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Una aproximación a la realidad de la mujer en Latinoamérica
Consuelo León Llorente ([email protected])
Profesora Ayudante de la Facultad de Comunicación
Universidad Internacional de Catalunya
Phd. Administración de Empresas Universitat Politécnica de Catalunya
Desde mediados de década de los noventa, un significativo número de países de
América Latina y el Caribe han tratado de resolver una situación varón-mujer de
desigualdad educativa y laboral a través de la implementación de diversos programas de
transferencia de ingresos hacia los sectores más pobres.1 A través de estas iniciativas se
trata de incentivar y corresponsabilizar a los beneficiarios en la mejora de sus perfiles
educativos y sanitarios, impedir la evasión escolar y el trabajo infantil, apoyar la
nutrición e incrementar los cuidados de salud. Las mujeres suelen ser quienes tramitan,
reciben y cumplen con las obligaciones impuestas por los programas; en parte, porque se
asume que son mejores administradoras y tienen criterios más altruistas para realizar
los gastos familiares, son quienes tienen a su cargo la supervisión de los hijos y además
cuentan con más tiempo.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado una mejora
sustantiva en las condiciones de vida y oportunidades de las grandes mayorías.
Esto obedece, en última instancia, a que no se afronta la raíz estructural de los
problemas que aquejan a las familias. Esos programas siguen cargando a las
mujeres con más responsabilidades (talleres, capacitaciones, etc.), y privan a los
hombres de la posibilidad de compartir las tareas del hogar y de cuidado. No
contemplan la opción de que las mujeres trabajen fuera del hogar, a pesar de su
ingreso masivo al mundo laboral, ni tampoco incluyen previsiones que faciliten
esa incorporación. Antes bien, se mantienen inalteradas las bases sobre las que
se asienta la distribución de trabajo remunerado y no remunerado. Uno de los
principales problemas que encuentran las madres más pobres a la hora de
insertarse en trabajos estables, además de su escasa preparación educativa, es el
cuidado de sus hijos. Problema que se agrava por la escasa oferta de servicios
de cuidados infantiles de menores de cinco años por parte del Estado, junto con
la baja cooperación del hombre en las tareas del hogar y de cuidado. De ahí la
importancia de formular los programas de modo que beneficien a quienes más
lo necesita. Para lo cual es indispensable, entre otras cosas, considerar el trabajo
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Al menos 13 países de América Latina han puesto en marcha programas de transferencia condicionada
de ingreso. Algunos ejemplos de estos programas son: Oportunidades en México, Bolsa Familia en
Brasil, Familias por la Inclusión Social en Argentina, Programa Puente Chile Solidario, Ingreso Solidario
en Uruguay, y Programa Juntos en Perú. Cfr. Fonseca, A.: “Los sistemas de protección social en América
Latina: Un análisis de las transferencias monetarias condicionadas”, Documento presentado en Seminario
Internacional sobre Transferencia Condicionada de Ingresos y Seguridad Alimentaria. Oficina Regional
de FAO, Santiago, 4-5 diciembre de 2006.
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de cuidado como una responsabilidad compartida entre familia, Estado y
sociedad.2
Esta perspectiva comporta un cambio sustancial en el modo de concebir
el papel de las mujeres en el desarrollo y sirve para delatar aquellas
instituciones sociales, económicas o culturales discriminatorias con un impacto
negativo directo en la participación de las mujeres en el desarrollo económico y
en su acceso a los recursos. Ignorar las distintas responsabilidades y
capacidades de hombres y mujeres, así como los diversos obstáculos que
enfrentan en razón del género y de la diversidad cultural, significa desestimar
las consecuencias diferenciadas de programas y políticas. Por este motivo,
desde 1995, el Informe Mundial de Desarrollo Humano introduce dos índices
complementarios al Índice de Desarrollo Humano (IDH): el Índice de Género
(IDG) y el Índice de Potenciación del Género (IPG), que dan cuenta de la
desigualdad entre hombres y mujeres, así como del grado de participación
activa de las mujeres en la vida política, económica y profesional en
comparación con los hombres.3
Así, por ejemplo, en casi todos los países del mundo el IDG es inferior al
IDH, lo cual corrobora que todavía ninguno ha conseguido eliminar la
desigualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Noruega, Australia,
Islandia y Canadá son los cuatro países con categorías más altas de IDH e IDG.
