Download Ganas de escribir

Juan Torres López
Según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística en los ocho años que gobernó el
Partido Popular en España la participación de los salarios en el total de la renta (digamos que la
porción de la tarta que corresponde a los trabajadores) bajó del 50,61% (IV Trimestre de 1996) al
48,74 (IV Trimestre de 2004) o al 49,46% si se considera el IV Trimestre de 2003.
Esas disminuciones representan una transferencia bastante grande desde los asalariados al
excedente a lo largo de esos años.
Para hacernos una idea, por ejemplo, téngase en cuenta que la disminución de finales de 2003 a
finales de 2004 significó que los trabajadores se repartieron entonces (en comparación con el año
anterior y en proporción) 1.622 millones de euros menos. Una cantidad que, por el contrario, se
añadía al excedente empresarial.
En el año 2005 (que en sentido estricto fue el primero en el que Zapatero hizo política económica
propia), el peso de los salarios en el total de las rentas pasó del 48,74% al 48,16%, es decir, que
disminuyó 0,46 puntos. Y en el peso de los salarios en el conjunto de las rentas volvió a bajar 0,46
puntos, es decir, unos 1.206 millones de euros.
Estos datos (que se pueden seguir con más detalle en el cuadro siguiente) indican claramente que en
los dos años de gobierno socialista prácticamente no se ha modificado la pauta de distribución de la
renta en España, que sigue deteriorándose para los salarios a pasos realmente agigantados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Es normal que esto suceda cuando se siguen manteniendo políticas fiscales cada vez más regresivas
y cuando se favorece que las grandes empresas obtengan cada vez más beneficios a costa del
control salarial y del trabajo precario.
El siguiente cuadro muestra los ingentes beneficios obtenidos por las grandes empresas españolas
en 2006 y su incremento respecto a 2005.
Fuente: Europa Press
Desde luego, se trata de beneficios que contrastan con lo ocurrido con los salarios que en 2006 (un
año más) perdieron poder adquisitivo. Concretamente, casi medio punto porcentual puesto que su
incremento medio fue del 3,7% frente a una subida del 3,24% en el Índice de Precios al Consumo.
Es evidente el proceso de deterioro salarial que se viene produciendo en España a favor,
lógicamente, de los beneficios empresariales. Tanto es así, que el crecimiento efectivo de los
salarios ni siquiera alcanza el nivel pactado en los convenios, como ponía de relieve recientemente
un significado economista del Banco de España: "En los últimos años, los incrementos de la
remuneración de los asalariados vienen siendo inferiores a los incrementos medios pactados en los
convenios colectivos" (José L. Malo de Molina, "Los principales rasgos y experiencias de la
integración de la economía española en la UEM"). Una circunstancia que, entre otras cosas,
evidencia que la distribución de la renta de forma cada vez más desfavorable para los trabajadores
tiene principalmente que ver con la pérdida de poder de negociación y con su desmovilización
política, social y sindical.
Es verdad que el gobierno de Rodríguez Zapatero reitera que su voluntad es hacer una política más
social pero a la vista de estos datos debemos preguntarnos si eso no es más que un desideratum
porque a la hora de la verdad lo que está pasando es que los grandes beneficiarios de la renta y la
riqueza siguen siendo siempre los mismos, e incluso en mucha mayor medida.
La situación se puede hacer grave porque la evolución del gasto social (que en cierto modo podría
paliar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de peso en el conjunto de las rentas) no está
evolucionando en la tendencia que cabría esperar.
Según los datos que publicó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aunque lógicamente el
montante total ha aumentado, la participación de los gastos sociales en el PIB disminuyó en 2005
(19,56%) respecto a 2004 (20,06%), 2003 (19,94%) y 2002 (19,97).
Esto significa que está disminuyendo el “esfuerzo” dedicado al gasto social, lo que de forma
significativa muestra que las prioridades de reparto se alejan de la satisfacción de las necesidades
que tienen los sectores de menor renta (que lógicamente son los que más necesitan los bienes
colectivos financiados por el gasto social).
Hay que volver a llamar la atención al Gobierno para evitar que su política social sea puramente de
cartón piedra y, en definitiva, para tratar de quebrar esta tendencia tan injusta y antisocial que el
gobierno de Rodríguez Zapatero, a pesar de su discurso tan progresista, sigue aplicando
prácticamente en los mismos términos que el anterior gobierno derechista del Partido Popular.
Ojo con la distribución de la renta!
Publicado en Temas para el Debate, nº 147, enero de 2007
Quienes analizan la economía española desde perspectivas convencionales suelen coincidir en que
se encuentra en una situación gozosa, con crecimiento sostenido y mayor que el europeo y con
tasas de empleo relativamente aceptables. Los más derechosos afirman que esa excelente
dinámica se originó gracias a la política económica de Rodrigo de Rato pero no llevan razón
ninguna porque en realidad se inició en 1993 con la anterior etapa de Solbes al frente de la
economía española. Por cierto, cuando comenzó a consolidarse no sólo la dinámica de crecimiento
sino las contrarreformas fiscales y, sobre todo, la disminución en el esfuerzo en gasto social. Es
decir, cuando más nítidamente comenzó a diluirse el perfil socialista del gobierno de
Felipe González que modernizó la sociedad española y creó el Estado de Bienestar, relativamente
modesto en comparación con nuestro entorno europeo más adelantado pero inconmensurablemente
mejor que el inexistente en la dictadura o el de la sociedad liberal de bienestar que defiende el
Partido Popular. Ni siquiera quienes en otros aspectos critican sin descanso a José Luis Rodríguez
Zapatero se atreven a poner en cuestión su gestión económica y alaban sin disimulo la política
económica que lleva a cabo su gobierno.
