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Respuestas sociales a la crisis
Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
[email protected]
Comunicación para el XI Congreso de Sociología (julio de 2013) –
Grupo 7 (Sociología del Trabajo)
Resumen
Ante la situación de persistencia de la crisis económica y las políticas de ajuste y
austeridad, existen importantes retos para el sindicalismo, los movimientos sociales y la
izquierda social y política en España. Partiendo de ese contexto se realiza un análisis de
su experiencia reciente, con la articulación de tres huelgas generales, importantes
movilizaciones sectoriales contra los recortes sociales, así como la expresión de un
amplio movimiento de personas indignadas. Se tratan, específicamente, las dos
dimensiones fundamentales del sindicalismo: sustantiva o influencia transformadora, y
social o representativa. Se explica el significado sociopolítico de la actuación de los
distintos agentes sociales y el condicionamiento de la acción sindical en la gestión de la
crisis socioeconómica y el tipo de relaciones laborales. Esta nueva coyuntura requiere
una reflexión de conjunto sobre las estrategias sindicales. Es otra encrucijada histórica
para el sindicalismo. Por tanto, tras una evaluación crítica y rigurosa de la experiencia
pasada, se analizarán sus dificultades, las tendencias actuales y las perspectivas para la
acción social y sindical, y su impacto en la gestión de la crisis y el tipo de salida:
regresiva o más justa y equitativa.
Palabras clave: Resistencias, diálogo social, sindicalismo, recortes sociales, huelga general
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Respuestas sociales a la crisis
Introducción
Este texto explica las respuestas sindicales y ciudadanas contra los recortes
sociales y la política de austeridad promovida por el Consejo Europeo y aplicada por el
gobierno del PP en España. Aborda, básicamente, la situación del año 2012, desde la
victoria electoral de la derecha en las elecciones generales de noviembre de 2011, y la
primera parte del año 20131, aunque en las valoraciones generales se tendrá en cuenta la
experiencia de todo este nuevo ciclo sociopolítico que comienza en el año 2010.
Nada más tomar posesión en diciembre, el poder ejecutivo del PP aprueba las
primeras medidas de restricción presupuestarias y anuncia sus ‘reformas estructurales’,
los nuevos planes de ajuste económico y medidas antisociales, todavía más duros que
los del gobierno socialista anterior. El sindicalismo ha respondido con una estrategia
con un doble componente: pacto y conflicto. Por un lado, de acuerdo general con las
organizaciones empresariales, de enero de 2012, junto con un discurso justificativo del
diálogo social. Por otro lado, se combina con una actuación de confrontación con las
políticas de ajuste del Gobierno, promoviendo grandes movilizaciones globales (las
huelgas generales de marzo y noviembre de 2012 y varias manifestaciones masivas) y
numerosos conflictos sectoriales y locales.
Se analizan tres aspectos: 1) la política ambivalente de pacto y conflicto social;
2) las perspectivas abiertas con la erosión de la política de austeridad, y 3) el papel
reivindicativo y sociopolítico del movimiento sindical.
1. Una estrategia sindical doble: pacto y conflicto social
Es habitual en los sindicatos definir su estrategia como una combinación entre el
acuerdo y la movilización, en los ámbitos de la empresa, sectoriales y locales y
generales. Se interrelacionan los dos tipos básicos de acción sindical: la negociación y el
conflicto sociolaboral a través de la movilización social y democrática2. Los
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El análisis detallado de las resistencias sociales en los años anteriores está en Antón (2011).
Los dos objetivos generales aprobados por el X Congreso de CCOO (2013), recogidos en su
lema, son “combatir la crisis y renovar el sindicato”; su concreción en el primer Consejo Confederal es:
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2
mecanismos son dobles: por un lado, la activación de sus bases sociales, para aumentar
su representatividad, su reconocimiento y su capacidad de presión ante sus
interlocutores empresariales e institucionales; por otro lado, los recursos negociadores,
mediadores y de participación en la negociación colectiva y las distintas instituciones.
Esta doble acción sindical hace referencia a su dimensión reivindicativa, defender los
intereses y conseguir mejoras para las clases trabajadoras, y su dimensión social,
fortalecer su capacidad representativa y transformadora. Su objetivo global es combatir
la crisis socioeconómica y sus efectos, promoviendo un cambio económico y
sociopolítico hacia una democracia social avanzada, con empleo decente, derechos
sociolaborales y Estado de bienestar, tal como se define en los programas de los grandes
sindicatos (CCOO, 2013; UGT, 2013).
No obstante, con la crisis económica y de empleo y la aplicación generalizada de
políticas regresivas de austeridad, con fuertes recortes sociolaborales, las dinámicas
precedentes han cambiado. Han producido nuevos desequilibrios en las relaciones
laborales y la capacidad contractual de los sindicatos. Afectan a sus estrategias, en
particular a las combinaciones de esos dos tipos de acción sindical: la negociación y la
movilización, el acuerdo y el conflicto, el pacto social o la huelga general. Al mismo
tiempo, hay que integrar los distintos objetivos y prioridades: a corto y medio plazo, de
carácter laboral y sociopolítico, o bien, el interés del conjunto de las clases trabajadoras,
de determinados segmentos de la población y de la estructura sindical y los distintos
movimientos sociales y representantes políticos.
Por tanto, el problema no viene de la existencia de esos dos componentes –
negociación y movilización-, siempre presentes, sino del énfasis en cada uno de ellos y
su interrelación, según cada ámbito y contexto. Así, aparte de revisar la retórica sindical
más o menos ambigua de la necesaria combinación de ambos, se trata de precisar el
peso de cada aspecto en cada momento y el contenido, el sentido y el apoyo social de
cada actuación. Aquí el análisis se centra en los hechos más relevantes y de conjunto del
movimiento sindical para señalar sus consecuencias y explicar a qué intereses o
dinámicas obedecen y qué relación tienen con las estrategias o los programas y
objetivos generales.
