Download de los compromisos de Beijing (CNS)

Comisión Nacional de Seguimiento
de los compromisos de Beijing (CNS)
CLADEM1 Uruguay
Algunos comentarios que realizamos al informe oficial de Uruguay
ante el Comité de Expertas de la Cedaw2
Desde el retorno a la democracia los sucesivos gobiernos nacionales han desestimado los reclamos de
los grupos de mujeres para otorgar el lugar que se merece -en la agenda pública- a la eliminación de la
discriminación contra la mujer y a las desigualdades de género que persisten en la vida política, social,
económica y cultural y llevar a la práctica los principios de la Cedaw. No se ha implementado ningún Plan
de Igualdad; se ha rechazado establecer medidas positivas -especialmente en relación con la
participación política de las mujeres-; el Mecanismo Nacional (Instituto Nacional de la Familia y la Mujer,
INFM) tiene un status bajísimo y carece de las competencias, capacidad y funciones necesarias para
desarrollar políticas de género y para incidir en los procesos de formulación y evaluación de políticas
públicas llevados a cabo por otros actores gubernamentales.
La falta de políticas de género, no es sólo atribuible al INFM, sino también a la persistencia de una cultura
de desconocimiento y/o resistencia al tema de género en todo el Estado.
Las máximas jerarquías de los órganos estatales no han emitido mandatos específicos para que sus
dependencias no incurran en actos de discriminación contra la mujer y no velan para que se actúe de
conformidad (Cedaw, art.2, inc. d). El cumplimiento del art. 2 inc. c) de la Cedaw, por parte de esos
órganos, resultaría decisivo para promover el cambio de los patrones socioculturales y las prácticas
consuetudinarias que perjudican a las mujeres (Cedaw, art. 5 inc. a). Máxime considerando que -salvo la
simple voluntad política- no se advierten limitaciones de otra índole para subsanar el incumplimiento
actual.
Existen normativas nacionales relacionadas con temas de la Cedaw, que constituyen flagrantes
violaciones a sus principios: v.g. el artículo que exime de pena al violador que promete matrimonio a la
victima, entre otros del Código Penal; la normativa que impide a las madres solteras, menores de 18
inscribir a los hijos como propios; y la que establece el sorteo para otorgar apellido a los hijos de madres
solteras.
El Estado desconoce su obligación de adoptar normas para prevenir y erradicar la violencia doméstica.
(Cedaw, art. 1 y 5). La ley a estudio del Senado permitiría dar a los jueces instrumentos adecuados para
la defensa de los DD.HH. de las mujeres y las familias; dar cumplimiento a la obligaciones asumidas al
ratificar varios tratados y directrices internacionales (Cedaw, Convención de Belem do Pará, Plan de
Acción para la Mujer aprobado en Beijing, etc.); y ponerse al nivel de los otros veintinueve países de
América Latina y el Caribe, que ya tienen leyes al respecto.
No se publican (y en otros casos no existen) estadísticas que permitan cuantificar las situaciones de
discriminación en varios ámbitos: empleo (acceso, salarios, doble jornada, acoso), violencia (doméstica y
sexual) salud reproductiva (aborto, minorías). Además de traslucir la falta de voluntad politica, la ausencia
de indicadores no permite elaborar políticas acordes, ni rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones
emprendidas, a pesar que el Estado podría contar con buena parte de ellos a través del Instituto Nacional
de Estadísticas.
Sigue existiendo discriminación en el mercado de empleo, a pesar de la aprobación de una ley que lo
impide. Las mujeres ganan menos que los hombres por trabajos similares; el porcentaje de mujeres en los
trabajos denominados "con restricciones" (subempleo, servicios domésticos, trabajo precarios), es muy
superior al de los hombres: M: 37.2%, H. 21.4%; el desempleo femenino se situaba en el período 19981999 en 16.5% y el masculino en 9.8%, habiendo aumentado recientemente (según datos del INE).
