro más intenso al que
50
Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas, (1997). Diagnóstico y Principales
Recomendaciones, Editoláser, Santafé de Bogotá,. pp. 14-15.
16
hasta ahora se siente"51. Según Carmen Reinhart, "hoy en día ningún país de América Latina tiene
una probabilidad más alta de crisis que Colombia"52. En resumen, “el modelo de libre mercado
impuesto por los organismos internacionales, sostenido por los últimos tres gobiernos y
administrados por el Banco de la República explotó”53.
De otra parte, además de la desintegración de la estructura productiva interna y sus vínculos con el
exterior, el crecimiento de la economía colombiana viene debilitando o destruyendo sus propias
condiciones sociales y medioambientales. En el país las estructuras contables de las empresas y de
las cuentas nacionales registran graves carencias al no incluir las externalidades que la actividad
económica genera sobre los entornos humano-ambientales.
De acuerdo con un estudio de Julio Carrizosa, de 1945 hasta nuestros días se ha realizado una
enorme transformación de los ecosistemas colombianos. En estos cincuenta años se ha perdido más
de la mitad de la cobertura boscosa general y casi la totalidad de algunas formaciones como el
bosque seco tropical y el bosque subandino. La totalidad de las corrientes de aguas andinas están
contaminadas y redujeron su oferta recreativa. 23% de la población registra dificultades para acceder
al suministro de agua potable. La pesca y la caza han desaparecido prácticamente en la zona andina
y el sistema Magdalena. 45% de los suelos se usan para fines diferentes a los de su vocación y 10%
presenta erosión severa. La calidad del aire que se había mantenido estable hasta los años setenta se
ha degradado rápidamente en los últimos veinte años en las principales ciudades y hoy Bogotá es la
tercera ciudad más contaminada de América Latina.
Según Carrizosa, "los ecosistemas que han sufrido mayor transformación se localizan en el valle
medio del río Magdalena, en la Sabana de Bogotá, en el piedemonte de la Cordillera Oriental,
incluyendo los territorios de Arauca, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo, en la Serranía de la
Macarena y en la Sierra Nevada de Santa Mana. La magnitud del cambio físico y biótico puede
estimarse considerando que en cincuenta años tres generaciones construyeron un país de ciudades y
praderas en donde antes había selva, sabanas naturales y unos pocos cultivos"54.
En Colombia, tanto el Estado como el sector privado se preocupan tan solo por el crecimiento
económico sin tener en cuenta los impactos sobre los recursos naturales, el ambiente y el bienestar
social de la población. Esta concepción conlleva, en la mayoría de los casos, al incremento global de
la pobreza, al exacerbar la destrucción ambiental y el deterioro del tejido social, convirtiéndose en la
antítesis de lo que es o debiera ser el desarrollo humano sostenible55.
La debacle de la sociedad
Portafolio. 18 de mayo de 1998. Santafé de Bogotá, p. 62.
Revista Dinero, N° 65. julio 21 de 1998, p. 43.
53
Sarmiento, Eduardo, (1998). Explotó el modelo económico". El Espectador. Semana Económica, 6 de septiembre,
p. 4.B.
54
Carrizosa, Julio, (1997). Lo económico desde una visión ambiental compleja. Revista Ecología Política, Icaria
Editorial, Barcelona, pp. 44-45.
55
Sarmiento, Libardo, (1997). “Lineamientos generales para una política”. Ecopetrol, Santafé de Bogotá, (policopiado).
p. ll.
51
52
17
En los años ochenta, Colombia, al igual que en América Latina, conoció el fenómeno llamado la
explosión de la sociedad civil. Este fenómeno estuvo asociado con el auge de los movimientos
sociales, la crisis fiscal y de legitimidad del Estado, la politización de la cultura, el declive de las
utopías revolucionarias y el ascenso de las ideologías neoconservadoras.
Es en este marco que los organismos multilaterales de crédito, la tecnocracia liberal y la
intelectualidad conservadora o conversa, introdujeron en los años ochenta en el imaginario colectivo
el concepto de Sociedad Civil. El término sociedad civil reemplazó a los conceptos de pueblo,
organizaciones populares y clases sociales, perdió, entonces, "la connotación que había conseguido
en las luchas antidictatoriales, su identificación con los movimientos populares y se transformó en
un concepto más general e inocente”56.