En la mayoría de los países de la Región de Latinoamérica y Caribe se aprecia
un equilibrio entre el IDH y el IDG: en muchos coinciden (Chile, Brasil,
Colombia, Perú, México, El Salvador, Guatemala) y en otros la variación oscila
entre +1 y –1 (Uruguay, Argentina). Pero también se aprecia una pronunciada
diferencia a favor del IDG en algunos países (Trinidad y Tobago con +4,
Para profundizar en la valoración de estos programas Cfr. Pautassi, L.: “Programas de transferencias
condicionadas de ingresos ¿Quién pensó en el cuidado? La experiencia de Argentina”, Seminario
Regional Las familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la legislación
y las políticas, Santiago de Chile, 29 y 20 de octubre 2009; Cogliandro, G.: “Las madres y las políticas
sociales: Análisis del Programa de Asignación Universal por Hijo para la Protección Social”, Boletín de
la maternidad, nº 8, febrero 2010, p. 17-19 (Disponible en: www.o-maternidad.org.ar).
3 El IDH mide el adelanto medio de un país en lo que respecta a la capacidad humana básica: disfrute de
una vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer), de educación (tasa de alfabetización de adultos
tasa bruta de escolarización en primaria, secundaria y terciaria) y de un nivel de vida decoroso (PIB per
cápita).
El IDG mide el grado de adelanto en la misma capacidad básica que el IDH, pero incorpora la
desigualdad entre la mujer y el hombre en cuanto al grado de adelanto. La metodología impone una
penalidad a la desigualdad, de modo que el valor del IDG disminuye cuando desciende el nivel de
adelanto global de mujeres y hombres o cuando aumenta el grado de disparidad entre el adelanto global
de mujeres y hombres. Cuanto mayor sea la disparidad en la capacidad básica de los sexos, tanto más bajo
será el IDG de un país en comparación con su IDH. El IDG es simplemente el IDH descontado o
reducido, para reflejar la desigualdad en la condición de los sexos.
El IPG mide si las mujeres y los hombres están en condiciones de participar activamente en la vida
económica, política y en el acceso a las oportunidades profesionales. Mientras el IDG se centra en la
ampliación de la capacidad, el IPM se refiere a la utilización de esa capacidad para aprovechar las
oportunidades de la vida. Lo importante no es llegar a un porcentaje de representación en algunas esferas
políticas o económicas sino proporcionar igualdad de opciones a hombres y mujeres. Cfr. PNUD:
“Informe Desarrollo Humano 1995: La revolución hacia la igualdad en la condición de los sexos”,
Mundi-Prensa, Barcelona, 1995, p. 80 y ss.
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Panamá con +3, Costa Rica con +2) o del IDH (Cuba con -2, Venezuela y Samoa
con -3). Lo cual demuestra que la decisión de promover la igualdad entre los
sexos es independiente del nivel de ingresos, de la ideología política, de la
cultura y de la etapa de desarrollo de un país. Si se analizan los resultados del
Índice de Potenciación de Género (IPG), los países de la Región con niveles más
altos son: Trinidad y Tobago (14), Argentina (24), Costa Rica (27) y Cuba (29).
Todos ellos tienen valores superiores a los que obtienen por el IDH y sus
resultados son superiores a los de algunos países industrializados, como, por
ejemplo, Japón (57). España también presenta un IDG (9) y un IPG (11) superior
a su IDH (15), lo cual pone de manifiesto una estrategia muy pro activa a favor
de un reparto equitativo de las capacidades, oportunidades y recursos entre
hombres y mujeres.
No obstante, estos índices presentan limitaciones porque no pueden dar
cuenta de todos los aspectos que hacen referencia a lo que se ha denominado
equidad de género y que no es otra cosa que igualdad de oportunidades varón
mujer en todos los ámbitos de la vida pública así como corresponsabilidad en el
hogar. Nuestra sugerencia es que en estos indicadores se tuviera en cuenta el
impacto de la maternidad y de la paternidad como factores enriquecedores del
entorno y del capital social futuro. Sólo de esta forma se podrían equilibrar o
incluso revisar algunos de los resultados de estos estudios.
Por consiguiente, es preciso crear un paradigma de desarrollo humano
totalmente nuevo, que coloque al ser humano en el centro de sus
preocupaciones y se apoye al menos en tres pilares: a) la consagración del
principio de igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y
mujeres; b) la consideración de las mujeres como agentes y beneficiarias del
cambio y c) el reconocimiento y el respeto a la identidad cultural de las
personas y de las sociedades. Sólo respetando estos tres principios es posible
garantizar un modelo justo de desarrollo humano.4
Este enfoque del desarrollo humano tiene especial trascendencia para
América Latina y el Caribe, pues continúa siendo la región del mundo con
mayor desigualdad social, a pesar del crecimiento económico sostenido desde el
2002: de hecho, una proporción significativa del ingreso se concentra sólo en el
10% de la población. La excesiva concentración de la propiedad, el insuficiente
funcionamiento de los mercados de trabajo y su consiguiente segmentación
producen y reproducen la desigual estructura de oportunidades, tan
característica de la Región.
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