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República del Ecuador
Caso Sani Isla
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En línea con el mandato manifestado en la Constitución de 2008, el gobierno de la
Revolución Ciudadana ha impulsado un profundo proceso de cambio en aspectos
económicos, sociales, ambientales, políticos y culturales . Dicho proceso tiene como
objetivo principal la restitución de derechos de aquellos colectivos que, por mucho
tiempo, fueron olvidados y marginados como resultado de la aplicación de políticas
neoliberales, que produjeron una destrucción del Estado y la ausencia de políticas
públicas integrales e incluyentes.
La nueva visión alternativa al desarrollo sustentada en la Constitución y en los
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir exige un manejo sostenible y soberano de
nuestros recursos naturales no renovables, para garantizar el bienestar de los
ciudadanos del presente, así como de las generaciones futuras, y el respeto a los
derechos de la Naturaleza, consignados en nuestra Constitución. La estrategia integral
puesta en marcha por el gobierno de la Revolución Ciudadana se articula a través de la
intervención prioritaria en los sectores que componen la estructura productiva del
país, enmarcada en el objetivo de transformación de la matriz productiva, para la
generación y la redistribución equitativa de la riqueza, la generación de recursos para
reforzar la inversión social del Estado y la inclusión en los circuitos económicos del
conjunto de la población. El objetivo último es avanzar en la reducción de la pobreza y
la consecución de los derechos sociales de las y los ecuatorianos.
En la base de la nueva orientación de la política pública, encaminada a transformar la
base productiva del país, está el desarrollo del conocimiento y la investigación, así
como la inversión en ciencia y tecnología. El objetivo es alcanzar una gestión eficiente
y sostenible de nuestros recursos naturales, que garantice el cuidado y el respeto al
medio natural, a través del uso de técnicas con impacto ambiental mínimo, y
propendiendo a la generalización del uso de energías limpias, renovables y no
contaminantes.
Además, el Ecuador ha modificado su marco normativo para asegurar que el conjunto
de la población será el beneficiario de los excedentes resultantes de la explotación
hidrocarburífera. La modificación de la Ley de Hidrocarburos, reforma que establece el
uso del 12% de utilidades y excedentes de las operadoras hidrocarburíferas para la
inversión en proyectos en beneficio de las comunidades ubicadas en las zonas de
influencia de los proyectos extractivos, demuestra el compromiso del gobierno con el
desarrollo social y económico de la población. Dichos recursos, a través de la
asignación directa a las comunidades, y combinados con la acción estatal –en materia
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de salud, educación, construcción de infraestructuras de tratamiento de aguas,
transporte, etc.- han sido muy importantes para servir al objetivo de reducir la
pobreza, poniendo en manos de las comunidades los medios para su propio
sostenimiento. Este fue un logro que sólo pudo darse gracias a la decisión política de
optimizar nuestros recursos bajo un marco de soberanía, en el cual, el petróleo es de
los ecuatorianos y sirve para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y
luchar activamente contra la pobreza. Ahora ya no son las multinacionales petroleras,
sino el pueblo ecuatoriano, y en particular las comunidades en cuyo territorio tienen
lugar proyectos de explotación, los primeros en beneficiarse de los rendimientos del
petróleo, obteniendo recursos indispensables para la mejora de su calidad de vida.
Como parte del tejido empresarial del Estado dedicado a la explotación
hidrocarburífera, la empresa pública Petroamazonas opera bajo un modelo de gestión
basado en la eficiencia técnica, utilizando tecnologías limpias que minimizan los
pasivos ambientales y sociales, y reducen el impacto de la actividad petrolera.
Petroamazonas ha obtenido varios reconocimientos internacionales por los altos
estándares de calidad alcanzados en su gestión ambiental y social, como por ejemplo
el Premio y Certificado a la Excelencia en Reducción de Quema de Gas, otorgado por el
Global Gas Flaring Reduction (GGFR), con el respaldo del Banco Mundial.
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Así como nuestra Constitución fue pionera a nivel mundial en la inclusión de los
derechos de la Naturaleza en su articulado, el país también ha formulado propuestas
innovadoras y audaces para lograr un cambio en el modo en el que se plantea la
relación del ser humano, la economía y la Naturaleza. En este contexto, se desarrollan
programas estratégicos como: el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, el manejo sustentable de áreas de reserva y protección, el Programa Socio
Bosque que busca la conservación de las áreas de bosques nativos, páramos y otras
formaciones vegetales nativas del país reduciendo las tasas de deforestación, y la
propuesta ecuatoriana que le ha dado un giro radical a los viejos paradigmas para
enfrentar el problema del cambio climático: la Iniciativa Yasuní ITT.