En esta connotación se afirma que "la sociedad civil es un nuevo espacio público donde no existe
coerción sino que por exigencias de la libertad con responsabilidad existen grupos, instituciones que
sin ser el Estado quieren y se comprometen a llevar a cabo su responsabilidad a través de exigencias
de justicia y propuestas de solidaridad en la vida social. Una de esas instituciones son las
fundaciones sociales, las empresas con sentido social, o las escuelas, las iglesias, las asociaciones,
los movimientos sociales, todas las personas que de buena voluntad ponen todos los medios
innovadores y racionalizadores para que la libertad sea realmente posible, cosa imposible sin justicia
y solidaridad"57.
La sociedad civil es parte de la producción cultural y discursiva del modelo neoliberal de la esfera
pública. Sociedad civil significa, en este marco, el conjunto de asociaciones no gubernamentales o
tercer sector que no son de tipo económico ni administrativo. De acuerdo con la argumentación de
Nancy Fraser, para los neoliberales una esfera pública democrática y operante exige una separación
radical entre la sociedad civil (asociativa) y el Estado. Se defiende un sistema de gobierno limitado y
de capitalismo laissez-faire, condiciones previas necesarias para el buen funcionamiento de la esfera
pública. Como resultado promueve los públicos débiles, públicos cuya práctica deliberativa consiste
exclusivamente en la formación de opinión y no cubre la toma de decisiones. En contraste, los
públicos fuertes son los parlamentos soberanos que operan como una esfera pública dentro del
Estado, públicos cuyo discurso incluye tanto la formulación de la opinión como la toma de
decisiones con el consiguiente debilitamiento de la separación entre sociedad civil y el Estado, lo
que representa un avance democrático frente a acuerdos políticos anteriores58.
Los análisis teóricos y empíricos muestran la falsa exterioridad de la sociedad civil frente al Estado.
En particular los diversos autores de la escuela francesa (Foucault, Lacan, Lévi-Strauss, Barthes,
Althusser, etc.) mostraron cómo el Estado está en todas partes, y que gracias a los micropoderes, las
instituciones disciplinares (escuela, ejército, empresa, hospitales, etc.) y a las estructuras
lingüísticas, ideológicas y antropológicas, no hay zona de la sociedad que en realidad fuera "exterior
al Estado". Distinciones como las existentes entre "público" y "privado", sociedades políticas y
Meschakt, Klaus. "Una crítica a la ideología de la sociedad civil". Institut for soziologie, (policopiado) p. 4-5.
Conill, Jesús, (1998). "Ética de la sociedad civil". Cortina, A. y Conill, J. Democracia participativa y sociedad civil.
Una ética empresarial. Fundación Social, Santafé de Bogotá, p. 90.
58
Fraser Nancy, (1997). Iustitia Interrupta. Siglo del Hombre Editores, Santafé de Bogotá, pp. 129-130.
56
57
18
sociedad civil, estructura y superestructura, se consideraban más filosóficas e históricas que
ontológicas. En el aspecto sociológico, se ha demostrado que los nuevos movimientos si bien no son
organismos gubernamentales, tampoco son radicalmente exteriores al Estado. Gran parte de las
soluciones a sus demandas implican inevitablemente al ordenamiento jurídico en un Estado
Democrático de Derecho o la acción positiva de políticas públicas: tierra, vivienda, ordenamiento
urbano, medio ambiente, servicios domiciliarios, educación, derechos humanos, paz, justicia social,
etc.59
En consecuencia, cualquier concepción de la esfera pública que exija una separación radical entre la
sociedad civil (asociativa) y el Estado será incapaz de concebir las formas de autoadministración,
coordinación interpúblicos y responsabilidad política, que son necesarios para una sociedad
democrática igualitaria60. El Estado moderno está impuesto (y al mismo tiempo limitado) por las
características de la sociedad civil.
El desplome del Estado y la debacle de la sociedad desde las décadas de los setenta y ochenta
respectivamente no podía más que dar origen a una confusa y conflictiva relación entre Estado y
sociedad. En un estudio reciente61, se entrevistó un amplio conjunto de actores, encontrando al
menos tres tendencias diferenciadas con respecto a la comprensión de la sociedad civil: una primera
tendencia, entiende la sociedad civil de una manera autorreferenciada o autocentrada, equiparando
su fortalecimiento con el fortalecimiento de las organizaciones populares. En esta tendencia no se
contempla el concepto de lo público, ni se concibe al Estado como referente para el fortalecimiento.
