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Impulsa PGJ los derechos de los indígenas al acceso a una
impartición y procuración de justicia dentro de los
estándares internacionales
Con el objetivo de implementar mecanismos que fortalezcan el cumplimiento
de las garantías individuales hacia grupos indígenas que se encuentren
involucrados en algún proceso legal y que requieran la intervención de un
interprete traductor, este día la Procuraduría General de Justicia, en
coordinación con diferentes autoridades conformaron el Comité Técnico de la
estrategia de formación, acreditación y certificación de interpretes en lenguas
indígenas en el ámbito de procuración y administración de justicia.
Dicho comité encabezado por la Procuraduría General de Justicia, además
está integrado por el Tribunal Superior de Justicia, Comisión de Derechos
Humanos del Estado, Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública,
Comisión Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas,
Universidad del Desarrollo del estado de Puebla, Casa de la Cultura Jurídica
de Puebla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, delegación estatal Puebla, Instituto Federal de
Defensoría Pública, delegación estatal Puebla, Procuraduría General de la
República, delegación Puebla, Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas delegación México DF., Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, Universidad Intercultural de Huehuetla, Puebla, y la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
La iniciativa de impulsar la creación de un padrón de interpretes calificados y
certificados orientados a promover el servicio público de intérpretes en lenguas
indígenas para el ámbito de la justicia penal, surgió como resultado de la visita
a las diferentes agencias del Ministerio Público, así como a los juzgados en
donde muchas veces existen traductores que desafortunadamente no tienen
los conocimientos básicos de lo que se realiza durante una diligencia.
En los próximos días se dará a conocer la convocatoria para cursar el
diplomado en el cual los aspirantes a traductores serán capaces de comentar
en castellano la declaración del indígena procesado y luego en su labor de
interprete, tener la capacidad de descifrar y explicar los términos jurídicos que
la autoridad exprese, ya que muchos de estos términos no tienen sinónimos en
la lengua original.
Cabe señalar que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas expuso el
mecanismo a seguir para llevar a cabo esta certificación, señalando que una
vez concluido el diplomado, los participantes serán acreditados y certificados
como nuevos peritos interpretes-traductores, con lo que se fortalecen las
garantias constitucionales de los grupos indígenas.
Finalmente Víctor Antonio Carrancá Bourget, Procurador General de Justicia
señaló que a través de estos mecanismos se refrenda el mandato
constitucional sobre el derecho que tienen los indígenas a ser asistidos por un
traductor o interprete cuando se encuentre involucrado en un procedimiento
legal.
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