Restablecer la relación de fuerzas, recuperar el diálogo social y mantener la movilización democrática.
Renovar el sindicato, dando respuesta a los desafíos de la actual coyuntura social y política (Fernández
Toxo, 2013). En el caso de UGT el lema de su 41º Congreso es más genérico: La unión por el trabajo.
Acción y solidaridad (UGT, 2013).
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El sentido de las estrategias colectivas
Conviene aludir a los cambios en los equilibrios de las fuerzas sociales en
presencia para precisar el alcance y significado de las estrategias colectivas. El concepto
‘resistencias’ sociales o colectivas se adecúa a la nueva realidad y los caminos
inmediatos a recorrer. Por un lado, el diálogo social es poco operativo. El contenido de
los grandes acuerdos generales alcanzados últimamente (pensiones -2011- y
negociación colectiva -2010 y 2012-) es, cuando menos, problemático y han tenido
dificultades para su legitimidad social. Por otro lado, las protestas colectivas no suelen
conseguir mejoras materiales inmediatas, aunque son freno al empeoramiento impuesto
y generan la deslegitimación de sus gestores, para promover el cambio de políticas e
instituciones. Constituyen un impacto sociopolítico fundamental que permite erosionar
esa política, modularla y crear las condiciones para su transformación sustantiva. Es un
resultado también inmediato y práctico, sobre todo sociopolítico, de cambio cultural y
de mentalidades, de solidaridad en las relaciones interpersonales y conformación de
tejido asociativo de base. Pero esa dimensión social, muy real, es más difícil de evaluar
al no cristalizar en reformas inmediatas. La dinámica es diferente a la de los periodos de
expansión económica, avance del Estado de bienestar, desarrollo institucional
democrático o incremento progresivo de los derechos civiles y sociales, con procesos de
mejoras materiales y políticas para el conjunto de la sociedad.
En el análisis de la protesta social, en la acción de los movimientos sociales,
incluido el sindicalismo, hay que combinar su dimensión social o expresiva y su
dimensión
reivindicativa
o
sustantiva.
Ambas
están
interrelacionadas,
son
transformadoras y ofrecen resultados concretos e inmediatos, pero la primera es, sobre
todo, en el ámbito de la conciencia social y la constitución de fuerzas sociales, y la
segunda en la mejora de condiciones o derechos de la gente (Antón, 2006).
Por tanto, el sindicalismo y las fuerzas progresistas están en un ciclo ‘defensivo’.
Su principal función es impedir retrocesos en las condiciones y los derechos sociales y
democráticos de la ciudadanía. No obstante, esa posición no necesariamente es defender
el statu quo, sino que es imprescindible completarla con un proyecto social y
democrático, de transformación progresista. En ese sentido, sí que hay alternativas
(Antón, 2009; Arias y Costas, 2011; Navarro et al., 2011 y 2012; Ramoneda, 2012;
Stiglitz, 2012; Torres, 2011).
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En este ciclo la acción sindical y sociopolítica tiene un mayor componente
crítico, de denuncia y rechazo a las políticas de austeridad y el déficit democrático de la
gestión regresiva de la clase política. Los resultados se miden más por el freno a las
medidas antisociales y autoritarias que por los avances netos conseguidos. Puede
conseguir mejoras relativas respecto de los planes regresivos, y porfía en su derrota.
Pero, a pesar de la masividad e intensidad de la protesta social, todavía no es capaz de
impedir la aplicación del grueso de las medidas; las condiciones socioeconómicas e
institucionales finales son peores respecto a las de antes de la crisis. El nivel de
movilización social es insuficiente para doblegar a los poderosos adversarios y, entre los
sectores más comprometidos, deja un sabor de impotencia. Los de arriba imponen el
empobrecimiento y la pérdida de derechos de los de abajo (y de en medio).
Sin embargo, siempre cabe la idea de que sin resistencia y deslegitimación de
esa política, el bloque de poder liberal-conservador se hubiera atrevido (o intentaría más
adelante) a nuevos y más profundos procesos regresivos para la sociedad y mayor
apropiación de poder y riquezas para las élites. Por tanto, la actividad cívica y la
protesta social también tienen un impacto directo en las condiciones inmediatas de la
gente, frenando o suavizando los planes más agresivos e impopulares. Es el grado de
eficacia esperable sobre los resultados reivindicativos en una situación defensiva para la
mayoría ciudadana con una gran desigualdad de poder.
Al mismo tiempo, la acción sociopolítica de la ciudadanía indignada, incluida la
movilización sindical, y la reafirmación democrática de la sociedad, es la mejor forma
de influir y restar credibilidad social a estas medidas. Y, sobre todo, asegura las bases
alternativas para los avances o las reformas progresistas, la regeneración del sistema
político y la renovación y el fortalecimiento de las izquierdas, sociales y políticas. La
evaluación de la acción sociopolítica se hace más compleja y está sometida a su propia
especificidad y referencias: articular un campo social progresista y democrático, con
una orientación reformista fuerte, socioeconómica y de renovación política.
La acción sindical y la función de los sindicatos se legitiman por los logros
sustantivos alcanzados en su doble finalidad: avances reivindicativos (o freno a los
retrocesos) y capacidad representativa y transformadora. Los representantes sindicales
son medios imprescindibles para defender las condiciones y demandas de sus bases
sociales y de la mayoría de la sociedad. Los derechos sindicales y la representatividad y
la operatividad de las estructuras de los sindicatos son instrumentos necesarios en el
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complejo proceso de mediación sociolaboral, que también requiere adecuados
instrumentos organizativos, de información y asesoramiento. La actual ofensiva de la
política de austeridad, además de imponer un retroceso en las condiciones y derechos
sociolaborales de la mayoría de la sociedad, también pretende debilitar la función
reivindicativa, social, representativa y dinamizadora de los sindicatos y limitar su
capacidad contractual y transformadora. Defender esos derechos sindicales, reafirmar el
papel del sindicalismo, se convierte en un objetivo adicional. La idea de ‘salvar al
sindicato’ puede sintetizar el interés legítimo de la representación sindical. No obstante,
también se corre otro peligro: priorizar la defensa del estatus de los aparatos de los
grandes sindicatos, o lo que es peor intercambiar concesiones de derechos más
generales de la población trabajadora para intentar garantizar su estabilidad y sus
privilegios (Antón, 2010). Es cuando aparece el riesgo de la sustitución de los fines por
los medios (Offe, 1988) y la disociación entre interés del sindicato (de la burocracia
sindical) e intereses de sus bases sociales y la sociedad, en general.