No existen iniciativas oficiales para eliminar la discriminación en la vida política y pública del país, que
garanticen la participación equitativa de la mujer en todos los cargos publicos de carácter electivo o
jerárquicos.
A pesar de haberse llevado a cabo recientemente una importante reforma educativa, no se introdujeron
modificaciones en los programas y textos tendientes a la eliminación de los contenidos sexistas y los
1
CLADEM: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (grupo
Uruguay). La CNS nuclea a casi todas las organizaciones de mujeres del país.
2
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (por la sigla de
su nombre en inglés).
estereotipos culturales; ni se incorporó la educación sexual, para enfrentar los problemas que genera el
embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual.
En materia de salud reproductiva de las mujeres, no existe un marco teórico referencial documentado y/o
accesible que defina claramente los objetivos de la intervención del MSP en el campo de los servicios de
anticoncepción. No es clara, ni se cuenta con información documentada, la situación de los servicios de
planificación familiar en el interior del país. No se incluyen servicios de anticoncepción de emergencia ni
en los servicios de Montevideo ni en el interior del país.
Según datos de Naciones Unidas, entre los únicos 4 países de las Américas que no tiene cifras
registradas con relación al aborto provocado, se encuentra el nuestro, junto con República Dominicana,
Jamaica y Haití. En un año y en un solo centro hospitalario se han producido más muertes maternas por
aborto que las registradas en todo el país, en años anteriores. De las 21 pacientes que fueron trasladadas
del Hospital Pereira Rossell a C.T.I. por complicaciones post aborto provocado entre 1996 y noviembre
de 2001, 7 murieron (todas por causa infecciosa) 5 durante el año 2001 (de las 14 que sobrevivieron, 7
quedaron mutiladas). (Datos extraídos de "El aborto en condiciones de riesgo: principal causa de
mortalidad materna en los paises en vias de desarrollo. Principal causa de mortalidad materna en
Uruguay". Briozzo, L. et al., 2001, Montevideo, xerox).
Mientras que a nivel mundial el porcentaje de esta causa de muerte materna está en una media del 13%,
y en América Latina el promedio es del 21%, en Uruguay en el periodo 1995-1999, fue del 27.7%. Y,
sólo en el Hospital Pereira Rossell entre 1996 y noviembre de 2001, la muerte materna por aborto
realizado en condiciones de riesgo fue del 47%. Siendo las mujeres pobres las que corren los mayores
riesgos (idem fuente anterior).
SE REQUIERE
*Establecer un compromiso político importante para superar la falta de liderazgo del Estado en la
promoción de cambios que favorezcan la no discriminación de las mujeres, que se traduzca en hechos
significativos, tales como la aprobación de un Plan Nacional de Igualdad y la modificación del Mecanismo
Nacional (INFM).
*Transformar el INFM en un organismo intersectorial con acceso directo a las esferas más altas del
gobierno, con una redefinición de sus competencias que establezca los poderes y atribuciones necesarios
para llevarlas a cabo, asi como los recursos imprescindibles para cumplir con su mandato. Y establecer
criterios de elección y designación de su Directora, que estén en consonancia con los intereses que debe
defender y promover; además de tener en cuenta la opinión del conjunto de ONGs de mujeres del país.
*Que los especialistas, se aboquen por mandato de la ley o con medidas específicas en sus ámbitos de
actuación, a subsanar las contradicciones e incongruencias del derecho positivo nacional, con
participación necesaria de expertas en perspectiva de género.
*Derogar la normativa que impide a las madres solteras, menores de 18 inscribir a los hijos como propios;
y la que establece el sorteo para otorgar apellido a los hijos de madres solteras.
*Dictar leyes específicas y establecer servicios integrales y accesibles a todas/os, en condiciones de
atender las distintas necesidades que se plantean en casos de Violencia Doméstica, incluyendo refugio
temporal para las víctimas y sus hijos/as.
*La capacitación de los ejecutores de las politicas en los tres poderes del Estado, para modificar los
patrones socio culturales de conducta y eliminar prejuicios y prácticas discriminatorias,.
