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Reaccionan a Plaza Colón: un gobierno de facción
Los gobiernos democráticos siempre son el resultado de unas elecciones y por consiguiente
del acceso al poder de uno o varios partidos. Por eso nunca expresan a la totalidad del
electorado.
Esto forma parte de la lógica democrática, que se rige además por otra condición: una vez en
el poder, tienden a desarrollar políticas lo más inclusivas posible. En otras palabras, no
gobiernan como facción sino que intentan hacerlo para todos, o al menos para la gran
mayoría.
Este no es el caso del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que desde el origen de la legislatura
ha tenido especial predilección por gobernar contra el sistema de valores, la cultura moral que
rige a una gran parte del país.
Es esa cultura moral que tiene su fundamento en el cristianismo. Más allá de la fe religiosa,
más allá de su adscripción a una religión concreta, lo que hay como cimiento que une y da
sentido a la vida de una gran mayoría de españoles es esta dimensión cultural, nacida del
hecho cristiano pero que vive en franca autonomía en relación a él.
Ahora ante el gran éxito de la concentración católica del domingo pasado en Madrid,
el PSOE y el Gobierno han reaccionado como una facción. El número 2 de aquel partido,
José Blanco, consideró que las criticas a unas leyes eran un ataque “a las instituciones
democráticas”.
Es difícil pensar que una persona que razona en estos términos pueda creer realmente en la
libertad, porque criticar las leyes forma parte de la lógica del juego democrático, y
esto no desvirtúa las instituciones sino que al contrario las refuerza,
¿O es que los católicos por el hecho de serlo son el único grupo social sin derecho a la critica
pública?
Blanco, en esta línea tan escasamente democrática, sostiene la extraña teoría de que solo
se puede hablar y hacer política concurriendo a las elecciones. Es un perfecto ejemplo
de la concepción partitocrática de la política. Es decir, la cosa pública, el gobierno de la
ciudad, dejada solo en manos de unas organizaciones específicas, los partidos.
¿Para eso postulan la “educación para la ciudadanía”, para negar el derecho y deber cívico, al
menos, desde la Atenas clásica, de todos los ciudadanos de interesarse y participar en la vida
política?
La sociedad civil -y la Iglesia y los católicos son parte de ella- , es decir, todo lo que no es
aparato del Estado, tiene el derecho a hacer política, y los partidos -y para eso cobran- tienen
el deber de recoger estos amplios estados de opinión y organizarlos y canalizarlos hacia la
construcción de un bien común. El ministro de justicia Mariano Fernández-Bermejo, también
ha hecho unas declaraciones en su línea pavorosa de siempre: acusa de “nacionalcatólicos” y
de pertenecer a la “derecha reaccionaria” a quienes se congregaron el domingo para defender
la familia y el derecho de los padres a la educación de los hijos y la primacía del
derecho a la vida.
Si todo esto es reaccionario, lo progresista para Bermejo debe ser todo lo contrario.
Tremenda desgracia la de un Gobierno y sobre todo la de un país que tiene como máximo
responsable de la justicia a un fiscal mutado en hooligan, “tifosi”. Hay que añadir que
desde el punto de vista de la organización de la administración, las relaciones con la Iglesia
están formalmente adscritas precisamente al Ministerio que regenta Bermejo. Después se
pueden extrañar de que en el Vaticano el Gobierno español tenga una entrada más bien
complicada.
Ningún país de Europa tiene un ministro como Bermejo, absolutamente ninguno.
Tendríamos que acudir en todo caso al modelo bielorruso o saltar a otros continentes.
Zapatero es quien lo ha nombrado.
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