Así, como se explicará más adelante, existen deficiencias de legitimidad social,
particularmente, para determinadas actuaciones de las cúpulas sindicales que no
sintonizan con sectores significativos de la ciudadanía. Por tanto, es fundamental la
renovación profunda de los sindicatos para reforzar su legitimidad, su capacidad
articuladora y su eficacia reivindicativa. Pero, primero, analicemos sus actuaciones más
significativas.
Un pacto de recorte salarial y laboral, sin contrapartidas
El Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva –AENC-, firmado en
enero de 2012 por la patronal CEOE-Cepyme y las direcciones de CCOO y UGT, para
el período 2012-14, supone un recorte de la capacidad adquisitiva de los salarios (en
torno a punto y medio anual), un retroceso laboral con mayor flexibilidad interna y
menor capacidad reguladora y contractual de los sindicatos.
No existen contrapartidas significativas para trabajadores y trabajadoras y no
permite generar empleo. No apuesta por una salida justa de la crisis sino que impone la
austeridad salarial a una parte: las capas asalariadas. No es un acuerdo equitativo, ya
que no se exige a los empresarios ninguna renuncia sustantiva ni ningún compromiso
firme por la creación de empleo, la regulación de los beneficios empresariales y los
precios. Hace recaer nuevos sacrificios a las clases trabajadoras junto con una mayor
subordinación laboral. Es un paso más en la consolidación de la capacidad empresarial
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para imponer sus objetivos e intereses de maximizar sus beneficios, abaratar costes
laborales y disponer una mano de obra más dócil, con la vana esperanza de que ésa es la
vía para asegurar la inversión y el crecimiento económico y del empleo. Se basa en el
discurso neoliberal de culpabilizar a los salarios y las condiciones laborales de la crisis y
que su retroceso es inevitable e imprescindible para salir de ella. Supone, por tanto,
afianzar la pasividad en el mundo laboral en un ámbito fundamental de la acción
sindical como es la negociación colectiva y supone un retroceso cultural y de la
capacidad crítica y alternativa de las estructuras sindicales.
Las direcciones de los grandes sindicatos, con el pacto de recorte salarial
llevaron al sindicalismo a un callejón sin salida para la defensa de los derechos
sociolaborales y su propia capacidad contractual, como se ha podido comprobar tras
más de un año de su aplicación. Tampoco consigue consolidar el estatus del propio
aparato, ni la estabilidad de las funciones contractuales de sus estructuras intermedias.
Además, en el contexto del comienzo de la ofensiva de ajustes regresivos del nuevo
gobierno de la derecha, tampoco sirve para suavizar esa estrategia. Las concesiones de
las cúpulas de los sindicatos en materia salarial y de garantía de paz social en la
negociación colectiva no son suficientes para condicionar la agenda del nuevo Gobierno
que, inmediatamente, aprueba una agresiva reforma laboral. Más que un freno a las
políticas de ajuste, ese acuerdo permite su desarrollo.
Por tanto, constituye un doble fracaso: para defender los derechos laborales y
para ‘salvar el sindicato’. Aunque les genere cierto reconocimiento institucional, es muy
frágil y temporal, y condicionado a continuar con esa disponibilidad colaboradora con
las políticas regresivas. Y eso es insostenible para mantener una legitimidad relevante
entre sus bases sociales y el grueso de la ciudadanía.
Huelga general de marzo contra la reforma laboral3
El Gobierno del PP, tras sus primeras medidas de restricción presupuestaria y el
acuerdo de la negociación colectiva comentado, aprueba e impone, con su mayoría
parlamentaria, una reforma laboral profundamente regresiva (CC.OO, 2012).
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Un análisis detallado de la reforma laboral y esta huelga general y su repercusión sociopolítica
se expone en la Comunicación presentada en la II reunión Intercongresual del Comité de Sociología del
Trabajo de la Federación Española de Sociología, Bilbao, junio de 2012, publicada en Antón (2012a).
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Los sindicatos deciden organizar una respuesta masiva y contundente. La huelga
general del 29 de marzo de 2012 es un paso clave contra la ofensiva regresiva del
Gobierno del PP. Ha sido una actuación acertada de los sindicatos, que han demostrado
ser agentes sociales fundamentales para encauzar el rechazo popular y frenar la
involución social. Ha tenido un impacto social positivo. Reabre nuevas posibilidades y
escenarios para continuar la acción sindical y ciudadana contra la política de recortes y
por los derechos sociolaborales y una gestión más justa de la crisis. Es una tarea
conjunta del movimiento sindical y la izquierda social y política, que se enfrentan a
diversas dificultades y limitaciones (Antón, 2012a, Mientras Tanto, 2012).
Este proceso de huelga general ha constituido una prueba de la acción colectiva
progresista y la reafirmación democrática de una amplia izquierda social o ciudadanía
crítica. Al tercio de esa ciudadanía, más implicada activamente en la movilización
contra los recortes sociales, se ha sumado la simpatía y la solidaridad del tercio
intermedio, más pasivo y ambivalente en la huelga general del 29 de septiembre de
2010. La persistencia y el refuerzo de la resistencia de ese primer bloque social ha sido
determinante para ensanchar ahora la oposición social a esta política regresiva y restarle
credibilidad ciudadana. Es una respuesta contundente de una ciudadanía activa y un
paso sustancial para fortalecer la oposición popular a esas políticas antisociales y
deslegitimar a sus gestores. Se ha extendido una mayor comprensión ciudadana hacia
los justos objetivos de este conflicto social, factor clave para debilitar y revertir esta
política socioeconómica y laboral regresiva. Pese a las dificultades evidentes para forzar
la retirada inmediata de la reforma laboral, ha conseguido quitarle legitimidad y
credibilidad social, y refuerza las condiciones sociopolíticas para obtener su abolición.