En ese contexto, quizá sea demasiado fácil no darse por aludido cuando otros datos presentan la
cara oculta de nuestra economía, la que tiene que ver con los beneficios e ingresos que unos u otros
y en desigual manera disfrutan. Una de las manifestaciones del “fraude inocente” del análisis
económico moderno (por utilizar la expresión suave del último libro de Kenneth Galbraith) consiste
en hacer creer a los ciudadanos que la economía marcha bien si crece el Producto Interior Bruto,
una magnitud grosera y efectivamente bruta que aumenta tanto cuando se reforesta un bosque como
cuando se destruye. Y, por supuesto, que nada nos dice sobre lo que sucede con los ingresos que
genera la actividad económica que en última instancia es lo que permite a cada uno de los sujetos
económicos considerar si las cosas van bien o mal.
Gracias a ello es posible seguir afirmando que la economía va bien cuando la desigualdad se
incrementa, cuando crece a costa de un tipo de actividades que hipoteca el desarrollo futuro o
cuando los beneficios que genera se aprovechan para invertir fuera de nuestras fronteras en lugar de
hacerlo en la creación de más empleo y riqueza nacional (como ahora quieren hacer, por cierto,
nuestras Cajas de Ahorro que estudian comprar bancos en el extranjero, una interpretación del
servicio público y regional al que aspiran francamente difícil de entender).
Lo que está ocurriendo en los últimos años en nuestra economía es justamente eso, aunque
presentado con gran disimulo por las autoridades económicas.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la quinta parte de la población española
ingresa menos de 530 euros mensuales, nivel en el que convencionalmente se establece entre
nosotros el umbral de pobreza.
Un umbral, por cierto, que puede tomarse como referencia para mostrar la realidad paradójica de
nuestra economía: no es que los pobres lo sean porque están “fuera” de la actividad económica,
como tradicionalmente hubiera ocurrida, sino que, en una alta medida, directamente los crea la
actividad económica. Así lo demuestran, por ejemplo, los datos de salarios y empleo de la Agencia
Tributaria: de 1.039.106 de nuevos asalariados que detectó en 2005, la mitad de ellos cobró menos
del salario mínimo (513 euros mensuales). Otros 380.857 de esos nuevos asalariados cobraron
incluso menos de la mitad del salario mínimo (256,5 euros mensuales) y prácticamente ninguno
cobró más de 1.026 euros al mes.
Los pobres, en consecuencia, los está creando el propio empleo que se genera. O lo que es lo
mismo, nuestro modelo de crecimiento es realmente empobrecedor. Esto último se traduce además
en la constante pérdida de poder adquisitivo de los salarios, una pérdida que sólo en 2005 fue de 1,4
puntos porcentuales. Y así se explica que los salarios medios españoles equivalgan hoy día a los de
1997.
Claro que no a todos les va igual porque esa pobreza y pérdida de poder adquisitivo de los
salarios son justamente la otra cara de los beneficios, que gracias a su incremento aumentan en
inversa proporción.
La remuneración de los asalariados españoles (tomada como media trimestral) suponía en 2004
el 47,71% del conjunto de los ingresos y en sólo dos años ha bajado hasta 46,12 puntos. Por el
contrario, el excedente bruto de explotación -los beneficios- han pasado de representar un 41,78%
al actual 42,25% (casi cuatro puntos más que en 1999).
Se trata de una espectacular transferencia de renta desde los salarios a los beneficios evaluable en
unos 5.000 millones de euros en total, en menos de dos años. Y a la que habría que añadir más de
10.000 millones de aumento en la transferencia al Estado en concepto de impuestos y, por otra
parte, la incalculable transferencia de renta de las familias a los bancos como consecuencia de la
subida de impuestos.
Es muy evidente, si que quiere que lo sea, que la buena marcha de la economía española se
traduce en un reparto extraordinariamente desigual de sus frutos y lo lamentable es que no parece
que se quiera abrir un debate social sobre las consecuencias económicas, políticas y éticas de esta
situación.
Desde el punto de vista económico habría que tener en cuenta, sobre todo, un problema
principal: que la desigualdad se está produciendo en la base primaria de la economía, es decir, en la
propia generación de actividad económica porque la que se viene promoviendo es intrínsecamente
desigualadora. Una cuestión que se agrava cuando al mismo tiempo (y a diferencia de lo que
ocurría en la época del predominio socialdemócrata) se pone en cuestión el Estado de Bienestar, el
gasto público y en especial el social, y la equidad fiscal. Resulta entonces que hoy día hay muchas
menos capacidad redistribuidora y eso lleva a que las desigualdades tiendan a ser crecientes y
desestabilizadoras.
Desde el punto de vista político habría que considerar no sólo que la desigualdad merma
realmente los derechos de la ciudadanía y por tanto que socava las bases de la propia democracia,
sino que al renunciar a la aspiración igualitaria la izquierda se niega a sí misma y termina por ser un
instrumento inútil para sus propios partidarios.
La consideración ética de lo que viene ocurriendo me parece igualmente obvia e imprescindible.
¿Dónde puede llegar una sociedad que no se atreve a mirar de frente y a dialogar sobre la injusticia
económica que hay en su seno?, ¿qué futuro nos aguarda si seguimos siendo prácticamente ciegos e
indiferentes ante políticas concebidas solamente para enriquecer sin límites solamente a la parte
privilegiada de la sociedad?