Las organizaciones populares, a través de la autogestión, son llamadas a garantizar su propio
bienestar. Una segunda tendencia, hace del Estado el referente central y relaciona el fortalecimiento
de la sociedad civil, con la mayor opacidad para establecer una relación funcional con el Estado. La
acción directa entre la organización y el Estado, es parte de este planteamiento. Por último, una
tercera tendencia relaciona el fortalecimiento de la sociedad civil, con la ampliación de la dimensión
pública a lo no estatal y con el fortalecimiento del espacio público, como lugar de actuación y
concertación de las diferentes expresiones de la sociedad civil entre sí mismas y con el Estado.
No obstante la proliferación de organizaciones de la sociedad civil en Colombia, a partir de los años
setenta, a éstas las caracteriza su debilidad, asistencialismo y tutelaje por parte del Estado. En un
análisis empírico pudo comprobarse la débil exterioridad de las organizaciones sociales respecto al
Estado. En 1073 municipios analizados el número de organizaciones es de 182.724 que incluyen
empresas asociativas, cooperativas, asociaciones gremiales, ONG's, entidades de beneficencia,
clubes, redes y múltiples organizaciones con finalidad social, cultural, étnica y de género. El 62.1%
son de carácter asistencial, 25.7% apoyan políticas de desarrollo y 12.2% son de empoderamiento,
esto es, promueven la formación de actores sociales y políticos. Del total, según su naturaleza,
81.6% son mixtas creadas por iniciativa del Estado, gestionadas por el sector privado y controladas
por el gobierno, 16.7% son gestadas y administradas autónomamente por la sociedad civil y 1.7%
Sobre el concepto de sociedad civil y su historia en América Latina, ver: Castañeda, Jorge, Op. cit., pp. 230-280.
Fraser, Nancy. Op. cit. P.132.
61
Bonamusa. M., Villar, R. "El fortalecimiento de la sociedad civil y lo público en Colombia". 1996.
59
60
19
corresponde a espacios de representación, deliberación, gestión y fiscalización de las organizaciones
civiles en las instancias de participación creadas por la Constitución de 199162.
El Estado es, en la práctica, una institución de derecho propio con sus propios intereses y objetivos.
Por ello la tecnocracia, la burocracia y los militares en Colombia son tan enemigos de la
radicalización de 1a democracia, por considerarla un peligro o amenaza contra el orden existente.
Así, por ejemplo, si bien la Asamblea Constituyente intentó abrir espacios de participación para la
sociedad civil y democratizar la gestión pública, la tradición tecnocrática de la planeación
colombiana echó por tierra estas buenas intenciones. En efecto, "el constituyente quiso enmendar
vicios propios de la planeación técnica, autoritaria, excluyente y centralista mediante su
transformación en planeación participativa y pluridimensional que interprete y responda también al
carácter pluriétnico y pluricultural de la nación colombiana. Con tal fin consagró un control
permanente en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en cabeza del Consejo Nacional de
Planeación". No obstante, "la Ley Orgánica de Planeación y la reglamentación del Consejo hicieron
caso omiso de la voluntad del constituyente"63.
El rechazo de la tecnocracia a la planeación participativa fue evidente en el cuatrenio l994-1998,
afectando gravemente no sólo la autonomía sino la existencia misma de la nueva entidad: negación
de apoyo presupuestal y logístico, impedimentos para la participación en reuniones regionales de
discusión del Plan, cuestionamiento a las funciones del Consejo, condena del Consejo a un
imaginario limbo no previsto en manera alguna por el Constituyente 64. Además, no existe ninguna
autonomía ni democracia de parte de la sociedad para nombrar sus representantes en el Consejo, los
miembros de éste son designados por el Presidente de la República (sus equivalentes son nombrados
por los gobernadores y los alcaldes). El Consejo tiene una función consultiva, limitada a emitir
opiniones y recomendaciones, las cuales no son obligatorias para el gobierno. Peor aún, la tradición
en Colombia permite afirmar que nunca se ha dado un plan de desarrollo que alcance plenamente los
objetivos anunciados, principalmente porque aun aquellos que se han formulado como política
económica y social del gobierno no han condicionado sino parcialmente su ejecución. Actualmente,
instancias de participación como los consejos municipales de planeación operan en menos de una
quinta parte de los municipios del país. Esta situación muestra, por una parte, la autonomía ilegítima
del poder de la administración pública y, de otra, la debilidad de la llamada sociedad civil para hacer
cumplir el mandato Constitucional.