En definitiva, el proceso de la huelga general del 29 de marzo ha permitido una
expresión colectiva masiva de la ciudadanía contra la ‘agresiva’ reforma laboral y la
política de profundos recortes sociolaborales del Gobierno del PP. La amplia
participación trabajadora y ciudadana constituye un paso imprescindible para frenar su
ofensiva antisocial, erosiona su legitimidad y refuerza a la izquierda social y el
movimiento sindical en su demanda de empleo decente y plenos derechos sociales y
laborales (Fernández Toxo, 2012).
14-N: Crece la legitimidad de la huelga general
El Gobierno del PP, durante los primeros meses de su mandato, ha reforzado y
ampliado las medidas antisociales de ajuste y austeridad, llevadas a cabo por el anterior
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Gobierno socialista desde mayo de 2010. El Consejo de Ministros del 13 de julio del
año 2012 aprobó un nuevo conjunto de medidas de ajuste. Tienen un carácter
profundamente antisocial y reducen derechos sociales en tres áreas: protección al
desempleo, servicios públicos y condiciones salariales y laborales de los empleados
públicos (Antón, 2012b).
Los sindicatos, con el apoyo y la participación de la Cumbre Social de
organizaciones y grupos sociales progresistas, convocan otra huelga general para el día
14 de noviembre (Antón, 2012c). Es la tercera en poco más de dos años, en esta etapa
de aplicación de políticas de ajuste y austeridad contestadas por la oposición sindical y
la indignación ciudadana. Manifiesta el rechazo sindical y cívico a la política de recortes
sociales, la persistencia del paro, el empobrecimiento masivo de la población y la menor
protección social. Denuncia estas graves consecuencias sociales (Nos dejan sin futuro),
exige responsabilidades a los causantes (Hay culpables) y propone otra política (Hay
soluciones), tal como expresan sus lemas. Es un cauce para la expresión democrática y
pacífica de la ciudadanía contra la gestión antisocial del Gobierno del PP y las élites
económicas y financieras, y reclama medidas más justas.
Su blanco directo no es estrictamente laboral, como en las dos anteriores,
septiembre de 2010 y marzo de 2012, en que fueron determinantes las regresivas
reformas laborales. Ahora, afecta a los derechos sociales del conjunto de las clases
trabajadoras y la mayoría de la sociedad. Tiene una dimensión social más amplia y se
sitúa en el marco europeo del rechazo de las políticas liberal-conservadoras dominantes.
2. Perspectivas abiertas: La erosión de la política de austeridad
Tras el análisis de las actuaciones más relevantes del sindicalismo se explican
los efectos de deslegitimación de la política de austeridad.
Repercusión de la movilización ciudadana
En estos cinco años de crisis económica y sus graves consecuencias sociales y
los casi tres años desde el comienzo de los planes de ajuste y austeridad, se han
generado importantes resistencias sindicales y ciudadanas, protagonizadas por el
sindicalismo, el movimiento 15-M (incluido el 25-S) y otros grupos sociales y políticos
progresistas, a veces con falta de sintonía pero con elementos convergentes. El proceso
sociopolítico, con diversos altibajos y componentes ambivalentes y de fragilidad, ha
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sido de consolidación y refuerzo de un campo social relevante contra esa dinámica
regresiva, con un respaldo popular mayoritario. Incluso la simpatía hacia el movimiento
15-M llega a los dos tercios de la ciudadanía, que contrasta con la desconfianza
mayoritaria hacia las élites políticas y financieras.
Esta movilización general, aun con ese cierto incremento participativo, no
consigue impedir, de forma inmediata, las políticas de recortes sociales adoptadas por el
Gobierno del PP, que cuenta con un respaldo parlamentario mayoritario y el aval de la
Unión Europea. Igualmente, visto desde el plano europeo, todavía no existen fuerzas
sociales suficientes en los países periféricos y menos en los países centrales, para
imprimir un giro a la política liberal-conservadora impulsada por Alemania y dominante
en las instituciones europeas. Las movilizaciones sindicales planteadas en el centro y
norte de Europa reflejan cierta solidaridad y oposición a las políticas de austeridad de la
Unión Europea, son un primer paso, pero son muy limitadas. Existen todavía
importantes límites e insuficiencias de los sectores y agentes sociales que reclaman otra
orientación, más equitativa, solidaria y respetuosa con la ciudadanía. Comparado con el
gran poder económico, mediático e institucional que ampara esas políticas europeas, la
capacidad ciudadana y de las izquierdas para forzar un cambio sustancial y rápido, es
débil.
No obstante, como vemos en España y otros países del sur europeo, es creciente
y muy amplio el proceso de deslegitimación de esas medidas regresivas y de
desconfianza hacia las élites gestoras. Ello supone una erosión relevante de esa gestión
antisocial de la crisis y pone de manifiesto el déficit democrático de las grandes
instituciones y las élites políticas y económicas. Junto con la evidencia del fracaso de la
actual política de austeridad para garantizar el empleo decente y los derechos sociales
de la ciudadanía, ese desgaste de su legitimidad y esa presión social por el giro hacia
una salida de la crisis más justa y democrática supone un factor significativo para frenar
esa dinámica y abrir un horizonte de cambio. Es ya un impacto inmediato positivo y
relevante.
El éxito de los resultados de esta dinámica de movilización sindical y ciudadana
hay que medirlo también por su significado respecto de su trayectoria y su perspectiva,
en el doble sentido de configuración de una ciudadanía crítica y activa y el impulso
hacia un cambio de prioridades en la política económica, en defensa del empleo decente
y un avanzado modelo social, con una gestión política más democrática, que tenga en
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cuenta la opinión de la mayoría ciudadana. Implica la democratización de las
instituciones públicas, la mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, en la
política en sentido amplio, así como la regulación de los mercados desde la soberanía
popular y sus instituciones representativas.