*Que el MSP implemente un servicio especializado en la atención de mujeres con abortos en curso o con
lesiones post aborto y que difunda a todo nivel, los servicios de planificación familiar y atención al
embarazo adolescente que se brindan actualmente.
DATOS BÁSICOS SOBRE PROCEDIMIENTOS SOBRE CEDAW
El gobierno de facto que teníamos en 1981 ratificó (convirtió en ley nacional) la "Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" (más conocida como CEDAW, su
sigla en inglés) que había sido aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas de 1979. En su
momento, esa ratificación sirvió para que la CEDAW entrara en vigor, ya que se requería la ratificación de
veinte Estados miembros de Naciones Unidas, uno de los cuáles fue el nuestro.
Quizás en aquel momento no se dio importancia a algunas de las disposiciones de la
Convención, pero son ellas las que dan lugar hoy, al tirón de orejas que le acaban de dar al país. Dicha
Convención va más allá de una simple programática y establece la obligación de los países de rendir
informes periódicos sobre los avances realizados para su cumplimiento; y además, crea, en su artículo
17.1 un Comité de Expertas encargado de analizar esos reportes e informar a la Asamblea General de la
ONU sobre los progresos e incumplimientos de cada país.
En la reunión realizada a fines de enero de este año, por el Comité de Expertas, organismo
oficial de Naciones Unidas, se recibieron los informes segundo y tercero (atrasados) de Uruguay; y al
mismo tiempo, las expertas tuvieron a su disposición los llamados "informes sombra" que realizan las
organizaciones de la sociedad civil, con su propia versión de las situaciones de discriminación y de las
medidas tomadas para evitarla (aquí se confeccionaron dos informes sombra: de la CNS y de CLADEMUruguay).
Según surge de la noticia de prensa difundida por Naciones Unidas, la opinión del Comité sobre
lo que se ha hecho -o no se ha hecho en el país- es muy dura. Es especialmente enfático en cuanto a
que:
a) se demoró casi diez años en presentar el primer informe; y ahora presenta dos informes juntos,
también atrasados, que no se ajustan a lo recomendado por el Comité y carecen de la información
necesaria ("no llena las expectativas del Comité"); además de ser presentado por diplomáticos uruguayos
en ONU, que no están involucrados con las políticas de género del país.
b) persisten en las leyes normas que son injuriosas para la dignidad de las mujeres: una es la que exime
de la pena al violador que manifieste su voluntad de casarse con la mujer a la que violó; otra es
considerar que la defensa del honor de la mujer es atenuante de la pena en caso de aborto provocado
(dice la nota difundida: "parecería que violar el honor de la mujer se considera más importante que violar
sus más básicos derechos humanos"); una tercera se refiere a mantener los 12 años como edad mínima
para casarse, en las mujeres -pero los 14 en los hombres-, cuando la Convención especialmente
establece que los países deben promover normas que no permitan el casamiento de niñas/os, ni la
discriminación según el género, por ninguna razón; otras dos normas que lesionan los derechos de las
mujeres como madres: las menores de 18 años no pueden registrar al hijo/a como propio; a los hijos de
las mujeres solteras se les otorga un primer apellido por sorteo.
c) otra preocupación del Comité es el lento proceso de cambios legislativos (de 58 proyectos presentados
para avanzar en los temas de la Convención, sólo 13 han sido aprobados en los últimos 15 años).
d) preocupa, también, la escasa presencia de las mujeres en cargos de representación y jerárquicos, la
existencia de discriminación salarial, la falta de medidas para aliviar la doble jornada de las mujeres, la
ausencia de programas destinados a evitar estereotipos y sexismo en la educación, la ausencia de
educación sexual en el sistema educativo y de salud.
e) destacaron que otros países pequeños -más pobres y mas "nuevos" que Uruguay- han mostrado mayor
voluntad para cambiar las actitudes"patriarcales", propias de sociedades atrasadas.
