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Sr. Diputado: En el año ____ invertí mis ahorros en una instalación de energía solar fotovoltaica. Se trató de una inversión a largo plazo con una rentabilidad esperada que me pareció aceptable habida cuenta de que como promotor de la misma no había un asesor financiero, ni siquiera un gran banco, sino el propio Estado en forma de un Real Decreto que aseguraba el pago de la energía generada a un precio prefijado durante toda la vida útil de la planta (RD 661/2007). Cuando en su día decidí invertir, lo hice, además, en sintonía con la política del Gobierno, que consideraba el desarrollo de la energía renovable en general y solar fotovoltaica en particular, como un elemento positivo de independencia energética, lucha contra el cambio climático y eficaz herramienta para el desarrollo de la economía sostenible. Apenas cuatro años después y con un Gobierno que tiene al frente al mismo Presidente, asisto con asombro e indignación a la sucesiva promulgación de dos decretos (RD 1565/2010 y RDL 14/2010) que convierten en papel mojado lo establecido en 2007. Se van a aplicar, con carácter retroactivo, unos recortes significativos que transformarán en humo lo establecido por la ley que amparaba mi inversión. Las últimas disposiciones legales obstruyen y penalizan el desarrollo de la energía renovable, son un claro menosprecio de la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y el respeto a la “confianza debida” y a la “rentabilidad razonable” legalmente exigible para el sector eléctrico. Por añadidura, a lo largo de 2010, he tenido que ver cómo el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha demonizado esta tecnología y ha arrojado sobre los inversores que apostamos por ella acusaciones de fraude –desmentidas luego oficialmente por la Comisión Nacional de Energía– y de haber protagonizado una conducta especulativa, cuando no, como ha dicho algún periódico, delictiva. Si la independencia energética y la producción de energías limpias siguen siendo un objetivo deseable para nuestro país, comprometido en este sentido con la política europea, les ruego que no permitan la aplicación de medidas retroactivas que llevarán al concurso voluntario de acreedores a muchos pequeños inversores, al tiempo que darán al traste con el concepto de seguridad jurídica que debe ser un valor consolidado en un Estado de Derecho como el nuestro. Por todo ello, les solicito: - que las medidas incluidas en el RDL 14/2010 sobre la energía solar fotovoltaica sean rechazadas y sean tramitadas como Real Decreto o como proyecto de ley; - que se negocie una fórmula que permita la viabilidad económica de las plantas existentes, y - que se avance en un sistema de fijación del precio de la electricidad que sea equitativo y racional y permita que España avance y no penalice los niveles de producción de energía limpia. Atentamente Para que conste, se firma la presente en _________________ a _____ de Enero de 2011. Razón Social: CIF: Firmado: (nombre y apellidos) DNI: Firma y sello.