Estos procesos de movilización sindical y ciudadana pueden ser un paso en ese
recorrido, no definitivo ni completamente sólido, pero sí justo, necesario y relevante.
Sus efectos inmediatos conllevan un mayor desgaste social de la política de ajustes
regresivos, una menor credibilidad de las opciones conservadoras, un freno a medidas
impopulares. La dimensión de la participación de la ciudadanía incide en la mayor
firmeza y determinación en la pugna social y democrática por promover y culminar un
cambio de ciclo sociopolítico y de estrategias económicas, a definir por los sindicatos y
los distintos agentes sociales y políticos, cuyo devenir y recomposición también se
verán afectados. Será otro elemento significativo que incida en ese aspecto, a considerar
en otro momento.
En definitiva, el movimiento sindical, como la fuerza más relevante en estos
meses en la movilización social, y el conjunto de sectores progresistas y la izquierda
social y política, sigue en una encrucijada estratégica: 1) adaptarse con resignación,
aceptando esta grave situación socioeconómica y contemporizando con los duros
ajustes, sin una diferenciación clara contra esta deriva antisocial y con déficit
democrático, intentando sobrevivir con críticas débiles, pasividad social y un mínimo de
legitimidad ciudadana; 2) consolidar una apuesta de confrontación contra la política de
austeridad y por el empleo decente y los derechos sociolaborales con un horizonte de
unificar y ampliar la activación de sus bases sociales y del conjunto de fuerzas
ciudadanas progresistas que pueda culminar en un proceso de conflictividad general (y
el modelo de la huelga general del 14-D-1988, convenientemente renovado sigue
vigente) hasta asegurar una salida justa de la crisis. En la realidad reciente ha tenido más
peso la segunda, pero con limitaciones y elementos de la primera. El futuro dirá en que
proporciones se combinan las dos tendencias y cómo se conforma una dinámica
intermedia o mixta.
Rechazo social a los recortes
En la sociedad se están generando tendencias sociales ambivalentes. Por un lado,
impotencia, resignación, miedo, adaptación fragmentada y jerarquizada, así como
reequilibrios competitivos de los grupos de poder nacional y las distintas capas medias y
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trabajadoras. Por otro lado, respuestas colectivas progresistas, en dos niveles que vamos
a explicar.
En un primer nivel, aparece la disconformidad social con la política de
austeridad, desde la deslegitimación pasiva y la indignación ciudadana frente a sus
medidas más impopulares y sus gestores, tal como indican numerosas encuestas de
opinión. Así, según diversos estudios de Metroscopia, hasta el 90% de la sociedad
critica a los líderes de los grandes partidos políticos por su distanciamiento de las
preferencias de la ciudadanía en la gestión de la crisis, siendo, junto con los bancos, la
institución en la que menos confían; al contrario, las instituciones mejor valoradas -en
torno al 90%- son la sanidad y la enseñanza pública.
Según un estudio de la Fundación BBVA, publicado recientemente (ver diario El
País, 5-4-2013), el Gobierno debería aumentar el gasto público en sanidad (77,5% de
los ciudadanos españoles), atención a mayores (72,8%), atención a los parados (69%) y
educación (65,1%); paralelamente, para los países de la UE, los porcentajes respectivos
son: 67,3%, 59,1%, 40,8% y 52,8%; el nivel medio europeo en exigencia de refuerzo
del gasto público social es también alto pero algo inferior al español, particularmente
en protección al desempleo. Por otro lado, en España, solo en torno a un 1% de la
población (0,7%, 0,3%, 1,0% y 1,2%) está de acuerdo con la disminución del gasto
público en esas materias (recortes sociales); el resto, entre un 21% (sanidad) y un 33%
(educación), prefiere mantenerlo (30% y 42%, respectivamente, en la UE). Igualmente,
la gran mayoría de españoles (80,5%) prefiere una Seguridad Social amplia, aunque
haya que pagar altos impuestos, siendo la media europea algo inferior (66,2%). Esas
diferencias de opinión se pueden explicar porque el gasto social europeo es bastante
más elevado y, especialmente, el nivel de desempleo y el déficit de su cobertura
protectora son muy inferiores, por lo que el sector de la población europea que prefiere
mantener (y no aumentar) el gasto público social (particularmente en atención a los
parados) es algo superior respecto del de nuestro país. Lo que está claro en la opinión de
la ciudadanía española y europea es su amplia oposición a los recortes sociales y la
exigencia mayoritaria (entre dos tercios y tres cuartas partes) de reforzar la calidad de
los principales servicios públicos y el nivel de las prestaciones sociales que configuran
los Estados de bienestar europeos, aumentando el gasto público social, aunque exista
una parte significativa (entre una cuarta parte y un tercio) que solo quiera mantener ese
gasto público social.
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En un segundo nivel, se han expresado resistencias sociales y protestas
colectivas, masivas, pacíficas y democráticas. Todo ello con un peso significativo de
valores solidarios y de justicia social, así como con exigencias de cambio hacia medidas
socioeconómicas más equitativas y mayor cultura democrática (Antón, 2011).
En España, a la altura del otoño de 2012, se llevaban más de dos años de una
respuesta popular activa, con altibajos. Desde la huelga general del 29 de septiembre de
2010 (y los antecedentes de las amplias manifestaciones sindicales de enero y febrero de
ese año contra el plan gubernamental inicial de recorte de las pensiones y las
movilizaciones contra los ajustes de mayo) hasta las huelgas generales del 29 de marzo
(con las grandes manifestaciones anteriores -19 de febrero- y posteriores -19 de julio-) y
el 14 de noviembre (y la gran manifestación del 15 de septiembre).