La Iniciativa Yasuní ITT, es el proyecto más importante del Gobierno de la Revolución
Ciudadana y así ha sido ratificado por el Presidente de la República. Por primera vez
en la historia, un Estado renuncia a la explotación de un recurso estratégico como el
petróleo, 846 millones de barriles de petróleo con valor de más de 7.2 mil millones de
dólares, en un área natural de la Amazonía, única por su biodiversidad y que alberga
pueblos indígenas en aislamiento voluntario del Ecuador (Tagaeri y Taromenane). Esta
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decisión implica, por otro lado, evitar emisiones por 407 millones de toneladas
métricas de dióxido de carbono a la atmósfera por la no extracción, así como la no
emisión de 800 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono procedente de
la deforestación evitada. Pero lo más importante es que la Iniciativa Yasuní ITT, invoca,
en la práctica, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas sobre los
problemas ambientales globales y en base a este principio, demanda la
corresponsabilidad de los países desarrollados, aportando al menos la mitad de las
utilidades, traducidos en los ingresos que pierde el país por la renuncia a la explotación
del 20% de las reservas de nuestros recursos hidrocarburíferos .
La propuesta, por último, se basa en el concepto de Emisiones Netas Evitadas (ENE),
una propuesta de ruptura que el país ha posicionado en las negociaciones sobre
cambio climático y se refiere a las emisiones de GEI que pudiendo ser realizadas,
según la capacidad económica actual de un país en desarrollo, no lo son. Las emisiones
evitadas permiten que exista una reducción neta, a nivel nacional y global, que debe
ser compensada por los países desarrollados. De este modo, se promueve la
utilización de incentivos para la mitigación del cambio climático, generando beneficios
globales en materia ambiental.
Así pues, tanto desde el punto de vista de la gestión sostenible de nuestros recursos
naturales, como de las políticas impulsadas a nivel global para avanzar en una agenda
de protección del medio ambiente, Ecuador es un país activo e innovador,
comprometido con la salvaguarda de los derechos de la Naturaleza y, de forma
concomitante, con los derechos socioeconómicos básicos de la población. El reto, para
nuestro país y para el mundo, es hacer posible la salvaguarda del medio ambiente con
la erradicación de la pobreza, la inclusión social de las personas y colectivos
marginados, y la satisfacción básica de las necesidades humanas.
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En algunos foros de vocería internacional (Avaaz, entre otros) se ha planteado una
campaña mediática respecto de la comunidad Sani Isla, afirmando que, con la
prospección sísmica (no la explotación) planificada por PETROAMAZONAS, se está
atentando contra la población y la conservación de la biodiversidad concentrada en
Sani Isla.
La comunidad de Sani Isla se ubica en la ribera alta del rio Napo, formando una micro
región que, en parte, intersecta al denominado bloque 15 para operaciones
hidrocarburíferas. Hay que tener en cuenta las siguientes características del territorio
considerado:
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a) El área ha estado ocupada durante muchos años por varios grupos étnicos,
especialmente Kichwas.
b) El Estado ecuatoriano ha reconocido jurídicamente la propiedad comunitaria de
estos territorios, mediante escritura bajo la forma de comunas, que es el caso
de Sani Isla, entre otras.
c) El Estado ecuatoriano no sólo reconoce la propiedad de la tierra, sino también
las formas de organización de estos grupos étnicos, a través del CODEMPE y
MIES, legitimando la autoridad propia, que generalmente se reconocen como
Consejos de Gobierno y que son las formas locales de gobierno. Así pues, en
estos territorios comunales el Consejo representa la organización de sus
pobladores, comunidades, localidades y mantiene la relación con los
organismos del Estado.
d) En la micro región existe actividad hidrocarburífera por más de 20 años y
específicamente, la actividad de la empresa estatal Petroamazonas tiene
alrededor de 12 años, en los cuales no ha ocurrido ningún evento de daño ni
existen pasivos ambientales.
e) Las relaciones del Estado con las comunidades se han mantenido dentro de los
parámetros establecidos en la normativa vigente, como el vínculo con la
ciudadanía, compensaciones/indemnizaciones y ahora el acceso a los
mecanismos de redistribución de la riqueza directa.
Ante las afirmaciones realizadas en los foros mencionados, es importante posicionar
los siguientes argumentos:
 El gobierno nacional no ha violentado, ni permitiría violentar, derechos
amparados en la Constitución, referidos éstos tanto a los pueblos originarios,
sujetos de derechos sobre el territorio, así como sujetos de derechos humanos
recogidos en el texto constitucional, como a los derechos de la naturaleza.
 Dicha acción constituiría un atentado grave a la vida misma de un pueblo y del
ambiente. Es el compromiso del Estado que dichas situaciones, y sus terribles
consecuencias, no se repita nunca más.
 El caso de la compañía Chevron, que durante más tres décadas de explotación
petrolera en la misma región, provocó la mayor catástrofe medioambiental y
humana que jamás ha padecido este país, aún pervive en la memoria colectiva.