El informe de prensa recoge parte de las actas del Comité y contiene otras observaciones. De
su lectura surge la sensación de que varias de las expertas resultaron molestas por la ausencia
de compromiso que el informe del gobierno uruguayo revelaba. Como que se sintieron
agraviadas por la poca importancia otorgada por el Gobierno a esa instancia y a todo lo que se
relaciona con los compromisos asumidos al ratificar la Convención.
EL COMITÉ DE EXPERTAS CASTIGA EL ESCASO PROGRESO DE URUGUAY
HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO
(Extractos de la información brindada por NACIONES UNIDAS preparado para la prensa)
xxxxxxxx
Expresando decepción sobre el informe y las "flojas" respuestas del país a las preguntas del
Comité una experta dijo que ...El Gobierno no ha tomado acciones en relación con los
estereotipos de género. Y las mujeres uruguayas no han sido emancipadas o empoderadas.
No hay igualdad en Uruguay, ni de facto ni de jure. Todas las acciones mencionadas en el
informe para beneficiar a las mujeres, son meras palabras. ...el país ha fallado totalmente.
Otra experta notó que ...la ratificación obliga al Gobierno a implementar plenamente las
provisiones de la Convención. Se requiere una política de Estado con perspectiva de género.
¿Quién es responsable por la perspectiva de género en Uruguay? ...el documento no
proporciona información; tampoco con respecto a
los fondos destinados para la
implementación de la Convención y la Plataforma de Acción de Beijing.
También se preguntó si el Gobierno ha hecho alguna actividad para hacer conocer a las
mujeres los DDHH que tienen. Y si no lo ha hecho, la delegación debería comprometerse a
hacerle saber al Gobierno que existe un compromiso con la CEDAW, en ese sentido.
Otras manifestaron sorpresa porque, estando dadas las condiciones legales para el avance de
las mujeres, la población femenina no goza plenamente de los frutos de esa acción legislativa.
Parecería que el país no ha implementado plenamente la Convención.
El lento proceso de los cambios legislativos es otra de las preocupaciones del Comité. Una
Experta dijo que varias de las leyes del país eran anticuadas; en relación con la violación el
país aún tiene una disposición que exime de pena al violador que ofrece casarse con la víctima
[art. 116 del Código Penal]. Las leyes poseen una función educacional y envían un importante
mensaje. Las reminiscencias de una era pasada no deben permanecer cuando la era ha
pasado.
Asimismo, a otra Experta le molestó la mención a los "hijos naturales" ¿cuáles son los que no
son naturales? Estaba perturbada por el hecho de que al hijo de una mujer soltera se le
confiriera el apellido por sorteo. "Eso suena grotesco".
Una Experta manifestó su desilusión porque no hubiera llegado nadie desde Uruguay,
involucrado/a en las políticas de género; "hemos tenido muchos países pequeños y pobres que
han hecho un sacrificio demostrando su respeto al Comité". Comparando la situación del inicio
del Siglo pasado -incluso con el período de la dictadura- le parece que las cosas no han
avanzado. "Y si bien al Estado Parte le corresponde darse la estructura para las políticas de
género, sí podemos hacer sugerencias y observaciones". Quiere saber sobre el Mecanismo
Nacional (Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, INFM) quién designa a la Directora y cómo
se designa; cuáles son los criterios que se usan para hacerlo; cuál es la influencia de las ONGs
de mujeres. Sobre el Plan Nacional de Igualdad: sus objetivos y metas; quién lo debe ejecutar;
cómo se incorporará el género en todas las políticas. Sobre por qué el proyecto de Violencia
Doméstica sólo ha logrado media sanción. Sobre cuál es la situación de las mujeres
trabajadoras. Ella sabe que en Uruguay los sindicatos están bien organizados, por lo cual
quiere saber cómo se explican las diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Los estereotipos de masculinidad y femineidad están profundamente arraigados, ...Uruguay
parece haber realizado esfuerzos insuficientes para superarlos. Medidas para el desarrollo de
conciencia [sobre estos asuntos] son especialmente importantes en relación con los miembros
de la Administración y las comunidades docentes, así como la del Derecho.