Al mismo tiempo, ha emergido otra dinámica paralela de protesta colectiva,
expresiva de la indignación ciudadana y la exigencia de mejor democracia, representada
por el movimiento 15-M (o similar). Desde la gran manifestación inicial en esa fecha y
las siguientes acampadas y procesos asamblearios hasta las grandes manifestaciones del
15 de octubre de 2011, diversas actividades locales, la gran movilización del 12 de
mayo de 2012 y la última del 23 de febrero de 2013.
Este breve recorrido da un indicio de la existencia de la expresión colectiva de
una masiva ciudadanía activa, que manifiesta su indignación de forma pública y plantea
un cambio de rumbo. Es la base para fortalecer un campo social, sindical y político que
apueste por impedir esta política de recortes sociales y pueda empujar por una gestión
de la crisis más justa y democrática y una salida más equitativa.
Por último, conviene citar otro fenómeno que condiciona la respuesta ciudadana
y el sistema de representación: la desconfianza social en los líderes políticos (CIS y
Metroscopia).
Limitado prestigio de los sindicatos
Especialmente preocupante es el poco prestigio de los sindicatos que, según las
mismas encuestas de opinión, se queda en un apoyo escaso del 29% de la población. En
la percepción de la gente, los sindicatos, al igual que los partidos políticos, son
fundamentalmente sus aparatos y sus cúpulas, no el conjunto del movimiento sindical.
En este caso, la alta burocracia sindical no cuenta con una gran confianza popular,
aunque se pueda deducir que es algo más superior entre la población asalariada y,
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particularmente, en las grandes empresas donde se concentran los núcleos sindicales
fundamentales.
Las direcciones sindicales, como se ha comentado, han cometido algunos errores
estratégicos, como el aval al recorte de los derechos de las pensiones (enero de 2011) y
la firma con las organizaciones empresariales de los pactos para la negociación
colectiva con pérdida de poder adquisitivo de los salarios (enero de 2012), así como,
vinculado con esos acuerdos generales, la correspondiente desactivación de la presión
sindical, particularmente tras las expectativas del 29-S, para mantener la oposición a
esta política (Así no; Rectificación ya). La sospecha extendida entre sectores indignados
es que las grandes concesiones de la mayoría de los dirigentes sindicales al recorte de
las pensiones futuras eran a cambio de la contrapartida de una supuesta estabilidad para
las altas estructuras de los grandes sindicatos, que pretenderían blindarla con el
compromiso de una reforma consensuada de la negociación colectiva. Su colaboración
con los recortes gubernamentales de los derechos de las pensiones tiene dificultades de
legitimación (Antón, 2011). Los intereses corporativos del aparato sindical (el medio) se
pondrían por delante de la función de representar los intereses de las clases trabajadoras
(el fin). Es el pretexto utilizado por una parte de la opinión indignada para meterlos,
injustificadamente, en el mismo saco que la clase política gestora de los recortes. Esa
relativa desafección de la izquierda social y la ciudadanía indignada hacia las
estructuras sindicales se acumula a la ofensiva cultural de la derecha mediática y
política, intentando presentarlas como obsoletas y corporativas, cuando todavía son el
instrumento principal de defensa de las clases trabajadoras, existente en las empresas y
en el marco más general.
El sindicalismo tiene una amplia representatividad, con cerca de tres millones de
afiliados y seis millones de votantes y articulan la representación de la mayoría de los
quince millones de asalariados en la negociación colectiva y el diálogo social. Los
representantes directos de trabajadores y trabajadoras realizan una ardua tarea en las
empresas de asesoramiento y defensa de sus representados frente a la coacción
empresarial. Además, a pesar de esos errores de estrategia sindical o de distintas
prácticas burocráticas, los sindicatos han promovido, con el arrope de múltiples grupos
sociales y distintos altibajos, la más amplia contestación social en España de los últimos
tiempos, con tres huelgas generales (entre cuatro y cinco millones de participantes),
grandes manifestaciones (entre uno y dos millones) y movilizaciones y conflictos
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sectoriales y ciudadanos masivos (como en enseñanza y sanidad). Son instrumentos
fundamentales para defender a las clases trabajadoras y promover el cambio social
(Antón, 2006; Baylos, 2012; Benito, 2012; Trentín, 2012).
El sindicalismo sigue en una encrucijada estratégica. Tienen el reto de fortalecer
la oposición a estas políticas de ajuste duro y austeridad, defender los derechos sociales
y laborales de las clases trabajadoras y estimular un amplio proceso participativo que
asegure un cambio social progresista. No obstante, existe un desequilibrio entre, por un
lado, la amplia capacidad de movilización y articulación social del sindicalismo y la
gran representatividad de sus representantes directos en las empresas (más de
trescientos mil delegados y delegadas) y, por otro lado, la débil legitimidad ciudadana
de sus dirigentes y aparatos, aun cuando mantengan la confianza de gran parte de sus
estructuras de base.
En esos dos aspectos, capacidad movilizadora y legitimidad, existe una
diferencia respecto al otro gran movimiento, el 15-M. En este caso, su capacidad de
movilización social ha demostrado ser brillante, oportuna y contundente, no solo en las
redes sociales sino en las calles, alcanzando entre medio millón y un millón de personas
activas. No obstante, la legitimidad de este movimiento ciudadano y los grupos de
activistas que lo encabezan es muy superior a la de los dirigentes sindicales, alcanzando
tanto en mayo de 2011 cuanto en mayo de 2012 a más del 60% de apoyo ciudadano. Es
difícil prever el devenir de este movimiento, las últimas movilizaciones de septiembre
de 2012 en adelante (Rodea el Congreso…) cuentan con varias decenas de miles de
personas, con una participación más amplia en las manifestaciones del 23 de febrero de
2013. Las dificultades para su vertebración organizativa y la continuidad de una gran
actividad movilizadora y de denuncia son muchas. Pero, globalmente, su orientación
crítica, social y democrática y sus métodos pacíficos y expresivos de presión frente a las
grandes instituciones políticas y económicas, cuentan con la simpatía de la mayoría de
la sociedad.