El carácter autoritario, técnico, excluyente y centralista de la planeación en Colombia opera porque
el ejecutivo, en cabeza del presidente, y las instancias del Departamento Nacional de Planeación y el
Ministerio de Hacienda controlan todo el poder para la determinación o selección de planes,
programas y proyectos, fijación de políticas nacionales, elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo, asignación de recursos, evaluación y hasta control de la ejecución.
Alvarez, Castillo y Villar, (1998). "Organización y Participación de la sociedad civil. Municipios y regiones de
Colombia. Fundación Social, Santafé de Bogotá. Pp. 126-128.
63
Angarita, Ciro, (1997). "El Consejo de Planeación Social y Participativa: la Constitución. ¿Rey de Burlas?". El Salto
Social, la sociedad pide cuentas. CNP Santafé de Bogotá, pp. 37-59.
64
Ibid. Pp. 52-53.
62
20
La tendencia es a que la sociedad esté cada vez más ausente de las decisiones de las políticas
macroeccnómicas, de la asignación presupuestal y de las relaciones internacionales. Tres
argumentos justifican esta afirmación: i) la constitución de 1991 asignó a la Junta Directiva del
Banco de la República el control monetario, cambiario y crediticio, constituyéndose en una
autoridad autónoma de cualquier exigencia democrática y en un organismo cancerbero del poder de
regulación del sistema económico, esto es, el dinero; ii) la democracia restringida al ritual de las
elecciones, sin extenderse más allá de la esfera política a los ámbitos económico y social, permite al
gobierno independizarse de su base electoral y definir sus propias estrategias y finalidades sin tener
que responder a la sociedad; iii) con los procesos de internacionalización de la economía y
globalización geopolítica, los Estados nación pierden autonomía, más en el caso de sociedades
dependientes, débiles y atrasadas como Colombia, quedando la definición de políticas internas y
externas determinadas por los organismos multilaterales de crédito, el capital transnacional o los
gobiernos centro de los cuales se depende.
Independizados los sistemas económico y administrativo de la influencia de la sociedad y de los
procesos democráticos, el concepto neoliberal de sociedad civil se consolida en Colombia.
Recordemos que para los neoliberales una esfera pública democrática y operante exige, de una parte,
una separación radical entre la sociedad civil (asociativa) y el Estado, de otra, un sistema de
gobierno limitado y de capitalismo laissez-faire.
Estado y poder económico llenan el espacio de una sociedad inexistente. Pero van más allá: las
diferentes expresiones de los grupos económicos se autodenominan sociedad civil y toman
ilegítimamente la representación de la sociedad en su conjunto, como si los intereses de ésta se
correspondieran únicamente con los de los empresarios. Frente al conflicto interno que amenaza las
ganancias y la viabilidad del proyecto de las oligarquías económicas, los diferentes gremios
económicos toman la vocería de la sociedad civil en la negociación con los grupos insurgentes y con
el paramilitarismo. En la definición de políticas de desarrollo económico y social, el sector privado a
través de las cámaras de comercio, el consejo intergremial o las entidades de beneficencia por ellos
organizadas se apropian de los espacios públicos de participación, formalizando el ritual de la
democracia representativa y consultiva. Finalmente, la pobreza y los conflictos de la sociedad en
Colombia son un buen medio para que el sector privado haga publicidad a sus empresas y reduzca
sus impuestos a través de la acción humanitaria.
Queda, entonces, reducida la sociedad civil a aquel ámbito donde confluyen intereses diversos y
contradictorios. Se ha dicho que el campo de batalla más que la sociedad civilizada y armónica es la
imagen que puede corresponder a las sociedades modernas, donde la diversidad y la complejidad en
la resolución de sus conflictos es la regla65. Pero en Colombia estos intereses son dominantemente
locales, máximo regionales, corporativos o sectoriales. Los intereses que se juegan en el parlamento
son el espejo roto de lo que sucede en la sociedad, esto es, reflejo de la crisis del Estado Nación.