Son cientos de personas las que fueron directamente afectadas por las
prácticas criminales de la compañía, que liberó en el ambiente cerca de 18
billones de residuos tóxicos, derramó 17 millones de galones de crudo, y
contaminó la zona por el uso de tecnologías obsoletas y por el afán de ahorrar
millones de dólares.
 La campaña de prospección del subsuelo SÍSMICA 3D que se va a utilizar en un
área aproximada de 16.000 has en los territorios de la comuna Sani Isla cumple
con la reglamentación nacional, y se trata de una intervención temporal y de
bajo impacto ambiental y geográfico que permite conocer las reservas
existentes en el subsuelo.
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 En el proyecto sísmico 3D se establece una zona de exclusión entre las zonas de
interés petrolero y las áreas de influencia comunitaria (como un proyecto
turístico en funcionamiento), por lo que no existirán problemas de
compatibilidad entre ambas actividades.
 Es preciso aclarar que el territorio de Sani Isla está fuera del Parque Nacional
Yasuní.
 La SISMICA 3D concluye con una etapa de restauración natural para asegurar la
ausencia de pasivos sociales y ambientales.
 En cumplimiento de la ley vigente en el Ecuador, se mantuvieron diálogos tanto
con los dirigentes anteriores de Sani Isla, presididos por Wilson Gualinga, como
con la Directiva posterior a cargo de Pablo Licuy, quienes organizaron
asambleas conjuntamente con representantes de esta operación, para dar la
información y despejar las dudas que pudiesen afectar la percepción de los
trabajos descritos.
 Es importante aclarar que los dirigentes de esta comunidad visitaron las
oficinas de Petroamazonas en Quito donde recibieron toda la información
técnica del proyecto y donde se les garantizó el cumplimiento exhaustivo del
Plan de Manejo Ambiental para cuidar, controlar, mitigar y prevenir con mayor
sensibilidad si cabe a las áreas excluidas del proyecto sísmico y evitar efectos
no contemplados o imprevistos al normal funcionamiento del proyecto
turístico comunitario, que fue parte del programa de compensación derivado
de las operaciones petroleras.
 Para reforzar la información sobre la inocuidad del sistema exploratorio de Sani
Isla y, al mismo, profundizar en la socialización del proyecto se invitó a los
Dirigentes de la Comuna a visitar las Instalaciones de EPF Bloque 12, para que
observaran y constataran la tecnología con la que se trabaja, la cual es
amigable y sostenible con el medio ambiente.
 Desde que Petroamazonas empezó a negociar con las comunidades del área de
influencia, hace ya casi cuatro años, la compañía ha desarrollado numerosas
actividades en la zona: implementación de las Políticas de Responsabilidad
Social, de Políticas de Relaciones Comunitarias y del desarrollo y sostenimiento
de un Programa permanente de Relaciones Comunitarias, cumpliendo
escrupulosamente el acuerdo de compensaciones firmado entre la comunidad
Sani Isla y la anterior operadora el 27 de enero del año 2000 para ejecutar la
fase de prospección sísmica y el cruce del Oleoducto Edén Yuturi-Lago Agrio.
 Petroamazonas también ha implementado otras actividades en cumplimiento
de la LICENCIA AMBIENTAL emitida por el Ministerio de Ambiente, entre las
que se encuentra un Plan de Manejo que prioriza la protección de las áreas
sensibles.
 Como producto de este proceso de información y de negociaciones,
PETROAMAZONAS firmó preacuerdos de indemnización y compensación social
no solo con la Comuna Kichwa Sani Isla sino que lo extendió a la Comuna
Kichwa San Roque, la Asociación San Roque y la Comuna Kichwa El Edén.
Debemos enfatizar que ninguna de estas comunidades se encuentra al interior
del Parque Nacional Yasuní.
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En conclusión, el Estado ecuatoriano no sólo ha respetado escrupulosamente sus
compromisos con la comunidad y el medio ambiente en los términos establecidos en la
Constitución de la República y las leyes. También, de forma consecuente con el
mandato del pueblo ecuatoriano, expresado de forma contundente en las urnas en las
sucesivas elecciones del presidente Rafael Correa, orienta sus políticas de gestión de
sus recursos naturales de forma soberana, clara, eficiente y respetuosa con el medio
ambiente. El compromiso del gobierno, y del conjunto de la sociedad ecuatoriana, es
avanzar en la consecución de una sociedad más justa, más equitativa, donde se
respeten los derechos humanos y de la naturaleza, donde la pobreza sea una rémora
del pasado, haciendo un uso racional de sus recursos naturales y energéticos,
promoviendo nuevas formas de producción y consumo sostenibles, transformando la
matriz productiva en beneficio de un desarrollo social integral, y fortaleciendo la
acción del Estado para asegurar que el ser humano, y no el capital o los intereses y
manipulaciones de actores extranjeros y políticos, es el objetivo último de la política y
de la economía.
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