Como dato ilustrativo complementario, según Metroscopia (diario El País, 17 de
marzo de 2013), para defender los intereses de las personas en riesgo de desahucio el
81% de la población confiaría en la Plataforma de Afectado por la Hipoteca y el 76%
en las ONGs de defensa de los desfavorecidos, mientras NO confiaría en el actual
Gobierno el 87%, ni en el principal partido de la oposición el 86% (78% de los propios
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votantes del PSOE). La acción colectiva de esos movimientos sociales cuenta con una
gran legitimidad ciudadana.
3. El papel reivindicativo y sociopolítico del movimiento sindical
Aquí se explican dos aspectos que condicionan la respuesta del sindicalismo y su
dimensión reivindicativa y sociopolítica: la insuficiencia de la estrategia de diálogo
social y la conveniencia de una oposición firme a la involución sociolaboral.
Fracaso del diálogo social
En los últimos años, junto con el paro masivo y las graves consecuencias
sociales producidos por la prolongada crisis económica, se consolidan y generalizan las
políticas de ajuste económico y austeridad para las clases trabajadoras en España y la
UE, particularmente, desde el Consejo europeo de mayo del año 2010. Al recorte de
condiciones y derechos sociolaborales de la ciudadanía se suma la apuesta liberal por el
desequilibrio en las relaciones laborales, con refuerzo del poder empresarial y
debilitamiento de los sindicatos. La imposición gubernamental de esas políticas
regresivas, con el apoyo del poder económico y financiero, conlleva el fracaso del
sistema de diálogo social como vía de freno a esas medidas y marco para establecer una
política equilibrada y compartida frente a la crisis.
La tradición del movimiento sindical ha combinado en diferentes momentos una
doble estrategia basada en el conflicto social y el acuerdo general, en la movilización
sindical y sociopolítica y en la negociación y el diálogo institucional. La combinación
de esos dos elementos básicos está condicionada por las estrategias y la posición de las
contrapartes (Gobiernos y organizaciones empresariales), así como por las expectativas
de avance en los objetivos reivindicativos fundamentales para trabajadores y
trabajadoras y la ciudadanía: mejoras sociolaborales y de empleo sustantivas, y
fortalecimiento de la participación popular y, específicamente, del sindicalismo como
instrumento de representación de intereses y mediación de propuestas y reivindicaciones
de sus bases sociales. La acción sindical es un medio fundamental para conseguir
resultados concretos en los dos planos: avances reivindicativos; mejorar la capacidad
representativa, movilizadora y contractual del sindicalismo. En condiciones defensivas,
se puede formular como freno al deterioro de las condiciones en los dos ámbitos con
una acción firme y continuada que modifique esa situación desventajosa.
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En los últimos años la estrategia sindical de diálogo social ha materializado tres
grandes pactos generales: Acuerdo para la negociación colectiva del año 2010; acuerdo
social y económico con el aval a la reforma de las pensiones del año 2011, y nuevo
acuerdo para la negociación colectiva del año 2012. Ninguno de ellos ha supuesto
avances sustantivos ni mejoras significativas para trabajadores y trabajadoras. Los
supuestos compromisos de las contrapartes a los sacrificios salariales y de pensiones
acordados, también se han incumplido, y las arduas negociaciones posteriores han
fracasado.
En el primer caso, no evitó la ruptura del diálogo social sobre la reforma laboral
y con el beneplácito de la patronal el Gobierno del PSOE impuso su regresiva reforma
laboral, a la que hubo que contestar con la huelga general del 29-S, exigiendo su
rectificación y la consiguiente ILP.
En el segundo caso, la mayoría de las direcciones sindicales, aún con una ligera
suavización respecto del plan inicial, colaboró con un recorte sustancial de los derechos
de pensiones, con importantes dificultades de legitimación social. La mayoría ciudadana
estaba y está en contra de las dos condiciones de aplicación mayoritaria para acceder a
una pensión completa (Antón, 2011): la edad legal de jubilación a los 67 años y el
aumento de cotización de 35 a 37 años; las consecuencias son, entre otras, la
correspondiente penalización de casi un 20% (15% + 4,5%) respecto de los derechos
actuales del 100%, en los casos más ordinarios según la edad (65 años) y cotización (35
años). Ese gran sacrificio para los asalariados ha sido cuantificado oficialmente como de
3,5 puntos del PIB (35.000 millones de euros anuales) cuando se apliquen íntegramente
esas medidas.
Pero, además, también fue incumplida la contrapartida gubernamental de
consensuar la siguiente reforma de la negociación colectiva. Por tanto, el acuerdo
sindical con el retroceso en los derechos de las pensiones tampoco evitó la imposición
unilateral por el Gobierno del PSOE de otra reforma atentatoria de los derechos y
equilibrios contractuales en la negociación colectiva. Hubo que constatar esa trampa y
contestar esa nueva agresión, junto con un distanciamiento a la política gubernamental y
europea que se reafirmaban en las políticas de austeridad (reforma constitucional) y,
más tarde, ya con la derecha en el Gobierno, en mayores y profundas reformas
regresivas.
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En el tercer caso, el acuerdo firmado en enero de 2012 para la negociación
colectiva, además de aceptar y favorecer la pérdida de poder adquisitivo de los salarios
y la desactivación de las exigencias reivindicativas en los convenios colectivos,
tampoco evitó la ruptura de la negociación institucional sobre las normas reguladoras de
la negociación colectiva. El Gobierno del PP aplicó una dura y agresiva reforma, la de
mayor trascendencia en estas décadas, para debilitar los derechos de la población
asalariada y desequilibrar todavía más las relaciones laborales en beneficio del poder
empresarial y en perjuicio de la representación sindical y la capacidad defensiva en las
empresas. Hubo que contestar con la huelga general del 29-M.