Colombia no escapa de aquel proceso de degeneración del Estado señalado por Norberto Bobbio. El
Estado se limita a simple mediador y garante de los conflictos e intereses corporativistas
constituidos por grupos organizados cada vez más fuertes, monopolizadores del poder económico y
65
Bejarano, Ana María. (1992). Citado por Alvarez, et. al., op. cit. p. 123.
21
político. Entre tanto el campo de batalla de la sociedad civil es nutrido por la contradicción y el
antagonismo que genera una sociedad de clases.
En el vértice de la pirámide social colombiana la oligarquía la conforma no más del 3% de la
población66; la pequeña burguesía agrupa otro 30%, caracterizada por su cratofilia 67, hambre de
consumo y espíritu reaccionario, es la fuente de la que se alimenta la tecnocracia pública y privada,
las fuerzas represivas del Estado, la débil intelectualidad y los medianos empresarios y
comerciantes, todos "trepando como ágiles simios, unos encima de otros"68 en los negocios, la
política o las instituciones públicas; los dos tercios restantes conforman la gran masa de la
población, unos cooptados bajo redes clientelares, otros enfrentados en abierta y armada
desobediencia civil, el resto, la mayoría, abandonados a su suerte, sobreviven (o sobremueren) a las
grandes desigualdades sociales, la falta de oportunidades, la pobreza, el desempleo y la violencia en
medio de actividades, legales o ilegales, legítimas o ilegítimas, que les proveen la supervivencia
diaria.
Desde los años ochenta, cuando se iniciaron las medidas de ajuste y reestructuración que condujeron
a la imposición del modelo neoliberal en los noventa, la guerra de clases se ha impulsado esta vez
desde el sector que ostenta el poder69. Los ricos contra los trabajadores y los pobres. La extrema
derecha a través de la guerra sucia acabó con todos los líderes de las organizaciones sociales,
urbanas y rurales, y asesinó, hasta el momento, a cerca de 2.000 miembros de la Central Unitaria de
Trabajadores, creada en 1986. El sistema de justicia se transforma en un instrumento al servicio de
la lucha de clases en contra de los trabajadores y líderes sociales 70. La legislación se ha utilizado
para acabar con el derecho laboral, favoreciendo la inestabilidad de los empleos a favor de la
eficiencia de las empresas. La política regresiva de favorecer un sistema tributario basado en el
consumo en cambio de otro que grave los ingresos reduce el poder de compra de los trabajadores y
aumenta la pobreza.
La oligarquía se caracteriza por ser un gobierno tiránico en el que el poder lo ejercen unos pocos, pertenecientes a
familias poderosas.
67
Obsesión por el poder, sea el que fuere. Fue fácil para la oligarquía cooptar la naciente pequeña burguesía
permitiéndoles acceder a parte del poder y el consumo.
68
Nietzsche, F, (1992). Así habló Zaratustra. Planeta Agostin, Barcelona, p. 67.
69
El gobierno de Turbay Ayala es tristemente celebre por la guerra que desató contra la sociedad a través de un estatuto
de seguridad de corte fascista y su beneplácito en el impulso al paramilitarisrno. Una década más tarde, el presidente
Samper reconoce oficialmente en dos ocasiones, al principio y al final de su gobierno, la participación de miembros de
la fuerza pública en masacres; aunque la justicia militar absolvió a los acusados. La conformación de escuadrones de la
muerte en la Brigada XX de inteligencia del Ejército, fue denunciada por el Embajador de los Estados Unidos, MylesFrechette, posteriormente fue desmontada por las acusaciones públicas de participar en magnicidios. El periódico The
Washington Post, en su edición del 11 de agosto de 1998, describe cómo algunos miembros de la cúpula militar,
entrenados por el ejército norteamericano, están acusados de mantener vínculos desde los años ochenta con el
paramilitarisrno, el narcotráfico y los escuadrones de la muerte.