Los informes fueron omisos en describir la situación en el mercado de trabajo. Esa ausencia
fue decepcionante porque en todos los países hay segregación, pero más en los que
prevalecen actitudes patriarcales. A pesar de que Uruguay ha ratificado relevantes
instrumentos internacionales, ...las mujeres aún se enfrentan con la discriminación en el
mercado de trabajo. Por ejemplo, [el informe dice que]...reciben solo 75% del salario [hora]
masculino en trabajos similares3.
Una Experta expresó que los representantes del país han tenido mucho valor en presentarse y
que espera que trasmitan al Gobierno las preguntas y observaciones del Comité. Las
preocupaciones expresadas hoy día deberían estar reflejadas en el próximo informe.
La escasez de recursos fue puesta de relevancia como una de las razones de la debilidad del
mecanismo de género [Instituto de la Familia y la Mujer], en el país; sin embargo, señaló otra
Experta, las medidas para el avance de las mujeres no son siempre costosas. En muchos
casos, lo que se requiere para implementar la Convención es voluntad política y dedicación.
Habiendo ratificado el Protocolo Opcional en "tiempo record", ¿ha tomado el gobierno alguna
medida para publicitarlo y hacer que las mujeres conozcan los derechos que les corresponden
por ese instrumento? [el Protocolo permite al Comité considerar peticiones de individuos o
grupos de mujeres que han agotado las vías nacionales y realizar investigaciones sobre graves
y sistemáticas violaciones de la Convención]
El Gobierno debe corregir el gran defasaje que existe entre la educación de las mujeres y su
ubicación en los cargos públicos, especialmente en el Poder Judicial, dijo una Experta. Las
expectativas del Comité son altas a este respecto. Se necesita establecer en el país medidas
especiales temporarias para hacer a las mujeres elegibles para muchas posiciones de alto
nivel. Aumentar el número de mujeres en cargos jerárquicos no sólo no le cuesta nada al
Estado, sino que hasta le puede resultar económico porque en general las mujeres son muy
buenas administradoras.
¿Cómo ha sido aplicada [la Convención] en el sistema legal en Uruguay? ¿Qué soluciones bajo
la ley tienen las mujeres en casos de discriminación? ...es importante la introducción de leyes
específicas sobre la igualdad de género que podrían fortalecer la implementación de la
Convención y mejorar la posición de las mujeres.
La edad para el matrimonio es muy baja [12 años para las mujeres, según el art. 91 del Código
Civil] y si no existen matrimonios entre niños, ¿por qué mantienen esa legislación? Esa
situación está en contravención con la Convención.
Según el informe del país, las mujeres generalmente trabajan 17 o más horas al día 4 tratando
de cumplir tanto sus obligaciones laborales, como sus responsabilidades hogareñas (la "doble
jornada"), señaló otra Experta. Ella querría saber qué ha hecho el Gobierno para enfrentar ese
problema. ¿Cuáles son las prácticas tradicionales que llevan al refuerzo de la idea de la
inferioridad de la mujer [que dan por resultado la discriminación]?
Otra Experta señaló que no queda claro en el informe, hasta qué punto se ha incorporado la
perspectiva de igualdad de género, en todos los programas. En cuanto a estereotipos, la propia
formulación del informe tiene estereotipos porque dice que "los hombres ayudan" en las tareas
domésticas, en vez de decir "comparten". Así que los propios indicadores del país tienen
estereotipos.
Si las mujeres son "tan competentes" y están "tan calificadas", ¿por qué no se les permite
acceder a los cargos de dirección? Las diferencias salariales también son alarmantes. Mientras
las mujeres, según el informe, están altamente calificadas, ellas llegan a recibir la mitad del
salario de los hombres5.