Las tres grandes reformas han constituido un fracaso en los dos planos: retroceso
de condiciones y derechos sociolaborales, y debilitamiento de la capacidad contractual
del sindicalismo (reforma laboral y de la negociación colectiva) o de su legitimidad
social (reforma de las pensiones). Los intentos negociadores en torno a ellas no las han
modificado y han fracasado. Siguen pendientes los objetivos de revertir esos retrocesos:
garantías laborales, equilibrios en las relaciones laborales y derechos de jubilación
(65+35).
Combinado con esos pactos globales se han promovido tres grandes huelgas
generales, con importante participación y mayor apoyo popular a sus objetivos. Han
sido procesos de reafirmación del sindicalismo y aumento de su legitimidad social,
imprescindibles tras las evidencias de las fuertes agresiones gubernamentales, su
incumplimiento de las promesas anteriores y el fracaso de la negociación. Han
expresado el otro componente fundamental de la acción sindical. La firme voluntad
sindical y la masiva contestación popular contra medidas impuestas e impopulares. Es
verdad que tampoco han conseguido sus objetivos reivindicativos inmediatos de echar
atrás las respectivas reformas laborales. Pero han señalado el camino para ello, han
consolidado una opinión ciudadana contra los recortes sociales y laborales y en defensa
de un empleo decente, han debilitado la credibilidad gubernamental, y apuntan a una
rectificación de esa política regresiva. Suponen también una relegitimación de la
actuación representativa y de liderazgo del sindicalismo, aspecto crucial ante los
intentos conservadores de su marginación.
Firmeza reivindicativa por el cambio de la política socioeconómica y laboral
Existe un contexto de hegemonía de las políticas regresivas y fuerte poder
institucional y patronal. Junto con la continuidad del paro masivo y las nuevas brechas
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sociales, las medidas regresivas que se están aplicando, todavía van a tener efectos
sociales y sindicales más perniciosos. Pretenden una salida regresiva de la crisis y la
subordinación de las capas populares, junto con marginación del sindicalismo y la
neutralización de la indignación ciudadana.
La estrategia sindical de diálogo social o acuerdos generales no ha ofrecido
soluciones a los grandes problemas y objetivos externos (reivindicativos) e internos
(capacidad representativa y contractual). Tampoco ha servido, significativamente, en un
sentido defensivo, como veto o freno a dinámicas mucho más agresivas.
La acción sindical fundamental no pasa por la prioridad de un diálogo social
subordinado y de colaboración con esa dinámica. La pasividad o simple inercia tampoco
es suficiente. La experiencia de las tres huelgas generales ha expresado los límites de
participación y de resultados reivindicativos, aunque ha permitido ampliar el apoyo
social a los objetivos y la representatividad de los propios sindicatos. Igualmente, las
importantes movilizaciones sectoriales en diversos ámbitos sectoriales y territoriales
(como la enseñanza en Madrid o los empleados públicos en Catalunya) han demostrado
el amplio respaldo a las iniciativas sindicales, aun cuando sean lejanos o parciales los
frutos reivindicativos. En su conjunto, se han puesto de manifiesto las dificultades
sindicales para garantizar los derechos sociolaborales y evitar la involución social. La
realidad de la crisis socioeconómica y de empleo y las regresivas políticas
gubernamentales son un obstáculo para avanzar en una salida equitativa y progresista de
la crisis. Pero ha quedado claro que la política sindical de colaboración o pasividad con
los recortes de derechos tiene efectos perniciosos para la población trabajadora y el
propio movimiento sindical, y que el distanciamiento y la oposición a los mismos,
condicionan su aplicación y facilitan un mayor prestigio y legitimación del
sindicalismo, palanca desde la cual se posibilita el avance posterior.
Los próximos años no aventuran un deseo gubernamental y de las instituciones
europeas de un cambio sustancial hacia una salida más justa y equitativa de la crisis. Esa
es la alternativa que el sindicalismo pretende conseguir en defensa de un modelo social,
laboral, democrático y productivo progresista. Para ello, sería necesaria una acción
sindical firme y prolongada de activación de todos los recursos laborales y sindicales
para revertir esa tendencia dominante y abrir una dinámica de cambio de esas políticas y
el reequilibrio en las relaciones laborales. Los sindicatos son agentes representativos
fundamentales para condicionar esa orientación. Su reconocimiento institucional y el
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impulso negociador deben estar basados en los resultados de mejoras reivindicativas
para las clases trabajadoras, en el cuestionamiento de los retrocesos.
Supone impugnar el acuerdo de la negociación colectiva e impulsar la acción
reivindicativa en la negociación colectiva y frente a las reestructuraciones
empresariales. Es preciso que los sindicatos promuevan una firme acción sindical y
sociopolítica, junto con otros agentes y movimientos sociales, particularmente contra
los recortes sociales y del Estado de bienestar, asegurando la calidad de los servicios
públicos, una protección social plena y los derechos de las pensiones. Se trata de
enmarcar esa acción sindical en un proceso de activación sindical y movilización social
contra las medidas agresivas más relevantes y, en primer lugar, por la abolición de las
reformas laborales impuestas. Para ello es necesaria una estrategia global, continuada y
prolongada, basada en la firmeza para exigir la reorientación de la política
socioeconómica y laboral y en defensa de los intereses y derechos de trabajadores y
trabajadoras que, además, refuerce al propio sindicalismo y la acción democrática de la
ciudadanía.
En definitiva, el sindicalismo, junto con diversos grupos sociales, ha sido capaz
de activar un amplio movimiento sociopolítico contra la austeridad y constituye una
fuerza social clave para defender a las clases trabajadoras y promover un cambio de
rumbo. Pero ha cometido algunos errores que han debilitado su legitimidad social y su
capacidad transformadora. Y sus inercias organizativas dificultan una mejor vinculación
con significativos segmentos de la sociedad. A los sindicatos se les puede pedir más:
evitar actuaciones erróneas, incrementar su dinamismo y firmeza en la acción sindical y
renovar sus dinámicas organizativas y sus discursos. Así se fortalecerá su doble
dimensión reivindicativa y social.
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