70
El penalista Umaña Mendoza, recientemente asesinado, demostró cómo la justicia opera de distinta forma según sea el
caso de un oligarca (con el proceso 8000 fue evidente en el caso de Botero, Medina y Samper), ante quienes es
totalmente permisiva, o de una persona del pueblo: además el vínculo entre fiscalía e inteligencia militar utiliza la
justicia regional para involucrar penalmente mediante jueces sin rostro y testigos falsos a sindicalistas, trabajadores
contrarios a las privatizaciones, defensores de los derechos humanos o líderes cívicos (revista Alternativa. N° 20,
1998 Santafé de Bogotá).
66
22
El proceso de descentralización política y administrativa iniciado en 1986, en particular la elección
popular de alcaldes, contribuyó inicialmente a desbloquear el régimen político y al surgimiento de
nuevos movimientos sociales por fuera del bipartidismo. Los líderes cívicos tomaron las alcaldías en
un buen número de municipios del país. La violencia de los noventa reversó este proceso y en las
elecciones de 1997 nuevamente el caciquismo, en cabeza de los partidos liberal y conservador,
retoma el poder local.
Con el colapso de la economía y las medidas en el campo laboral, el empleo productivo y formal
tiende a desaparecer. De la fuerza laboral del país menos de una tercera parte se encuentra en el
sector formal, el resto está en el desempleo (16%) o en actividades de rebusque (54%). Actualmente
solo el 10% de la PEA se encuentra bajo relaciones salariales y cuenta a la vez con un contrato de
trabajo estable y a término indefinido. Por ello las organizaciones sindicales se han debilitado,
menos del 7% de la población ocupada se encuentra sindicalizada. A la par con la debacle de la
economía solidaria en los noventa, principalmente de las cooperativas de ahorro, al sector social se
suma otra calamidad.
En este drama de la sociedad colombiana los pobres perdieron también el futuro. La pobreza vuelve
a verse como una fatalidad. Atrás quedó la ideología de la modernidad y el desarrollo con su
promesa incluyente de todos los grupos sociales para disfrutar sus beneficios. Ahora se piensa que
en las actuales condiciones de globalización, competitividad, cambio tecnológico y reducción del
Estado, los pobres no tienen viabilidad. Por ello se implementan medidas asistencial-policiales que
sirven de cordones sanitarios para proteger las fortalezas de la burguesía de las amenazas de los
grandes ghetos de pobreza. La política de estratificación de la población y los impuestos prediales
sirven a estos fines de segregación espacial, de apartheid social. Los pobres son arrojados a los
extramuros de las ciudades y a las zonas de frontera agrícola. La extrema derecha impulsa el
asesinato masivo de pobres a través de las acciones de limpieza social. La policía y el ejército
reprimen con dureza cualquier manifestación o levantamiento político o social de los pobres. Por
toda esta situación, similar a lo que ocurre en el resto de América Latina, menos del 30% de la
población valora positivamente los poderes del Estado71.
En Colombia no hay familia que no sea víctima del proceso de desorganización y degeneración de la
sociedad. Por ello, actualmente el 15% de los colombianos vive fuera del país (13.000 refugiados
reconocidos oficialmente por el ACNUR). Al año se cometen 30.000 homicidios. Menos del 20%
son consecuencia del conflicto político, la mayoría obedecen a acciones de organizaciones delictivas
y a la manera como se resuelven los conflictos cotidianos. El esencialismo domina: únicamente con
la eliminación, real o virtual, del oponente se resuelve el conflicto. Las raíces tocan con la
intolerancia y maniqueísmo de la tradición española y católica: el mundo se divide en buenos y
malos y al mal hay que extirparlo, por lo general representado en lo diferente, en el comunista, el
masón o quien no sigue las normas de la alta sociedad. A los 30.000 homicidios anuales se agregan
250.000 desplazados por la violencia; 223.000 lesiones intencionales por violencia intrafamiliar,
violencia común y delitos sexuales; 140 desaparecidos forzados; 3.500 asesinatos políticos y
extrajudiciales; 1.700 casos de secuestro; y múltiples actos de tortura, trato degradante e inhumano.
71
Montaner, Carlos, (1998). "Reelección ¿sí o no?". El Tiempo, 17 de agosto, p. 5A.