En relación con la norma sobre violación [el ofrecimiento de matrimonio], aunque no haya
habido ningún reclamo para cambiar la ley, debe ser cambiada de cualquier manera... La
delegación debe trasmitir este mensaje al Gobierno. De acuerdo con la práctica corriente de
3
4
5
Datos del INE
Datos del INE
Profesionales y Gerentas reciben por hora trabajada, poco más del 50% que los hombres, comerciantes
y ocupadas en el sector financiero, reciben exactamente la mitad que los hombres. Datos del INE.
amparo de los derechos de las personas, un acto de agresión no puede ser "perdonado"
mediante el matrimonio.
Otra Experta expresó serias preocupaciones acerca de la persistencia de discriminaciones en
las leyes uruguayas. Lo peor es que, en casos de aborto según señala el informe, el juez
pueda reducir la pena si fue cometido para preservar el "honor" [el propio honor, el de la
esposa o un pariente próximo, según el CP]. Parecería que la violación del honor es
considerada más grave que la violación de los derechos humanos más básicos de las mujeres.
La Presidenta del Comité, se mostró seriamente preocupada por el incremento de la tasa de
embarazos adolescentes. Las niñas están teniendo niños (le llamó la atención el aumento de la
tasa de natalidad en niñas de 10 a 13 años). ¿Cúales son las causas? ¿La religión o la cultura
juegan algún papel? Al escuchar la respuesta de un miembro de la delegación en cuanto a la
separación entre Iglesia y Estado, reclamó una respuesta honesta: ¿se corresponde esa
afirmación con la situación en el país?
Parecería que la violencia doméstica no es considerada una ofensa criminal, sino un asunto
privado de la pareja. Sólo cuando las visiones tradicionales son cambiadas puede ser
encontrada la solución correcta [para estos problemas]
Una Experta dijo que no podía más que expresar su desagrado sobre el "espantoso" informe,
que faltó completamente a las pautas establecidas por el Comité. En cuanto a... la "pregunta
básica" de por qué aún existe en Uruguay legislación anacrónica en contradicción con la
Convención, ella dijo que encontró "chocante" oir que nadie en el país está interesado en
cambiar las leyes. Las reformas legales son parte y parcela de los esfuerzos dirigidos al avance
de las mujeres.
Otra Experta se preguntaba si Uruguay tiene la voluntad política para implementar la
Convención. El segundo y tercer informe de país se presentó 10 años tarde. El cuarto y quinto
deberían haber sido presentados en 1998. La fecha para el sexto informe vence este año.
¿Qué está sucediendo, en realidad?
Se resaltó que la ratificación de la Convención obliga al gobierno a implementarla ...no sólo las
discriminaciones que persisten contra las mujeres deben ser removidas del cuerpo de la ley,
sino que la igualdad de facto también debe ser lograda. Eso significa igualdad de
oportunidades y esfuerzo. El informe no provee evidencia de los esfuerzos para lograr tales
propósitos. Ella urge al gobierno a tomar la Convención seriamente, a escuchar a las ONGs del
país y comenzar la implementación legal y política de la Convención.
Señaló que las leyes que discriminan debieron ser modificadas y no existen excusas para el
Gobierno que debió hacerlo. No ve ningún tipo de preocupación para acelarar la igualdad de
facto. "Insto al gobierno a que tome esto con seriedad. Insto al gobierno a que escuche a las
ONGs de Uruguay. Me pregunto si hay voluntad política. Insto al gobierno a que aborde los
temas hoy señalados, en el próximo informe que ya vence en el 2002. Nuestra solidaridad con
las mujeres uruguayas".
Si el INFM ha estado realmente funcionando, el cambio de la directora no debería afectarlo,
como se sostuvo en la sesión, dijo otra Experta. La responsabilidad no debe ser colocada en el
Instituto, sino en el Gobierno.
La Presidenta de la sesión (Argentina) dijo que, como vecino de su país, Uruguay había sido
siempre un modelo de progreso en la región. ...Las rémoras de la legislación no deben
continuar a la luz de las Convenciones y tratados que Uruguay ha ratificado. Se necesita una
amplia diseminación de las recomendaciones del Comité.