23
En 1997 la tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue de 60. El 58% de los homicidios se
concentra en el grupo de 18 a 34 años, lo que representa para la sociedad un alto valor de años de
vida potencialmente perdidos. Según los estudios de homicidios en Colombia, la tasa más baja se
registró en la década de los años cuarenta, tasa que supera la de muchos países desarrollados en la
época actual. El 84% de los homicidios son causados por arma de fuego. En los análisis de
alcoholemia practicado a las muertes atribuidas a homicidios, los resultados fueron positivos en el
75% de los casos72. En los casos en que se puede establecer el móvil del homicidio, el 31%
corresponde a ajuste de cuentas o venganzas, el 22% a riñas y el 18% a atracos. Por departamentos
la tasa de homicidios alcanza más de 100 en Arauca (100), Risaralda (106), Antioquia (139) y
Guaviare (165). Por ciudades la situación es más grave: Pereira (101), Cúcuta (l03), Mocoa (119),
Arauca (123), Yopal (167), Medellín (169) y San Juan del Guaviare (253)73.
A la violencia se suma una actitud del todo vale, un hedonismo consumista, un individualismo
egoísta, una sobrevaloración del tiempo presente, un desprecio por el trabajo y un culto al dinero.
Esta cultura del vacío se ha impuesto con mayor fuerza por la influencia del narcotráfico y la
ideología ramplona del neoliberalismo que presenta al consumo como el acto pleno de la soberanía
individual y la significación plena de la modernidad. En el seno de estas dinámicas toma fuerza una
anomia generalizada de las actitudes individuales y grupales mediante la agresión social, violando la
ley y el orden público. La lumpenización de las conductas alcanza a todos los segmentos de la
estructura social74. Entre tanto, el conflicto armado se incrementa tendiendo a hacer "irreversible una
guerra civil con gran capacidad autodestructiva de la sociedad en su conjunto"75.
En conjunto es la pérdida de sentido y de las significaciones de las sociedades modernas. Por ello
esta debacle de la sociedad colombiana no difiere de lo llamado por Castoriadis la fragmentación y
descomposición de las sociedades occidentales, esto es, la miseria psíquica y moral que caracteriza a
los humanos contemporáneos, la entrada en una fase de apatía, cinismo, privatización de los
individuos, repliegue de cada uno sobre su pequeño círculo personal, despolitización, miseria,
destrucción del medio ambiente, corrupción generalizada en el sistema político-económico, estados
totalmente burocratizados y entregados a los intereses privados76.
El alcoholismo es uno de los graves problemas de salud pública en Colombia. Curiosamente éste es impulsado por el
Estado quien tiene el monopolio de los licores y los grandes grupos económicos que controlan la industria cervecera.
73
Cifras oficiales tomadas del Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, Santafé de Bogotá, 24 de agosto de 1998.
74
Durante el cuatrenio 1994-1998 la mitad de los miembros del poder legislativo y altos personajes, incluido el
presidente, fueron vinculados por la fiscalía al proceso seguido por la penetración de las organizaciones criminales en
el régimen político. En el gobierno Samper la corrupción y el clientelismo fueron tan abiertos que los organismos de
control y vigilancia involucraron en procesos investigativos a las directivas del Fondo de Inversión Social FIS, Inurbe
por el manejo de recursos de vivienda de interés social, a los ministros encargados de asignar los negocios de las
comunicaciones y de los ferrocarriles, y a la Red de Solidaridad Social. Las investigaciones preliminares estiman en 11
billones el desfalco por prácticas corruptas al fisco durante el gobierno Samper.
75
Reyes, Alejandro, (1998). "Regionalización de los conflictos agrarios y la violencia política en Colombia".
Municipios y regiones de Colombia, una mirada desde la sociedad civil. Fundación Social, Santafé de Bogotá, p.
284.
76
Castoriadis, Cornelios, (1998). "El ascenso de la insignificancia". Revista Ensayo y Error, N° 4. p. 34-57.
72
24
Epílogo
Colombia se desploma. El gobierno de Andrés Pastrana así lo reconoce. Por ello ha establecido
como fundamental en su agenda presidencial la iniciación de un plan "Marshall", esto es, de
reconstrucción nacional. De manera semejante a la solicitud realizada cincuenta años atrás por otro
presidente conservador (Mariano Ospina Pérez 1946-1950), para la administración Pastrana resulta
estratégica la participación de las instituciones multilaterales de crédito, de los Estados Unidos y de
los gobiernos conservadores de Europa. Después de la hegemonía populista y demagógica liberal, la
extrema derecha toma el poder. Las expectativas son grandes. Las medidas a tomar son drásticas y
antipopulares, las soluciones son lejanas y el conflicto tiende a empeorar. El consenso es
generalizado sobre la grave crisis que atraviesa la nación.
El desplome ocurrido es el del proyecto oligarca corporativista que dominó las tres últimas
generaciones. Ahora la derecha del país toma el puesto de mando. Bajo los principios de tradición,
familia y propiedad reedita la ideología del progreso y el desarrollo dentro del nuevo marco del
neoliberalismo. Los beneficios serán para el gran capital, nacional y multinacional, para las élites
políticas y la tecnocracia pequeño burguesa. Si impone su modelo de pacificación, genera empleo y
alivia la pobreza, más algo de ideología, logrará la derecha colombiana, con el apoyo internacional,
consolidar su proyecto.
El futuro difícilmente es predecible. Cualquier evento puede suceder. Las sociedades no mueren. El
desplome puede ser lento, doloroso y duradero. Colombia puede disolverse o fragmentarse; o ser
ocupada por gobiernos más fuertes y ser anexada. El espacio está abierto para un movimiento social
de centro izquierda democrático, pacifista y articulado a las nuevas fuerzas de la globalización y el
mercado. La intolerancia de la extrema derecha y la insurgencia armada han negado esta posibilidad
hasta el momento. En un proceso de largo plazo, donde la Paideia se conjugue con la Politeia,
donde el proyecto político logre articular la diversidad de movimientos sociales de base y sus
intereses, la refundación de la sociedad Colombiana es posible.
Bibliografía
- Banco Mundial, (l997). Informe sobre el desarrollo mundial 1997. Estados Unidos de América.
- Bobbio, Norberto, (1996). Estado, Gobierno y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, México.
- Castañeda, Jorge, (1994). La utopía desarmada. Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá.
- Consejo Nacional de Planeación, (l997). El Salto Social, la sociedad pide cuentas. Santafé de
Bogotá.
- Cortina, Adela y Conill, J, (l998). Democracia participativa y sociedad civil. Fundación Social,
Santafé de Bogotá.
- Comisión de racionalización del gasto y las finanzas públicas, (1997). Diagnóstico y Principales
recomendaciones. Santafé de Bogotá.
- Fraser, Nancy, (1997). Iustifia interrupta. Siglo del Hombre Editores, Santafé de Bogotá.
- Habermas, Jürgen, (1998). Facticidad y validez. Editorial Trotta, Madrid.
(1975). Problemas de legitimación en el capitalismo Tardío. Editorial Taurus,
Buenos Aires.
- Heilbroner, Robert, (1996). Visiones del futuro. Paidós, España.
- Requejo, Ferrán, (1991). Teoría crítica y estado social. Anthropos-Editorial del Hombre, España.
25
- Revista Alternativa, No. 19. (1998). Santafé de Bogotá.
- Revista Ecología Política, No. 1 (1991). Fuhem Icaria, España.
- Revista Ensayo y Error, Nos. 1 a 4. (1996-1998). Snatafé de Bogotá.
- Sachs, Wolfang (editor), (1996). Diccionario de Desarrollo. Pratec, Perú.
- Sandilans, Roger (1990). Vida y política económica de Lauchlin Currie. Legis, Bogotá.
- Sarmiento, Libardo, (1996). Utopía y sociedad. Fescol, Santafé de Bogotá.
(1997). Colombia fin de siglo, crisis de hegemonías. Ediciones ensayo y Error,
Santafé de Bogotá.
Et al., (1998). Municipios y Regiones de Colombia. Fundación social, Santafé de
Bogotá.
Et al., (1998). De los derechos, las garantías y los deberes. Comisión Colombiana de
Juristas. Santafé de Bogotá.
- Thoumi, Francisco. (1995). “Derechos de propiedad en Colombia”. Documentos Ocasionales, No.
38. Centro de estudios internacionales. Universidad de los Andes. Santafé de Bogotá.
26